El presidente de la República, Pedro Castillo, acudió este lunes 5 de setiembre a las 8:05 a.m. ante la Fiscalía, en el despacho del fiscal supremo adjunto Marco Huamán, sin embargo, no cooperó con las investigaciones debido a que guardó silencio en todo momento.
El mandatario permaneció más de tres horas ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y no declaró en ninguno de los casos en el que se encuentra inmerso: Petroperú, la salida de Mariano González del Ministerio del Interior y como líder de una supuesta organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda.
Esto, en el marco de las investigaciones por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y encubrimiento personal.
El jefe del Gabinete Aníbal Torres intentó desacreditar y burlarse de los cuestionamientos que pesan sobre los contratos con el Estado de su hermano Víctor Torres. Dijo que “si gana millones… muéranse de envidia los que están en contra de eso; gana su dinero honestamente”. Sin embargo, al interior de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo no piensan igual que el premier.
La fiscal provincial Tania Bravo acusó formalmente al hermanísimo del delito de colusión agravada en la modalidad de cómplice. Y tras una exhaustiva investigación, pidió hace unos meses al Poder Judicial que lo sancione con una pena de nueve años de cárcel, requerimiento que está pendiente de pronunciamiento.
Fuentes del Ministerio Público explicaron a Perú21 que el juicio contra el hermano de Aníbal Torres se ha reprogramado para el próximo 15 de noviembre, a las 2:30 p.m., en el Décimo Juzgado Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque.
El caso que involucra al hermano del primer ministro tiene que ver con la adjudicación irregular de una obra para el mejoramiento del pavimento y veredas del Casco Central de Chiclayo (Lambayeque), licitada en el segundo semestre del 2013 por más de S/8 millones.
Víctor Torres Vásquez. (Foto: Reniec)
Según las indagaciones, Víctor Torres, representante del Consorcio Transatlántica, habría “concertado”, entre otros, con el exalcalde de Chiclayo Roberto Torres, actualmente preso y quien, según el Ministerio Público, es cabecilla de la organización criminal ‘Los Limpios de la Corrupción’.
La investigación –que incluye al hijo del empresario– determinó una serie de irregularidades a lo largo de todo el proceso de licitación.
Desde los requisitos estipulados en las bases del concurso que, se indica, “estaban direccionados a limitar y restringir la posibilidad de los demás participantes”, “con el fin de tener menor cantidad de competidores del Consorcio Transatlántica”.
Papelito manda. La Fiscalía de Chiclayo acusa al empresario Víctor Torres Vásquez de haberse beneficiado irregularmente de obra, tras proceso direccionado por malos funcionarios ediles.
Además, los miembros del comité especial de contrataciones llegaron a postergar hasta en seis oportunidades la etapa de absolución de observaciones. Ello para darle mayor tiempo a la empresa del hermano del hoy primer ministro para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, requisito indispensable para el proceso.
“Tales postergaciones le valieron a la indicada empresa para ganar tiempo y lograr su renovación antes de la fecha de presentación de propuestas”, remarca la Fiscalía.
Posteriormente, un testigo de la Fiscalía evidenció “la clara intencionalidad” del comité especial para “desestimar” la propuesta técnica presentada por el otro consorcio competidor, siendo evaluada “con mucha acuciosidad”.
Claro está, esta misma evaluación con rigor no ocurrió con el consorcio del hermano de Aníbal Torres, pasando por alto detalles importantes como que el nombre y DNI del administrador de obra propuestos eran diferentes en la documentación.
“Sin embargo, pese a todo ello se admitió la propuesta de este consorcio, procediendo a calificarla otorgándole el máximo puntaje de 100 puntos a la propuesta técnica”, se refiere en la acusación.
Así las cosas, finalmente en octubre del 2013 se suscribió el contrato entre la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el consorcio representado por Víctor Torres. Se adjudicó el proyecto por el valor referencial de S/8′359,003.
Sin embargo, la Fiscalía ha estimado que luego de la ejecución de la obra se generó “un gasto adicional” de S/76,945. ¡No más pobres en un país rico!
El Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder tiene como tesis que el presidente Pedro Castillo sería jefe de una presunta organización criminal que direccionaba las licitaciones de obras públicas en Cajamarca. Para lograr este objetivo, habría tenido la colaboración de Yenifer Paredes, cuñada y hermana de la primera dama Lilia Paredes, quien cumplirá 30 meses de prisión preventiva por este caso. Por ello, resultan claves las siguientes diligencias.
Según el diario La República, el fiscal Jorge García buscará la cooperación internacional de Estados Unidos para acceder a los correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones móviles de Castillo y Paredes. Se cree que por esas vías les ofrecían a alcaldes financiamiento y su intermediación para que las autoridades del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Agricultura prioricen sus proyectos.
De otro lado, el Ministerio Público también a las compañías telefónicas peruanas toda la información de las líneas de Castillo y Paredes desde enero del 2019 hasta la fecha, lo que incluye todo el periodo de la campaña electoral del 2021. Hay que mencionar estas medidas ya habían sido planteadas por el fiscal García durante la audiencia de prisión preventiva que se resolvió, finalmente, en contra de la cuñada del presidente el domingo pasado.
Precisamente, se conoció ayer que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de habeas corpus que presentó el abogado Marco Riveros Ramos a favor de Yenifer Paredes. Este documento busca que se anule los 30 meses de detención preliminar contra la cuñada del jefe de Estado.
Yenifer Paredes deberá cumplir 30 meses de prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra. (Andina)
El archivo que fue presentado por RPP Noticias, manifiesta que hubo una presunta vulneración del derecho de “contar con un juez natural” y el derecho “a no ser discriminada por razón política”. Ante esto, se solicita que se declare la nulidad del proceso contra Paredes Navarro.
“Lo que incluye la resolución que ordenó su prisión preventiva por parte del juez Johnny Gómez y como consecuencia de ello se ordene la libertad inmediata; disponiéndose a la fiscal de la Nación para que en el acto cumpla con tramitar la causa contra Yenifer Paredes ante la instancia suprema por ser el competente por principio de juez natural”, expresó Riveros Ramos en el documento.
“Para el caso de Yenifer Paredes, el juez natural que debe resolver la causa y cualquier incidente que se produzca en ella (…) corresponde al Juez Supremo de Investigación Preparatoria que conoce del proceso penal seguido contra el señor José Pedro Castillo Terrones, presidente de la república del Perú, a quien se le imputa ser líder de una presunta organización criminal”, alega el letrado quien su momento también defendió a Gerald Oropeza.
Exministros integrantes del gabinete que presidió Mirtha Vásquez fueron citados por la Fiscalía para responder sobre un decreto de urgencia publicado en octubre de 2021, que permitió la licitación y adjudicación de obras en la municipalidad de Anguía en Chota, Cajamarca, y que ahora son investigadas como parte de presuntos actos de corrupción en los que estarían implicadas funcionarios del Gobierno y personas del entorno del presidente Pedro Castillo.
Fuentes de RPP Noticias informaron que los citados, entre los que hay exministros y actuales integrantes del Ejecutivo, habrían sido notificados la noche del sábado para diligencias que se realizarán entre el 9 y 15 de septiembre próximos.
Entre los exministros citados por la Fiscalía figuran la expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez (Octubre 2021 – Enero 2022) y el exministro de Economía, Pedro Francke. También los actuales ministros Aníbal Torres, actual titular de la PCM y entonces ministro de Justicia; y Geiner Alvarado, actual ministro de Transportes y Comunicaciones, quien se desempeñó hasta este año como ministro de Vivienda.
El responsable de la citaciones es el fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz, quien en noviembre de 2021 encontró 20 mil dólares en el despacho de la secretaría de Palacio de Gobierno que pertenecían a Bruno Pacheco en una diligencia como fiscal anticorrupción. El último 3 de julio, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, nombró a Huamán Muñoz fiscal adjunto supremo provisional, y lo asignó como adscrito a su despacho en el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.
El decreto de urgencia en investigación es el 102-2021, firmado el 29 de octubre por el presidente Pedro Castillo y por los entonces ministros Mirtha Vásquez (PCM), Pedro Francke (MEF) y Geiner Alvarado (Viviendas y actual ministro de Transportes), dictaba «medidas extraordinaras para la ejecución de gasto público en materia de inversión, orientado al financiamiento de proyectos de saneamiento, infraestructura vial y equipamiento urbano».
Yenifer Paredes purgaría como mínimo 23 años de cárcel en caso sea hallada culpable de la comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos; así lo confirmó el fiscal Jorge García Juárez, representante del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder en la audiencia de prisión preventiva contra la cuñada del presidente Pedro Castillo.
Uno de los tres presupuestos que debe tener en cuenta el juez Johnny Gómez, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, para determinar si procede la prisión preventiva es la prognosis de la pena. Esta proyección de la condena debe ser superior a cuatro años de pena privativa de la libertad.
Por el delito de organización criminal, el Código Penal contempla una condena de entre ocho y 15 años; para colusión agravada, 15 a 20 años; y para lavado de activos, ocho a 15 años.
“Haciendo un concurso real (estipulado en artículo 50 del Código Penal, ello implica una sumatoria de penas), en el caso concreto de la investigada la pena a imponerse superaría en demasía a cuatro años”, apuntó el representante del Ministerio Público.
“La sumatoria asciende a 23 años y en aplicación a la figura de la determinación de la pena por tercios en el presente caso correspondería aplicarse la pena mínima de 23 años de pena privativa de libertad efectiva; por lo tanto, la prognosis de la pena supera en exceso la exigencia de que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años”, agregó el fiscal Jorge García Juárez..
Niegan sospecha grave
Pese a que se le encontró 14 sellos de autoridades, apuntes sobre obras, así como cuestionados depósitos de más de 90.000 soles, la defensa legal de Yenifer Paredes, el abogado José Dionisio, afirma que no se configura alguna sospecha grave sobre la hermana de la primera dama.
“No encontrando elementos de convicción con grado de sospecha grave o vehemente, esta defensa considera que la prognosis de pena no supera los años exigidos para que se le imponga una prisión preventiva a mi cliente”, alegó Dionisio.
El pasado 10 de agosto, la Fiscalía llegó a la casa de Yenifer Paredes en Chota (Cajamarca) para allanar su vivienda, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos en la modalidad de organización criminal, que lideraría el presidente Pedro Castillo.
Durante la intervención, el equipo fiscal encontró 14 sellos de tenientes gobernadores de diversas comunidades y de un juez de paz del distrito de Anguía. Asimismo, dio cuenta de otros documentos de proyectos de ley del Ministerio de Educación (Minedu) y expedientes técnicos de obras de varias entidades.
Además, los representantes de la Fiscalía hallaron un cuaderno de actas de sesiones que correspondía a comunidades del distrito de Anguía; así como un sello de la secretaria general y administradora de la referida municipalidad.
“Precisando que dichos sellos están estampados en una hoja bond para mayor ilustración, se evidencia que Yenifer Paredes Navarro tendría acceso y/o vínculo ante dichas autoridades locales señaladas en los sellos correspondientes, siendo hipótesis de este Ministerio Público que la posesión sería con el fin de que, a través de ellos, se tendría acercamiento a los pobladores de las localidades en mención”, dice la disposición fiscal que elaboró Hans Aguirre del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder.
En esa línea, agrega que lo referido se demuestra “en un video propalado por los medios de comunicación, en el que se aprecia que Yenifer Paredes acompañada de algunas autoridades locales y se dirige a los pobladores y, de esta manera, tener el apoyo de ellos en relación con algún empadronamiento, ya que dicha acción sería necesaria y/o requisito para la elaboración de expedientes técnicos de obra, evidenciándose el modus operandi”.
Otro de los elementos que suma el fiscal Hans Aguirre son los apuntes de obras en Cajamarca que descubrieron en la vivienda de los primos de Paredes, que se ubica en el distrito de Chorrillos.
Según la hipótesis fiscal, a la que accedió La República, Yenifer Paredes, tenía como función contactarse con alcaldes y autoridades regionales para otorgar financiamiento a los proyectos a fin de que sean ejecutados con las empresas de Hugo Espino Lucana, con financiamiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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Yenifer Paredes deberá cumplir 30 meses de prisión preventiva mientras dure la investigación en su contra. (Andina)
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