Fiscalía solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de un dispositivo de grabación que entregó Junior Izquierdo

La Fiscalía de la Nación solicitó al Poder Judicial que autorice levantar el secreto de las comunicaciones de un dispositivo de grabación que entregó el capitán de la Policía Junior Izquierdo, conocido con el apelativo de ‘Culebra’, que, según su abogado, registra una conversación entre el oficial y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

Mediante un escrito, presentado el 10 de septiembre, la Fiscalía señaló que el dispositivo fue entregado voluntariamente, el 29 de agosto, por el oficial Izquierdo, quien solicito que «en su oportunidad, se requiera autorización judicial a efectos de acceder a la información contenida en el dispositivo proporcionado».

Fiscalía precisó que resulta relevante tomar conocimiento del contenido del dispositivo de almacenamiento portátil, que tiene vinculación con los hechos que son objeto de investigación preliminar seguida a ministro Santiváñez por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio del estado.

Por ello, Fiscalía solicitó se dicte el levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de autorización de identificación de originalidad, acceso, lectura, visualización, extracción de información, transcripción e impresión de contenido relevante de dicho dispositivo de grabación.

Se presentó requerimiento fiscal 

Este requerimiento fiscal fue presentado ante el despacho del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien programó para el jueves 26 de setiembre a las 11: 30 a.m. una audiencia virtual de carácter «reservado» para evaluarlo con la participación de las partes involucradas a fin de emitir una decisión al respecto.

El abogado del capitán de la policía Junior Izquierdo afirmó días atrás ante la prensa que este dispositivo de grabación registro la conversación entre su patrocinado y el titular del Interior en un restaurante -chifa el último 21 de mayo en el distrito limeño de San Borja.

Fiscalía inició diligencias preliminares por la muerte del congresista Hitler Saavedra en Cusco

La Segunda Fiscalía Penal de Cusco inició este martes diligencias preliminares por la muerte del congresista Hitler Saavedra Casternoque, quien fue hallado sin vida en un hotel del centro del Cusco.

El fiscal Luis Sendón Alba y la médica legista realizaron el levantamiento del cadáver del parlamentario de Somos Perú.

Según informó el representante del Ministerio Público, el cuerpo será trasladado a la Unidad Médico Legal del Cusco para que se realice la necropsia. Además, dispuso que peritos de Criminalística de la PNP efectúen las pericias que correspondan, entre otras diligencias.

Un equipo de RPP registró el momento que un vehículo fúnebre se retiraba del hotel Saphi con un ataúd con el cadáver de Hitler Saavedra en su interior. Tras las diligencias de ley en la Morgue del Cusco, el cuerpo será trasladado al Aeropuerto Alejandro Velasco Astete para ser llevado a Lima.

Antero Guamán, secretario de Somos Perú en Cusco, indicó que ayer se comunicó con el legislador Hitler Saavedra, y que éste le manifestó que se sentía un poco mal. Aparentemente por el mal de altura. 

Sin signos de violencia
De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, el cuerpo de Hitler Saavedra no presentaba ningún tipo de signo de violencia cuando fue hallado.

«Preliminarmente no hay ningún signo de violencia en el cuerpo, ni en la habitación, estamos esperando la presencia del Ministerio Público para hacer el ingreso correspondiente», indicó el jefe de la Región Policial Cusco, Julio Becerra.

La autoridad policial indicó también que se decidió romper la puerta del cuarto de Hitler Saavedra cuando no hubo respuesta y a pedido de su asesor.

Hitler Saavedra estudió en la Universidad Nacional de la Amazonía. Se desempeñó como médico cirujano en la Dirección Regional de Salud de Loreto hasta el año 2020. Era presidente de la Comisión de Descentralización en el Congreso de la República y representante por la región Loreto. Su accesitaria será Anita Zegarra.

Fiscalía solicitó la detención preliminar por 7 días contra 8 implicados en el secuestro de Iván Siucho

El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que ordene la detención preliminar por flagrancia por el plazo de siete días contra ocho personas, entre ellas tres policías, por el secuestro de Iván Siucho Neira, testigo protegido de la Fiscalía en el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

El fiscal provincial penal Nilo Paredes Chavez demandó esta medida contra Armando Tapia Almonacid, Henry del Castillo Caycho, Enrique Carranza Gonzales, Jorge Javier Amaya Mendoza , Medo Delgado Rodriguez y los policías Rolando Castillo Pino, Gabriel Neyra Zapata y Edgar Tinoco Yantas, quienes permanecen detenidos en las instalaciones de la División de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional en el Cercado de Lima.

El magistrado a cargo del Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Santiago de Surco – Barranco demandó esta medida a fin de que se realicen diligencias urgentes y necesarias para esclarecer los hechos que originaron la detención en flagrancia de estas ocho personas implicadas en este caso.

Fiscalía investiga a pareja de Luis Valdez por millonaria compra

El Ministerio Público informó ayer que la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima decidió abrir investigación contra Ana Paula Ganoza Loya, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, tras haber adquirido un inmueble por S/ 3.3 millones en una exclusiva zona de La Molina, en Lima.

Caso

La influencer trujillana es esposa del exgobernador regional de La Libertad y actual secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías.

El Ministerio Público comunicó esta medida a través de sus redes sociales, casi dos semanas después de que el caso fuera revelado por el portal periodístico El Foco.

“Esta investigación se realiza a fin de deslindar la procedencia de los activos utilizados en la compra del inmueble, debido a que la imputada no tendría los ingresos suficientes para justificar y financiar el valor de dicha propiedad”, agregó la fiscalía.

De acuerdo con el informe periodístico, emitido el 9 de agosto, Ana Paula Ganoza adquirió la vivienda en una subasta pública desarrollada el 1 de julio de este año.

La vivienda era propiedad del exgobernador regional del Callao Félix Moreno Caballero, quien se encuentra preso en Lima por presuntos actos de corrupción.

“La excasa de Moreno fue puesta a la venta con un precio base de S/ 2.3 millones, pero terminó siendo vendida a S/ 3.3 millones. ¿Quién la compró? Una joven liberteña de 33 años de nombre Ana Paula Ganoza Loya”, informó el referido medio de comunicación.

De acuerdo con el mismo portal, Ganoza Loya solo tendría ingresos mensuales de hasta S/ 4 mil y y registra deudas con el sistema bancario por S/ 108 mil”. “Hasta noviembre último, de acuerdo a la plataforma Sentinel, Ganoza tenía calificación ámbar en el sistema bancario, que significa riesgo medio”, añadió El Foco.

Reacciones

Tras la ola de cuestionamientos que recibió Ganoza, debido a que no tendría los ingresos necesarios para adquirir una casa de dicho valor, su esposo, Luis Valdez, salió en su defensa. “El financiamiento de esta casa proviene de mí, y el fundamento de este financiamiento es mi trabajo y los recursos que genero, los cuales declaro todos a la Sunat y puedo justificar”, dijo días atrás. Ayer, el abogado Greco Quiroz Díaz explicó que la fiscalía investigará si el dinero con el que se adquirió la vivienda “tiene fuente ilícita”.

“Lo más grave aquí, además de una posible condena de hasta ocho años de cárcel, es que ahora la fiscalía con la sola sospecha que tiene podría solicitar que se le incaute el bien y pase a nombre del Estado”, agregó el también exconsejero regional.

Fiscalía inició investigaciones tras amenazas contra la vida del alcalde de Comas por operativos en el distrito

El Ministerio Público anunció el inicio de investigaciones preliminares ante las amenazas de muerte que recibió Ulises Villegas, alcalde de Comas, por parte de encapuchados armados.

Como se sabe, este lunes, se hizo público un video donde se ve a un grupo de encapuchados, provistos de armas de fuego, amenazar de muerte al referido burgomaestre. Esto sería debido a los operativos contra el comercio informal emprendidos en dicho distrito, particularmente en el mercado Santa Luzmila.

«Alcalde Ulises Villegas, estamos cansados (…) Lo mismo que hiciste en el mercado de Chacra Cerro no lo vamos a permitir aquí, en el mercado de Santa Luzmila. Ya sabes que tenemos cuatro años malandreando por aquí. Donde te pesquemos, tus 8 escoltas no te van a servir (…) Donde te pesquemos te vamos a partir la cara. Lo mismo de Chacra Cerro no te lo vamos a permitir en Santa Luzmila, te vas a morir”, le dicen al alcalde, al tiempo que rastrillan sus armas. 

Ordenan a Osiptel revelar datos de titular de la línea donde se recibió el video

El tercer despacho de la Tercera Fiscalía Penal de Lima Norte anunció la apertura de investigación preliminar contra los que resulten responsables, tras las amenazas contra Villegas.

Entre las diligencias, la fiscal provincial Gladys Amable Basilio dispuso que se reciba la declaración y se realice la visualización del celular del burgomaestre. Asimismo, ordenó que se solicite a Osiptel los datos del titular de la línea desde donde se envió el referido material audiovisual. 

En declaraciones a RPP, Villegas aseguró que había iniciado las acciones de denuncia correspondientes ante la Policía y el Ministerio Público, y que era objeto de estas amenazas desde el año pasado, y que estarían relacionadas con el cobro de cupos a ambulantes. 

«Las amenazas vienen desde el año pasado que estamos imponiendo el principio de orden y de autoridad, cuando hemos clausurado los prostíbulos más grandes de Lima Norte en el distrito de Comas, pero también cuando hemos recuperado espacios que, durante 40 o 50 años, se ocupaba la vía pública», indicó. 

«Hoy estamos nuevamente poniendo el principio de orden, pero son personas que están acostumbradas al cobro de cupos, y con eso ya estamos acabando. Las investigaciones ya están a cargo de la policía especializada, ayer me he quedado coordinando y conversando y recibiendo el asesoramiento del coronel para el tema de la prevención referente a mi familia», agregó.

El burgomaestre indicó también que ha pedido las garantías correspondientes para su vida, pero que estas no le han sido dadas hasta el momento. 

«El año pasado, hemos pedido las garantías correspondientes que todavía no se nos ha dado, pero ya el día de hoy hemos triplicado, reforzado, la seguridad de forma privada, así como la seguridad de mi familia, de mis hijos, de mi esposa que es lo más importante en esta etapa», aseveró.

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Asimismo, solicitó al Congreso «sacar leyes más drásticas, como la cadena perpetua para aquellos que nos asesinan, nos secuestran».

«Definitivamente, hacia ellos va el pedido, también hacia el Gobierno Nacional. Es el momento que podamos cambiar el Perú para que podamos estar vivos, mientras las leyes no sean drásticas va a continuar esto. Cae un delincuente (…), va a la cárcel, y parece un hotel, desayuno, almuerzo, lonche gratis, y encima se pueden, entre ellos, relacionarse», puntualizó. 

Fiscalía pide cárcel para exfuncionarios de la municipalidad de Chiclayo

El Ministerio Público formuló acusación contra dos exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) que formaron parte del equipo de gestión del exalcalde Marcos Gasco Arrobas.

Se trata de Cristian Rosenthal Ninapaytán y Edgardo Siadén Ortega, exgerente general y exsubgerente de Logística de la MPCh, respectivamente.

Según el expediente N° 5767 – 2023, la Fiscalía solicita para ambos la pena de 3 años de cárcel, como autores del delito de colusión simple, en agravio del Estado.

COLUSIÓN SIMPLE. Los hechos ocurrieron en marzo de 2019 (apenas iniciada la gestión edil) cuando el exgerente municipal, Cristian Rosenthal, solicitó a la Gerencia de Administración, la contratación de un servicio de marketing.

En atención al pedido, el exsubgerente de Logística, Edgardo Siadén, emitió un cuadro comparativo de cotizaciones de tres empresas: Ideas Apátridas (S/ 27,000), Cedeer Consultoría (S/30,000) y Actividades Publicitarias (S/ 28,5000).

Extrañamente, en dicho formato no se consignó el teléfono, ni correo electrónico de las empresas que supuestamente enviaron sus propuestas (solo dirección); siendo la primera compañía la favorecida con la buena pro.

Es así que, el exsubgerente de Logística emitió la Orden de Servicio N° 312 a favor de Ideas Apátridas EIRL, por el “servicio de marketing para la promoción y desarrollo de actividades institucionales en la MPCh”, sin embargo, esta ni siquiera contaba con certificación presupuestal.

Además, no había necesidad de pagar por dicho servicio, pues la comuna cuenta con la subgerencia de Imagen Institucional, cuyas funciones son afines.

Lo más grave, es que el representante de la empresa Actividades Publicitarias EIRL, Omar Cuadrado Domínguez, declaró que nunca envió una cotización a la MPCh, por lo que la firma consignada en el documento era falsificada.

Además, reveló que quien lo llamó para pedirle que presente una propuesta a la MPCh fue Alexei Toledo Vallejos, precisamente el gerente de la empresa que resultó favorecida.

Es por ello que la Fiscalía también lo incluyó en la acusación, pues “habría proporcionado al exsubgerente de Logística los datos de las dos empresas para que coticen, por un monto mayor a su propuesta, a fin de ser favorecido en la selección”.

Como se recuerda, Rosenthal ejerció el cargo de gerente de la MPCh solo desde el 01 de enero hasta el 29 de marzo de 2019, pues fue sentenciado a 1 año de cárcel suspendida por el delito de omisión de funciones. Años atrás, fue gerente de Fiscalización de la municipalidad de Lima,  siendo acusado por el caso Nicolini, donde dos personas murieron en un incendio.

COLUSIÓN AGRAVADA. Cabe indicar que Cristian Rosenthal y Edgardo Siadén también han sido acusados junto a otros exfuncionarios de la MPCh y el exalcalde Marcos Gasco por el delito de colusión agravada.

La Fiscalía pide que sean condenados a 06 años de cárcel por suscribir un contrato de casi S/ 2 millones con la empresa Veolia, para el alquiler de 10 compactadoras, lo que generó un perjuicio económico de S/ 249.750.