La última encuesta de Imasen muestra que Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, partido del presidente interino José Jerí, y Fuerza Popular encabezan los niveles más altos de desaprobación ciudadana entre las bancadas del Congreso. El contexto de rechazo responde a la falta de resultados y las sospechas de corrupción alrededor del gobierno de turno.

APP registra un 94,2% de rechazo, con apenas 1,1% de aprobación, mientras que Somos Perú alcanza 87,0% de desaprobación y solo 3,0% de respaldo. Le sigue Fuerza Popular, cuya bancada acumula 82,1% de desaprobación, frente a un 12,9% de aprobación. Estas tres agrupaciones representan actualmente el pacto que mantiene a José Jerí en la presidencia.

En tanto, Renovación Popular presenta un rechazo de 64,2%, el más bajo del grupo evaluado, aunque sin revertir el saldo negativo, ya que su aprobación llega a 28,7%.

Cabe recordar que tanto el partido fujimorista como el de César Acuña han optado por no apoyar ninguna de las mociones de censura o vacancia en contra del mandatario. Esto pese a los cuestionamientos por reuniones clandestinas con empresarios chinos y visitas nocturnas en Palacio de Gobierno que terminaron en contrataciones. Sin los votos de estas bancadas que representar un porcentaje importante en el Parlamento, la correlación de fuerzas favorece la permanencia de Jerí en el Gobierno.

En el caso del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la desaprobación alcanza 70,5 %, mientras que la aprobación se sitúa en 23,9%, de acuerdo con el gráfico resumen del estudio. El nivel de no respuesta oscila entre 4 % y 7% en la mayoría de bancadas, sin alterar la tendencia general de rechazo.

Aumenta la desaprobación del Congreso

La evaluación del Congreso de la República mantiene cifras críticas en todo el país y muestra variaciones por regiones entre noviembre de 2025 y enero de 2026. A nivel nacional, la desaprobación sube de 82,1% a 88,5%, mientras que la aprobación cae de 11,6% a 9,1%.

En Lima y Callao, el rechazo pasa de 81,5% a 87,0%, con una aprobación que retrocede de 13,1% a 12,0%. En el norte, la desaprobación crece de 83,2% a 91,1%, y el respaldo baja de 11,4% a 8,1%.

El sur registra los niveles más altos de rechazo en enero, con 93,2%, frente a 81,2% en noviembre. La aprobación en esta zona desciende de 11,2% a 5,3%. En el centro, la desaprobación sube de 85,6% a 80,2%, mientras que en el oriente se mantiene alrededor del 80%, con aprobación inferior al 8%.

La evaluación de Fernando Rospigliosi

La gestión del presidente del Congreso también enfrenta una percepción negativa sostenida. A nivel nacional, la desaprobación de Fernando Rospigliosi aumenta de 62,7% en noviembre a 70,5% en enero, mientras que la aprobación cae de 27,6% a 23,9%.

Por regiones, Lima y Callao registra una desaprobación de 63,7%, con 33,5% de aprobación, el porcentaje más alto de respaldo entre las zonas evaluadas. En el norte, el rechazo sube a 75,8%, y la aprobación cae a 18,8%.

En el sur, la desaprobación alcanza 77,5%, con apenas 15,1% de aprobación, mientras que en el centro el rechazo se ubica en 61,3%. En el oriente, la desaprobación llega a 70,9%, lo que confirma una percepción mayoritariamente negativa sobre su gestión en todo el país.

Es importante recalcar que recientemente Rospigliosi amenazó con «barrer» a todo el Poder Judicial tras la decisión de la la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria de no aplicar en el caso de la masacre de Cayara, la ley de prescripción de los delitos de lesa humanidad ocurridos antes del 2002.

Esto ocasionó que La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, emitiera un pronunciamiento para rechazar las declaraciones del legislador. «Cuando se interfiere o controla la justicia, el único perjudicado es el pueblo, en especial quienes son más vulnerables», señalaron.

Por otro lado, Rospigliosi también ha sido uno de los principales defensores del presidente José Jerí, pues ha restado importancia a la polémica por las reuniones clandestinas con empresarios chinos en medio de investigaciones por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

El fujimorista argumentó que promover una censura contra el mandatario por este tema es “absurdo” en plena cercanía a las elecciones y hasta bromeó sobre el asunto con frases como que el presidente “no lo ha invitado ni a un chifa ni a un caramelito”.

La emisora Radio Kaliente, creada en 2024 y sin contratos relevantes con el Estado, recibirá S/30.800 de la franja electoral de Fuerza Popular, mientras uno de sus socios compite como diputado en las elecciones 2026.

La agrupación Fuerza Popular destinó S/30.800 de la franja electoral a Radio Kaliente, un medio cuyos directivos están afiliados al partido. Según informó Cuarto Poder, uno de sus socios es Javier Alejandro Castro Cruz, quien postula a la Cámara de Diputados con el número 5 en las elecciones 2026.

El dominical detalló que Radio Kaliente transmitirá propaganda fujimorista siete veces por día durante 22 jornadas. Cada día el partido pagará S/1.400. La pauta empezó el 11 de febrero y concluirá el 9 de abril. Ninguna otra organización política eligió esa emisora.

La razón social de la radio es TELEJAC S.A.C. La empresa se constituyó en enero de 2024, apenas dos años antes del actual proceso electoral. Ese mismo año obtuvo un único contrato con el Estado por S/2.160 para una campaña de difusión. Ahora recibirá más de S/30 mil por la franja electoral.

La gerente del medio es Tania Burgos Solano, afiliada a Fuerza Popular desde octubre de 2024. El socio Javier Castro Cruz también se incorporó al partido meses atrás. De acuerdo con una publicación difundida en enero, el exalcalde de José Leonardo Ortiz inició campaña como candidato a diputado con la camiseta naranja.

Franja electoral sin filtros y bajo investigación fiscal

El reportaje expuso que la ley no prohíbe que afiliados políticos sean proveedores en la franja electoral. La jefa de la ONPE, Karina Rivera, afirmó que no existe restricción en la normativa de contrataciones políticas ni en la ley de contrataciones del Estado que impida esa relación. Los partidos eligen los medios dentro de un catálogo aprobado por el organismo electoral. No hay concurso público.

El especialista en temas electorales José Villalobos advirtió que este esquema puede afectar la finalidad del financiamiento público. Señaló que, si un partido contrata con alguien con quien mantiene vínculo político, surge un conflicto de interés que la norma debió prever. En su opinión, se desnaturaliza el uso de recursos que pertenecen a todos los peruanos.

El caso de Fuerza Popular no es el único. El dominical presentó situaciones similares en otras agrupaciones, donde militantes recibieron dinero de la franja electoral a través de radios o canales de su propiedad. En total, identificó al menos diez afiliados cuyos medios fueron seleccionados por sus propios partidos.

La controversia ya llegó al Ministerio Público. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, indicó que se evaluará la presunta comisión de peculado o colusión, debido a que se trata de fondos públicos con un destino específico. La investigación buscará determinar si existió direccionamiento o beneficio indebido en el marco de las elecciones 2026.

La candidatura del partido Fuerza Popular para las Elecciones Generales de 2026 ha sido oficializada. Mediante una resolución, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE) ha declarado inscrita la fórmula de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República presentada por la organización política.

La plancha está encabezada por Keiko Fujimori Higuchi como candidata a la presidencia de la República, y la acompañan Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente.

La solicitud de inscripción fue presentada por el personero legal titular de Fuerza Popular, Edwin Lévano Gamarra. Además, se ha dispuesto que la resolución sea publicada en el Portal Electrónico Institucional y en el Panel del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del JEE de Lima Centro.

Con esta inscripción, la fórmula liderada por Keiko Fujimori se consolida como una de las primeras en ser oficialmente aceptadas para participar en el próximo proceso electoral.