Pese a la insistencia de diversos congresistas, la Comisión de Economía que preside el legislador de Fuerza Popular, Víctor Flores, no consideró en su agenda de este miércoles 3 de septiembre el octavo retiro de las AFP. En su lugar, el parlamentario fujimorista decidió priorizar otros temas como la presentación del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes, y el abordaje de dictámenes relacionados con minería y obras por impuestos.

Esta será la segunda sesión de este grupo de trabajo en la que no se aborda este tema. Y es que, Flores parece más interesado en defender los alcances de la Ley de Modernización Previsional gestada por su partido, que, en darle curso a los más de 20 proyectos que buscan una nueva liberación de hasta 4 UIT de las Cuentas Individuales de Capitalización (CIC).

Mientras tanto, miles de afiliados salieron a las calles de Ate el último domingo 31 de agosto para exigirle al Congreso que no dilate la aprobación de esta norma, estancada desde la anterior legislatura. La movilización, que se inició en el cruce de la Carretera Central y la Av. Andrés Avelino Cáceres, estuvo cargada de consignas contra el abuso del sistema financiero.

Además de esta convocatoria, la Asociación Nacional de Aportantes y Ex Aportantes de AFP publicó en sus redes sociales el anuncio de una marcha para este sábado 13 de septiembre en el Congreso. En opinión de este colectivo, tanto los afiliados de las AFP como los de la ONP, merecen el derecho de acceder a sus fondos.

Fuerza Popular nuevamente bajo el cuestionamiento público. Arturo Alegría, de la bancada fujimorista, planteó un proyecto de ley a fin de incorporar un artículo al reglamento del Congreso bajo la idea de “optimizar el ejercicio de los derechos políticos”, la cual no sería más que liberarse del deber de imparcialidad y neutralidad al que están sujetos todos los funcionarios.

El documento 11306/2024-CR, ingresado el 23 de mayo, busca que los representantes de la patria puedan “expresar, defender y promover las posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción”. Esto los habilitaría de usar recursos públicos —como parte de su función principal— para operar con libertad política.

Como parte de los motivos, el legislador de la bancada naranja argumenta una presunta restricción a su derecho político y que “los congresistas no son meros burócratas, sino representantes políticos por antonomasia, elegidos por sufragio directo y universal, y designados no como portavoces de una burocracia neutral, sino como voceros del debate político nacional”. No obstante, ello permitiría que la semana de representación, que se repite mensualmente y para la que se entrega un bono de S/2.800, sea utilizada para hacer proselitismo.

De esta manera, la figura que brinda a los legisladores la oportunidad de desplazarse a sus regiones o cualquier punto del país, a fin de “recoger demandas ciudadanas” podría ser usada como una ventaja logística relevante para futuros procesos electorales, especialmente considerando que en marzo de 2024 se restableció la posibilidad de reelección inmediata para los parlamentarios.

En esencia, mientras otros funcionarios deben solicitar licencia o renunciar para participar en campañas, este proyecto buscaría formalizar la capacidad de los congresistas para participar activamente en campañas desde sus cargos actuales, lo cual representa un cambio significativo en las normas de neutralidad destinadas a garantizar imparcialidad en los procesos electorales.

“El principio de neutralidad política, cuya finalidad es evitar que funcionarios públicos utilicen recursos del Estado para favorecer intereses partidarios tiene sentido cuando se aplica a servidores públicos cuya función es ejecutiva, técnica o administrativa, y cuya imparcialidad garantiza la equidad del servicio público. Sin embargo, la naturaleza teleológica de la función parlamentaria es distinta. Los congresistas no están llamados a ejercer funciones neutrales, sino a deliberar, legislar y fiscalizar desde sus respectivas posiciones ideológicas“, mencionan.

En diálogo con Canal N, el abogado José Naupari, especialista en derecho electoral, subrayó que la inviolabilidad parlamentaria no es una licencia para todo. Explicó que esta garantía protege a los congresistas respecto a sus votos y opiniones, asegurando que no puedan ser procesados ni sancionados por el Jurado Nacional de Elecciones debido a sus declaraciones. No obstante, advirtió que sus comentarios no deben estar vinculados a acciones partidarias o a candidatos en competencia.

“Mientras yo estoy haciendo uso del cargo, no puedo hacer campaña política. Ellos no recuerdan el informe de opinión consultiva en donde se cuestionó algunas giran que hacían en semanas de representación y ahí se aclaró que no se puede en horario laboral, sino que pidan licencia. No es lo mismo esta regla para un congresista que no va a la reelección que sí, porque independiente a que no uses recursos públicos, tienes otra exposición”, mencionó.Proyecto es cuestionado por los mismos parlamentarios. | Andina

Además de la bancada fujimorista, el proyecto tiene el respaldo de legisladores pertenecientes a Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular, Bloque Magisterial, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Somos Perú, Avanza País, Bancada Socialista y Honor y Democracia, pero no habría el consenso total.

Milagros Jáuregui, de la bancada celeste, cuestionó la medida e indicó que es distinto hacer política a campaña. “No se le debe permitir a nadie porque es una norma. Yo creo que jamás se debe usar el dinero del pueblo para asuntos personales. Yo no respaldo la medida ni es ética”, mencionó en diálogo con Canal N.