Rosa Vásquez y su falta de transparencia: niega hoja de vida de sus funcionarios de confianza

A un mes de un gobierno donde la prensa sólo ha informado de presuntos actos irregulares cometidos por algunos consejeros, por el vicegobernador, o por las designaciones cuestionadas de los funcionarios de confianza; la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, no se salva de estos hechos y va camino a ser denunciada penalmente por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tal como lo señala el artículo N° 377 del Código Penal.

La gobernadora, Rosa Vásquez, (quien está demostrando no tener cuadros técnicos idóneos, por eso apela a la improvisación) ha designado a un bachiller como responsable de facilitar el acceso a la información pública, pero cuya función parece no haber entendido, pues ha denegado sin motivación válida las copias digitales de las hojas de vida de los funcionarios de confianza que ha solicitado el portal Contra Poder.

“Rosa Vásquez no tiene facultades para ocultar información, y podría ser denunciada penalmente por abuso de autoridad, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La “Cholita” prometió total transparencia en su gestión, pero está demostrando que su gestión podría ser la más oscura de todas”, posteó esta red digital.

Fiscalía Anticorrupción allanan domicilios de alcalde, funcionarios y empresarios de la provincia de Ocros

El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Áncash, a cargo de la fiscal provincial Ruth Gonzales Huamán, en trabajo conjunto con la Dirección Contra la Corrupción de Lima Norte; realizaron una serie de allanamientos y registros domiciliarios en las ciudades de Ocros, Barranca y Huaraz en contra de Ernesto Tony Salinas Castillo (alcalde de la provincia de Ocros), Evelyn Alejos Valenzuela (Pdta. del comité de selección), Tania Rosario Bonifacio (Primer miembro titular – Responsable de la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural), Cinthia Gutiérrez Sánchez (Segundo miembro titular – analista en contrataciones), Guido Espinoza Mariano (representante del Consorcio Mariano) y Everlyn Evangelista Reyes (representante del consorcio Ocros), a quienes se les acusa del presunto delito de colusión agravada en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Ocros.

Esta intervención tuvo desarrollo de manera simultánea en las provincias de Ocros, Barranca (Lima) y Huaraz, y estuvo a cargo de la fiscal Ruth Gonzales Huamán y los fiscales adjuntos provinciales Marco Rodríguez Rosales, Luis Sotelo Mudarra, Dittcy Espinoza Huaranga, Jannel Andrade Ortiz y Pablo Samuel Garay, quienes se constituyeron a los diversos domicilios para recabar una serie de documentos, comprobantes y otros; esto con la finalidad de continuar con las investigaciones de las presuntas irregularidades en la entrega de buena pro de dos obras de mantenimiento de caminos rurales valorizadas en S/. 2 401 659.78.

Según la representante del Ministerio Público, el comité de selección conformado por los imputados Evelyn Alejos Valenzuela (Pdta. del comité de selección), Tania Rosario Bonifacio (Primer miembro titular – Responsable de la oficina de Desarrollo Urbano y Rural), Cinthia Gutiérrez Sánchez (Segundo miembro titular – analista en contrataciones), no admitieron ofertas de postores que cumplieron con los requisitos obligatorios, habiéndose otorgado la buena pro en dos procedimientos de selección a consorcios integrados por las mismas empresas (Consorcio Mariano y Consorcio Ocros), cuya oferta económica fue mayor, gestionando la suscripción del contrato pese al incumplimiento en la presentación de la documentación requerida; afectando la igualdad de trato, competencia, eficiencia y eficacia e integridad que rigen las contrataciones del Estado, además de limitar a la entidad de contratar en mejores condiciones económicas con una diferencia mayor de costo equivalente a cuatrocientos treinta y tres mil dos con noventa y ocho céntimos (S/ 433 002.98).

La tesis fiscal apunta a que la presidenta del Comité de Selección Evelyn Alejos Valenzuela guardaría una amistad con el empresario Guido Mariano, incluso desde antes del proceso de licitación, lo cual significaría una concertación a fin de favorecer a su empresa, con la ejecución de una de las obras.

Diresa otorgó indebidamente más de S/ 200 mil en bonificaciones a funcionarios y servidores

En el marco del Megaoperativo de Control Regional en Lima Provincias, la Contraloría General detectó un perjuicio de S/ 209 500 en la Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional de Lima (Diresa Lima), por efectuar, en diciembre de 2021, pagos por ”Bonificación por Puesto en Servicios de Salud Pública” y “Reintegro por el Monto Único Consolidado” a 76 trabajadores, quienes no deberían percibir dicho beneficio económico.

En el Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N° 002-2022-2-0637 -que comprende el período del 1 de setiembre de 2021 al 31 de marzo de 2022- se evidenció que la Diresa Lima pagó beneficios a un total de 191 funcionarios y servidores por la mencionada bonificación (correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2017) y por el concepto del referido reintegro del 2019. De dicha cifra, 76 percibieron el beneficio sin corresponderle, generando el perjuicio económico y afectando el buen uso y correcta administración de los recursos públicos.

Cabe señalar que al solicitar la información de los trabajadores a quienes no les correspondía la bonificación, la Diresa Lima, a través del informe N° 14-2022-GRL-GRDS-DIRESA-LIMA-OEGDRRHH-UFRPC solo dio cuenta de 72 servidores, excluyendo a cuatro funcionarios (directores y directores ejecutivos) porque habrían devuelto el pago abonado en febrero de 2022.

Los resultados del informe fueron notificados al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para iniciar las acciones penales contra los funcionarios comprendidos en el caso y al Órgano Instructor para el proceso administrativo correspondiente.

Revelan encuentros entre altos funcionarios del sector Vivienda con personas cercanas al presidente Castillo

Según informó Cuarto Poder, el mandatario Pedro Castillo y el ministro Geiner Alvarado ordenaron que un grupo de altos funcionarios del sector Vivienda que expongan a personas cercanas al presidente un plan de obras en agosto del año pasado, en una residencia de Surquillo.

Siguiendo el dominical, los funcionarios fueron: el jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo; la entonces viceministra de Vivienda, Elizabeth Añaños; y la directora de presupuesto de esa cartera, Jackeline Castañeda.

Ellos fueron recibidos por el empresario y dueño de la casa de Breña donde Castillo sostuvo reuniones no transparentadas, Segundo Sánchez; el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero (con detención preliminar por 10 días); y el empresario Abel Cabrera, quienes preguntaron si era posible ingresar más obras al plan.

“En la reunión de la calle Palo Blanco se les pidió a las dos funcionarias exponer el plan de obras y estas lo hicieron con brevedad. El llamado buró político del presidente Castillo, Sánchez, Medina y Cabrera consultaron si era posible ingresar más obras al paquete. Les respondieron que no. Sánchez Sánchez indagó si era posible trabajar con material prefabricado. Al cabo de 20 minutos, sin más, el equipo salió del lugar y fue despedido en la puerta del edificio por Alejandro Sánchez”, informó el programa.

Días después, Marrufo informó a la entonces viceministra Añaños qué obras debían ser ejecutadas sí o sí. Entre ellas, una obra de saneamiento en Chota, Cajamarca.

Ejecutivo oficializa prohibiciones para funcionarios durante elecciones 2022

PCM dispuso norma que los obliga a mantener la neutralidad.

Las autoridades, funcionarios y servidores públicos no pueden expresar sus preferencias políticas ni su respaldo a una agrupación o candidato en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 182-2022-PCM.

La disposición, que regula el accionar de los funcionarios y servidores públicos en el marco de la neutralidad que establece el Código de Ética de la Función Pública, durante el período electoral 2022, precisa una serie de prohibiciones relacionadas con el uso de la posición o el cargo del funcionario o el servidor en el Estado, y con el uso de los bienes y los recursos públicos, incluido el tratamiento de la información pública.

«El propósito de la norma es mitigar los riesgos asociados a la prohibición de proselitismo político durante las próximas elecciones regionales y municipales y mantener informados a los funcionarios y servidores sobre los impedimentos que rigen durante el período electoral», sostuvo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Los funcionarios y servidores públicos que incurran en incumplimiento serán pasibles de las sanciones de amonestación, suspensión de goce de remuneraciones, destitución e inhabilitación conforme a la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.

Las prohibiciones en relación al uso de la posición o cargo, el decreto establece que los funcionarios y servidores deben cuidar su comunicación y no expresar sus preferencias políticas, así como tampoco usar prendas con colores o símbolos que identifiquen agrupaciones políticas y/o a sus candidatos.

Igualmente, deben evitar e impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político y no condicionar sus servicios a la ciudadanía por su filiación o simpatía política.

Tampoco pueden emplear su posición, su cargo y su horario de trabajo para influenciar políticamente sobre sus colegas o personas bajo su mando.

Respecto al uso de bienes y recursos públicos, no pueden exhibir propaganda electoral dentro de la entidad en la que trabajan ni disponer que lo hagan en otra institución pública y deben impedir que los bienes y recursos públicos sean usados en favor o en contra de alguna candidatura o grupo político.

Además, no pueden condicionar el acceso a información pública ni afectar su contenido por razones o intereses políticos. De otro lado, los funcionarios, directivos públicos y servidores de confianza deberán abstenerse de expresar opinión sobre algún candidato o agrupación política.

Frente a opiniones o afirmaciones de candidatos que pudieran afectar la imagen institucional de las entidades públicas durante el proceso electoral, cualquier aclaración sobre el particular podrá efectuarse previa evaluación y por los canales institucionales correspondientes, sin referencia expresa a un candidato o agrupación política.

En caso los ciudadanos y servidores públicos identifiquen comportamientos o prácticas que vayan en contra la disposición emitida, podrán formalizar el reporte correspondiente en la plataforma Denuncias Servicios.

Nelson Shack: “Hay más de 160 funcionarios en el Gobierno que no cumplen con el perfil”

El contralor general de la República, Nelson Shack, informó que actualmente hay más de 160 funcionarios en el Gobierno de Pedro Castillo que no cumplen con el perfil necesario para desempeñarse en sus puestos.

“La contraloría desde el día uno se ha pronunciado por estos casos [de malos funcionarios] y se han identificado muchos casos, muchos de ellos tuvieron la reacción del Gobierno para quitarles la designación, pero en otros casos no, por eso la Contraloría fijó los perfiles para cada funcionario. El reglamento de esa ley le encarga a Servir y a recursos humanos hacer este proceso”, aseveró en conferencia de prensa desde la sede de la Contraloría.

“Seguimos con eso, en una rápida pasada vemos que hay más 160 funcionarios en el Gobierno nacional, o sea en el Ejecutivo, que no cumplen con el perfil. Por eso, en el transcurso del segundo semestre, se harán las acciones de control posterior. Esto se coordinara con Servir, porque la idea sea sumar esfuerzos y que los funcionarios sean los más idóneos”, añadió.

En esa línea, señaló que si bien cualquier persona puede aprender a desempeñarse en cualquier posición, el tiempo de aprendizaje puede producir malas decisiones.

“Cualquiera puede aprender, pero mientras se aprende, esa curva de aprendizaje puede ser larga y mientras puede tomar decisiones inadecuadas, y esas decisiones las pagamos los ciudadanos, se necesita hacer algo más riguroso”, expresó.