Impiden ingreso de nuevo director y personal del Gobierno Regional de Lima a hospital de Huaral

Momentos de tensión se registraron en la puerta de acceso del Hospital de Huaral, tras la llegada del nuevo director, Carlos Guillermo Sánchez Castillo, y personal del Gobierno Regional de Lima Provincias (GORE), quienes —según denunciaron trabajadores del establecimiento— habrían intentado imponer decisiones mediante amenazas y actitudes prepotentes.

Ante esta situación, no se permitió el ingreso del nuevo director ejecutivo, generándose un fuerte malestar entre el personal de salud, que rechaza que la conducción del hospital sea utilizada como un botín político, en medio de la grave crisis que atraviesa el nosocomio.

El Hospital de Huaral enfrenta desabastecimiento de medicamentos, déficit de especialistas y falta de equipamiento, problemas que, de acuerdo con los médicos y trabajadores, requieren liderazgo técnico, capacidad de gestión y compromiso con la comunidad, y no imposiciones desde el poder regional.

La población y el personal médico exigen respeto a la institucionalidad y que las decisiones sobre la dirección del hospital se adopten priorizando la salud pública y no intereses políticos.

¿Negocios con la salud en en el Gobierno Regional de Lima? Lo que se ocultaría detrás de la distribuidora de alimentos JK SAC

¿Qué hay realmente detrás de la empresa Distribuidora de Alimentos JK SAC? Fuentes señalan que detrás de esta compañía estaría involucrado un consejero regional, lo que despierta serias dudas sobre posibles conflictos de interés en el sector salud de la región Lima Provincias.

De acuerdo con información obtenida del Portal de Transparencia, esta empresa sería proveedora de alimentos para al menos cinco hospitales de la región, entre ellos los de Huacho, Barranca, Chancay y Huaral. Solo en el año 2025, la Distribuidora de Alimentos JK SAC superó el millón de soles en contratos con estos establecimientos de salud que dependen directamente del Gobierno Regional de Lima.

Pero eso no es todo. También existirían registros de órdenes de servicio por montos menores a las 8 UIT, las cuales, sumadas, representarían otra jugosa cantidad de dinero, lo que levanta sospechas sobre una posible fragmentación de contratos para evadir controles más estrictos.

Ante este escenario, surge una pregunta inevitable:

¿SERÁ ESTA LA RAZÓN POR LA CUAL DICHO CONSEJERO NO FISCALIZA A LA GOBERNADORA ROSA VÁSQUEZ?

Mientras tanto, el Consejo Regional permanece en un preocupante silencio, pese a los diversos escándalos que rodean a la gobernadora Rosa Vásquez, quien además cuenta con una sentencia judicial. Según versiones, en los próximos días se revelará el nombre del consejero que, con el aval del presidente de la Comisión de Salud, José Caico, y la venia de la propia gobernadora, estaría operando sin reparos con los recursos destinados a la salud pública.

Una vez más queda en evidencia que para algunos funcionarios la salud de la población no es prioridad, sino un medio para proteger intereses personales y políticos. Por ello, se alerta a la población a no dejarse engañar por quienes hoy postulan al poder con el partido de APP de la gobernadora sentenciada Rosa Vasquez, pues lo único que demostrarían en su historial es llegar a cargos públicos para beneficiarse del dinero de todos, mientras los hospitales continúan en estado crítico.

Fuente: Diario El Chaski

Fiscalía anticorrupción admite denuncia contra altos funcionarios del Gobierno Regional de Lima

En el ejercicio de mis funciones de fiscalización y defensa de los recursos del Estado, informo a la población que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha admitido la denuncia que presenté contra la Gobernadora Regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, José Antonio Caico Fernández y los que resulten responsables, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso y peculado doloso.

Mediante la Disposición N.° 01, de fecha 05 de diciembre de 2025, el Ministerio Público nos ha notificado la admisión de esta denuncia, la cual se originó tras los hechos ocurridos el 13 de noviembre de 2025 en el Centro Poblado de Hualcará de San Vicente de Cañete.

Que, como es ya de conocimiento, aquel día acudí a fiscalizar la entrega de ayuda humanitaria que momentos antes me habían indicado que se entregaría por parte del Gobierno Regional a los damnificados por un voraz incendio ocurrido días antes, donde me constaté y con suma preocupación, la Gobernadora Regional manifestó públicamente que los productos a entregar provenían de su “PROPIO PECULIO” y de una supuesta COLECTA DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR. Sin embargo, durante la entrega apareció el exalcalde Provincial de Cañete, Alexander Bazán Guzmán, participando activamente como si los víveres fueran de su propiedad, regalando a los damnificados como si los productos con rotulado del estado fuesen traídos por su persona.

Al realizar la fiscalización, verifiqué que los productos de primera necesidad tenían rótulos que prohibía su venta, evidenciando a través de medios digitales que se trataba de bienes del Estado.

Quiero ser clara y enfática: nadie puede utilizar bienes del Estado para fines políticos ni aprovecharse de la desgracia de familias afectadas por una emergencia, al parecer estos productos han sido obtenido irregularmente para ser utilizado para sus campañas políticas, generando un desmedro para aquellos personas que de alguna forma fueron alcanzado por alguna calamidad en el pasado y que en algún momento no se le entregó o simplemente haciendo mal uso de los bienes que deben ser custodiados por el mismo Gobierno Regional para luego ser entregados una vez activada el pedido por parte de las Municipalidades correspondientes.

La denuncia ya ha sido formalmente notificada y los involucrados han sido citados por la Fiscalía para el día 22 de enero, como parte de las diligencias correspondientes para su esclarecimiento.

Karina Leandro no cumpliría perfil para ocupar el cargo en el Gobierno Regional de Lima

Crece la controversia en el Gobierno Regional de Lima tras conocerse que Karina Leandro solo es encargada en la Gerencia Regional de Desarrollo Social, y que no cumpliría con el perfil profesional requerido para asumir dicho cargo. Esta figura administrativa estaría siendo utilizada como una vía alterna para esquivar la ley, práctica que ya genera cuestionamientos dentro y fuera de la entidad regional.

La situación resulta aún más delicada al tratarse de una precandidata a la Alcaldía Provincial de Huaura, lo que despierta sospechas sobre un posible uso político del aparato estatal. Especialistas y ciudadanos se preguntan si este tipo de maniobras reflejan la verdadera forma de trabajo de quien aspira a gobernar una provincia.

No es la primera vez que en el GORE Lima se denuncian designaciones cuestionables, lo que refuerza las críticas hacia la gestión de la gobernadora Rosa Vásquez, hoy sentenciada, y su entorno cercano. ¿Está Karina Leandro replicando estas prácticas? ¿Está aprendiendo de una gestión marcada por la controversia?

Advertimos sobre estos hechos para evitar repetir gestiones que no aporten al desarrollo de Huacho ni de la región.

Procompite enfrenta cuestionamientos por presuntos servicios no ejecutados y posibles órdenes desde el Gobierno Regional de Lima

Si la gobernadora Rosa Vásquez se presenta como un símbolo de transparencia, surge una pregunta inevitable: ¿quién es Trujillo Solís Briguita Ada, conocida como “Brigit”? Según denuncias que nos hacen llegar, esta persona no solo estaría vinculada a Procompite, sino que sería proveedora y creadora de presuntos servicios fantasma, utilizando la fachada del programa que debería beneficiar a las asociaciones emprendedoras.

Lejos de cumplir su finalidad, Procompite estaría según estas versiones canalizando recursos hacia empresas inexistentes, donde Brigit tendría un rol clave al decidir quién gana, supuestamente bajo órdenes directas de Rosa Vásquez. Y no sería la única involucrada: se habla de más personas dentro y fuera del Gobierno Regional, trayendo proveedores externos para repartirse los beneficios.

Procompite sería, para varios trabajadores del GORE, una verdadera “mina de oro”, en medio de una gestión que atraviesa serios cuestionamientos, con la creación de órdenes de servicio fantasmas. Incluso se señala que el esposo de Brigit también habría sido proveedor del programa.

Resulta llamativo que se anuncie una inversión de 20 millones de soles en Procompite, cuando según estas denuncias ya se sabría a dónde habrían ido a parar esos recursos. En los próximos días, se advierte que los propios trabajadores estarían llevando proveedores para “sacar lo suyo”, confirmando que hay varias personas implicadas.

Ante la gravedad de estos hechos, exigimos a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público que actúen de oficio, ya que, de no hacerlo, en el 2026 intentarían repetir el mismo esquema.

Fuente: Diario El Chaski

Fotos evidenciarían campaña de esposo de Rosa Vásquez con personal del Gobierno Regional de Lima

Imágenes difundidas en redes sociales han generado fuerte cuestionamiento ciudadano al evidenciar una presunta actividad proselitista en la provincia de Huaral, en la que habría participado el esposo de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, acompañado por funcionarios y personal vinculado al Gobierno Regional de Lima.

En las fotografías se observa al mencionado ciudadano realizando actos de carácter político, muy cerca del jefe zonal del Gobierno Regional de Lima en Huaral, Raúl Bazalar. Asimismo, se advierte la presencia de una persona que prestaría servicios a la entidad regional, quien habría participado en el registro fotográfico de dicha actividad.

Estos hechos han encendido las alertas debido a la posible utilización de personal y recursos del Estado con fines políticos, una práctica expresamente prohibida por las normas que regulan la neutralidad de la función pública, especialmente en contextos preelectorales.

Diversos sectores locales han cuestionado el silencio del Consejo Regional de Lima, cuyos integrantes aún no se han pronunciado frente a estas evidencias, pese a su rol fiscalizador. Las críticas apuntan a una aparente permisividad frente a actos que podrían constituir una falta administrativa grave y una vulneración de la ética pública.

La ciudadanía exige explicaciones claras y una investigación inmediata que determine responsabilidades, así como un pronunciamiento oficial del Gobierno Regional de Lima, que hasta el momento guarda silencio frente a estas denuncias.