Ante el avance de las investigaciones a nivel de la Fiscalía de la Nación, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, defendió —una vez más— al ministro del Interior, Juan José Santivañez, al considerar que, “está siendo torturado” con los audios del capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’. Deslizó que la Fiscalía está actuando con lentitud al realizar las pericias a la matriz de los audios, prolongando los cuestionamientos contra el titular del Mininter.

“(Las pericias) se harán en el futuro próximo, de acá en cuatro o cinco meses para seguir torturándolo al ministro. (…) Se está dando el tiempo de estar en la Fiscalía, en el Congreso y lo seguirá haciendo porque es su deber”, declaró en ‘Punto final’.

Cabe recordar que, tras la difusión de los audios, Santivañez ha negado que sea su voz la que aparece en los audios, aunque reconoció a ver participado en la reunión del 21 de mayo en un local en San Borja, con su entonces amigo Junior Izquierdo Yarleque.

En tanto, el ministro del Interior presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República un informe de una pericia realizada por Víctor Manuel Barrientos Rodríguez donde alegaba que la voz de los audios no representaba a la suya.

En una resolución de sentencia del año 2021 en el departamento de Moquegua, se ofrece como uno de los medios probatorios una pericia de voz realizada por el mismo perito que presentó el ministro Santiváñez. Dicha pericia fue evaluada por la Corte Suprema que lidera el juez César San Martín y se determinó que el perito Barrientos Rodríguez no es un perito que esté especializado en el área de fonética ni informática y, por lo tanto, no podría demostrar la veracidad o falsedad de ninguna voz en audios.

Por otro lado, Gustavo Adrianzén defendió la decisión de Santivañez de querellar a periodistas que brinden nueva información respecto a los audios que lo involucren: “Yo no sé si la palabra que él haya utilizado sea denuncia, pero no se le puede decir al ministro es que como ciudadano pueda perder el derecho a querellar a quien eventualmente él considere que está difamándolo, ese es un derecho constitucional, no se lo podemos quitar”.

Aunque, el jefe de la PCM indició que él no denunciaría a periodistas que lo cuestionen: “Yo particularmente no lo hice (denunciar a periodistas), pero no estoy en los zapatos de los demás ministros y no puedo privarlos de sus derechos”.

Audios de Santiváñez complican a la presidenta Boluarte

Como se recuerda, el jueves 22 de agosto, LR publicó una nota titulada ‘Audios implicarían a la presidenta y a Santiváñez en un plan para liquidar a la Diviac’, en la cual se reveló que el capitán de la Diviac, Junior Izquierdo, grabó a su amigo el ministro Santiváñez cuando cenaba con él en el chifa Wang Xiang Yuan, de San Borja. Según la versión de Izquierdo, Santiváñez le confió que la jefa de Estado lo nombró para que termine con el equipo policial que investiga la corrupción del Gobierno de Boluarte.

En el audio se escucha a Santivañez contarle con lujo de detalles a Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, qué condiciones se le puso para ser ministro del Interior, así como las presiones y solicitudes presidencial que apuntaban básicamente a la desactivación de la Diviac, un equipo que se había tornado incómodo para el Gobierno ante el avance de las investigaciones a Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado. Otro tema que le preocupaba a la mandataria era el de Harvey Colchado.

Días después, en un nuevo audio revelado, se mostraría una conversación entre el ministro Santiváñez y ‘Culebra’, donde el primero le habría revelado que el auto de la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue utilizado para la fuga de Vladimir Cerrón a Pisco. Al tratarse de un vehículo —conocido como el ‘Cofre’— presidencial oficial, no iba a ser detenido por la Policía Nacional, facilitando la fuga del prófugo.

Gustavo Adrianzén, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, realizó una fuerte crítica hacia los jueces y fiscales del país, exhortando a realizar un correcto uso de prisiones preventivas.

En diálogo con los medios de comunicación, Adrianzén manifestó su descontento por la «ligereza» con la que ciertos agentes de la justicia emiten penas de prisión preventiva, explicando que desde su formación como abogado se le enseñó cómo utilizar las mismas.

«A mi me parece inadmisible que algunos órganos jurisdiccionales, como la Fiscalía o el Poder Judicial, tomen con tanta ligereza el tema de la libertad en personas. En derecho, lo primero que sabemos, es que la privación de la libertad de una persona debe ser el último recurso», declaró.

¡Criticó a los fiscales!

El primer ministro también fue duro contra los fiscales, precisando que tras cumplirse esas penas emitidas, los acusados pueden salir libres con otros recursos legales.

«Algunos colegas, fiscales o jueces parecen haber olvidado estos principios fundamentales del derecho, y me preocupa, pues se dictan estas prisiones preventivas por 12 o 24 meses, y al final de ellas, aquellos que estuvieron presos, se les tiene que dar libertad por exceso», comentó.

También, se refirió a esta clase de penas como «condena sin sentencias», pues si bien se impone las mismas como una medida para evitar la fuga de los acusados, estas pueden tener un margen de error importante ante casos inconclusos o aún en investigación.

«Yo me pregunto, ¿Acaso hay acusaciones? ¿En qué se han convertido estas prisiones preventivas? En una especie de condena sin sentencias. No tengo escaño, pero si la posibilidad de meterte preso por 36 meses. ¿Quién te resarce esos meses?», añadió.

En contra sus actitudes

Concluyendo su pronunciamiento, Adrianzén volvió a solicitar a los encargados de impartir justicia a ser cautelosos con sus penas y decretos, siempre poniendo por delante los principios jurídicos y lo más beneficioso para el país.

«En un país como el nuestro se hace abuso de las prisiones preventivas. Yo invoco a jueces y fiscales para que sean más reflexivos y cautelosos», decretó.

De esta forma, Gustavo Adrianzén se pronunció en contra de los jueces y fiscales que emiten múltiples penas de prisiones preventivas, precisando que las mismas deben ser únicamente un recurso para impartir justicia.