Detienen a tres agentes del INPE por presunta complicidad en la fuga de un interno del penal de Lurigancho

Las autoridades detuvieron a tres agentes penitenciarios presuntamente implicados en la fuga de un reo del penal ubicado en San Juan de Lurigancho. La policía continúa con las indagaciones sobre los sospechosos y busca dar con el paradero del interno que logró escapar.

De acuerdo con información proporcionada por América Noticias, fuentes de su Unidad de Investigación indicaron que los tres agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) podrían haber facilitado la evasión de John Kennedy Javier Sebastián, condenado a 10 años de prisión por un delito contra el patrimonio.

Los detenidos, identificados como Guillermo Huacachi Salas, Ricardo Salas Pérez y César Inga Vásquez, están siendo investigados por el delito de favorecimiento a la fuga. Según el medio, en el momento de la evasión, Salas se encontraba a cargo del pabellón 10, donde estaba recluido el preso, mientras que Huacachi e Inga eran responsables de las garitas N° 6 y N° 4, ubicada en la ruta de escape.

Los agentes, fueron trasladados a la DEPINCRI SJL 2, donde permanecerán durante el proceso de investigación que determinará si la fuga se debió a un caso de negligencia o corrupción. En tanto, se está a la espera de que la Fiscalía defina la situación legal de los implicados.

Impactante fuga en penal de Lurigancho: delincuente trepa muro y escapa sin ser detenido

Durante la noche del lunes 21 de abril, vecinos del penal de Lurigancho alertaron sobre la fuga de un interno identificado como John Kennedy Javier Sebastián, un ciudadano extranjero detenido por el robo a un minimarket en el distrito de Lince en 2023.

Tras la alerta, el INPE activó los protocolos de seguridad establecidos, pero estos resultaron ineficaces, ya que el interno logró concretar su fuga. Ante esta situación, se dispuso la remoción del director del establecimiento penitenciario, el relevo del personal de seguridad involucrado y el reforzamiento de las medidas de seguridad tanto internas como externas del penal, con el objetivo de garantizar la tranquilidad de los vecinos de San Juan de Lurigancho.

Defensor del Pueblo pide destitución de malos elementos en la PNP, Fiscalía, PJ e INPE

Josué Gutiérrez, Defensor del Pueblo, solicitó la destitución de los malos elementos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Durante su intervención, Gutiérrez destacó la importancia de fortalecer estas instituciones para mejorar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos, al tiempo que se mostró en desacuerdo con medidas como la pena de muerte o la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 16 años.

El Defensor del Pueblo señaló que el combate a la delincuencia debe centrarse en mejorar las instituciones y no en adoptar propuestas populistas que no abordan las causas estructurales del problema.

“La Defensoría del Pueblo seguirá cumpliendo con su labor constitucional de supervisión y defensa de los derechos fundamentales de todos los peruanos”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a los poderes del Estado, instituciones y sociedad civil a trabajar de manera coordinada para construir un país donde se garantice la paz, el respeto a los derechos humanos y el acceso a una vida digna para todos.

Gutiérrez enfatizó que la solución a la inseguridad requiere un enfoque integral que fortalezca la justicia y la transparencia.

En su discurso, también expresó su rechazo a iniciativas que puedan vulnerar los derechos fundamentales, recordando que medidas como la pena de muerte han sido cuestionadas por su eficacia en otros contextos.

Nicolás de Bari Hermoza Ríos fue excarcelado tras orden judicial, informó el INPE

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó la tarde de este martes que el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, fue excarcelado a las 4:15 de la tarde.

Mediante un breve pronunciamiento en las redes del INPE indicaron que la orden de libertad en favor del exmilitar fue recibida a las 10 de la mañana y que salió del establecimiento penitenciario Ancón II, poco más de seis horas después.

Orden judicial

En vísperas se conoció que el Poder Judicial ordenó que Hermoza sea excarcelado al declarar fundada una demanda de habeas corpus interpuesta por su defensa legal contra el presidente del INPE y otros funcionarios de dicha entidad, al acreditar “plenamente” la “vulneración a su derecho a la libertad individual”.

La resolución indica también que hubo “una clara detención arbitraria en perjuicio del beneficiario”, debido a que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que ya había dispuesto su liberación el pasado 20 de diciembre.

Esta medida del máximo intérprete de la Carta Magna se dio al declarar fundado un habeas corpus presentado por la defensa legal del exjefe militar para que se ordene su excarcelación.

La defensa legal de Nicolás de Bari Hermoza Ríos alegó que su patrocinado, de 85 años, ha cumplido más de 18 años de prisión y padece de demencia senil y otras enfermedades, motivos que determinan que el fin constitucional de la pena de prevención especial se tenga por cumplido.

Estado gasta S/900 mensuales en cada preso, informa INPE: Total superaría los S/89 MILLONES

En diálogo con Exitosa, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque, informó que el Estado gasta S/900 soles mensuales en cada recluso.

La sobrepoblación carcelaria en el Perú

En conversación con Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos Claro’, el titular del INPE detalló que, en estos momentos, hay 99,600 presos en todo el país y solo se tiene capacidad para 41,700.

«Tenemos en este momento 99,600 privados de libertad y tenemos capacidad para 41,700. Es decir, prácticamente nos faltan 58 mil espacios. En los próximos días, pondremos la primera piedra de un penal, con capacidad de 800 unidades de albergue en la ciudad de Abancay», declaró.

Asimismo, Javier Llaque indicó que cada privado de libertad cuesta aproximadamente S/30 diarios, de los cuales se destina S/7 o S/6.50 en alimentación. El resto de gastos son de seguridad y servicios.

«Cada privado de libertad cuesta aproximadamente 30 soles diarios. En alimentación se nos va 7 soles o 6.50 soles, ello para desayuno, almuerzo y cena. Los otros gastos son de seguridad, servicios, etc. Al mes cuesta aproximadamente 900 soles», agregó.

36 mil internos son procesados

En esa misma línea, el presidente del INPE indicó que van a reiniciar la construcción de diversos centros penitenciarios a lo largo del país para combatir el hacinamiento. También, apuntó que hay 36 mil internos que son procesados.

«Este año reiniciamos la construcción del penal de Arequipa con 900 unidades de albergue, reiniciaremos Pucallpa que tendrá 1200 unidades de albergue. Así atacamos el hacinamiento. El Ministerio de Justicia pronto iniciará la construcción de megapenales (…) Un total de 36 mil internos son procesados, la diferencia son condenados. Es un tercio que tiene la condición de procesado», mencionó en nuestro medio.

Además, Llaque Moya anunció que pronto van a iniciar el para la compra de grilletes electrónicos, asegurando que esta medida ha demostrado, hasta la fecha, ser muy eficaz.

«Este año con el presupuesto que tiene la institución (…) vamos a determinar si ya podemos iniciar pronto el concurso para los grilletes electrónicos. Hay un buen grupo que podría verse beneficiado, de ser así, vamos a informar a la comunidad jurídica. La vigilancia ha demostrado ser, hasta ahora, muy eficaz», añadió.

De esta manera, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Llaque, señaló que el Estado gasta S/900 soles mensuales en cada recluso y precisó que esto se divide en alimentación, seguridad y servicios.

«Igual para todos»: INPE niega trato preferencial para ‘Chibolín’ en el Penal Lurigancho

Desde que Andrés Hurtado ingresó al Penal de Lurigancho el pasado jueves, los rumores sobre un supuesto trato preferencial comenzaron a circular hasta hoy, que el INPE lo desmintió.

En medio de una una jornada cívica de sembrado de árboles y limpieza, en Magdalena, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, aclaró que ‘Chibolín’ conviviría como uno más.

“El trato a los internos es el mismo para todos. No habrá ninguna diferencia», comenzó respondiendo el máximo directivo penitenciario ante la consulta de los medios de prensa por el exconductor de TV.

Luego, al ser insistido por si Andrés Hurtado iba a tener alguna especie de carceleta dorada en el Penal de Lurigancho, la autoridad también lo descartó, pues la distribución no dependería del apellido.

«Tenemos entre 20 y 30 ingresos diarios: los internos son clasificados (según tipo de sentencia y delitos cometidos) y se les determina el pabellón correspondiente”, sentenció el jefe del INPE.

Sin embargo, el abogado Elio Riera ya habría negado que esta clasificación fuera posible, ya que los presos estarían hacinados en los penales y no habría cómo diferenciar a los de prisión preventiva o definitiva.

«No tienen recursos. Y, por ello, todos (los presos) están en una zona común. No hay forma de que estén separados. Duermen en el piso», mencionó el letrado el jueves pasado en ‘Amor y Fuego’.

Como se recuerda, el reconocido ‘Chibolín’ purga prisión preventiva en el mencionado centro penitenciario desde el 3 de octubre hasta el 18 de marzo del 2026, cuando se cumplan los 18 meses pendientes.

Andrés Hurtado fue trasladado a carceleta del INPE en Ancón mientras se decide donde afrontará prisión preventiva

Andrés Hurtado fue trasladado la tarde de este miércoles a la carcelera del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) del penal Ancón II, a la espera de que se decida el centro carcelario en el que cumplirá los 18 meses de prisión preventiva, como parte de la investigación que afronta por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico.

El expresentador de televisión fue trasladado desde la carceleta del Poder Judicial, ubicada en el distrito de La Victoria, hacia el penal de Ancón II. Allí le comunicarán la decisión del INPE sobre la cárcel en la que será recluido de forma preventiva.

Hurtado fue uno de los últimos detenidos que subió a un bus de la Policía Nacional. Llevaba puesto una gorra color plomo y una casaca de color negro.

Prisión preventiva

Este traslado ocurre luego de que el juez Juan Carlos Checkley dictara 18 meses de prisión preventiva contra Andrés Hurtado, en el marco de una investigación fiscal en su contra.

En tanto, que al empresario Javier Miu Lei y la suspendida fiscal Elizabeth Peralta recibieron comparecencia con restricciones.

Ambos deberán cumplir una serie de reglas de conducta; entre ellas, no ausentarse del lugar en que residen sin la autorización judicial, realizar el control biométrico para justificar sus actividades, y concurrir a la autoridades fiscales y judiciales las veces que sean citados.

Asimismo, el magistrado estableció la prohibición de comunicarse con los demás investigados -entre ellos Iván Siucho, primo de Javier Miu Lei– y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación.