El Gobierno de Keiko Fujimori declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario, ante la persistencia de la criminalidad y otras situaciones de violencia. La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, establece nuevas acciones para combatir el delito y permite la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

La declaratoria ocurre en un contexto de violencia que continúa golpeando al país pese a las medidas de seguridad adoptadas. De acuerdo con información del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), durante el primer mes de la gestión de Fujimori se registraron 151 homicidios en el país. Del total, el 75,5% fue cometido con armas de fuego y Lima concentró 48 muertes, siendo la región con mayor número de casos.

¿Qué derechos se restringirán durante el estado de emergencia?

Durante los 60 días de vigencia de la medida, podrá restringirse o suspenderse el ejercicio de determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

La PNP será la encargada de determinar las zonas de intervención, principalmente sobre la base de información de inteligencia, indicadores de criminalidad, estadísticas y mapas del delito. Las Fuerzas Armadas también podrán participar en las acciones de seguridad, de acuerdo con las normas que regulan el uso y empleo de la fuerza.

Para las actividades religiosas, culturales, deportivas y otros eventos masivos y públicos será necesario solicitar autorización a las autoridades competentes. Las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin permiso previo.

Gobierno también anuncia medidas en los penales

El decreto contempla acciones de control penitenciario y contra las telecomunicaciones ilícitas dentro de los establecimientos penitenciarios. Entre las medidas figura el apagón eléctrico de las celdas, manteniéndose únicamente la iluminación, así como el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación instaladas ilegalmente.

Además, las fuerzas integradas tendrán a su cargo la vigilancia y sostenimiento del perímetro de los penales durante la emergencia.

La norma dispone también que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Lima Metropolitana, el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) del Callao y otros organismos vinculados a la política criminal permanezcan en sesión permanente mientras dure la medida.

Asimismo, se conformará el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el comandante general de la Policía Nacional del Perú.

Medida cuestionada

La nueva declaratoria también llega después de que los gremios de transportistas cuestionaran la respuesta del Gobierno frente a la ola de extorsiones. La amenaza de un paro nacional en Lima y Callao, convocado para el 25 de agosto, evidenció el malestar del sector por los ataques que continúan afectando a conductores y empresas pese al despliegue policial y militar anunciado por el Ejecutivo.

Aunque la paralización fue desactivada tras acuerdos con el Gobierno, los dirigentes mantienen como principal reclamo la falta de resultados concretos frente al crimen organizado.

La declaratoria de emergencia plantea así una nueva respuesta del Ejecutivo frente a la inseguridad. No obstante, sus resultados serán puestos a prueba por una criminalidad que continúa dejando víctimas y que sigue activa.

La presidenta Keiko Fujimori dijo que las mejoras al programa Pensión 65 llegarán a partir del próximo año. «Por eso ministro, auguramos que a partir del próximo año, porque hoy hemos recibido al país con cifras estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías», declaró, dirigiéndose al ministro de Economía y Finanzas. La frase marca un cambio de plazo frente a lo que había prometido un mes antes.

La mandataria pidió que el éxito de la gestión económica se traduzca en un beneficio tanto para quienes ya reciben una pensión como para quienes nunca accedieron al sistema. En ese punto mencionó de forma directa a Pensión 65, el programa que en julio prometió duplicar. Esta vez no dio una fecha, sino una expectativa: «auguramos», dijo, y no «cumpliremos».

La presidenta cerró su intervención con una promesa adicional: una pensión «garantizada», «más justa» y «más humana», con más facilidades de acceso. No precisó plazos ni la fuente de financiamiento para ese ofrecimiento, igual que tampoco lo hizo un mes atrás con la duplicación de Pensión 65.

Keiko Fujimori en su discurso del 28 de julio: «Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65»

El 28 de julio, en su primer Mensaje a la Nación, Fujimori anunció ante el Congreso la duplicación del subsidio. «Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema», dijo esa vez. El verbo «iniciaremos» no vino acompañado de ninguna fecha ni de ninguna mención a una posible limitación presupuestal.

Además indicó que dicha promesa sería el primer paso hacia una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza. Anunció además el despliegue de brigadas móviles de afiliación en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas, como parte de la misma estrategia.

La urgencia que el Gobierno no está atendiendo

Para Noelia Bernal, docente de Economía de la Universidad del Pacífico, la demora tiene un costo que no es solo fiscal. Consultada sobre qué tan urgente es el aumento, fue directa: «Si me preguntas para quién es urgente, bueno, para los adultos que son los más avanzados en edad. Porque, digamos, ya les has postergado bastante el recibir una buena prestación.» La frase apunta a un grupo que no tiene margen para esperar hasta el 2027: cada año de espera es, para ellos, un año menos de vida para beneficiarse del aumento.

La economista identificó un segundo grupo urgente, ausente hasta ahora del discurso presidencial: los adultos mayores en pobreza extrema que ni siquiera están inscritos en el programa. «Los que están ubicados en pobreza extrema y que aún no son beneficiarios de Pensión 65, habría que ahí buscarlos», dijo. Mientras el Gobierno posterga el aumento del monto, ese padrón pendiente de identificar tampoco figura entre las prioridades anunciadas por Fujimori ni el 28 de julio ni este 26 de agosto.

Bernal remarcó que la decisión sobre cuándo y cómo aplicar el aumento depende, en última instancia, del Ministerio de Economía y Finanzas. «La decisión final va a venir fundamentalmente del Ministerio de Economía, para que evalúe este nuevo gasto y cómo afecta sus finanzas junto con todos los demás gastos», explicó.

Esa dependencia coincide con lo que dijo la propia presidenta este miércoles, cuando condicionó la mejora al desempeño futuro del titular del MEF, sin ofrecer ninguna fecha concreta ni explicar qué avances fiscales se necesitan para cumplir lo que prometió hace un mes.

Alfredo Thorne, exministro de economía: «Se les ve muy descoordinados»

Alfredo Thorne, exministro de Economía, vinculó la demora en el aumento de Pensión 65 con la herencia fiscal que recibió el Gobierno. «Lo que creo que le está preocupando al Gobierno son las presiones fiscales que han heredado de los gobiernos anteriores», explicó.

El exministro relacionó además la espera hasta el 2027 con cuatro leyes que el Colegio de Economistas envió al Tribunal Constitucional. «Yo me imagino que lo que está tratando de hacer el ministro de Economía es asegurarse que esas leyes sean revocadas por el Tribunal Constitucional, y eso le daría un espacio el próximo año para poder aumentar la Pensión 65», señaló. Para Thorne, el aumento del subsidio debería enmarcarse, además, dentro de una reforma integral de pensiones que el propio MEF ya estaría evaluando a través de una comisión de formalización.

Consultado directamente sobre la falta de una fecha concreta para el anuncio de julio, Thorne no evitó la crítica. «Lo que sí se les ve muy descoordinados en términos de lo que realmente quieren hacer», afirmó. Puso como ejemplo la seguidilla de anuncios sin ejecución: «Un día hablan de reducir los ministerios, otro día hablan de los días feriados, ahora hablan de la Pensión 65, pero en realidad no hay Pensión 65». Para el exministro, al Gobierno le falta «una ruta definida y un cronograma de qué es lo que se va a hacer en cada momento». «Yo creo que eso sí es una crítica válida», zanjó.

Sobre la urgencia del aumento, Thorne la calificó como una demanda justa, aunque advirtió que no puede resolverse de forma aislada. Mencionó que el Ejecutivo tiene sobre la mesa, al mismo tiempo, otras leyes relacionadas a la pensión de docentes, policías y militares. Además del debate sobre el aumento de la pensión de la ONP. «No puede aumentar Pensión 65 sin revocar la ley de pensiones de maestros y la ley de pensiones de los militares, porque si no, va a terminar pagándole a los militares pensiones más altas que a las personas que han contribuido veinte años para su pensión», advirtió.

La presidenta Keiko Fujimori confirmó que su Gobierno derogará la ley de puntos para el transporte. La medida surge tras la reunión que sostuvo el ministro Rafael Rey con gremios de transportistas el 22 de agosto, convocada luego de que los gremios anunciaran un paro para el 25 de agosto en protesta por los asesinatos de choferes. «Hemos anunciado la derogatoria de la ley de puntos para ser una ley conversada y consensuada con los diferentes sectores», declaró la mandataria durante una transmisión en vivo por sus redes sociales.

Según explicó Fujimori, las multas de tránsito consideradas abusivas no se cobrarán en su totalidad. «Las multas abusivas no se van a cobrar, solo el 10% del valor», precisó. A esto se suma otro beneficio: los puntos de las infracciones tampoco se contabilizarán, al menos por un tiempo determinado que el Gobierno aún no detalló con precisión.

La reunión con los gremios no fue la única mesa de trabajo instalada esa semana. Fujimori anunció una segunda mesa, esta vez con el Ministerio del Interior, enfocada en la seguridad ciudadana, el otro reclamo central detrás de la convocatoria al paro. «La segunda mesa de trabajo se ha establecido con el ministro del Interior de cara a todo el proceso de seguir consiguiendo el orden en nuestro país», indicó la presidenta.

La mandataria cerró sus declaraciones con un mensaje de agradecimiento hacia el gremio. Según dijo, los propios transportistas ya se pronunciaron sobre los acuerdos alcanzados. «Agradezco las declaraciones de los propios transportistas, que están viendo sobre todo la intención y las decisiones que estamos tomando en nuestro gobierno», afirmó Fujimori.

El paro del 25 de agosto quedó levantado tras la reunión

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, confirmó que el paro previsto para el 25 de agosto quedó sin efecto. Los nueve gremios que firmaron la convocatoria original decidieron levantar la medida luego de conocer los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo. «Ya se cumplió el sentido del pedido, cumplido el objetivo, levantamos la medida, porque esa era la única razón», declaró el dirigente.

La decisión llegó después de la reunión que representantes de distintos gremios sostuvieron el sábado 22 de agosto con Fujimori y miembros del Ejecutivo. Vargas explicó que su organización no participó directamente del encuentro, pero conoció los compromisos asumidos y los consideró suficientes para desactivar la paralización. Entre los acuerdos figuran el reforzamiento del Plan Escudo y una mayor coordinación entre la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones.

No todos los gremios respaldan el desenlace. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), cuestionó que la reunión con Fujimori se realizara con organizaciones ajenas a la convocatoria original del paro. El dirigente exigió medidas concretas contra las extorsiones, los atentados y los asesinatos de conductores, además de la instalación de cámaras de vigilancia en los buses y una indemnización para las familias de choferes asesinados.

Luis Quispe Candia: «Es un premio a los infractores»

El diputado Luis Quispe Candia, presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados, cuestionó los descuentos de hasta 90% que aprobó el Ejecutivo para las multas de tránsito. El legislador advirtió que la medida funciona como un premio para quienes incumplen las normas y señaló que puede debilitar el efecto disuasivo de las sanciones.

Los cuestionamientos del diputado llegan en un contexto de alto volumen de infracciones en la capital. Entre enero y junio, antes del nuevo régimen del Gobierno, el SAT de Lima registró 496.156 multas por más de S/201 millones. De ese total, se pagó el 69,8% de las sanciones, pero los descuentos ya vigentes en ese periodo redujeron en 72,5% el monto que debía cobrarse.

Para Quispe Candia, el problema de fondo es la señal que envía la reducción. El legislador explicó que la medida beneficia a los infractores y no reconoce ningún incentivo a quienes sí pagaron sus papeletas a tiempo. Consideró, además, que el descuento no resolverá problemas estructurales como la congestión vehicular ni la inseguridad en el transporte público, aunque valoró que el Ejecutivo excluyera del beneficio a infracciones graves como conducir en estado de ebriedad o sin licencia.

El congresista no se quedó solo en la crítica. Anunció que su comisión buscará una reunión con el ministro Rafael Rey para conocer los detalles del régimen excepcional y plantear observaciones, aunque descartó por ahora una interpelación. También adelantó que trabaja en una propuesta para crear juzgados administrativos especializados en tránsito, que permitan a los conductores impugnar papeletas ante una instancia independiente sin dejar de sancionar a quienes sí cometen infracciones.

La presidenta Keiko Fujimori anunció este domingo que el gabinete de ministros liderado por Luis Galarreta presentará el pedido de facultades legislativas al Congreso de la República en el transcurso de esta semana.

En su habitual transmisión dominical en sus redes sociales, la presidenta afirmó que el Ejecutivo formulará una solicitud sumamente amplia y debidamente sustentada para atender de manera urgente los principales problemas del país, tales como la seguridad ciudadana

«Así es que esta semana debe estar llegando el pedido de facultades y será más rápido que en gobiernos anteriores», dijo Fujimori, y luego, ante la pregunta de una persona durante la transmisión en vivo ratificó: «Esta semana el gabinete de Lucho Galarreta está presentando el pedio de facultades».

La gobernante destacó que la iniciativa se presentará a menos de 30 días de iniciado su Gobierno y contrastó el tiempo de preparación de este requerimiento legislativo frente a gestiones previas, argumentando que el récord anterior de entrega de un pedido de facultades fue de cuarenta y cuatro días.

Asimismo, Fujimori puntualizó que la aprobación de estas herramientas normativas resulta indispensable para aplicar estrategias de control frente a la criminalidad
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«Vamos a a tomar medidas muy fuertes y muy duras. Por eso es tan importante la aprobación de las facultades que se están presentando esta semana», enfatizó la mandataria.

Acuerdos y mesas de trabajo con los gremios de transportistas

En el marco de las acciones sectoriales, Keiko Fujimori informó sobre la realización de una extensa reunión de trabajo de casi tres horas con representantes de los transportistas de Lima Metropolitana y del servicio de carga a nivel nacional.

En este encuentro, donde también participaron los ministros de Transportes y del Interior, la presidenta anunció el establecimiento de dos mesas de trabajo conjuntas para atender las demandas del sector y resolver los reclamos frente a la administración pública.

El primer espacio de diálogo estará liderado por el ministro de Transportes, Rafael Rey, con el propósito de resolver las problemáticas operativas del gremio frente a la fiscalización estatal.

Como parte de los consensos iniciales, la jefa de Estado comunicó que las sanciones económicas de carácter desproporcionado se reducirán al diez por ciento de su costo nominal por un periodo determinado, suspendiéndose la acumulación de infracciones en el récord del conductor.

Asimismo, confirmó que se dejará sin efecto la actual normativa de control de conductores con el fin de redactar una propuesta articulada entre el gobierno y los transportistas, mientras que un segundo grupo de coordinación, encabezado por el ministro del Interior, priorizará la seguridad en las vías.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dio a conocer medidas contra el crimen organizado que involucrarán directamente a las empresas operadoras de telefonía móvil y a las entidades del sistema financiero.

«Tenemos que, en esta mesa (sobre seguridad ciudadana), incorporar a los operadores de celulares y al sistema financiero, porque ya sabemos que los cupos y las extorsiones vienen por esos canales», dijo durante una reunión con los dirigentes de varios sindicatos de transportistas de Lima y las regiones de Arequipa, Junín, Piura, La Libertad y Áncash para recoger sus demandas frente a la inseguridad.

En este encuentro multisectorial participaron también los ministros César Astudillo (Interior) y Rafael Rey (Transportes y Comunicaciones), junto a representantes del alto mando de la Policía Nacional, con el objetivo de consensuar acciones inmediatas frente a las extorsiones que golpean al sector.

Fujimori anunció la conformación de dos mesas de trabajo directas entre el Ejecutivo y los transportistas. Mientras que la primera mesa abordará aspectos de regulación estatal y económica, la cual estará liderada por el titular de Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la segunda mesa estará enfocada exclusivamente en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana bajo la conducción del Ministerio del Interior.

Fujimori anunció la conformación de dos mesas de trabajo directas entre el Ejecutivo y los transportistas. Mientras que la primera mesa abordará aspectos de regulación estatal y económica, la cual estará liderada por el titular de Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la segunda mesa estará enfocada exclusivamente en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana bajo la conducción del Ministerio del Interior.

«Vamos a seguir fortaleciendo las herramientas que necesita la Policía para enfrentar al crimen», remarcó.

Finalmente, añadió que la estrategia de seguridad se reforzará con la implementación de más unidades de flagrancia, la ampliación del Plan Escudo con apoyo de las Fuerzas Armadas, y la creación de una nueva plataforma dedicada exclusivamente a combatir la extorsión a nivel nacional.