El pasado domingo 9 de marzo Fuerza Popular celebró su 15.º aniversario, evento que contó con la participación de su lideresa, Keiko Fujimori, quien aseguró que su partido fue víctima de un «fraude electoral» en las elecciones del 2021 que dieron como resultado la victoria de Pedro Castillo.
Keiko Fujimori no cambia de opinión sobre las elecciones del 2021
Durante su discurso, la excandidata presidencial recordó los comicios del 2021 y aseguró que hubo un fiscal que «estaba preocupado y presentó una acusación diez días antes de las elecciones».
«No bastándoles con eso, pidieron suspender al partido en el medio de la campaña. Voces internacionales se pronunciaron y no permitieron semejante abuso. Empezamos la campaña con 3% y llegamos a la segunda vuelta. Pero claro, como había un fiscal que estaba preocupado, presentó una acusación diez días antes de las elecciones. No pudieron», mencionó.
Asimismo, Keiko Fujimori reiteró que ellos fueron ganadores de las elecciones, pero les «robaron los votos». Aunque, dejó en claro que su «compromiso y amor por el Perú se mantienen intactos».
«Empezamos la segunda vuelta, de 40 días, 10 días no me permitieron salir de la capital para hacer una campaña de manera equitativa. A pesar de eso, ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos. No importa, mi compromiso y amor por el Perú se mantienen intactos», agregó.
Fuerza Popular respalda discurso de Keiko Fujimori sobre elecciones
En declaraciones a la prensa, la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez, reafirmó que Fuerza Popular ha señalado desde el comienzo la existencia de situaciones ambiguas en las recientes elecciones presidenciales.
«Lo hemos sostenido desde el inicio. Es un largo debate que se ha dado. En Fuerza Popular creemos que efectivamente hubo situaciones no muy claras en esta última elección. Es un discurso político por parte de Keiko Fujimori que respaldamos. Pero las cosas ya están como están, no hay marcha atrás», acotó.
En esa misma línea, la congresista destacó que su principal preocupación radica en asegurar la objetividad e imparcialidad de los organismos electorales en los procesos venideros, no solo en beneficio de Fuerza Popular, sino para garantizar que se respete la voluntad de los ciudadanos.
«Lo que hay que lograr es que haya objetividad e imparcialidad en todos los organismos del sistema electoral, en adelante. No por nosotros, no por Fuerza Popular, sino porque los ciudadanos merecen tener los resultados verdaderos, que corresponden a la voluntad del ciudadano», añadió.
De esta manera, Keiko Fujimori señaló que Fuerza Popular fue víctima de un «fraude electoral» en las elecciones del 2021 que dieron como resultado la victoria de Pedro Castillo.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pretende evadir responsabilidad del papel de su partido político y sus aliados en las decisiones que toma el Congreso y que provocaron que esta institución tenga 95% de desaprobación. Fujimori criticó a quienes señalan que el fujimorismo y las agrupaciones de César Acuña, Alianza Para el Progreso (APP), y Rafael López Aliaga, Renovación Popular, manejan los votos en el Parlamento.
“Falso, pero a ver, juguemos con esa idea, sumando todos esos votos, llegan solo a 53. Sí, con eso no alcanza ni para aprobar una ley. Ya sé que todo el mundo dice que la culpa es mía, pero ya sabes cuál es la realidad”, aseguró Fujimori en un video publicado en Tik Tok.
Primero, Fuerza Popular, APP y Renovación Popular, no suman 53 votos, sino 46. Pero la coalición que gobierna el Congreso no está conformada únicamente por estas agrupaciones políticas. La Mesa Directiva está presidida por un apepista como Eduardo Salhuana y tiene en la primera vicepresidencia a la fujimorista Patricia Juárez. Pero, además, ellos son acompañados por Waldemar Cerrón, de Perú Libre, y Alejandro Cavero, de Avanza País.
Fuerza Popular (21), APP (14), Perú Libre (11), Avanza País (7) y Renovación Popular (11). A ellos se suman otras bancadas que votan usualmente en línea con esta coalición, autodenominada, “Bloque Democrático”: Somos Perú (7), Bloque Magisterial (8) y Acción Popular (9).
La coalición no tiene los 53 votos que menciona Fujimori. En total, suma 88. Lo suficiente como para aprobar las leyes y reformas constitucionales que les plazca.
Un claro ejemplo es la votación que rechazó la moción de censura contra Salhuana este jueves con 64 votos en contra. Votaron en esa línea 19 de Fuerza Popular, 11 de APP, 4 de Perú Libre, 4 de Avanza País, 7 del Bloque Magisterial, 6 de Somos Perú, 3 de Renovación Popular, 7 de Acción Popular y 3 de los no agrupados.
El 6 de junio del año pasado el Congreso aprobó un proyecto de ley del fujimorismo de amnistía para delitos de lesa humanidad. Un mes después, la Comisión Permanente, con votos de FP y sus aliados, ratificó la norma para enviarla a que sea promulgada.
El 23 de agosto del año pasado, la coalición que gobierna el Congreso aprobó con 72 votos la ley que delega a la Policía Nacional del Perú (PNP) la dirección de investigaciones preliminares de presuntos delitos, restándole facultades al Ministerio Público.
En noviembre del año pasado, esta coalición aprobó con 84 votos la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses.
El 5 de diciembre el Pleno aprobó una ley impulsada por el fujimorismo que permitirá que en 2031 haya más de 237 legisladores en el Parlamento bicameral.
Sobre las leyes, no solo juegan un papel importante las bancadas en el Pleno, sino también el manejo de las comisiones. Leyes como las de impunidad para delitos de lesa humanidad, que delega a la PNP la dirección de investigaciones preliminares y que aumentará el número de parlamentarios, fueron dictaminadas en la Comisión de Constitución que desde hace tres años es presidida por un congresista del partido de Keiko Fujimori.
El fujimorismo, además, tiene la Comisión de Relaciones Exteriores, desde donde promovió la propuesta de ley que persigue el financiamiento de las ONG.
Su aliado APP tiene la Comisión de Presupuesto que el año pasado propuso un presupuesto histórico de S/ 1.400 millones para el Congreso en el año fiscal 2025 y que además lidera la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se discuten las investigaciones contra altos funcionarios.
Perú Libre maneja la Comisión de Justicia, donde nació la Ley 32108 que redefine las organizaciones criminales. Su otro aliado de izquierda, Bloque Magisterial, lidera con Alex Paredes, la Comisión de Ética.
Se trata de una coalición con demasiado poder. Eso explica por qué el exministro de Inclusión Social Julio Demartini no fue censurado, por qué no hay control político contra el ministro del Interior, Juan Santiváñez y por qué Dina Boluarte sigue de presidenta.
En siete mociones de vacancia presidencial, Fuerza Popular, APP y sus aliados votaron en contra, mandaron al archivo dichos pedidos y blindaron a Boluarte.
El partido de Keiko Fujimori fue el único que en esas votaciones se opuso en bloque. Sin embargo, ahora quiere eludir la realidad y también la responsabilidad de la coalición que su agrupación integra.
Fuerza Popular, APP y sus aliados controlan oficinas
La lideresa de Fuerza Popular no menciona que una de sus excongresistas es Jefa del Fondo Editorial del Congreso. Se trata de Karina Beteta. La primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez, tiene competencias sobre esa oficina.
En enero de este año, este diario reportó que el médico pediatra José Francisco Recoba, quien fue parte del equipo técnico de Keiko Fujimori en 2021, es jefe del Departamento de Investigación Parlamentaria.
La jefa del Departamento de Comisiones es la exasesora de la congresista fujimorista Rosangella Barbarán, Shirley Montenegro.
Luego de cada elección de una nueva Mesa Directiva, las bancadas ganadoras se distribuyen las comisiones y oficinas del Congreso.
Por mandato del juez Víctor Zúñiga Urday, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) incautaron 117 inmuebles de 12 personas, entre quienes se encuentran los excongresistas fujimoristas Joaquín y Osías Ramírez Gamarra, y el exsecretario de organización de Fuerza Popular Pier Figari Mendoza.
La orden también comprende a Nancy Gallegos Vela, la viuda del exrector de la Universidad Alas Peruanas (UAP) Fidel Ramírez Prado y a sus hijas, Maribel y Nancy Ramírez Gallegos. Los hermanos Joaquín y Osías Ramírez son sobrinos de Fidel Ramírez.
La Fiscalía de Lavado de Activos sostiene que Fidel Ramírez compraba o alquilaba inmuebles a Joaquín y Osías Ramírez para el funcionamiento de locales de la UAP, mediante contratos leoninos.
Para obtener respaldo político de Fuerza Popular, el clan Ramírez facilitó a Keiko Fujimori la transacción de un predio de 1.035 metros cuadrados en una zona exclusiva de Cieneguilla y simuló la contratación como asesor de Pier Figari.
De acuerdo con la Fiscalía de Lavado de Activos, Keiko Fujimori, los hermanos Joaquín y Osías Ramírez, así como la viuda Nancy Gallegos y sus hijas Maribel y Nancy Ramírez, y con ellos Pier Figari, son parte de una organización criminal que se benefició con la expoliación de los recursos de la universidad.
En la orden judicial de incautación no aparece Keiko Fujimori porque, según la base de datos de Registros Públicos, no cuenta con predios a su nombre.
Otros involucrados en el caso de lavado son Rosa Castañeda Cubas, Marco Urteaga Cabrera, Yohny Ramírez Núñez, Harold Morales Rojas, Marcos Aponte Andrade y Edmond Jordan Montes. Justamente, Edmond Jordan, a quien se atribuye el papel de operador de Joaquín Ramírez, fue quien negoció con Keiko Fujimori la venta de inmueble de Cieneguilla.
La defensa de la UAP estima en S/500 millones el monto que el clan Ramírez y sus cómplices desfalcaron a la universidad.
En abril del 2023, el juez Víctor Zúñiga dispuso la incautación de inmuebles de las 12 personas mencionadas, y también 41 inmuebles de la UAP. Sin embargo, la defensa de la universidad apeló la medida por considerarla arbitraria, por lo que una sala superior impuso al magistrado que individualizara las incautaciones. Mediante una nueva resolución, corrigió el defecto, ratificó la medida contra los bienes de la UAP e identificó a las personas cuyos inmuebles serían objeto de incautación.
Cajamarca. Inmueble de Joaquín Ramírez a nombre de una de sus empresas. Foto: La República
Inmuebles como cancha
De acuerdo con las resoluciones judiciales a las que tuvo acceso La República, en el caso del exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, le fueron incautados 53 inmuebles, inscritos a su nombre y de 8 de sus empresas, entre ellas, Lima Ingeniería y Construcción. Durante la campaña presidencial de 2016, Keiko Fujimori estableció su centro de operaciones en una residencia de la calle Bucaré, La Molina. El inmueble pertenecía a Lima Ingeniería y Construcción, que era parte de la red de lavado de Joaquín Ramírez, conforme a la imputación de la Fiscalía.
Procedió la incautación de 54 inmuebles inscritos a nombre de las empresas Capricornio Import, Promotora Inmobiliaria Primavera, Promotora Juan Pablo II, Lima Ingeniería Construcción, Imporgraf, Mondreu, Norgrifo y Constructora Inmobiliaria Habitaria.
En el caso de la viuda de Fidel Ramírez, Nancy Gallegos, y de sus hijas Maribel y Nancy Ramírez, el juez Zúñiga mandó la incautación de 30 inmuebles.
Respecto al excongresista Osías Ramírez Gamarra, hermano de Joaquín Ramírez Gamarra, se intervinieron 4 propiedades.
El juez Víctor Zúñiga basó su decisión en la acusación de la Fiscalía de Lavado de Activos, que señala que la organización criminal organizada presuntamente por Joaquín Ramírez, contaba con el respaldo de un “brazo político” para consumar actos ilícitos, y que lo integraban la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el exsecretario general del partido Pier Figari Mendoza.
El brazo naranja
“El denominado ‘brazo político’ habría estado constituido por Keiko Fujimori Higuchi y Pier Figari Mendoza, quienes habrían otorgado un blindaje político a través del impedimento de propuestas legislativas para crear instituciones que supervisen a las cooperativas y las universidades, de forma que la organización criminal pueda seguir subsistiendo como tal”, señala la resolución judicial.
Joaquín Ramírez además financió la campaña presidencial de Keiko Fujimori con fondos obtenidos del desfalco a la UAP. Nada era gratis.
“La organización criminal contaba con un blindaje político por parte del partido político Fuerza Popular a cargo de Keiko Fujimori Higuchi, quien a través de Joaquín Ramírez Gamarra (aportes provenientes de sus empresas de fachada) y Pier Figari Mendoza (aportes provenientes de pagos de las empresas de fachada de Joaquín Ramírez Gamarra por irregulares consultorías) obtenía los activos necesarios para su campaña, la cual aceptaba a cambio de blindar a la casa de estudios de ser fiscalizada por el Congreso”, se indica en la resolución judicial.
Según la descripción de los hechos que configurarían como actos de lavado de activos, se menciona una simulación de compra de un predio de Keiko Fujimori en Cieneguilla.
“El inmueble que fue adquirido por Keiko Fujimori Higuchi por el monto de US$144.946. Y fue obtenido por Edmon Jordan Montes al precio de US$201.010. La imputada (Keiko Fujimori) ha reconocido que obtuvo una ganancia de US$80.000 proveniente de los actos fraudulentos (atribuidos a Joaquín Ramírez)”, se explica en los fundamentos de la orden de incautación.
Trujillo. Propiedad de Maribel Ramirez Gallegos, una de las hijas del ex rector de la UAP, Fidel Ramírez Prado, intervenida judicialmente. Foto: La República
Estrictamente confidencial
Keiko Fujimori también aceptó de Joaquín Ramírez la cesión de un inmueble en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, en Miraflores, que pertenecía a una de las empresas de fachada del excongresista fujimorista y actual alcalde provincial de Cajamarca.
Cuando Keiko Fujimori usó el inmueble de La Molina, la casa de la avenida Arequipa y vendió un predio de Cieneguilla, estaba enterada de que Joaquín Ramírez Gamarra era objeto de investigación fiscal por lavado de activos. Pero no tuvo reparos en contar con el apoyo del excongresista.
Se incluye el testimonio del expiloto de aviación Jesús Vásquez Ybáñez, quien afirmó que Joaquín Ramírez le confió que Keiko Fujimori le entregó US$15 millones para que los “lavara” presuntamente mediante una cadena de grifos. Joaquín y Osías Ramírez contaban con empresas dedicadas al negocio de la venta de combustible. Al hacer una revisión de los libros contables, la Fiscalía de Lavado de Activos detectó aumentos de capital inusuales, que llegan hasta S/34,8 millones. Para la Fiscalía, el origen de este dinero sería ilícito. Esto explica el porqué de las incautaciones a Osías Ramírez.
Por su parte, la defensa de la Universidad Alas Peruanas señaló que la decisión del juez Víctor Zúñiga es arbitraria porque la institución fue víctima del desfalco perpetrado por el clan de los Ramírez. Recordó también que fue la UAP la que denunció a los Ramírez. Por lo tanto, apelará la decisión del juez Zúñiga.
“En 20 años de actividad, la UAP generó ingresos por US$1.600 millones. La suma de todos los bienes que posee la casa de estudios no representa ni el 17% de ese monto. Entonces, ¿cómo podría existir desbalance si los ingresos de la UAP fueron ampliamente superiores a sus bienes? La inexistencia de desbalance fue confirmada por los peritos del propio Ministerio Público”, indicó la defensa.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ubica en el primer lugar de las preferencias electorales si las elecciones se realizarán mañana, con un 12 % de intención de voto. Así lo revela la última encuesta de Ipsos publicada por el diario Perú 21.
Detrás de Fujimori se encuentran Carlos Álvarez y Rafael López Aliaga, quienes empatan con un 4 % de respaldo, seguidos por Hernando de Soto, Francisco Sagasti y Aníbal Torres, cada uno con un 3 %.
Ipsos: Partidos políticos
En cuanto a las preferencias por partidos políticos, Fuerza Popular también lidera con un 9 % de respaldo. Acción Popular se ubica en el segundo lugar con un 6 %, mientras que Somos Perú, Alianza para el Progreso, Frepap y Avanza País obtienen un 3 % cada uno, mostrando una fragmentación en las preferencias de los votantes.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha comenzado un procedimiento sancionador contra el partido Fuerza Popular, encabezado por Keiko Fujimori, debido al uso indebido de fondos públicos para un viaje a Estados Unidos. Esta información fue revelada por el jefe de la entidad electoral, Piero Corvetto. La cantidad en cuestión es de alrededor de S/28.000.
Este procedimiento se deriva de un informe técnico elaborado por la ONPE, que señala una infracción a la Ley de Organizaciones Políticas. Corvetto explicó que el financiamiento público debe estar vinculado a actividades de capacitación y funcionamiento del partido, y que su uso inadecuado puede acarrear sanciones.
«Nosotros hemos abierto un procedimiento sancionador al respecto y yo soy un órgano sancionador, por lo tanto, no puedo opinar sobre cuál es el devenir del expediente. Hay una argumentación expuesta en el informe. El uso del financiamiento tiene que estar exclusivamente vinculado a aspecto de capacitación y funcionamiento. Si no se encuentra sustentado de esa manera, no está debidamente utilizado el financiamiento público directo», dijo para RPP.
El viaje de Fujimori a California fue en respuesta a una invitación de la Dominican University of California, donde participó en un evento con la comunidad local. Sin embargo, este viaje se encuentra bajo la lupa de las autoridades debido a la naturaleza del financiamiento utilizado.
Este viaje se llevó a cabo el 28 de mayo de 2024. En su publicación, mencionó que su visita fue para «dirigir algunas palabras y dialogar con la comunidad que asistió a este evento». Este proceso sancionador se produce en un contexto donde Keiko Fujimori enfrenta otros desafíos legales.
En mayo de 2024, el fiscal José Domingo Pérez solicitó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que se revoque la comparecencia con restricciones de Fujimori y se dicte nuevamente prisión preventiva en su contra, alegando incumplimiento de las reglas de conducta en el caso Cócteles.
Renovación Popular pagó más de S/175.000 a empresa de exasesor de Rafael López Aliaga
Según los informes de la ONPE, La República pudo identificar que en el primer semestre de 2024, Renovación Popular destinó más de 175 mil soles de financiamiento público a la empresa de un asesor de la campaña electoral de Rafael López Aliaga.
De acuerdo con información de la ONPE, la empresa del exasesor publicista argentino, Focus Marketing & Management Sociedad Anónima Cerrada, con RUC 20609703149, tiene registrados en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) contratos por más de 175 mil soles con el partido Renovación Popular, correspondientes a servicios de asesoría en comunicación y marketing entre enero y junio de 2024.
El año 2024 no fue el único en que Focus Marketing & Management Sociedad Anónima Cerrada trabajó con el partido de López Aliaga, Renovación Popular. En el primer semestre de 2023, la empresa recibió un total de 120.165,70 soles por sus servicios. En el segundo semestre, la cifra no varió mucho, alcanzando los 158.200 soles, lo que suma un total de 278.365,70 soles a lo largo de todo el año.
El Poder Judicial (PJ) anuló el juicio oral por el caso Cócteles en contra de Keiko Fujimori y otros, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos y organización criminal.
A través del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, el PJ extendió el fallo a favor de José Chimpler a la lideresa de Fuerza Popular y a todos los acusados. Con esta decisión, se retrocede a la etapa intermedia para un nuevo control de acusación.
PJ ANULA JUICIO CONTRA KEIKO FUJIMORI
Por mayoría, y en aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional decidieron anular el juicio por el caso Cócteles que incluye a más de 30 procesados.
Esto se dio luego de que la defensa de Fujimori, Giulliana Loza, solicitara que se aplique la resolución del Tribunal Constitucional a favor de José Chlimper. Además de Loza, el pedido también fue presentado por los abogados de Jaime Yoshiyama; Ana Hertz; Efrain Goldenberg; Adriana Tarazona; Pier Paolo Figari; Luis Barboza Dávila; Augusto Bedoya Camere; Vicente Silva Checa; Antonietta Gutiérrez Rosati, y Mark Vito Villanela.
Como se recuerda, la Fiscalía había solicitado 30 años y 10 meses de condena contra Keiko Fujimori y más de 15 años de inhabilitación luego de acusar a la lideresa de Fuerza Popular de haber incurrido en presunto lavado de activos, organización criminal, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
ENFOQUE REAL 