José Domingo Pérez sobre caso cócteles que acusa a Keiko Fujimori: «Creo que la Fiscalía va ganando»

El fiscal integrante del caso Lava Jato del Ministerio Público, José Domingo Pérez, se refirió al juicio oral por el denominado caso cócteles que tiene como protagonista principal a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien es acusada de cometer los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, lavado de activos y organización criminal.

En ese sentido, el magistrado señaló que la expectativa de la Fiscalía era que el juicio contra Keiko Fujimori y otros 39 investigados sea instalado en los primeros días de julio, pretensión que fue aceptada por los jueces encargados de analizar el caso. Además, resaltó que los principales abogados defensores de los imputados «han aceptado los cargos que el Ministerio Público sostiene».

«La expectativa de la Fiscalía era que se instalara el juicio, pero, por otro lado, varios abogados y abogadas defensores solicitaban que no se instalara el juicio oral. En ese primer momento, creo que la Fiscalía logra que los jueces instalen el juzgamiento y, por lo tanto, es un aspecto favorable a la pretensión de la Fiscalía. Y el segundo momento que me parece muy importante es que las defensas, y sobre todo las principales defensas de los acusados y las acusadas, han aceptado que hay un hecho, han aceptado que los cargos que ha formulado la Fiscalía son ciertos», argumentó en entrevista con LP- Pasión por el Derecho.

«La Fiscalía no se equivocó», asegura fiscal José Domingo Pérez

Domingo Pérez aseguró que a lo largo de estos años, el Ministerio Público ha demostrado que ‘no se ha equivocado’ al señalar que personas vinculadas a Keiko Fujimori habrían recibido cuantiosas cantidades de dinero para las actividades del partido Fuerza Popular y que esta conjetura formulada por la Fiscalía ha sido ‘aceptada por los acusados durante las audiencias del juicio’ en el caso cócteles.

«La Fiscalía está demostrando que durante estos años, no se equivocó porque teníamos un caso en donde habíamos imputado que un grupo de personas lideradas por Keiko Fujimori estaban o habían recibido exorbitantes sumas de dinero para las actividades de Fuerza Popular y es finalmente lo que han aceptado los acusados en juicio. Entonces, en estos dos momentos, creo que la Fiscalía va ganando. ¿Qué es lo que viene? Es la parte seguida de aceptación o no formal de los cargos de los acusados y luego, si es que hay alguna aceptación, pasará la etapa o la fase de la conclusión anticipada», sostuvo.

Fiscal José Domingo Pérez señala que Fuerza Popular se ha instrumentalizado

El representante de la Fiscalía manifestó que la organización política liderada por Keiko Fujimori es una ‘cúpula’ la cual ha sido instrumentalizada por sus miembros. Por consiguiente, solicitaron que este partido sea disuelto, pero recordó que existe una ley que podría eximir de responsabilidades procesales y que la máxima sanción podría ser una multa.

«Fuerza Popular es un partido político en el cual se ha instalado una cúpula que instrumentaliza esta institución. Por lo tanto, hemos solicitado la disolución y liquidación a pesar de que se expidió una ley en el desarrollo de este proceso que exime de responsabilidad penal a los partidos políticos e imposibilita que la decisión judicial en sentencia sea la disolución, tan solo podría ser la multa. Es por eso que el abogado defensor de Fuerza Popular no pide la exclusión procesal en este juzgamiento porque sabe que de ser culpables la sanción podría ser una multa si los jueces no hacen un control difuso de la aplicación de esta ley. Se puede disolver si los jueces consideran que esta ley beneficia solamente a los partidos políticos y que casualmente fue gestada por organizaciones políticas que están involucradas en procesos penales, podría inaplicar», enfatizó.

Juicio a Keiko Fujimori: ocho audiencias después, el fiscal mostró las pruebas y los abogados recurren a la interpretación auténtica

El juicio del caso cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular ha desarrollado ocho audiencias, dos veces por semana, del 1 al 24 de julio. Si esto fuera un partido de fútbol, diríamos que los jugadores han empleado este tiempo para mostrarnos sus habilidades y, de paso, nos han permitido ver sus debilidades.

El principal jugador es el Ministerio Público como persecutor del delito, representado por los fiscales José Domingo Pérez y la fiscal adjunta Paulina Roque. Luego, están los 40 acusados, Fuerza Popular, MVV Bienes Raíces y sus abogados y la terna de arbitros, compuesta por los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.

La fiscalía presentó como principal fortaleza las pruebas: más de 1,500 testigos y más de 5000 documentos y peritajes. Está probado, dijo el fiscal, que existieron millonarios aportes de la constructora Odebrecht, Credicorp y Rassmuss, que se entregaron en efectivo y de forma oculta al público y a las autoridades electorales.

Los hechos

El fiscal José Domingo Pérez y la fiscal adjunta Paulina Roque

Está probado, enfatizó, que existió un esquema en el partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, para ocultar las donaciones y para ingresarlas a la contabilidad del partido, sin dejar rastro de su origen.

Está probado, indicó, que se emplearon falsos aportantes, rifas, cenas y cócteles simulados, pagos en efectivo para gastar o ingresar las donaciones, gota a gota, al sistema contable del partido, en las campañas del 2011 y 2016.

Sin embargo, el fiscal evitó explicar cómo los hechos probados, los testimonios y documentos establecerían la existencia de una organización, con fines ilícitos, una cúpula que da órdenes y brazos que ejecutan esas órdenes.

Sobre el delito de lavado de activos, solo indicó que el dinero de Odebrecht proviene de la Caja de la División de Operaciones Estructuradas y, que los fondos de Credicorp y Rassmuss vienen de un fraude empresarial.

¿En qué momento y de qué forma los acusados se enteraron que recibían dinero ilícito? Una pregunta vital, aún sin respuesta.

Un legado insuficiente

La superabundancia probatoria puede jugar en contra de la fiscalía, si las audiencias se alargan demasiado. Un juicio que dure hasta el 2028 o 2029 sería fatal.

Además, esa abundancia complica la precisión probatoria. El fiscal debe establecer la culpabilidad de cada uno de los acusados. No del grupo, sino uno por uno.

Estas primeras audiencias dan la impresión de que la mayoría de acusados solo son bulto, un relleno innecesario.

En un juicio la forma de cada gol está previamente descrita en el Código Penal. Las piruetas que el jugador debe hace para meter un gol están definidas en el Código Procesal Penal. Meter la pelota al arco de otra manera, es un gol en contra.

Como sucedió en los 10 años de investigación, José Domingo Pérez insiste en buscar el apoyo mediático y público para suplir sus desventajas, pero para eso frases como, “el legado de Alberto Fujimori” no son suficientes.

El fiscal necesita mantener la atención pública y no se ve como lo hará. El juicio podría pasar rápido a un segundo plano en el interés público.

Los acusados y sus abogados

Hay dos grupos en la defensa: los abogados de los principales acusados y los abogados de relleno

En el otro lado, tenemos a 42 jugadores: 40 personas, más Fuerza Popular, en la cúspide del poder político, y la empresa MVV Bienes Raíces. Cada uno de ellos, con su respectivo abogado.

La Ley dice que el fiscal debe probar la culpabilidad de una personal. A toda persona se le considera inocente hasta que se pruebe lo contrario. En este aspecto, los 40 podrían limitarse a observar y señalar las faltas del fiscal, para ganar descalificando al Ministerio Público.

Sin embargo, las primeras audiencias mostraron a acusados muy activos y con suficientes recursos, al contratar a los mejores penalistas litigantes y teóricos penales del momento, para las audiencias y post audiencia.

Cada uno de ellos, sabe que la gran corrupción que afecta al país ha invertido la premisa. En el Perú, a todo político, funcionario, empresario, al otro, al distinto, se le considera culpable y debe probar su inocencia.

Alegatos de defensa

Los abogados propusieron la absolución de los acusados y, con ese objetivo buscan convertido las debilidades de sus clientes y de la fiscalía, en fortalezas.

Aquí se observan dos grupos que jugaran en paralelo, pero sin atacarse entre ellos. El grupo principal y el grupo relleno.

El grupo principal decidió aceptar los hechos planteados por el fiscal, pero bajo su propio punto de vista o explicación auténtica, pues en el sistema penal, un gol dudoso en cualquier portería, es un gol a favor del acusado.

¿Por qué? La premisa es que el Estado, representado por el fiscal, es un ser todo poderoso, al que es casi imposible ganarle. Por eso, el acusado goza de ciertas ventajas: la duda favorece al reo.

Así en su presentación de alegatos, admitieron los aportes no declarados de Odebrecht, Credicorp y Rassmuss, la entrega del dinero en efectivo, en la oscuridad de la noche y que había un esquema, que incluyó aportantes falsos, rifas y cenas simuladas, para ocultar su origen.

Declaran infundado pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori

La Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró infundado el pedido de la Fiscalía para dictar nuevamente prisión preventiva contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular (FP).

“La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que declaró infundado requerimiento fiscal de revocatoria de la comparecencia con restricciones, y dictar nuevamente prisión preventiva contra Keiko Fujimori”, se lee en la resolución.

La Sala Superior explicó que no se aprobó la solicitud de los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez y Rafael Vela, ya que no se advirtió ningún incumplimiento de la regla de conducta impuesta contra Fujimori desde abril de 2020.

Los fiscales habían solicitado cambiar la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva debido a un viaje que Keiko Fujimori hizo a California. Sin embargo, el juzgado aclaró que la medida cautelar no prohíbe viajes al interior o exterior del país, siempre y cuando no impliquen una variación de domicilio sin autorización.

RMP sobre nueva mesa directiva: «Tenemos a Keiko Fujimori, César Acuña y sus amigos»

La periodista cuestionó el silencio de la mayoría de gremios empresariales ante la elección de Eduardo Salhuana, debido a que el congresista habría favorecido a la minería ilegal a través de sus iniciativas legislativas.

RMP comentó sobre el nuevo presidente del Congreso y el respaldo de Keiko Fujimori y César Acuña.

En la última edición de ‘Sin Guion’, Rosa María Palacios habló sobre la conformación de la Mesa Directiva, con Eduardo Salhuana, de Alianza Para el Progreso, a la cabeza.

La periodista repasó los vínculos del parlamentario con mineros ilegales e informales, y como pese a esos antecedentes, el Congreso lo nombró presidente. También se mostró sorprendida porque frente a esto, pocos gremios empresariales salieron a expresar su voz de protesta.

«Eduardo Salhuana es representante de Madre de Dios en el Congreso, el único que hay, porque Madre de Dios solo tiene un representante (…) pero desde hace mucho tiempo, sobre todo el tiempo que no fue congresista, ha sido abogado de la Federación de mineros artesanales de Madre de Dios, que son básicamente mineros informales o ilegales», explicó la periodista.

Además de los cuestionamientos de Salhuana, los otros integrantes de la Mesa Directiva del Congreso; Patricia Juárez, Waldemar Cerrón y Alejandro Cavero, tampoco han evidenciado ser parlamentarios que trabajan en favor de mejorar la democracia en el Perú.

«Eso es lo que tenemos. Esa es la mesa que más aplaude. Keiko Fujimori, César Acuña y sus amigos, frente al silencio absoluto de gremios empresariales que debieron estar parados al frente diciendo, esto no es posible, esto no lo podemos seguir admitiendo. No tenemos representación política, no tenemos estado de derecho», lamentó.

RMP sobre Eduardo Salhuana: «Está vinculado a una organización criminal»

Rosa María lamentó la nueva conformación de la Mesa Directiva, especialmente por los vínculos del presidente con una economía criminal, que es la minería ilegal.

«El pacto de facto es esto. Esta porquería que estamos viendo ahora, que es representativo, yo siempre insisto. Claro que es representativo de los congresistas. El presidente vinculado a una actividad ilegal. La primera vicepresidenta, promotora de leyes inconstitucionales, para modificar la Constitución. Patricia Juárez ha logrado con éxito modificar la Constitución por una ley y me refiero a la cuestión de confianza. Waldemar Cerrón maneja la agenda de un prófugo, y Alejandro Cavero tiene la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para manejarla como chaira», reflexionó.

Juicio a Keiko: abogados acusados de obstruir investigación del caso cócteles argumentan falta de pruebas

La defensa de los abogados Giulliana Loza y Luis Lazo Mendoza, acusados por el fiscal José Domingo Pérez de obstruir las investigaciones del caso cócteles, afirmaron ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado que nunca amenazaron ni indujeron a los testigos.

«La fiscalía no ha presentado ninguna prueba concreta respecto de algún ofrecimiento o beneficio indebido a los testigos a cambio de que declaren falsamente, como requiere el delito de obstrucción a la justicia», explicó el abogado César Mayta Acevedo, encargado del alegato de defensa de Giulliana Loza.

Agregó que la acusación pretende establecer que hubo una concertación y reparto de funciones entre los abogados de Fuerza Popular y Keiko Fujimori para inducir a los testigos Renato Castro, Óscar Moritami, Patricia Moritami, Carlos Luna, Juan Carlos Luna Frisancho y Víctor Dextre Chirinos para que declaren falsamente, lo que no se puede probar.

«Estos testigos se acercaron voluntaria y libremente a reunirse con varios abogados solicitando recomendación de otros abogados, respuesta a consultas puntuales o que se les explique en que consistía una declaración ante la policía o la fiscalía, la doctora Loza no los buscó insistentemente, ni los acompañó a dar su declaración», puntualizó.

El letrado acusó al fiscal José Domingo Pérez de no haber sido objetivo y buscar criminalizar a Giulliana Loza para debilitar la defensa de Keiko Fujimori. «Este juicio asará a la historia como uno de los mayores abusos. Fueron investigados por un fiscal que no fue objetivo», señaló.

César Mayta presentó este alegato en la audiencia número 8 del juicio continuado del caso cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración ante la ONPE.

Los jueces Juana Mercedes Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa continuaron escuchando los alegatos de defensa. Antes del abogado de Giuliana Loza intervinieron las defensas legales de Hugo Tasayco Mendoza, Juan Luna Frisancho, Carlos Luna Venero, Carlos Blanco Oropeza, Carlos Kenji Blanco Matzumo, Miguel Blanco Matzumo, Rafael Herrera Mariños, Johana Matzumo Myers, Melissa Keiko Sasaki, Walter Rengifo Saavedra, Italo Pachas y Luis Lazo Mendoza.

En el mismo sentido, el abogado de Luis Lazo Mendoza, Rubén Yupanqui indicó que probará que la fiscalía trajo al juicio hechos que no son ciertos ni constituyen delito pues obstrucción a la justicia no supone actos de inducción, de persuadir, sino una amenaza o la oferta de un beneficio indebido, lo que no se da en los hechos descritos por la fiscalía.

La fiscalía no podrá demostrar, según el abogado defensor, como se dio la supuesta concertación ni el reparto de funciones criminales. «No se puede probar que Lazo Mendoza indujo a Germán Orbezo y Percy Sumer a declarar falsamente, él solo cumplió su función de abogado», subrayó Yupanqui.

Juicio a Keiko Fujimori: Abogado de acusada anuncia que demandarán pago de una reparación económica

Por error judicial. Antonietta Gutiérrez Rosati, genetista y bióloga, se desempeñó como tesorera de Fuerza 2011 entre julio de 2009 a febrero de 2011, antes que supuestamente ingresará el dinero ilícito, según su abogado.

En su oportunidad, solicitaremos el pago de una reparación económica por el daño personal y familiar que ha ocasionado una investigación ilógica y el juicio erróneo al que se le somete en el caso Cócteles, anunció el abogado de la ex tesorera de Fuerza 2011, la genetista y bióloga Antonietta Gutiérrez Rosati.

El abogado defensor no precisó si la demanda estará dirigida contra el Estado o el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, José Domingo Pérez o si incluirá a algún juez del Poder Judicial.

«Ante estos años, más de 10 años de investigación, desde la etapa preliminar, todo lo que ha conllevado este proceso, un desgaste emocional, el deterioro de su actividad internacional y nacional, su prestigio profesional, el daño personal y a su familia, en su oportunidad solicitaremos un resarcimiento», precisó el abogado.

La defensa de Antoniietta Gutiérrez hizo este anunció al presentar su alegato de apertura ante el Tercer Juzgado Penal Colegiado que realiza el juicio a Keiko Fujimori y otros 39 acusados por delitos de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en trámite administrativo.

Antonietta Gutiérrez Rosati, explicó el abogado, es genetista, especialista en biología y catedrática de la universidad Agraria, que por interés político y medio ambiental el año 2009 se afilió a Fuerza 2011, siendo designada secretaria en temas de medio ambiente y, en adición a sus funciones, en julio de 2009, se le encargó organizar el área de tesorería del partido.

Como organizadora de tesorería, realizó actividades de capacitación, implementó un software para el control de ingresos y gastos, y el 30 de marzo de 2010, abrió dos cuentas bancarias del partido, una en soles y otra en dólares, con fondos del balance inicial presentado a ONPE, el 28 de mayo de 2010.

Además, según la fiscalía, habría tenido participación en otros siete depósitos realizado por Adriana Tarazona en septiembre, octubre y diciembre de 2010 y enero y febrero de 2011, anotó.

El abogado precisó que desde el 28 de septiembre de 2010 había solicitado licencia en el partido por actividades fuera del país y, a su retorno, en diciembre de 2010, presentó su renuncia que es registrada en ONPE en febrero de 2011.

A partir de estos hechos, la defensa señala que Antonietta Gutiérrez ya no pertenecía a Fuerza 2011 cuando, según la fiscalía, se produce la captación de los fondos de origen ilícito y su ingreso al sistema financiero por los llamados pitufos.

Por lo que consideró ilógico y un error que se le someta a juicio y que la fiscalía solicite contra Gutiérrez Rosati una pena de 22 años y 10 meses de prisión por delitos de organización criminal y lavado de activos.

El abogado solicitó la absolución de la ex tesorera de Fuerza 2011. Es de suponer, que una vez que quede libre de la acusación y se archive el proceso en su contra, procederá a realizar su reclamó de reparación civil-

La defensa de Antonietta Gutiérrez no es la única que habla de un proceso sin sustento probatorio y teórico, pero si es la primera que deja abierta la posibilidad de una demanda de resarcimiento económico por el presunto abuso del Ministerio Público o el error del Poder Judicial al realizar y convalidar la investigación y el juicio público.