El Gobierno del Perú, a través del Ministerio del Interior, ha anunciado oficialmente este domingo 14 de noviembre la designación del general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), José Mercedes Zapata Morante, como Viceministro de Seguridad Pública. Esto a través de la Resolución Suprema N.º 362-2025-IN publicada este día.
37 años de servicio en la PNP
Con una amplia trayectoria en la institución policial, ha tenido presencia en operativos , labores estratégicas y de gestión, asumiendo responsabilidades de alto nivel tanto en el sector policial como en la administración pública. Cuanto con un grado de magister en gobierno y políticas públicas, con mención en políticas y gestión pública.
«Designar al señor José Mercedes Zapata Morante en el cargo público de confianza de Viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior. La presente Resolución Suprema es refrendada por el Mininter. Regístrese, comuníquese y publíquese», precisan los dos artículos de la resolución mencionada.
Estos estudios de posgrado los realizó en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Cuenta también en su perfil académico con una formación especializada en administración y ciencias policiales, gobernabilidad, planeamiento estratégico, lo que avala su preparación profesional para el puesto designado.
Durante su etapa dentro de la Policía Nacional del Perú, ha ejercido funciones de dirección y conducción institucional. Se ha destacado liderando procesos vinculados a la seguridad ciudadana, el orden público y la prevención del delito.
La resolución suprema que oficializa su designación cuenta con la firma del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, además de contar con la del presidente de la República, José Jerí.
Últimas funciones de Zapata Morante
De acuerdo a una Resolución de Superintendencia del 13 de noviembre de este año, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil – (Sucamec) comunicaba su salida. Había estado trabajando como Ejecutivo de la Unidad de Operaciones y Supervisión del organismo.
Esto se oficializó con la firma del superintendente nacional, Rafael FernandoRíosZapata, quien le agradeció el tiempo que aportó con su experiencia desde que comenzó sus funciones el 7 de octubre del 2025 hasta la conclusión de su vínculo.
A través de una Resolución Suprema, el Ministerio del Interior designó al general PNP en retiro José Zapata como el nuevo Viceministro de Seguridad Pública de esta cartera. Con más de 30 años sirviendo a la institución policial, viene de ejercer un cargo dentro de la Sucamec.
La Superintendencia Nacional de Migraciones inició este lunes un proceso de formalización migratoria dirigido a las personas extranjeras que excedieron su tiempo de permanencia o residencia, el cual no aplicará a las personas que ingresaron al Perú de manera irregular.
En un comunicado, el organismo adscrito al Ministerio del Interior señaló que este proceso incluye el incremento del número de operativos de verificación y fiscalización migratoria a nivel nacional, actividades de formalización migratoria y procesos sancionadores, entre otras medidas.
«Se espera que, través de las Jefaturas Zonales de Migraciones, se realicen más de 4 330 operativos de verificación y fiscalización, hasta fines de año. Estos operativos se llevarán a cabo en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras instituciones», detalló.
Los extranjeros con ingreso irregular al país no han sido incluidos porque en noviembre de 2023 se modificó la Ley de Migraciones (DL 1350) para establecer que el ingreso a Perú sin control migratorio «es una conducta infractora sancionable con la expulsión del país».
La Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que todos los trámites de cambio de calidad migratoria podrán realizarse a través de su agencia virtual (https://agenciavirtual.migraciones.gob.pe); además, instó a los interesados a visitar su sitio web oficial (www.gob.pe/migraciones) y estar atentos a los detalles que se publicarán en las redes sociales.
El organismo reafirmó su compromiso «con el bienestar de la población, el respeto a la legalidad y la protección de la seguridad y el orden interno del país».
Desde que fue designado ministro del Interior, el 16 de mayo de 2024, Juan Santiváñez Antúnez, conocido en la red como «Cachetón», instaló una organización criminal dentro del aparato estatal con abogados de su estudio, generales de la Policía Nacional y funcionarios públicos, según el fiscal Carlos Ordaya López, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
Pese a que fue censurado por el Congreso por ineficiente en el puesto, Santiváñez se mantuvo en el poder al haber sido nombrado por Boluarte como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, con oficinas en Palacio de Gobierno. Estea designación también fue aprovechada por Santiváñez para desplegar actividades ilegales, de acuerdo con las pesquisas del fiscal Carlos Ordaya.
El sábado 23 de agosto, Dina Boluarte juramentó a Juan Santiváñez como ministro de Justicia. El fiscal Ordaya considera que al día de hoy Santiváñez continúa al frente de la supuesta organización criminal.
Conforme a la resolución del juez Víctor Alcócer Acosta, quien autorizó la solicitud del fiscal Ordaya para allanar las viviendas y oficinas de los nueve implicados -entre ellos siete presuntos integrantes de la organización, más dos empresarios relacionados-, son cuatro graves hechos de presunta corrupción que se les imputan a Santiváñez y sus presuntos cómplices.
La investigación también involucra al hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, ya que asistía con frecuencia al estudio de abogados de uno de los incolucrados.
Resolución judicial que autoriza allanamientos a la red de Santiváñez, dos empresarios y Nicanor Boluarte. Foto: La República
Las acusaciones que se imputan
De la imputación fiscal se desprende que Santiváñez utilizó su posición en el Ejecutivo para presuntamente negociar las influencias que ejercía desde que asumió el Ministerio del Interior.
El primer hecho que se atribuye a Santiváñez y a la organización, es haber autorizado, a cambio de dinero. la interferencia de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, a favor de la empresa minera El Dorado en una disputa por una concesión en Lucanas, Ayacucho.
El segundo es el pago de sobornos para que generales de la Policía Nacional continúen en sus posiciones.
El tercero, haber vulnerado las normas para contratar al abogado Percy Tenorio Gamonal para que ejerza la defensa de cinco generales inplicados en actos de violencia contra manifestantes en 2020. Santiváñez fue abogado del coronel PNP en retiro, Percy Gamonal. En este caso están implicados dos Defensores de la Policía, a cargo de las contrataciones.
El cuarto, actividades de encubrimiento en beneficio del hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte, quien mantuvo contacto con Santiváñez y otros investigados.
De acuerdo con el fiscal Carlos Ordaya, el presunto cabecilla de la organización criminal sería Juan Santiváñez Antúnez, conocido por haber defendido a policías acusados por delitos de corrupción y homicidio calificados.
El fiscal cuenta con el testimonio de colaboradores eficaces que identifican a Santiváñez como la cabeza visible de la organización.
Las imputaciones fiscales contra la organización criminal supuestamente liderada por Juan Santiváñez. Foto: La República
Los miembros de la red
El exdirector de Operaciones Especiales (Diroes), coronel PNP (r) Percy Tenorio Gamonal, es uno de los personajes claves de la trama de este nuevo caso abierto por Eficcop contra el actual ministro de Justicia.
Cuando Tenorio fue investigado por su relación con la represión a las protestas antigubernamentales contra el presidebte transitorio Manuel Merino, con resultados fatales, el coronel en retiro contrató a Juan Santiváñez como abogado, consolidándose desde entonces una relación amistosa.
Al pasar al retiro, Percy Teneorio abrió su propio estudio de abogados, y Juan Santiváñez actuaba como ministro del Interior, este lo contrató por S/250 mil para que defendiera a cinco generales que participaron en las manifestaciones contra el gobierno de Merino, en 2020.
El fiscal Ordaya señala en su requerimiento al Poder Judicial, que Percy Tenorio está implicado en el caso del favorecimiento a la empresa minera El Dorado. Incluso se le sindica como el organizador del operativo policial en Ayacucho.
Los empresarios mineros Franco Parodi Gianella y Gianfranco Meza Lizier pagaron US$160 mil a Percy Tenorio para que el ministro Santiváñez movilice a efectivos de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, hacia la mina El Dorado, en Ayacucho.
Los hechos ocurrieron en 2024, cuando Santiváñez era ministro del Interior y Percy Tenorio era abogado de los empresarios Parodi y Meza.
Coincidentemente, el comandante general de la PNP, teniente general Víctor Zanabria Angulo, y el exjefe de la Dirección de Medio Ambiente, general Gregorio Villalón Trillo, son compañeros de promoción de la Policía Nacional. El fiscal Ordaya menciona al general Villalón como uno de los miembros de la organización criminal de Santiváñez.
Los supuestos integrantes de la organización criminal que maneja Santiváñez desde Palacio de Gobierno. Foto: La República
Vínculos con los Boluarte
Los testigos protegidos y colaboradores eficaces del Eficcop indicaron que Nicanor Boluarte es un frecuente visitante del estudio de Percy Tenorio.
Como se ha indicado, Tenorio es abogado de los empresarios mineros Franco Parodi Gianella y Gian Franco Meza Lizier. Tenorio les pidió ayuda para Nicanor Boluarte, quien, para evitar la detención preventiva, necesitaba acreditar arraigo laboral. Los mineros le darían un trabajo simulado de asesor.
Juan Santiváñez es señalado como “abogado en la sombra” de Dina Boluarte y se le adjudica haber reclutado a Luis Vivanco Gotelli como defensor de Nicanor Boluarte. Ocho reuniones de Santiváñez y Vivanco en Palacio de Gobierno están consignadas en los registros de visitas.
Otro implicado es Marco Palacios Meza, exabogado del estudio de Santiváñez, y la exadministradora del mismo, Yessenia De La Cruz Rivas. Palacios y De La Cruz intervinieron a favor de los empresarios mineros de El Dorado, siguiendo las consignas de Juan Santiváñez, precisa el Eficcop.
De acuerdo con las pesquisas de la fiscalía, el estudio de Santiváñez tuvo como cliente al empresario minero Franco Parodi, y al asumir como ministro del Interior, Percy Tenorio se encargó de estos.
Puertas giratorias en el Mininter
Al primer círculo íntimo de Santiváñez pertenecen Percy Tenorio, Yesenia De La Cruz y Marco Palacios. Al segundo círculo, Gregorio Villalón, Máximo Ramírez e Yber Torres.
Los empresarios Franco Parodi y Gian Franco Meza son beneficiarios de la red atribuida a Santiváñez.
En el caso de la contratación indebida de Percy Tenorio como abogado de cinco generales de la PNP, por orden de Santiváñez, han sido implicados por la fiscalía el actual director de la Defensoría del Policía, general PNP (r) Máximo Ramírez De La Cruz, y el asesor del Ministerio del Interior, Yber Torres Pariona.
“Juan Santiváñez Antúnez es uno de los hombres de confianza de la actual presidenta Dina Boluarte desde el 16 de mayo de 2024”, señala el fiscal Ordaya al explicar de dónde procede el poder del ministro de Justicia.
“Antes de ejercer el cargo (de ministro del Interior) habría formado parte del brazo de protección de la organización criminal liderada por Nicanor Boluarte Zegarra, a efectos de que se generen espacios de impunidad para que dicha organización cumpliera sus fines (con Ciudadanos por el Cambio)”, indica la fiscalía.
“Es un grupo estructurado con capacidad operativa y carácter permanente, que de manera concertada y coordinada se reparten roles para cometer delitos contra la administración pública ( colusión simple, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, encubrimiento real ), en busca de obtener beneficios económicos”, apunta el fiscal del Eficcop.
Lo que quiere decir el fiscal del Eficcop, es que los implicados en este caso están relacionadas con otras investigaciones que entrelazan a Santiváñez y Boluarte.
Ayer, precisamente, la presidenta Boluarte salió en defensa de Juan Santiváñez y de uno de sus cómplices, su hermano Nicanor Boluarte (ver nota aparte).
Al presentar su Declaración Jurada como ministro de Justicia, Juan Santiváñez reportó 12 investigaciones fiscales, entre otras, obstrucción desde el Ministerio del Interior a investigaciones relacionadas con Dina y Nicanor Boluarte.
Trata de defenderse. La República pudo conocer que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, envió un oficio al ministro del Interior, Carlos Malaver, en el que advierte que, en caso la PNP intervenga las oficinas de la Fiscalía o a su persona, estarían incurriendo en un delito y sería ilegal. Ello se da en el marco del caso Patricia Benavides, luego de la cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Benavides en el cargo.
Como se recuerda, el último lunes 23 de junio la directora de la Oficina de Procesos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo, emitió un oficio a Delia Espinoza en el que amenaza con hacer uso de la fuerza pública en caso no reponga a Benavides como fiscal de la Nación en un plazo máximo de 24 horas.
Delia Espinoza envía oficio al ministro del Interior
«Hacemos de su conocimiento que cualquier intervención de la Policía Nacional del Perú en un procedimiento administrativo regular en trámite como el correspondiente al Procedimiento Administrativo N° 001-2024-JNJ no solo sería ilegítima, sino que sería ilegal y quebrantaría el orden institucional y constitucional», se lee en el documento.
En esa misma línea, la fiscal de la Nación sostiene que el uso de las fuerzas del orden «están subordinadas» al poderr constitucional y que, solo por mandato judicial, podrían intervenirla. En caso la PNP tome otra decisión, esta deberá ser debidamente motivada.
«El artículo 169 de la Constitución Política del Perú establece que «Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional», por lo que la PNP no puede irrumpir las instalaciones del Ministerio Público ni intervenir a la Fiscal de la Nación. Solo por mandato judicial o por orden debidamente motivada de la autoridad competente y con respecto al debido procedimiento y a los derechos fundamentales podría intervenir la PNP, circunstancia que no sucede en el caso en particular, dado que, reiteramos, estamos ante un procedimiento administrativo regular en trámite», menciona el documento.
«En el que caso que los altos mandos dispongan la intervención de la PNP estarán incursos en infracciones administrativas graves y en la comisión de ilícitos penales», acotó.
El Ministerio del Interior sorprendió al retirar del Programa de Recompensas a Vladimir Cerrón, fundador y líder de Perú Libre, quien permanecía prófugo desde hace más de seis meses. .
Cerrón, sobre quien pesaba una recompensa de S/ 500,000, dejó de estar en la lista de los más buscados, pese a que aún no responde ante la justicia. Solo hay que ingresar a la web del citado programa, colocar el nombre de Cerrón para encontrar que ya no figura como requisitoriado.
En marzo de 2025, la Corte Suprema absolvió a Cerrón del delito de colusión agravada en el caso Aeródromo Wanka, revocando la condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva y reduciendo la reparación civil de S/ 800,000 a S/ 250,000. Asimismo, el Tribunal Constitucional declaró nula la condena por negociación incompatible en el caso La Oroya, que había implicado prisión efectiva, inhabilitación política y embargo de bienes .
Sin embargo, Cerrón sigue procesado en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, donde hay una orden de prisión preventiva de 24 meses por presunto financiamiento ilegal de Perú Libre y otros delitos relacionados a una presunta organización criminal Además, enfrenta el proceso ‘Antalsis’, por el que fue investigado por cohecho pasivo propio; aunque la prisión preventiva fue anulada, la investigación sigue su curso.
También está involucrado en el caso ‘Chupaca’, que investiga presuntas irregularidades en una obra vial de Junín, con una posible reparación civil de S/ 3 millones.
En septiembre de 2024, el Ministerio del Interior, bajo la gestión de Juan José Santiváñez, incrementó el monto de S/ 200,000 a S/ 500,000 para supuestamente intensificar la búsqueda del líder de Perú Libre.
TAMBIÉN JUAN SILVA
Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno de Pedro Castillo, permanece prófugo de la justicia peruana desde junio de 2022. Silva enfrenta graves acusaciones por corrupción y organización criminal, relacionadas con el denominado caso ‘Puente Tarata’, en el que es investigado por haber supuestamente favorecido a empresas en licitaciones de obras públicas a cambio de sobornos.
El Poder Judicial dictó prisión preventiva por 36 meses en su contra, pero Silva se fugó antes de que la medida se hiciera efectiva. Se ofreció una recompensa de S/ 50,000 por información que condujera a su captura, pero desde ayer tampoco aparece en el Programa de Recompensas.
Se espera un pronunciamiento del Ministerio del Interior sobre el tema.
El Ministerio del Interior (Mininter) organizó una ceremonia de despedida al extitular de la cartera, Juan José Santiváñez. Al culminar la ceremonia, el censurado ministro brindó palabras de agradecimiento y aseguró que se le volverá a ver «en el 2026».
Santiváñez se despide del Ministerio del Interior
Durante el evento, Santiváñez ofreció un discurso en el que subrayó su dedicación para fortalecer la seguridad ciudadana y defendió su gestión. Al concluir, su frase «Nos vemos en el 2026» generó especulaciones sobre sus planes políticos futuros.
«Solo me queda decirles muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias a todo el equipo que me acompañó, gracias a mi familia que me acompaña, gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía del servicio al país. Solamente me queda decirles una cosa final, nos vemos en el 2026», mencionó.
La ceremonia contó con la asistencia del nuevo ministro, Julio Díaz Zulueta, y el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria. Santiváñez, quien fue destituido por 79 votos en el Congreso, expresó su agradecimiento a su equipo y reafirmó su compromiso con la lucha contra la criminalidad.
Como se recuerda, el 21 de marzo, el Pleno del Congreso de la República aprobó la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, con 78 votos a favor, 20 abstenciones y 11 en contra. La censura se fundamentó principalmente en el aumento de la inseguridad y los casos de extorsión en el país.
¿Quién es el sucesor de Santiváñez en el Mininter?
La presidenta Dina Boluarte tomó juramento esta tarde al nuevo ministro del Interior, Gral. (r) PNP. Julio Díaz Zulueta, en reemplazo del censurado Juan José Santiváñez.
El flamante nuevo titular del Ministerio del Interior se desempeñó hasta hoy como viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública, cargo que ocupó desde enero del 2024.
ENFOQUE REAL 