La Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4) logró la detención preliminar judicial por 15 días de diversos integrantes de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, entre ellos sus mandos principales y mandos medios, liderados por Erick Moreno.
Como parte de la investigación dirigida por el fiscal provincial César Changa Echevarría, también se ejecutó una orden de allanamiento con fines de incautación en 23 inmuebles y 12 celdas de cinco penales ubicados en Lima, Cañete y Huaral.
Según las indagaciones, la organización criminal operaba desde el año 2022 y estaría vinculada a delitos de extorsión, secuestro y homicidio en los distritos de Comas, Carabayllo, Independencia, San Martín de Porres y Los Olivos. El cobro de cupos a negocios formales incluía pagos iniciales de S/ 10 000 a S/ 80 000, además del cobro diario de S/ 1 a S/ 5 a mototaxis y combis.
Otra modalidad identificada habría sido la venta obligada de tarjetas de polladas o chuletadas, utilizada para justificar pagos físicos o bancarios vinculados a las actividades ilícitas.
En la intervención participaron 33 fiscales especializados, con apoyo de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), la Unidad de Seguridad del Estado (USE), el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO) y otras unidades de la Policía Nacional del Perú.
Según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao. En su mayoría, las víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, un patrón que se ha convertido en el método más recurrente para asesinar a transportistas en zonas urbanas.
En síntesis, ocho de cada diez atentados se producen bajo esta modalidad: interceptación desde una moto lineal y disparos a corta distancia, muchas veces sin amenazas previas. El aumento de estos crímenes está directamente relacionado con el incremento explosivo de las denuncias por extorsión, que afecta especialmente al sector transporte.
La República conversó con diversos expertos para conocer cómo en Perú las cifras de extorsiones, asesinatos y detención por dicho delito aumentaron drásticamente no solo en el último año, sino en los últimos cuatro años, que refleja la expansión del crimen organizado y la debilidad de la respuesta del Estado.
Septiembre fue el mes más violento
Entre enero y julio de 2025, el promedio mensual de transportistas asesinados era de cinco. Sin embargo, en el último trimestre del año, la violencia se ha intensificado. Septiembre cerró con 31 homicidios, la cifra mensual más alta del año. Octubre registró 18 muertes y en los primeros días de noviembre ya se había sumado una nueva víctima.
El incremento de homicidios se produce en un contexto de creciente inseguridad y extorsión. Según el SIDPOL-PNP, entre enero y octubre de 2025 se han registrado 23.213 denuncias por extorsión, lo que representa un aumento del 27,4% respecto al mismo período de 2024 (18.215 casos).
Este fenómeno también tiene un impacto geográfico claro. Las denuncias crecieron especialmente en Lima Metropolitana (+49,8%) y el Callao (+45,6%). Asimismo, 19 regiones muestran incrementos respecto a 2024, incluyendo Junín, Lambayeque, Arequipa, Loreto y Cusco.
En promedio, cada 19 minutos se reporta una denuncia por extorsión en el país, lo que equivale a 76 denuncias diarias. La tendencia es clara: el 2025 será el año con más denuncias de extorsión registradas en la historia reciente del Perú.
José Saavedra Molina, presidente de Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC Latam), alerta que este mes representa un ejemplo claro de cómo el gobierno de Dina Boluarte no priorizó «bajo ninguna circunstancia un planteamiento estratégico para combatir la delincuencia». «Revisando las estadísticas, los cuales resultan preocupantes, no damos cuenta que esa administración no puso atención a un factor importante que muchos expertos en seguridad ciudadana hemos demandado: inteligencia territorial para ubicar y desarticular bandas criminales que afectan al transporte público», indica.
Menos del 1% de los extorsionadores termina en prisión
A pesar del alarmante número de denuncias, el sistema de justicia penal muestra una preocupante ineficiencia para sancionar estos delitos. Según datos del INPE, entre enero y julio de 2025, solo 295 personas ingresaron a penales por extorsión, y de ellas, apenas 11 tienen sentencia firme (3,8%). Las restantes 284 permanecen como procesadas sin condena definitiva.
Para Stefano Corzo, especialista en seguridad ciudadana, las organizaciones criminales tienen una alta capacidad de adaptación, por lo que las medidas de emergencia solo logran reducir temporalmente la actividad delictiva. A ello se suma, observa, la falta de un sistema judicial y penal robusto que garantice sanción efectiva. “No basta con capturar extorsionadores si al final terminan libres por falta de pruebas o por procesos mal estructurados. El Estado ha fracasado en construir una cadena de justicia que funcione desde la denuncia hasta la condena”, señala.
En términos históricos, entre 2022 y octubre de 2025 se han acumulado 84.581 denuncias por extorsión, pero solo 363 personas más han sido encarceladas por este delito en ese período. Es decir, el aumento de reclusos por extorsión representa apenas el 0,4% del total de denuncias, lo que evidencia una impunidad estructural en el combate contra las mafias.
Ante este escenario preocupante, Wilfredo Pedraza, exjefe del INPE y exministro del Interior durante el Gobierno de Ollanta Humala, criticó que el actuar director de la institución encargada de los centros penitenciarios no haya promovido, en primer lugar, cumplido su rol de ejecutar la política penitenciaria nacional al permitir que cabecillas de organizaciones criminales continúen operando en las cárceles. «Eso no saldrán en las estadísticas. Quedará para la anécdota y un saber de conocimiento público, pero de nada sirve encerrar a los extorsionadores si no se combate la delincuencia no solo en las calles, sino dentro de las instalaciones penitenciarias», asegura.
Actualmente, solo 1.390 personas están recluidas por extorsión, de las cuales el 54% (750) está sin sentencia. “Ningún día del año ha registrado cero homicidios en el país”, alerta el analista de datos Juan Carbajal, quien ha revisado las cifras penitenciarias y las bases del SINADEF.
«Queda en manos del Congreso y José Jerí si, lejos del estado de emergencia, no se establecen objetivos a largo plazo para combatir a los delincuentes, extorsionadores o no», advierte Pedraza.
Regiones afectadas y montos exigidos
La Fiscalía también alerta que una denuncia por extorsión se presenta cada 20 minutos en el país. Las zonas más afectadas por el crimen organizado son La Libertad, junto con distritos limeños como Los Olivos, Ate y Villa El Salvador.
Las organizaciones criminales exigen hasta S/15.000 por unidad de transporte, lo que convierte al sector en uno de los más vulnerables. En paralelo, los robos continúan siendo el delito más frecuente, con 40.125 denuncias por hurto y asalto hasta septiembre. Lima Norte y Lima Sur concentran los mayores índices de estos delitos.
La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público abrió un proceso disciplinario al fiscal del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara el archivo de la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el caso Cócteles.
La medida fue dispuesta por Juan Antonio Fernández, jefe de la ANC, ante la presunta infracción al numeral 13 del artículo 47 de la Ley N.º 30483, Ley de Carrera Fiscal.
El proceso disciplinario se inicia ante la presunta existencia de deficiencias funcionales en la formulación o defensa de la acusación, las cuales podrían configurar una infracción grave en el ámbito del Ministerio Público.
«Abrir procedimiento disciplinario por el plazo de 60 días hábiles contra el abogado José Domingo Pérez, en su actuación como fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales que se avocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios», señala el documento.
Asimismo, la Fiscalía solicita al fiscal «un informe de descargo sobre los hechos dentro del plazo de 5 días hábiles de notificado, debiendo acompañar copias certificadas de la documentación que sustente su dicho, el mismo que podrá ser presentado de forma presencial o virtual».
El excongresistaJorge del Castillo también encabeza otra fórmula presidencial junto a su excolega Mauricio Mulder y Belén García, secretaria general del Apra.
Cabe precisar que la agrupación tendrá la modalidad de elección interna de un militante, un voto.
El segundo partido con más precandidatos es Acción Popular. Una de las planchas es encabezada por su presidente, Julio Chávez.
Alfredo Barnechea lidera otra lista acompañado de Armando Villanueva y Tania Abad Jaime.
Además, competirán por representar al partido de la lampa el excongresista Víctor Andrés García Belaunde, “Vitocho”, y el actual legislador Edwin Martínez.
Los militantes de Acción Popular elegirán al menos 75 delegados, quienes posteriormente elegirán a su representante para los próximos comicios.
En Avanza País serán dos personas las que disputarán la representación de la candidatura a la presidencia.
El comunicador de televisión Phillip Butters presentó su plancha presidencial junto a Fernán Altuve en la primera vicepresidencia y la congresista Karol Paredes en la segunda.
El comunicador tendrá que competir contra el excongresista César Combina, quien también presentó su precandidatura junto a Julio Porras e Ida Chacón.
Phillip Butters y su plancha presidencial en Avanza País. (Foto: Difusión)
MÁS COMPETENCIA
El Partido Morado tendrá dos precandidatos presidenciales. El exgobernador regional Mesías Guevara y el excongresista Richard Arce confirmaron a Correo que participarán en las elecciones internas.
Cabe precisar que dicha agrupación tendrá una elección para definir a sus 30 delegados, quienes finalmente definirán quién los representará.
La coalición Frente de los Trabajadores y Emprendedores, que está conformada por Primero la Gente y el Partido de los Trabajadores, tendrá dos precandidatos presidenciales.
La persona que representará al Partido de los Trabajadores sería Angélica Sayán, mientras que por Primero la Gente aún se debe definir si competirá Miguel del Castillo o Marco Zevallos.
En la alianza Venceremos, conformada por los partidos Nuevo Perú y Voces del Pueblo, hay dos precandidatos presidenciales: Vicente Alanoca y el congresista Guillermo Bermejo.
Finalmente, está el Partido Democrático Federal. Virgilio Acuña, hermano de César Acuña, buscará ser el candidato presidencial del partido. En su plancha lo acompañan Alex Hualla, de Arequipa, en la primera vicepresidencia, y Carmen Puluche, de Chiclayo, en la segunda vicepresidencia.
Al principio, se tenía como idea que el Partido Democrático Federal tenga un solo candidato, pero en los últimos días apareció la precandidatura presidencial de un aspirante más. Se trata de Armando Massé Fernández, quien dirigió la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) y que se afilió a ese partido en enero de este año.
Armando Massé Fernández, quien dirigió la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc), es precandidato del Partido Democrático Federal.
PANTOMIMA
De otro lado, existen al menos 30 partidos que tendrán un candidato único.
Entre ellos están César Acuña (APP), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), Carlos Álvarez (País para Todos), Carlos Espá (Partido Sí Creo) y Paul Jaimes (Progresemos), entre otros.
Renovación Popular tendrá como único candidato a Rafael López Aliaga.
Al respecto, el politólogo Fernando Tuesta precisó que de las 39 organizaciones políticas, solo el APRA optó por la modalidad de elección directa de sus militantes (primarias cerradas). Sin embargo, Renovación Popular también tendrá dicha modalidad pero debido a una disposición de la ONPE, que lo obligó a ello, al no actualizar su reglamento.
“Las otras 37 harán sus elecciones internas bajo la modalidad de delegados, que es la que permite un control casi total de la elección por parte de la dirección del partido. Si bien 15 precandidaturas (en el APRA) parece un exceso, por lo menos hay competencia”, escribió el exjefe de la ONPE en X.
En el caso del Partido Patriótico del Perú, fuentes de la agrupación indicaron que Herbert Caller será el único precandidato presidencial debido a que “es el único que ha trabajado en el posicionamiento y visibilidad de la agrupación a nivel nacional”.
El partido Cooperación Popular tendría como único candidato al excongresista Yonhy Lescano.
De acuerdo con fuentes de ese partido, existiría un acuerdo político para tener un candidato único.
Por otro lado, está la alianza Fuerza y Libertad, conformada por los partidos Batalla Perú y Fuerza Moderna.
En dicha alianza se llegó al acuerdo de tener como única candidata presidencial a Fiorella Molinelli.
Por lo tanto, le corresponde a Batalla Perú designar a los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia.
Por ahora, están los nombres de los militantes José Luis Rivera y María Pariona. Sin embargo, fuentes de Fuerza Moderna sostienen que se trata de impulsar la precandidatura a la primera vicepresidencia del excongresista Gilbert Violeta.
En el caso de esa alianza, serán un promedio de 12 delegados los que voten por la única plancha.
SALUDABLE
Para el experto en temas electorales José Tello, es democrático y saludable tener una pluralidad de candidatos. Sin embargo, dijo que también es evidencia de una fragmentación al interior de la agrupación.
“Lo importante será ver cuál es la movilización de sus elecciones internas, cuántos militantes van a participar”, apuntó.
Tello dijo que entre tener un candidato único o 15, prefiere 15, porque eso demuestra que el partido no es una entelequia, sino un cuerpo vivo de personas.
El experto en temas electorales, José Tello, dijo que es saludable tener más de un precandidato presidencial.
Patricia Benavides volverá como fiscal suprema al Ministerio Público, luego de que el Poder Judicial anuló su suspensión por 24 meses y en cumplimiento de la resolución de la Junta Nacional de Justicia que anuló su anterior destitución. Lo que ahora falta, de acuerdo con diferentes fuentes judiciales, es definir la fecha y hora para el reingreso de Benavides a la fiscalía y en qué despacho desempeñará sus funciones.
Para esto, deben cumplir tres condiciones. En principio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza solicitó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que precise los alcances jurídicos y constitucionales de su decisión. Luego, a través del Área de Presupuesto del Ministerio Público se debe definir si existen los fondos para pagar su sueldo y los gastos operativos o si ser será necesario realizar un requerimiento adicional al Ministerio de Economía y Finanzas.
Por último, lo más complicado, es definir el despacho que ocupará. Hasta la fecha, ni Humberto Abanto, abogado de Benavides, ni la misma fiscal restituida saben en cuál de los siete despachos será reincorporada, teniendo en cuenta que los dos únicos disponibles -primera y segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción- registran procesos en su contra. La otra posibilidad es que se convierta en la nueva representante de la fiscalía en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La República conversó con el abogado Humberto Abanto, quien aseguró que aún no le han notificado el día ni lugar del retorno de su clienta. «Hubo un pedido de aclaración de la señora Espinoza. (…) Todo dependerá de lo que aclare la Junta Nacional de Justicia», sostuvo.
Delia Espinoza presenta nueva aclaración a la JNJ
El pasado primero de agosto, la fiscal de la Nación presentó un nuevo pedido de aclaración a la JNJ, mediante el oficio N.°270-2025-MP-FN, en el cual solicitó se aclare la interpretación del contenido de la resolución que ordena la restitución de Benavides como fiscal suprema, pues alega que contiene «inconsistencias e irregularidades».
Asimismo, aseguró que la solicitud no constituye un acto de desacato, sino que «se formula con la finalidad de evitar cualquier situación administrativa que pudiera derivar en error o en una ejecución indebida del acto emitido». En ese sentido, solo quedaría esperar la respuesta de la Junta para poder saber la designación del despacho y cómo resuelve el área de presupuesto del Ministerio Público para pagar el sueldo de Benavides.
Obstáculos para el retorno de Patricia Benavides
El Ministerio Público dispone de siete despachos, de los cuales cinco están ocupados por fiscales supremos: Delia Espinoza (fiscal de la Nación y presidenta de la Junta de Fiscales Supremos), Pablo Sánchez (Primera Fiscalía Suprema en lo Penal), Zoraida Ávalos (Segunda Suprema en lo Penal), Juan Carlos Villena (Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos) y Tomás Gálvez (Fiscalía Suprema de Familia).
Los dos despachos que quedan disponibles son la primera y segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción, pero ambas tienen procesos contra Benavides -caso Los Cuellos Blanco del Puerto y caso Enma Benavides, hermana de Patricia-, lo que impediría su designación por conflicto de intereses. En esa línea, la opción viable sería trasladar a uno de los fiscales de los otros despachos a un nuevo cargo, para poder ubicar allí a Benavides Vargas, o designarla como representante en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sobre esta última alternativa Delia Espinoza se pronunció.
«Hay una preocupación. ¿En qué ámbito? Actualmente, tenemos varias carpetas en trámite aún por esa presunta organización criminal que habría liderado la señora Benavides, pero ya hay seis denuncias constitucionales presentadas ante el Congreso con elementos de convicción muy fuertes», indicó. Seguidamente, agregó que dicha preocupación deberá ser resuelta en la Fiscalía, donde se evaluará si colocar a Benavides en la JNE sería saludable para ambas instituciones.
Por otro lado, en conferencia de prensa, Delia Espinoza anunció que se encuentra a la espera de que el área de presupuesto del Ministerio Público confirme si se cuenta con los recursos necesarios para «sustentar un eventual retorno de la señora Benavides».
Como se sabe, de acuerdo con la Ley N° 32185, que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el Ministerio Público tiene asignado un presupuesto de S/2.921 millones. Sin embargo, Espinoza ha señalado que existe una brecha de S/12.484 millones, lo que indica una insuficiencia para cubrir todas las necesidades operativas de la institución, por lo que no se contaría con el presupuesto para pagar el sueldo de la investigada Patricia Benavides.
También, aclaró que si bien este año su gestión transformó las dos Fiscalías Supremas Transitorias Especializadas en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en Fiscalías Supremas Permanentes, esto no habría influenciado en el presupuesto aprobado por el Congreso y el Ejecutivo.
JNJ se pronuncia sobre pedido de aclaración de Delia Espinioza
La Junta Nacional de Justicia ratificó su posición a favor de la reincorporación de Patricia Benavides al Ministerio Público. En un oficio dirigido a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el organismo detalló que la sanción de suspensión de 60 días calendario aplicada a Benavides ya había sido cumplida conforme a lo dispuesto judicialmente. En el documento, la directora de procedimientos disciplinarios confirmó la conclusión de la sanción el 31 de julio, destacando que, por tanto, no existen razones legales para impedir su retorno al cargo de fiscal suprema.
A casi cinco meses de su colapso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), inició esta tarde con los trabajos de demolición del puente Chancay, tras recibir la autorización del Ministerio Público.
Es importante señalar que, el titular del sector, César Sandoval, mencionó que las labores durarán entre 8 a 10 días. Del mismo modo, aseguró que el 15 de julio se restablecerá completamente el tránsito vehicular, gracias a la instalación de dos puentes modulares.
Trabajos realizados
Como parte de sus primeras acciones, el MTC comunicó que esta tarde se iniciaron las labores de demolición de la losa en la zona sur del puente, utilizando excavadoras y martillos hidráulicos para garantizar un avance seguro y técnico.
Asimismo, en la mañana se ejecutaron los desvíos provisionales del cauce del río y se habilitaron las plataformas para ubicar adecuadamente las maquinarias, entre las que se incluyen, retroexcavadoras, martillos hidráulicos y equipos de oxicorte.
Es importante mencionar que, los trabajos se realizarán de forma progresiva, de sur a norte. Esta obra será en favor de 14 000 vehículos, entre transporte de carga, ómnibus y autos particulares, beneficiando también a miles de ciudadanos que utilizan diariamente la Panamericana Norte.
Los motivos del colapso del Puente Chancay
En marzo, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) concluyóen su informe que el colapso del Puente Chancay, el cual dejara dos personas fallecidas y varios heridos, fue ocasionado por fallas estructurales de origen.
El informe de Ositrán detalla que el diseño del Puente Chancay no cumplía con las condiciones establecidas en el Manual de Hidrología e Hidráulica. Los especialistas indicaron que se construyó sobre una curva del cauce del río Chancay, lo que aumentaba el riesgo de fallos estructurales, especialmente en condiciones climáticas extremas.
En esa misma línea, el oficio precisa que la estructura presentaba fallas desde su construcción, la cual desencadenó en su colapso. Ante esta situación, el informe de Ositrán fue remitido a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral.
De esta manera, el puente Chancay estará totalmente operativo a quincena de este mes.
Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, calificó este miércoles como una «medida desesperada» el requerimiento de la Fiscalía de seis meses de prisión preventiva contra el expresidente.
«Esto nos parece una medida desesperada del Ministerio Público. El lunes solicitaron que se realicen más sesiones de audiencia de juicio oral en la semana y le fue negada. Nuestro perito de parte desbarató la hipótesis fiscal y en cierta medida probó que la colaboración eficaz a favor de la empresa Obrainsa que acordó con el representante del Ministerio Público, el señor Germán Juárez Atoche, se sustentó en una información falsa», expresó en el programa ‘Las Cosas Como Son’ de RPP.
Siccha dijo confiar en que el juez a revisar este pedido hará una buena observación de los argumentos que presentarán. En ese sentido aseguró que el expresidente en estos momentos trabaja para una empresa constructora desde abril.
«Martín Vizcarra tiene arraigo familiar, domiciliario y en el arraigo laboral, él labora para el partido político Perú Primero como para una empresa constructora que mañana justamente vamos a presentar los documentos para legalizarlo», indicó.
El abogado del expresidente criticó las intenciones de la Fiscalía contra su cliente y lamentó que tenga opiniones sesgadas.
«Siempre el Ministerio Público, su mensaje es sesgado. Ha sido que el señor Martín Vizcarra se va a fugar, pero los hechos, durante todo este tiempo, han demostrado lo contrario: Vizcarra siempre se ha sometido a las decisiones jurisdiccionales», sostuvo.
Martín Vizcarra es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo en agravio del Estado por los casos ‘Lomas de Ilo y Hospital Regional de Moquegua’.
Pedido se verá este jueves
El Poder Judicial verá este jueves la audiencia de prisión preventiva contra el exmandatario Martín Vizcarra desde las 5.00 p. m. Esta audiencia debió verse hoy, pero el expresidente se encuentra en Tarapoto y es necesario su asistencia de manera presencial.
La defensa de Vizcarra Cornejo había solicitado que la reprogramación se extienda hasta el viernes. Sin embargo, el juz Víctor Alcocer Acosta decidió que la sesión se retomará mañana.
Por su parte, el expresidente calificó de “mamarracho” el requerimiento del fiscal Germán Suárez Atoche y dijo no temer ante una posible prisión preventiva por seis meses.
“No tengo temor, el juez verá que, y lo digo con respeto, es un mamarracho el pedido de prisión preventiva que ha presentado Juárez Atoche, porque no tiene sustento. Mañana estaré puntual…”, alegó.
ENFOQUE REAL 