Juan Manuel Cavero Solano es el nuevo ministro de Justicia

La presidenta Dina Boluarte tomó juramento, este martes 1 de octubre, a Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno con la presencia del Consejo de Ministros. Cavero asume el cargo en reemplazo de Juan José Santiváñez, quien dejó el ministerio tras apenas treinta y nueve días de gestión.

El titular saliente, Santiváñez, presentó su renuncia la noche del 1 de octubre. Dos días antes de que el Pleno del Congreso debatiera una moción de censura en su contra. La dimisión se dio en medio de un proceso parlamentario que generó controversia, pues especialistas como el exoficial mayor del Parlamento, José Cevasco, advirtieron que la censura debía estar precedida por una interpelación, como parte del procedimiento regular.

Antes de su designación, Cavero Solano se desempeñaba como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia e integró el consejo directivo de la Procuraduría.

En el ámbito académico, Cavero es titulado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Lima y cuenta con una maestría en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Además, ha seguido programas de especialización en Gestión Municipal, Gestión Empresarial con Tecnología de Información, Business Intelligence, Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos, y Derecho Administrativo.

A lo largo de su trayectoria profesional, ocupó diversos cargos de responsabilidad en la administración pública. Fue intendente nacional de Asesoría Legal Interna en la Sunat, gerente central de Asesoría Jurídica en Emape, gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica en el Gobierno Regional del Callao, subdirector de Sanciones en la ATU, gerente de Supervisión y Fiscalización en Sutran, presidente del Consejo Directivo del SAT y especialista legal en Tributación Municipal en el MEF, entre otros.

Ministro de Justicia dice que ley de amnistía «cierra una brecha de injusticia» para quienes «lucharon contra el terrorismo»

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, defendió la promulgación de la ley de amnistía, que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Comité de Autodefensa procesados o condenados por crímenes cometidos entre 1980 y 2000, y señaló que cumple con todo lo que pide la Constitución.

«Al emitirse esta ley se ha cumplido con todos los requisitos que señala nuestra Constitución Política y el Estado«, dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

«Consideramos que con la emisión de esta norma se cierra una brecha de injusticia que ha perseguido de manera irrazonable a muchas personas que lucharon contra el terrorismo y que nos han devuelto a la democracia», agregó.

Cada juez evaluará caso por caso si corresponde la amnistía

Como se recuerda, esta ley ha sido criticada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien en una entrevista calificó la norma de «absolutamente inconstitucional». Sin embargo, Alcántara sostuvo que el Poder Legislativo tiene la facultad de emitir normas y que la ley en cuestión cumple con las condiciones para su validez.

El ministro también expresó su pesar por la pérdida de vidas durante la época del terrorismo, pero enfatizó que los actos delictivos cometidos por algunos miembros de las fuerzas del orden no fueron parte de una política de Estado, sino acciones individuales que ya han sido sancionadas.

En cuanto a la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alcántara aclaró que se está evaluando esta opción y que se ha formado una comisión en Cancillería para analizar el tema.

Finalmente, el ministro indicó que cada juez tendrá la responsabilidad de evaluar caso por caso para determinar si corresponde o no la amnistía, subrayando que la ley es general y no tiene nombres propios.

Ministro de Justicia critica a la prensa tras declaraciones de Vladimir Cerrón: «Lo ponen como un héroe de la democracia»

El ministro de Justicia, Eduardo Arana, en diálogo con RPP, se pronunció respecto a las últimas declaraciones del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, relacionadas a la presidenta Dina Boluarte y al Gobierno.

Como se sabe, en una entrevista por escrito con el dominical Cuarto Poder, el exgobernador regional de Junín criticó a la jefa de Estado, a quien calificó como «títere de la derecha».

«Boluarte es la expresión material y espiritual de la traición, del oportunismo, del egocentrismo y, a la vez, de una mezcla de soberbia con mediocridad. No encuentro ningún valor en su persona», expresó. 

Asimismo, Cerrón Rojas aseguró que Boluarte Zegarra «no tendrá la oportunidad de dirigirse una vez más al país el 28 de julio de 2025».

«Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año. Si es inteligente, debe preparar su sucesión en el poder», resaltó.

Además, negó que el Gobierno lo esté protegiendo y afirmó que no mantiene contacto con la presidenta Dina Boluarte. «No acostumbro a tener comunicación con alguien que traiciona al partido», enfatizó.

«Son dichos de alguien que utiliza los micrófonos que la prensa le da»

Al respecto, Eduardo Arana criticó a los medios de comunicación al señalar que «ensalzan» a Vladimir Cerrón y lo ponen «como una especie de héroe de la democracia”.

“La ciudadanía debe tener un poco de preocupación respecto del trabajo que hacen los medios de comunicación que, por un lado, a veces tratan de disminuir la presencia de este señor (…) y, por otro lado, por ejemplo, a través de un reportaje, lo ensalzan y lo ponen como una especie de héroe de la democracia”, sostuvo. 

El ministro de Justicia dijo que Cerrón Rojas «utiliza los micrófonos que la prensa le da para politizar todos sus hechos», y señaló que la única respuesta del Ejecutivo para él es que pronto será capturado. 

«Desde el Ejecutivo, lo que nosotros vemos es un prófugo de la justicia y, como tal, lo único que corresponde es que la PNP pronto lo va a capturar. Esa es la respuesta del Ejecutivo, lo demás solamente son especulaciones y son dichos de alguien que utiliza los micrófonos que la prensa le da para politizar todos sus hechos y tratar de justificar su accionar delictivo», sostuvo. 

«Reitero, desde el Ejecutivo el único objetivo es capturarlo y le aseguro que desde el Mininter y la PNP todos los esfuerzos están dedicados a ello y pronto tendremos noticias favorables», prosiguió.

A su vez, el ministro de Educación, Morgan Quero, remarcó que Vladimir Cerrón «es un prófugo de la justicia» y que se debe «tomar con pinzas» todo lo que dice. Además, consideró que ya quedaba claro que no recibe ayuda del Gobierno para evadir la justicia.

“Es un prófugo de la justicia, yo creo que tendríamos que tomar con pinzas todo eso, y por supuesto que las actividades privadas de la familia y de la presidenta tiene que ser resguardadas debidamente”, indicó.

“Está más que claro que aquella hipótesis que señalaba que podría haber alguna protección por parte del Gobierno ha quedado descartada, así que esperemos que todos saquen sus conclusiones y que la prensa no deje de lado estas declaraciones que son contundentes”, subrayó. 

Por otro lado, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, en declaraciones para canal N, dijo que el Gobierno no le hace caso a esos dichos y que la lealtad de la presidenta es con la Constitución y con los peruanos. 

«Nosotros no le hacemos caso a su opinión, yo creo que lo que tiene que hacer es entregarse a la justicia, que la justicia determine lo que corresponde en el caso de él. Entenderán que sus opiniones responden más a quien está tratando de distraer la atención de tema de fondo que es su proceso de detención (…) La lealtad de la presidenta es a la Constitución y a todos los peruanos», señaló. 

Ministro de Justicia se «lava las manos» por ley de impunidad: «Corresponde a jueces y fiscales aplicarla»

El ministro de Justicia, Eduardo Arana intentó restar responsabilidad al gobierno de Dina Boluarte por la aprobación de la ley de impunidad que prescribe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2022.

Durante la conferencia tras la sesión de Consejo de Ministros, Arana recordó que la norma no fue aprobada por el Ejecutivo, sino por el Congreso y que tras su promulgación son los jueces y fiscales los que deben decidir si la aplican o no.

«Ya es un hecho consumado. La ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. El Ejecutivo no aplica esta norma (…) Desde luego, corresponderá a los jueces y fiscales disponer desde su perspectiva si aplican control difuso, control de convencionalidad o eventualmente si es que ponen una acción que el Tribunal Constitucional tenga que resolver», respondió.

Sin embargo, Arana parece haber olvidado que el Ejecutivo tenía la prerrogativa de observar esta, pero no lo hizo pese a los pronunciamientos de diversos organismos que advertían sobre las consecuencias negativas que tendría en los procesos por violaciones a los derechos humanos.

Arana agregó que el Ejecutivo respeta las posturas de las instituciones sobre la norma, por lo que también se mantendrá al margen de las acciones que se tomen en contra de la misma.

«En ese sentido, respetamos profundamente las posiciones que institucionalmente las entidades, como la Conferencia Episcopal y el Ministerio Público, puedan tener respecto al contenido, vigencia y alcance de la ley, ya corresponde a ellos hacerlo y desde el gobierno nosotros vamos a tener que estar al margen de ello», comentó.

Eduardo Arana responsabiliza al Congreso por ley de impunidad

Ante los cuestionamientos sobre la inacción del Ejecutivo en la aprobación de la ley de impunidad, el titular del Minjus evitó responder y se limitó a responsabilizar al Congreso por esto: «Hay que precisar que esta ley no ha sido promulgada por el Congreso. Esta ley ha sido promulgada por orden el Congreso de la República», indicó.

En otro punto, recordó que se presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la norma, por lo que será el Congreso quien defienda su legalidad.

«Por que está siendo objeto de una demanda de inconstitucionalidad en la que le corresponderá al Congreso responder desde su Procuraduría, los inconvenientes o aquellos aspectos que desde estas instituciones consideren que no son aplicables», respondió.

Finalmente, recordó que la posición del gobierno de Boluarte es que se cumplan las normas promulgadas por el Congreso y, nuevamente, dejó la decisión de aplicarla o no, en manos de los operadores de justicia.

«La posición del gobierno es del cumplimiento de las normas que el Congreso expide. No existe otra disposición al momento que no corresponda a ser aplicada. Pero esta norma, está efectivamente destinada a ser aplicada por los jueces y fiscales», puntualizó.

Ministro de Justicia anuncia la construcción de seis penales: “Se logrará el deshacinamiento”

Eduardo Arana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, anunció que el gobierno tiene previsto la construcción de seis nuevos establecimientos penitenciarios como parte de los planes concretos para enfrentar la problemática del hacinamiento en el sistema carcelario del país.

Tenemos en cartera seis penales”, afirmó Arana. “Varios de ellos son grandes, con lo que se logrará el deshacinamiento”, añadió el ministro.

Arana agregó que no solo la infraestructura es parte de este plano, sino también la importancia de las recientes normas legislativas, entre ellas aquellas que establecen parámetros para el uso de grilletes.

Además, el Ministro Arana abordó el tema del posible reacondicionamiento del penal de la isla de El Frontón, propuesto por el presidente del Congreso, Alejandro Soto.

“El costo que esto realmente significa y los beneficios que podamos tener son sorprendentes”, concluyó.

Eduardo Arana, actual ministro de Justicia, amenazó de muerte a su esposa

El 2 de mayo de 2011 una mujer, cuyo nombre se mantiene en reserva, acudió a una sede policial para formalizar una denuncia contra Eduardo Melchor Arana, hoy ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien el último miércoles fue presentado como reemplazante de Daniel Maurate.

En aquella ocasión, la mujer se identificó a la PNP como esposa de Arana Ysa y comunicó que apenas unas horas antes sufrió la amenaza de su cónyuge, quien le advirtió que “podría quedarse muerta en cualquier sitio”.

Según el testimonio de la mujer, Arana hizo abandono de hogar ese mismo día “haciéndole problemas a la recurrente y amenazándola de atentar contra su vida”.

En el documento se hizo mención que el ministro de Estado fue denunciado por alimentos.

Detalle

En el respectivo parte policial también se describe que dos semanas antes de la denuncia, la mujer sufrió un extraño accidente en Tumbes. Melchor la condujo al hospital para que se realice una operación por fracturas y huesos rotos.

“Quedando como precedente hace 15 días tuvo un accidente en la ciudad de Tumbes y, como consecuencia de ello, sufrió la fractura de varios huesos en la cara, por lo cual fue operada”, indica el documento al que la Unidad de Investigación de América Noticias tuvo acceso.

Más tarde, se supo que el caso en mención pasó a las manos del Ministerio Público.

Al cierre de esta edición, el titular de Justicia no había realizado ningún descargo sobre este cuestionamiento, que merece ser aclarado.

La legisladora Susel Paredes exigió la inmediata destitución de Melchor.