El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, defendió la promulgación de la ley de amnistía, que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Comité de Autodefensa procesados o condenados por crímenes cometidos entre 1980 y 2000, y señaló que cumple con todo lo que pide la Constitución.

«Al emitirse esta ley se ha cumplido con todos los requisitos que señala nuestra Constitución Política y el Estado«, dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

«Consideramos que con la emisión de esta norma se cierra una brecha de injusticia que ha perseguido de manera irrazonable a muchas personas que lucharon contra el terrorismo y que nos han devuelto a la democracia», agregó.

Cada juez evaluará caso por caso si corresponde la amnistía

Como se recuerda, esta ley ha sido criticada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien en una entrevista calificó la norma de «absolutamente inconstitucional». Sin embargo, Alcántara sostuvo que el Poder Legislativo tiene la facultad de emitir normas y que la ley en cuestión cumple con las condiciones para su validez.

El ministro también expresó su pesar por la pérdida de vidas durante la época del terrorismo, pero enfatizó que los actos delictivos cometidos por algunos miembros de las fuerzas del orden no fueron parte de una política de Estado, sino acciones individuales que ya han sido sancionadas.

En cuanto a la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alcántara aclaró que se está evaluando esta opción y que se ha formado una comisión en Cancillería para analizar el tema.

Finalmente, el ministro indicó que cada juez tendrá la responsabilidad de evaluar caso por caso para determinar si corresponde o no la amnistía, subrayando que la ley es general y no tiene nombres propios.

El ministro de Justicia, Eduardo Arana intentó restar responsabilidad al gobierno de Dina Boluarte por la aprobación de la ley de impunidad que prescribe delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2022.

Durante la conferencia tras la sesión de Consejo de Ministros, Arana recordó que la norma no fue aprobada por el Ejecutivo, sino por el Congreso y que tras su promulgación son los jueces y fiscales los que deben decidir si la aplican o no.

«Ya es un hecho consumado. La ley está vigente y corresponde a los jueces y fiscales aplicarla. El Ejecutivo no aplica esta norma (…) Desde luego, corresponderá a los jueces y fiscales disponer desde su perspectiva si aplican control difuso, control de convencionalidad o eventualmente si es que ponen una acción que el Tribunal Constitucional tenga que resolver», respondió.

Sin embargo, Arana parece haber olvidado que el Ejecutivo tenía la prerrogativa de observar esta, pero no lo hizo pese a los pronunciamientos de diversos organismos que advertían sobre las consecuencias negativas que tendría en los procesos por violaciones a los derechos humanos.

Arana agregó que el Ejecutivo respeta las posturas de las instituciones sobre la norma, por lo que también se mantendrá al margen de las acciones que se tomen en contra de la misma.

«En ese sentido, respetamos profundamente las posiciones que institucionalmente las entidades, como la Conferencia Episcopal y el Ministerio Público, puedan tener respecto al contenido, vigencia y alcance de la ley, ya corresponde a ellos hacerlo y desde el gobierno nosotros vamos a tener que estar al margen de ello», comentó.

Eduardo Arana responsabiliza al Congreso por ley de impunidad

Ante los cuestionamientos sobre la inacción del Ejecutivo en la aprobación de la ley de impunidad, el titular del Minjus evitó responder y se limitó a responsabilizar al Congreso por esto: «Hay que precisar que esta ley no ha sido promulgada por el Congreso. Esta ley ha sido promulgada por orden el Congreso de la República», indicó.

En otro punto, recordó que se presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la norma, por lo que será el Congreso quien defienda su legalidad.

«Por que está siendo objeto de una demanda de inconstitucionalidad en la que le corresponderá al Congreso responder desde su Procuraduría, los inconvenientes o aquellos aspectos que desde estas instituciones consideren que no son aplicables», respondió.

Finalmente, recordó que la posición del gobierno de Boluarte es que se cumplan las normas promulgadas por el Congreso y, nuevamente, dejó la decisión de aplicarla o no, en manos de los operadores de justicia.

«La posición del gobierno es del cumplimiento de las normas que el Congreso expide. No existe otra disposición al momento que no corresponda a ser aplicada. Pero esta norma, está efectivamente destinada a ser aplicada por los jueces y fiscales», puntualizó.