José Domingo Pérez: Juicio contra Ollanta Humala marcará «una línea jurisprudencial» para el caso Cócteles

El fiscal José Domingo Pérez respondió a las críticas contra el Equipo Especial Lava Jato por la supuesta demora en las investigaciones de los casos destapados desde inicios de 2017 contra varios personajes políticos en el Perú por la presunta recepción de coimas o aportes ilegales de parte de Odebrecht y otras empresas, en una semana en la que se logró una sentencia en primera instancia contra el expresidente Alejandro Toledo por 20 años y seis meses de cárcel.

En declaraciones al diario La República, dijo que el caso de Toledo demuestra que el trabajo de la Fiscalía se ha realizado «de manera debida» y que «no es el único», pues, en junio de este año, «se logró una condena en un caso conocido como bonos soberanos» contra tres exfuncionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por haber recibido coimas de la constructora brasileña Odebrecht

Además, recordó que actualmente hay varios juicios en curso, como el del expresidente Ollanta Humala, quien junto a su esposa, Nadine Heredia, enfrenta un proceso próximo a concluir por lavado de activos tras la presunta recepción ilícita de aportes del Gobierno venezolano y Odebrecht para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. Domingo Pérez, indicó que este caso marcará un precedente para el juicio contra Keiko Fujimori, también investigada por lavado de activos. 

«Actualmente también está por concluir el caso el juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala, con lo cual va a marcar una línea jurisprudencial si las entregas de dinero de parte de la empresa Odebrecht constituye el delito de lavado de activos. Con lo cual va a marcar un antecedente para el caso cócteles que se sigue contra la excandidata Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular», dijo el fiscal.

José Domingo Pérez cuestiona nueva ley de crimen organizado

José Domingo Pérez también se refirió a la modificación de la ley contra el crimen organizado promulgada tras ser aprobada en el Congreso. Señaló que si esta favorece a la impunidad, no se debe hacer ese reclamo a los jueces y fiscales, sino a los congresistas. 

«Eso los legisladores tendrán que dar respuesta. Para dictar una ley tiene que haber un estudio técnico de la ley y las consecuencias de que va a generar. Quiero que me entienda usted, ni el juez ni el fiscal dicta leyes. Nosotros solamente cumplimos la Constitución y las leyes. Entonces, el reclamo si una ley favorece la impunidad no la hagan a los jueces ni a los fiscales, háganle a quienes dictan las mismas que son los congresistas…» sostuvo. 

Al ser consultado sobre si la nueva norma afectaría su pedido de disolver el partido Fuerza Popular, que forma parte de su acusación contra Keiko Fujimori, dijo que corresponde esperar si los jueces «hacen algún control difuso», una figura constitucional de la que disponen los magistrados para no aplicar una norma cuando hay una disposición superior en la Carta Magna. 

«Bueno, vamos a ver si es que los jueces hacen algún control difuso porque no puede haber leyes para determinados intereses o determinadas personas, es decir, no puede haber leyes a la medida de determinados intereses. Eso esperaremos en la sentencia, obviamente la Fiscalía en su momento alegará que los jueces no la apliquen por el control difuso», dijo el fiscal.

«(El control difuso) es la manera como los jueces tratan de resistir la ley arbitraria que afecta derechos, garantías, convenciones, principios, valores. Esa es la herramienta que tienen jueces, pero que en estados como Venezuela, Cuba, Nicaragua les quitan […] Nosotros vivimos un estado constitucional de derecho. No vivimos un estado legal, es un estado constitucional derecho donde la Constitución prima y los valores constitucionales por ende de la misma manera», agregó.

Dina Boluarte elogió a Ollanta Humala y dice que el Perú es «el mejor país de Latinoamérica» en macroeconomía

La presidenta de la República, Dina Boluarte, presidió esta mañana la ceremonia de convocatoria 2025 del programa Beca 18, que en esta ocasión otorgará 20 mil becas para estudios de educación superior. Durante su discurso oficial, la mandataria elogió al expresidente Ollanta Humala, en cuyo gobierno, según dijo, inició el referido beneficio educativo.

“Desde su creación, Beca 18 ha beneficiado a 96 mil jóvenes en situación de vulnerabilidad; y sin mezquindades políticas hay que reconocer lo bueno, hay que criticar lo malo, y hay que mejorar lo bueno. Por eso, desde aquí, yo quiero mandar un saludo al expresidente Ollanta (Humala) que fue el promotor en su gobierno de la Beca 18″, resaltó la mandataria.

En esa línea, consideró que el gobierno de Humala Tasso es de lo que «hicieron las cosas buenas para el país».

«Los gobernantes que amamos la patria, los gobernantes que amamos a las familias peruanas, tenemos también que reconocer a los que nos antecedieron e hicieron las cosas buenas para el país, pero también criticar a los que han hecho las cosas malas. Por ello es que nosotros estamos invirtiendo más en Beca 18, porque estamos convencidos de que cambiar la historia de nuestro país es con educación», aseveró.

Cabe resaltar que, actualmente, el expresidente Ollanta Humala se encuentra procesado por el presunto delito de lavado de activos. El exmandatario y su esposa, Nadine Heredia, son acusados de haber recibido aportes irregulares procedentes de Venezuela y de las empresas brasileras Odebrecht y OAS para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Por este caso, el fiscal Germán Juárez Atoche pidió 20 años de prisión para Ollanta Humala, 26 años de cárcel para Nadine Heredia, así como penas de prisión efectiva para los demás implicados, además de la liquidación y disolución del Partido Nacionalista Peruano.

En macroeconomía, somos «el mejor país de Latinoamérica»

En otro momento de su discurso, la jefa de Estado indicó que, en términos macroeconómicos, el Perú es «el mejor país de Latinoamérica», y aseguró que su gobierno está destinando el 5 % del PBI en educación.

“Con estas becas duplicamos las oportunidades respecto a las que registramos en el año 2024 y nos situamos como uno de los países con mayor soporte en educación superior para sus jóvenes en la región, así como nos situamos, en nuestra mirada responsable y en nuestra macroeconomía, como el mejor país de Latinoamérica«, sostuvo. 

«En el 2025, invertiremos 1400 millones en el fortalecimiento de la educación superior, además de destinar 6900 millones para universidades públicas. Esto gracias a nuestra decisión de pasar, por primera vez en nuestra historia, el umbral de 5 % del PBI en educación», resaltó.

Asimismo, respecto al actual estado de emergencia que rige en 13 distritos de Lima Metropolitana y uno del Callao debido a la delincuencia, Boluarte pidió «no más injusticia» para los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

“Unidos también todos los peruanos que anhelamos la paz y un Perú más seguro, es momento de dejar atrás las diferencias y unirnos por un solo objetivo: proteger a nuestros ciudadanos y erradicar la delincuencia (…) Desde el estado de emergencia, nuestra Policía Nacional ha realizado más de 680 operativos con resultados, ha detenido a más de 1200 personas, muchos con requisitorias», señaló.

«Más allá de las críticas, nuestras FF.AA. y la PNP están trabajando. Más allá del desamparo legal en el que se les ha dejado desde hace mucho, ellos siguen en pie protegiendo a cada uno de los millones de peruanos y nuestro gobierno no va a dejarlos solos. No más injusticia para ellos que salen y arriesgan sus vidas enfrentando la delincuencia, luchando contra el terrorismo, y que cuando ocurre cualquier desgracia están en primera línea (…) No están solos, estamos con ustedes, familia de nuestra Policía Nacional y familia de nuestras FF.AA.», puntualizó. 

Gobierno de Dina Boluarte paga más de 290.000 soles por la defensa de Ollanta Humala

El Poder Ejecutivo, liderado por la presidenta Dina Boluarte, pagará más de S/290.000 en favor de la defensa legal del ex jefe de Estado Ollanta Humala, quien afronta una serie de investigaciones en su contra por el caso Odebrecht. Esta decisión se adoptó este 1 de abril del presente año, a través de la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial.

Según la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el abogado Edinson Huamán Chacón, será el encargado de brindar la asesoría legal al expresidente, a quien se le investiga por presuntos actos de corrupción durante su gestión entre los años 2011-2016.

«Otorgar la buena pro al Sr. Edinson Huamán Chacón, por el monto total de S/291.000, por la contratación de Defensa Legal otorgada por Resolución 000006-2023-DP/SSG, a favor del expresidente de la República, el señor Ollanta Moisés Humala Tasso, del procedimiento de selección del Contratación Directa 001-2024-DP-1, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado», se lee en el documento.

Abogado de Ollanta Humala cumplió con los requisitos

De acuerdo con el texto del otorgamiento de la buena pro, el letrado Huamán Chacón cumple con los requisitos establecidos por la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial para que pueda ejercer la defensa legal de Humala Tasso, los cuales precisan que el abogado del exmandatario presente sus respectivas declaraciones juradas en las que manifieste que se encuentra colegiado y habilitado.

Adicional a ello, debe contar con experiencia en asesoría y defensa legal en materia penal o procesal no menor a tres años, la cual habría sido comprobada a través de las constancias o certificados que Edinson Huamán Chacón presentó ante la referida área del Ejecutivo. Además, también poseer estudios de especialización en las mencionadas materias.

«De la revisión de la oferta presentada, se verificó que la oferta cumple con la documentación obligatoria requerida para su admisión (…) Se verificó que la misma consta de la documentación obligatoria y cumple con los términos de referencia, de acuerdo con lo señalado en la bases (…) Así también; se efectúa la revisión del precio de la oferta, verificándose que esta asciende a S/291.600», se indica.

 Términos de referencia. Foto: Seace.

Términos de referencia. Foto: Seace.

¿Qué cargos enfrenta Ollanta Humala?

La Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó que el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, paguen más de 22 millones de soles por daños al Estado peruano debido al caso Centro de Convenciones Lima y 1,8 millones de dólares adicionales.

Esta solicitud fue presentada tras la aceptación del juez Jorge Chávez Tamariz para que la defensa legal del Estado se constituya como parte agraviada en la investigación contra el exmandatario, su esposa y otras personas, lo cual permite a la Procuraduría solicitar el pago de una eventual reparación civil si se les encuentra culpables de los cargos.

El organismo a cargo de los casos Odebrecht y Lava Jato especificó que el pago de 22,9 millones de soles se debe al daño patrimonial al país, derivado de pagos indebidos y el no cobro de penalidades. Además, solicitó una compensación de 1,8 millones de dólares por el daño extrapatrimonial relacionado con el impacto negativo a la reputación del Estado.

El magistrado Chávez Tamariz consideró que la petición de la Procuraduría ad hoc cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 100 del Código Procesal Penal, lo que —como se indicó líneas arriba— permitirá a la entidad acceder al pago de una eventual reparación civil en caso de que el expresidente, su esposa y otros acusados sean declarados culpables.

Ollanta Humala: detienen a personaje clave en soborno a testigo por caso Madre Mía

El lunes 4 de diciembre, a las 7.30 p. m., la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó una diligencia simultánea en seis ciudades del país como parte del operativo Cuervo, por el caso Madre Mía. Como resultado, se detuvo al exsuboficial del Ejército del Perú, cercano al expresidente, Ollanta Humala Tasso.

Efectivos del grupo Orión, de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) formaron parte de este operativo que en total y hasta la fecha detuvo a diez personas, de las cuales cinco serán trasladadas a Lima. Asimismo, cuatro estarían por ser intervenidas.

Ollanta Humala: detienen a personaje clave de caso Madre Mía

Amílcar Gómez Amasifuén fue arrestado en el centro de Tarapoto, San Martín, y fue trasladado a una dependencia policial. Luego, cerca de las 10.00 p. m. registraron su domicilio.

El exsuboficial es personaje clave en el caso Madre Mía, debido a que es acusado de sobornar a Jorge Ávila Rivera, quien en 2017 señaló que se le pagó $USD 4.500 para que negara que Ollanta Humala fuera el ‘Capitán Carlos’, como se le identificaba al jefe de la base de Madre Mía en 1992.

Gómez fue parte de la base contrasubversiva de Madre Mía, cuando el expresidente era el jefe del destacamento. Luego, durante su gobierno (2011-2016), trabajó en el Ministerio de Defensa.

Caso Madre Mía: ¿cómo Ollanta Humala estaría relacionado?

En 2006, se dieron a conocer las primeras denuncias durante la campaña electoral de Ollanta Humala. En ese entonces, Jorge Ávila Rivera sostuvo que los asesinatos de su hermana, Natividad Ávila Rivera, como de su cuñado, Benigno Sulca Castro, fueron ordenadas por el ‘Capitán Carlos’, seudónimo que, aseguró Gómez, usaba el expresidente.

Sin embargo, en ese mismo año, cuando se le abrió un proceso penal a Humala Tasso por los presuntos delitos de desaparición forzada, secuestro y extorsión, Rivera negó la implicancia de este, lo que ocasionó que no fuera procesado.

Fiscalía pide 10 años de prisión para Ollanta Humala por caso de espionaje Proyecto Pisco

La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó 10 años y 4 meses de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por la presunta comisión del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. El pedido fiscal es también para el exdirector ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Víctor Manuel Gómez Rodríguez, y al exjefe del gabinete de asesores, Iván Julio Kamisaki Sotomayor.

La acusación contra Humala, por parte del fiscal anticorrupción, Hugo Minaya Paulino, se debe a su intervención e influencia sobre Gómez Rodríguez para que este concrete la compra de un equipo de interceptación telefónica legal como parte del Proyecto Pisco. Dicho aparato estaba valorizado en US$21.600.000.

Lo curioso de la adquisición es que, una vez que se obtuvo el equipo, este fue donado al Ministerio del Interior (Mininter) para la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y dicho proyecto nunca se hizo realidad. Asimismo, el plan del exjefe de Estado incluía un presupuesto de US$840.000 para la capacitación de 12 personas encargadas del manejo de estos aparatos.

Sin embargo, las mismas no habían acordado firmar un contrato para prestar sus servicios durante un periodo establecido. Esto sucedió en 2012 cuando el sector contaba con S/20 millones para recursos especiales.

El Proyecto Pisco contemplaba, además, la compra de computadoras y desarrollo de softwares para interceptar redes de comunicaciones: desde llamadas por teléfonos fijos y celulares hasta chats en aplicativos usados con internet. Asimismo, se hubiera podido geolocalizar los equipos interceptados a través de alertas que arrojara el sistema.

Poder Judicial prescinde del testimonio de Jorge Barata en juicio de Ollanta Humala

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional resolvió hoy prescindir de la manifestación del exdirectivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, en el juicio de Ollanta Humala, luego de que el empresario no asistiera a la audiencia programada para esta mañana.

Barata había sido convocado por el tribunal para brindar su testimonio sobre los US$3 millones ilícitos que dio la compañía para financiar la campaña política del expresidente en 2011.

El exsuperintendente debía asistir a la diligencia porque era parte del acuerdo de colaboración eficaz que suscribió con el equipo especial Lava Jato.

No obstante, el delator se excusó indicando que existe una “imposibilidad jurídica” que -según su versión- le exige a declarar solo si tiene autorización de un juez de su país.

El colaborador alegó que también tiene acuerdos legales suscritos con Brasil que debe acatar, y que si otro país necesita de su colaboración debe ser requerida a través del sistema de cooperación internacional.

“Los acuerdos en Brasil, tanto como persona jurídica y persona natural, establecen la obligación de cooperación penal con los Estados que hubiesen sido afectados por los hechos que motivan los denominados “Casos Lavajato”, conforme a acuerdos de colaboración eficaz que se celebren según las normas internacionales y las nacionales de cada Estado”, se lee en el escrito presentado por Barata.

Además de ello, el exejecutivo brasileño presentó como nuevo abogado a César Nakazaki, dejando a un lado al defensor legal José Marcelo Allemant.

El fiscal Germán Juárez reclamó ante el colegiado que Nakazaki se convierta en abogado del colaborador eficaz tras ser defensor del acusado Humala.

Juárez pidió a los jueces notificar al Colegio de Abogados de Lima sobre la conducta del letrado, pero su solicitud fue desestimada.

Finalmente, los magistrados acordaron ya no considerar al testimonio de Barata en el juicio porque fue convocado hasta cinco veces, pero nunca se allanó a los requerimientos.