Uno de los casos más emblemáticos del financiamiento político en el país se resolverá este martes. El Poder Judicial emitirá la sentencia del juicio por lavado de activos contra el expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama, Nadine Heredia, por los presuntos aportes recibidos por el partido Nacionalista en las campañas de 2006 y 2011.
La decisión del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional podría colocar a Humala como el tercer expresidente constitucional de nuestro país condenado por corrupción y a Heredia como la única ex primera dama sentenciada a prisión.
Una sentencia condenatoria, además, podría redefinir la recepción de aportes no declarados de campaña como delito de lavado de activos.
La acusación, presentada por el fiscal Germán Juárez del Equipo Especial Lava Jato, sostiene que las campañas del partido que postuló a Humala en 2006 y 2011 recibieron fondos ilícitos desde Venezuela y Brasil.
En la primera, según testimonio del exasesor Martín Belaunde Lossio en el juicio oral, el gobierno de Hugo Chávez habría enviado dinero mediante valijas diplomáticas.
“Algunas veces (el dinero) venía por valijas diplomáticas y otras veces no tengo la certeza cómo, pero a mí me lo entregaron en efectivo, en dos mochilas”, narró el empresario, que señaló que el dinero provenía de negocios ilícitos que se hacían entre empresarios “y los empresarios entregaban dinero”.
“Evidentemente, era un dinero ilícito porque era un dinero que venía de empresarios del Gobierno venezolano y venía de manera subrepticia y se trató de blanquear aquí a través de aportes fantasmas y a través mío incluso, para crear estas empresas o estos contratos ficticios”, contó Belaunde.
Aclaró que el dinero de Venezuela se utilizó mayormente para la campaña y lo que sobró fue para los equipos de televisión, para ver este tema de prensa y los contratos ficticios que se hicieron.
Para la campaña de 2016, que significó la victoria electoral de Humala, la ayuda habría llegado desde el entorno del entonces presidente brasileño, Lula da Silva.
Humala y Heredia han negado todos los cargos. Han insistido en que las campañas fueron financiadas con aportes legales, y que no hay prueba alguna de que el dinero haya sido ilícito. Su defensa sostiene que no se ha probado la existencia del delito fuente —es decir, el origen ilegal del dinero—, y que todo el proceso ha sido una persecución política y mediática.
También han cuestionado la validez de las agendas de Heredia como prueba y han señalado que las acusaciones están construidas sobre testimonios de colaboradores eficaces que buscan beneficios judiciales.
El Ministerio Público ha pedido 20 años de prisión para Humala y 26 años y medio para Heredia. Además, ha solicitado penas de hasta 26 años y medio para otros ocho implicados, la disolución del Partido Nacionalista y de la empresa Todo Graph, y una reparación civil de S/ 20 millones.
Durante sus alegatos finales el expresidente arremetió contra la Fiscalía, acusándola de tener doble rasero con los directivos de Odebrecht y OAS.
«Al señor Barata, a los directivos de Odebrecht y OAS no les han puesto nada, por eso es que hoy en día no están en el Perú, han sacado su plata y han dispuesto de sus propiedades. Cosa curiosa, doble estándar de la Fiscalía», dijo.
Heredia también negó haber recibido aportes de dinero en las dos campañas presidenciales y calificó de venganza las declaraciones hechas en el juicio por Belaunde y acusó de persecución y discriminación a sus adversarios políticos.
