Elecciones 2026: Jefe de la ONPE, Piero Corvetto, muestra en el Congreso el tamaño de la cédula de votación

«Es la Elección más compleja de la historia de la República»: así definió el presidente de la ONPE, Piero Corvetto, el escenario de los comicios del 2026. Se trataría de casi 50 partidos y alrededor de 10 mil candidatos los que participarán en la arena política. Esta gran cantidad de organizaciones son las que configuran «un reto», el cual quedó evidenciado en la primera maqueta de las cédulas de votación para el próximo año.

El documento fue presentado por Corvetto Salinas en la última sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso. Como parte de su disertación, el máximo líder de la ONPE se dirigió hasta el sitio del presidente de esta comisión, Fernando Rospigliosi, y extendió ante él dos hojas te tamaño superior al A4 en las que se encontraban los 42 partidos inscritos a la fecha.

Piero Corvetto presentó la maqueta de la cédula del 2026. Foto: La República

Las dos cédulas de votación se deben, según Corvetto, a la ley promulgada por el Congreso que faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a votar en su lugar de servicio. Esto provocaría no solo que el Perú se aleje de una única cédula como históricamente ha tenido, sino que también ampliará por una hora a hora y media el tiempo de conteo de votos.

Ante esto, la ONPE propone ampliar el voto digital, inicialmente destinado únicamente a los peruanos en el extranjero, a las FF.AA, a la PNP y al personal que brinde servicio críticos (bomberos, Indeci, personal de salud, etc), pues considera que este último grupo también debería gozar de mayores facilidades de voto.

«La lógica del voto digital es fundamental. Nosotros siempre hemos pensando que el ciudadano debe tener la posibilidad de escoger como vota. Esto podría ser una sola cédula en caso ustedes así lo decidan», dijo emplazando a la comisión de Rospigliosi Capurro.

Asimismo, mostró que en una de las hojas se encuentran las la formula presidencial, el parlamento andino y el senado, mientras que en la otra se incluye a la cámara de diputados.

Congresista Luis Aragón propone eliminar la elección para el parlamento andino

Esto provocó que el congresista Luis Aragón Carreño propusiera que se elimine el parlamento andino. «No se trata de cambiar las reglas del juego en sí, sino de mejorar, modificar para bien la ley existente. Tiene que haber un límite para que esta cédula no siga creciendo que lo hace por desatinos de Congresos anteriores», postuló el legislador.

Con eso en mente, observó las dos cédulas presentadas por Corvetto y cuestionó que los diputados no figuren en la cédula «central». Para evitar ello, planteó que ya no se elija al Parlamento Andino, sino que sean los miembros de la futura cámara de senadores quienes ejerzan esa labor.

«La elección para el Parlamento andino, ¿cómo era antes en el Perú?, ¿había elecciones o era que el Congreso asumía las funciones de lo que ahora llamamos parlamento andino?. Ni siquiera en la constitución política se considera como aforados a los señores del parlamento andino que la verdad no sé que hacen con algunas excepciones por ahí. Tienen su despacho, no presentan proyectos de ley, no pueden realizar labores legislativas, pero tienen una serie de beneficios que un parlamentario nacional. Hubiera sido necesario que ya no se elija», anotó.

Adriana Tudela plantea modificar el calendario electoral

Por su parte, los parlamentarios Adriana Tudela y Alejandro Cavero plantearon una modificación del calendario electoral, frente al «enorme plazo de separación entre la fecha límite para formar alianzas y las elecciones primarias».

Tudela, incluso, cuestionó las cédulas presentadas por Corvetto y deslizó que las mismas podrían causar alarma en los futuros electores.

«Quisiera saber cuál ha sido el criterio para elaborar esos ejemplos de cédula que ha presentado. Quisiera saber por qué se asume que todos los partidos que están tratando de inscribirse lograrán su inscripción y por qué se asume que todos van a postular independientemente. Por qué se asume el escenario más fragmentado posible. Hay que simplificar la vida al votante no generarle preocupación», manifestó.

Además, se sumó a la disconformidad de Luis Aragón y pidió explicaciones por la separación de la cámara de diputados del senado en las cédulas de votación. «Por qué no se tiene en una sola hoja la jurisdicción nacional (plancha, senado y diputados) y en otra el parlamento andino», dijo.

Por su lado, Cavero postuló que se modifique el calendario electoral al tener en cuenta que se ha puesto como fecha límite el 12 de mayo para inscribir las alianzas electorales en el ROP cuando las elecciones primarias son el noviembre de este año. «Si estamos preocupados de que existan tantos partidos tenemos que crear un cronograma para que la formación de alianzas se dé», expresó.

Cambios para las Elecciones 2026: habrá 9 miembros de mesa y uso de IA

Respecto al escenario electoral, Corvetto anunció que la ONPE trabajará con 126 oficinas activas a nivel nacional. Si bien, anteriormente solo se empleaban 93, la cifra incrementó por la conservación de cédulas y conteo de votos.

Asimismo, se trabajará con 11 286 locales de votación y 93 650 mesas de votación, de las cuales 9 000 estarán ubicadas en centros poblados lo cual beneficiará a 2 millones 300 mil peruanos y peruanas que residen en lugares pobres y extremos pobres.

Otra de las modificaciones es la referente al número de miembros de mesa. Estos serán nueve por casa mesa con el propósito de agilizar la instalación y el levantamiento de las mismas. Además se presentará un nuevo sistema de cómputo de resultados «auditable y moderno» que incorpora Inteligencia Artificial.

ONPE advierte que si revocadores son acosados por autoridades pueden denunciar

El gestor de la Oficina Regional de Coordinación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Tacna y Moquegua, Oretes Arpasi Canqui precisó que todos aquellos ciudadanos que forman parte de la revocatoria estén siendo víctimas de hostigamiento o persecución por parte de las autoridades pueden denunciar antes las autoridades policiales o el Ministerio Público.

“Todo revocador tienen sus derechos, no está atentando contra ninguna norma, está cumpliendo el art. 31 de la Constitución Política y la ley 26300 que le ampara; entonces, si tiene algún inconveniente puede asistir a las instancias correspondientes. Para eso tenemos autoridades competentes como es la Policía Nacional, el Ministerio Público, también dar cuenta al jurado (Nacional de Elecciones)”, precisó Arpasi Canqui.
Sobre las solicitudes de revocatoria en la región Moquegua recordó que estas llegan a 14; de ellas, 2 son contra los alcaldes provinciales de Ilo, Humberto Jesús Tapia Garay y de Mariscala Nieto, John Larry Coayla, mientras que, las 12 restantes son contra los alcaldes distritales de Torata (3); El Algarrobal (2), Yuno (2), Samegua (1), Chojata (1), San Antonio (1), San Cristóbal (1), y puquina (1)

Explicó que, en el caso del distrito de Torata que es el que mayor número de solicitudes de revocatoria tiene, el número de firmas que deben reunir es de 1,891 que equivale al 25% de electores del padrón electoral y el plazo para presentarlas ante el RENIEC es el 11 de octubre.

Llegaron los circos y también las revocatorias

Por Dante Pacheco:

La ONPE empezó a entregar los famosos kits para que los ciudadanos que así lo deseen puedan hacer uso de su derecho y empezar con el proceso de revocatoria de alguna autoridad elegida en elecciones populares como el caso de los alcaldes, sean distritales o provinciales. Como es de dominio público el centro de la jornada esta circunscrita a recolectar firmas entre quienes no estén de acuerdo con sus autoridades, sin importar si el pretendido revocado cometió algún delito o no con sus promesas de campaña, etc.

Es suficiente que simplemente los revocadores no estén de acuerdo con su autoridad, es un tema aparentemente sencillo, sin embargo, creo que las leyes son alcaldistas, protegen la permanencia de una autoridad edil y los candados son difíciles de romper, razón por lo cual el número de revocados es mínimo en el Perú.

Al respecto de la premisa, lo primero difícil es el recolectar las firmas, sobre todo en poblaciones de miles de votantes, resultando más fácil el distrito donde los votantes o electores ni siquiera llegan a mil. Alcanzar el 25 por ciento de electores resulta difícil porque existen mucha gente que falsifica las firmas, de modo que por lo general se exige el doble para luego pasar la fiscalización de las firmas; pero eso no es todo porque lo que se tiene que sortear es el hecho de que en las ánforas la población tiene que votar mayoritariamente por un SI y por lo general casi ninguna autoridad sometida a este proceso llega a recibir tal cantidad de rechazo traducidos en firmas, de modo que el proceso se va cayendo poco a poco.

En segundo lugar los revocadores son ciudadanos que perdieron las elecciones o que tienen intereses personales y que no necesariamente sea el interés de común denominador de la población, es decir que son muy pocos los que utilizan este derecho ciudadano analizando las motivaciones y tercero en ocasiones los que promueven una revocatoria es de gente interesada en obtener beneficio propio de carácter material, ya se tiene antecedentes que ganan dinero porque reciben de quienes están detrás de bambalinas, pero luego reciben dinero de los potenciales revocados a fin de que paralicen el proceso, sea por uno y otro caso las revocatorias no llegan a cumplir su objetivo y los verdaderos revocadores terminan por perder dinero y la causa que los motivó.

En realidad, las revocatorias son como los circos, aparecen para formar parte de un show; en un primer momento la gente disfruta del espectáculo, pero como todo circo, termina la temporada y todo vuelve a la calma. Sin embargo, no se debe desestimar ninguna revocatoria porque algo se puede rescatar de quienes por alguna razón quieren revocar a alguien, pueda que le ayude a reconsiderar algunos temas que podrían ser debilidad o falencia de algún gobierno local, por lo demás el circo seguirá siendo en circo.

ONPE: Se han presentado 613 solicitudes para revocar a alcaldes y gobernadores

Hasta la fecha se han presentado 613 solicitudes a nivel nacional para revocar a alcaldes y gobernadores regionales. Es así como la población responde a las promesas incumplidas y a los hechos de corrupción que involucran a autoridades que fueron escogidas en octubre del año 2022.

Uno de los que más resalta en la lista es Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, quien está involucrado en el caso Rolex. A él lo acompaña el gobernador de La Libertad, César Acuña, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, e inclusive el alcalde de Miraflores, Carlos Canales.

En el caso de los gobernadores regionales también destaca la compra del kit para revocar a Rohel Sánchez de Arequipa, Ciro Castillo del Callao y Werner Salcedo de Cusco. Esta cifra de solicitudes del kit de revocatoria no es definitiva, puesto que el plazo para adquirirlo vence el 26 de septiembre.

PASOS PARA LA REVOCATORIA

“Nosotros entregamos el kit de revocatoria al promotor, luego el promotor tiene que recolectar las firmas, luego de cumplir con el mínimo que está establecido que es el 25% de los vecinos, los ciudadanos tienen que llenar unos planillones”, explicó Melissa Garro, vocera de la ONPE.

Luego el Reniec validará los datos y de no encontrar irregularidades, todo quedará en manos en última instancia del Jurado Nacional de Elecciones, que ya ha anunciado para el 8 de junio de 2025 la consulta ciudadana para revocar a sus autoridades.

Aprueban dictamen para avasallar a entes electorales

La bancada de Fuerza Popular y sus satélites aprobaron ayer en la Comisión de Constitución del Congreso el dictamen de reforma para controlar políticamente al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La decisión es adoptada luego de una sostenida campaña política contra estos tres organismos tras el reiterado fracaso de Keiko Fujimori en las elecciones generales. De hecho, esta reforma tendrá vigencia para los comicios del 2026.

Juicio político

El dictamen aprobado consiste en la modificación del artículo 99 de la Constitución para incluir a los titulares del JNE, la ONPE y el Reniec en la lista de altos funcionarios que pueden ser sometidos a juicio político, por infracción constitucional.

Es decir, en adelante los jefes de los organismos electorales podrán ser sujetos de persecución política por parte de los partidos que tienen presencia en el Congreso, a través de denuncias constitucionales.

Es algo similar a lo ya ocurrido con la fiscal suprema Zoraida Ávalos o los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) Inés Tello y Aldo Vásquez. Todos ellos resultaron personajes adversos a los intereses particulares de los partidos de turno y fue por ello que les fabricaron acusaciones constitucionales con el fin de inhabilitarlos.

El Parlamento ahora busca hacer exactamente lo mismo con los altos funcionarios de los organismos electorales.

El texto fue aprobado con 16 votos a favor. Cinco de estos votos corresponden directamente a Fuerza Popular. También apoyaron miembros de bancadas satélites del fujimorismo como Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País o Acción Popular. (Ver tabla).

Pésimos docentes

Durante el flojo debate de ayer, Lady Camones (APP) pidió dar lectura de tres sentencias del Tribunal Constitucional para que los medios puedan conocer el sustento de sus decisiones. La presidenta del grupo de Constitución, Martha Moyano, coincidió y habló de hacer “un ejercicio de docencia política”.

Sin embargo, la legisladora Diana Gonzales les aclaró que solo una de estas tres sentencias hace referencia al juicio político. Las otras dos plantean regular únicamente el antejuicio político para los entes electorales.

La única sentencia que sirve de base para esta arremetida política fue emitida por el TC actual, elegido de manera amañada por este Congreso.

Debate de dictamen en familia

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió ayer un pronunciamiento en el que alertan que la Comisión de Constitución no convocó a ninguno de los entes electorales para el análisis del dictamen aprobado.

En otro párrafo advierten que esta reforma “resultaría contraria a los principios que sostienen a un Estado constitucional y democrático de derecho, sobre todo a los principios de separación de poderes”.

También apuntan que se afectaría el principio de independencia, pues los partidos, a través de sus bancadas en el Congreso, ejercerían control sobre las decisiones de los entes electorales.

Reglamento

Reforma con parches. La Comisión de Constitución ayer también aprobó un dictamen para encargar al actual Parlamento la redacción del reglamento de las futuras cámaras de senadores y diputados. Moyano admitió que se les olvidó incluir este texto en la reforma principal.

Comisión de Constitución aprueba dictamen para que jefes de ONPE, Reniec y JNE puedan ser acusados constitucionalmente por el Congreso

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó por mayoría (16 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones) el dictamen que propone incorporar en el procedimiento de acusación constitucional a los titulares del Sistema Electoral, es decir, a los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE); y a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La propuesta, que reúne la propuesta de seis proyectos de ley, plantea la modificación del artículo 99 de la Constitución Política del Perú, a fin de que quede redactada de la siguiente manera:

«Artículo 99.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los miembros del Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros de la Junta Nacional de Justicia; a los jueces supremos; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo; al Contralor General; a los miembros del pleno del Jurado Nacional de Elecciones; al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas».

También se agrega una disposición complementaria para que el artículo se adecúe al nuevo Congreso Bicameral.

¿Qué cambios implica esta propuesta?

Para el abogado constitucionalista Erick Urbina, la propuesta establece que los titulares del Sistema Electoral podrán ser acusados constitucionalmente y sometido al juicio político, además de contar con el antejuicio político.

Actualmente la Constitución solo faculta al Congreso de la República a acusar constitucionalmente a jueces supremos (como el presidente del JNE), fiscales supremos, miembros del Tribunal Constitucional, entre otros, pero no al resto de miembros de conformas las altas autoridades de los organismos electorales. De acuerdo al experto, incorporar a dichos funcionarios a un proceso como este podría conducirlos a una posible separación del cargo o a su inhabilitación temporal para ejercer una función pública.

«Esta medida lo que hará es que a estos titulares del Sistema Electoral se les pueda juzgar en el fuero político por faltar a la Constitución a entender de Parlamento. Y en caso alguno de estos integrantes cometa algún delito de función, antes de ser juzgados por la justicia ordinaria, tendrán primero que ser sometidos a un antejuicio político en el Parlamento, por lo cual podrían ser destituidos del cargo o hasta inhabilitados por 10 años», indicó.

Consultado acerca de los posibles riesgos que implica la posible aprobación de esta medida, Urbina considera que este proceso «podría ser llevado a una manipulación política», en el sentido de que si los resultados de las elecciones no son del agrado de un número de congresistas importante «estos podrían acusar constitucionalmente a los titulares de estos órganos electorales», lo que afectaría su independencia de su labor.

«A mi juicio, creo que no deberían ser sometidos los miembros de los órganos electorales, ni Reniec, ni ONPE, ni JNE a un juicio o antejuicio político. Mientras más autonomía e independencia se les dé mejor, más aún en el fuero político, porque son quienes finalmente terminan organizando las elecciones y nombrando a las autoridades electorales después del proceso electoral«, comentó.

Expresan su rechazo

Mediante un comunicado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostuvo que es inviable el proyecto de reforma constitucional que plantea incorporar a los titulares del Sistema Electoral en el procedimiento de acusación constitucional, una postura que -según señala- manifestó «oportunamente» ante la Comisión de Constitución.

«Resultaría contrario a los principios que sostienen a un Estado Constitucional y Democrático de Derecho, sobre todo a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad, que se permita que un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso de la República, tenga la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones”, indica el documento.

Asimismo, el organismo señala que, bajo la propuesta, se corre el riesgo de otorgarle al Parlamento el poder de sancionar a los organismos electorales sobre la base de una valoración política y no jurídica, lo que «resultaría contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte IDH».

Finalmente, el ente electoral solicitó a los miembros de la Comisión de Constitución a tomar en consideración sus argumentos en el debate y el estudio de la iniciativa. Además, precisó que ni el JNE ni los demás organismos del Sistema Electoral han sido convocados a la sesión.