El programa de ‘Cuarto poder’ reveló que la familia de Pedro Castillo viene organizando fiestas pro fondos para pagar la defensa del expresidente. De acuerdo a la investigación, no solo los seguidores del exjefe de Estado asisten a la referida actividad sino también investigados como es el caso de Gian Marco Castillo y Franco Pomalaya.
La tarjeta de invitación, a la que accedió Cuarto Poder, dice “Gran Mega Evento Cultural Regional” y lo organiza la Familia Castillo Terrones y las bases del cono norte.
El lugar de actividad es el local Campestre La Matarina, ubicado en el distrito Puente Piedra. Es Sábado 26 de agosto al mediodía y los adeptos de Castillo llegan a consumir un plato de chicharrones cuyo valor es de S/30.00.
Esta actividad a favor de Castillo no tendría nada de extraño, sino fuera porque dentro de los asistentes se encuentran personas investigadas como es el caso de Gian Marco Castillo y Franco Pomalaya, investigados por la presunta organización criminal ‘Gabinete en la sombra’.
«Simplemente no se están acatando las disposiciones del Poder Judicial para resguardar la investigación. Por tanto, hay un riesgo de entorpecimiento de la investigación, y cuando eso se presenta procede la medida de prisión preventiva», dijo el abogado penalista Rommy Chang.
En la fiesta, aparece, además, Cledin Vásquez, hermano de Fray Vásquez. Sobre él, Salatiel Marrufo ha confesado que le entregó un millón y medio de soles para sobornar a jueces y lograr así la libertad de su hermano y de su primo Gian Marco. Según el colaborador eficaz, el monto recibido fueron provenientes de los pagos ilegales de Sada Goray.
De esta manera se deja en evidencia que los investigados por los vínculos con Pedro Castillo se burlan de las disposiciones del Poder Judicial, debido a que se siguen frecuentando pese a que existen en la actualidad restricciones.
Dina Boluarte llegó a Pichanaqui, región Junín, para participar de una campaña de salud. Desde la localidad chanchamayina, donde ofreció más obras, envió un mensaje a quienes protestan por su permanencia en el cargo. “A mí nadie me va amedrentar. No les tengo miedo. El asesino está bien preso en la Diroes”, señaló la mandataria en acto público.
Este mensaje fue dirigido a Pedro Castillo, su predecesor y excompañero de fórmula. Aseguró que este deberá responder por los decesos. Asimismo, en momentos previos, Boluarte responsabilizó a las víctimas de las protestas de sus propias muertes. “Fueron ellos mismos, porque, de esta manera, querían doblegar a un Gobierno constitucional”, enfatizó. La llegada de la mandataria a la región Junín desató manifestaciones, las cuales terminaron con algunos heridos.
Dina Boluarte culpa a víctimas de protesta de sus propias muertes
Dina Boluarte se quejó por ser llamada “asesina” y culpó a las víctimas que fallecieron en las pasadas protestas de sus propias muertes. Desde Pichanaqui, en Junín, la mandataria tuvo expresiones contra fallecidos por la represión policial sufrida en las manifestaciones. Continúa leyendo AQUÍ.
El programa ‘Octavo mandamiento’ de Canal N exhibió pruebas que delatan la vinculación del expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, con los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas durante su gestión. Se trata de la pericia grafotécnica a órdenes escritas que dio Castillo para que se realizaran cambios en las instituciones armadas.
Una de las órdenes escritas sometidas a pericia es un pósit de color fucsia en el que se lee lo siguiente: “Coronel del Ejército Peruano Marco Marín, Casa Militar. Debe ser relevado por el Coronel Ejército Peruano Bocanegra”.
Este pósit es una de las pruebas que Bruno Pacheco presentó a la Fiscalía para demostrar que recibió órdenes claras y directas del expresidente. El exmandatario quería que el hijo de su amigo y paisano, el coronel Ciro Bocanegra, sea trasladado a la casa militar.
En el programa televisivo que conduce Jaime Chincha se resalta que el encarcelado expresidente ha negado hasta hoy todos sus delitos, pero son sus propias palabras escritas las que se convierten, probablemente, en una de las principales pruebas en su contra.
Castillo se ha negado a someterse a una prueba grafotécnica, pero la pericia realizada se ha basado en escritos llenados por él, de puño y letra. En el informe periodístico se indica que son documentos que obran en la UGEL de Chota, en el Ministerio de Educación, en el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú, en el Sub Cafae y en Reniec. Los pósit se convertirían en una prueba irrefutable que podría derivar en su condena.
En el pósit, como en los documentos recabados, se observa que la letra de Castillo siempre se inclina a la derecha; las ‘a’ minúsculas se semejan por ser muy particulares; la ‘T’ y la ‘R’, tanto en el pósit como en los documentos reunidos, son similares, entre otras coincidencias.
Se concluye, por ello, que el contenido de los dos pósit referidos proviene del mismo escribiente respecto al que hizo los grafismos a nombre de Pedro Castillo Terrones.
El exmandatario también habría abogado para que Ciro Bocanegra sea ascendido, un pedido hecho al ex comandante general del Ejército José Vizcarra, quien lo confirmó.
“No recuerdo”
Rechazo. Al ser interrogado por los fiscales sobre si se había reunido con el comandante Vizcarra, Castillo respondió “no recuerdo”. Cuando se le preguntó si conoce a Bocanegra Loayza, dijo, “es hijo de Augusto Bocanegra, paisano de Tacabamba, pero a él lo he conocido recientemente”.
El Poder Judicial rechazó el hábeas corpus presentado a favor del exmandatario Pedro Castillo para que se le otorgue la libertad inmediata. Este documento fue presentado por su hermana, Irma Castillo Terrones.
Irma Castillo pedía anular la resolución del Congreso que declaró la vacancia de Pedro Castillo tras su fallido golpe de Estado. También solicitaba la anulación de dos fallos judiciales de prisión preventiva.
En ese sentido, señalaba además que Pedro Castillo debía llevar el proceso bajo comparecencia con restricciones.
Rechazan hábeas corpus
Sin embargo, este 30 de agosto se conoció que el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente el hábeas corpus.
Se sustentó que no se concurrió en la vulneración de su derecho a la libertad individual – motivación de las resoluciones y debido proceso.
“No se advierte que dicha orden de prisión preventiva sea desmedida a los hechos imputados, ni mucho menos que vulnere los derechos que invoca la parte accionante”, se explicó por parte del PJ.
“Es de concluir que los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho tutelado por el hábeas corpus, por lo que ha incurrido en la causal de improcedencia del numeral 1 del artículo 7 del Código Procesal Constitucional, por lo que la demanda deberá ser declarada improcedente”, complementa la resolución.
El expresidente Pedro Castillo pidió que se revoque la resolución judicial que ordenó ampliar por ocho meses adicionales el plazo de la investigación preparatoria que se le sigue por el fallido golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre del año pasado.
El exmandatario presentó un recurso de apelación contra la decisión que adoptó el pasado 11 de agosto el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien declaró fundado el requerimiento que hizo el fiscal supremo Uriel Terán para que se dispusiera dicha prórroga en esta investigación preparatoria, cuyo plazo inicial de ocho meses culminó el 12 de agosto del presente año.
La defensa legal del exjefe de Estado presentó, además, como pretensión subordinada, que se conceda solamente dos meses de prórroga en el plazo de esta investigación preparatoria.
Ante ello, el juez supremo Checkley Soria resolvió “conceder” esta apelación y remitirla a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, instancia que, si la admite a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual para evaluar el fondo de este recurso, con la participación de las partes involucradas para emitir una decisión final al respecto.
El exmandatario Pedro Castillo ascendió a 10 coroneles al grado de general de la Policía Nacional por razones políticas, de acuerdo con la denuncia formulada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Antes de ser promovidos de grado, los oficiales visitaron al ex jefe del Estado en Palacio de Gobierno.
De acuerdo con la imputación fiscal, los que ascendieron en dicho proceso son: -Enrique Goycochea Chunga. -Roger Pérez Figueroa. -Edward Espinoza López. -Nicasio Zapata Súclupe. -Manuel Rivera López. -Jorge Castillo Vargas. -Freddy del Carpio León. -Rodolfo Villanueva Nole. -Max García Esquivel. -Eginardo Pérez Chávez.
El propósito de Pedro Castillo de promover de grado a estos oficiales era tener el control dentro de la institución policial por intermedio del entonces comandante general de la PNP, Javier Gallardo Mendoza.
El operador del plan de Castillo fue el congresista de Perú Libre Américo Gonza Castillo, según la fiscal de la Nación, quien se sustenta en las manifestaciones de tres colaboradores eficaces.
Consultado por La República, el legislador Américo Gonza negó haber tenido intervención en el ascenso de los 9 generales y en la designación del general PNP Javier Gallardo como comandante general de la Policía Nacional.
Para la Fiscalía, las visitas de los coroneles a Palacio de Gobierno no obedecían a asuntos propios de sus funciones como oficiales de la Policía Nacional, lo que significa que muy probablemente las entrevistas fueron para concertar acuerdos para conseguir el grado inmediato superior.
Por otro lado, el general PNP Javier Gallardo, como comandante general de la Policía Nacional, jugó un papel dentro de la presunta organización criminal liderada por Castillo para favorecer a ciertos oficiales de la PNP con fines ilícitos, señala la fiscal Benavides en la denuncia constitucional.
Para dicha finalidad elaboró una nueva directiva que reguló el proceso de ascensos, variando los puntajes para el ascenso al grado de general. Por ejemplo, el general Gallardo propuso que el puntaje para la entrevista personal debía pasar de 30 a 50 puntos, pese a que fue observado por Asesoría Jurídica de la de la Policía Nacional. Este cambio le permitía a Gallardo y a sus presuntos cómplices direccionar los puntajes a favor de los oficiales de su preferencia.
Una vez que los 10 coroneles se beneficiaron con el ascenso digitado, estos fueron asignados en puestos claves de la Policía Nacional con la finalidad de viabilizar los intereses del expresidente Castillo.
Los ascendidos por Pedro Castillo
De izquierda a derecha, gral. Edward Espinoza, gral. Roger Pérez Figueroa y gral. Manuel Rivera López. Foto: difusión
De izquierda a derecha, gral. Jorge Castillo Vargas, gral. Max García Esquivel y gral. Nicasio Zapata S. Foto: difusión
De izquierda a derecha, gral. Rodolfo Villanueva y gral. Enrique Goycochea
El 8 de enero del 2022 se asignaron diversos cargos a oficiales generales de armas y de servicio de la Policía Nacional. Por ejemplo, el general PNP Nicasio Zapata Súclupe fue nombrado jefe de la Macro Región Policial Tumbes, zona fronteriza por el norte; y el general PNP Manuel Rivera López fue designado en la Macro Región Policial Tacna, zona fronteriza por el sur.
El general PNP Enrique Goicochea Chunga fue nombrado jefe de la Macro Región Policial Ucayali, zona fronteriza con Brasil. Y el general PNP Jorge Castillo Vargas fue asignado como jefe de la Región Policial Callao, que es una de las principales puertas de entrada y salida del país por vía marítima y aérea.
Mientras que el general PNP Roger Pérez Figueroa asumió la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP, unidad donde se procesa información de interés nacional, en todos los ámbitos policiales. El exministro del Interior Mariano González, ha declarado que el interés de Pedro Castillo por tener bajo control la PNP por intermedio de oficiales de su extrema confianza era para evitar que sus familiares investigados por corrupción sean ubicados y detenidos.
Según la fiscal de la Nación, la Dirin es una unidad importante debido a que tiene acceso a información privilegiada sobre los requerimientos fiscales o mandatos judiciales. Por lo tanto, resultaba clave para Castillo contar con información clave sobre las acciones de las autoridades contra los sobrinos del ex jefe del Estado o colaboradores cercanos prófugos, como Juan Silva Villegas, entre otros.
La denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación contra el expresidente Castillo es por los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal y cohecho pasivo propio. La imputación también comprende el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas, en el que también está comprendido el exministro de Defensa Walter Ayala Gonzales.
“Nunca recomendé al general Gallardo”
“La fiscal de la Nación solo me menciona en la denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro Walter Ayala. En los argumentos de la denuncia, algunos colaboradores me mencionan, pero no he sido mencionado”, dijo el congresista Américo Gonza.
“En relación con el general Gallardo, nunca lo he recomendado para que lo nombre comandante general de la PNP. Tengo entendido que el expresidente Castillo lo citó a Palacio al igual que a otro general para un entrevista. Fue una decisión del presidente Castillo”, explicó.”
“Conocí al general Javier Gallardo por mis funciones y por ser parte de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Pero nunca lo recomendé ni tampoco lo acompañé a Palacio de Gobierno”, aseguró el legislador de Perú Libre Américo Gonza.
El dato
Modalidades. Una forma de obtener ascensos fue el presunto pago de sobornos al exsecretario presidencial Bruno Pacheco y brigadier PNP Jorge Tarrillo Gálvez. Además de las entrevistas personales que hizo el exmandatario Pedro Castillo.
ENFOQUE REAL 