Tras revelarse que el expresidente Pedro Castillo recibe visitas de personas investigadas en la red de presunta corrupción durante su gobierno, el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Javier Llaque, dijo que el Poder Judicial no ha notificado formalmente alguna restricción a las visitas que recibe el exmandatario en el Penal de Barbadillo.
“Cuando nos llega la disposición de prisión preventiva e inicia su ingreso, solo aparecía un coprocesado impedido de ingresar, Aníbal Torres. Por eso nunca ingresó. Sobre el resto no tomamos conocimiento porque no están en el mismo expediente, sino en otro que ve otro juez por la jerarquía”, dijo Llaque a RPP.
“Se ha hecho público en un reportaje otros visitantes que también estaban impedidos de visitar pero al INPE jamás el Poder Judicial notificó esta decisión”, agregó.
Según Cuarto Poder, el exmandatario recibe visitas de Henry Shimabukuro (implicado en el caso ‘Gabinete en las Sombras’ e impedido de ingresar al penal desde julio), así como de Gian Marco Castillo, implicado en el caso ‘Puente Tarata’.
Otros visitantes cuestionados son Cledin Vásquez Castillo, hermano del prófugo de la justicia Fray Vásquez, y otros familiares como las hermanas del exmandatario Gloria, María, Irma y Santos Castillo Terrones.
Llaque dijo que tanto Yenifer Paredes como Henry Shimabukuro se encuentran impedidos de ingresar al penal desde el 4 de julio, además, añadió que esto fue gracias a gestiones iniciadas por el INPE.
“Tuvimos que indagar para recibir y se nos informe oficialmente (…) Si se trata de temas delicados, no es tan complicado que nos avisen, cosa que tomamos las medidas de inmediato”, exhortó.
El Poder Judicial ordenó ampliar por ocho meses adicionales la investigación preparatoria seguida al expresidente Pedro Castillo, los exministros Betssy Chávez, Willy Huertas y Roberto Sánchez y el exasesor Aníbal Torres por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022
El juez supremo Juan Carlos Checkley declaró fundado el requerimiento que hizo el fiscal Supremo Uriel Terán Dianderas para que se dispusiera dicha prórroga de esta investigación preparatoria, cuyo plazo inicial de ocho meses culminó el 12 de agosto del presente año.
El magistrado determinó que se trata de una medida idónea que permitirá al Ministerio Público obtener las pruebas de cargo y de descargo para el esclarecimiento de los hechos, “viabilizando que en su oportunidad se acuse y sancione al responsable, y/o que se absuelva al inocente, y con ello, procurar alcanzar la paz social en justicia”.
“Frente a la complejidad de la investigación y las circunstancias que evidenciaron una especial dificultad para culminarla en el plazo originalmente establecido, no se cuenta con otra herramienta jurídica más que la prórroga del plazo por un período adecuado en atención a las diligencias pendientes de realizar”.
Mediante una publicación de Twitter, el Ministerio Público informó que la fiscal Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Defensa Walter Ayala Gonzales por el caso ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP).
«Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo Terrones y Walter Ayala Gonzales, por el caso denominado ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú», se lee en la publicación.
Fiscalía presentó denuncia constitucional contra Pedro Castillo y el exministro Walter Ayala.
Según la denuncia presentada, tanto el expresidente Castillo como el exministro de Defensa Ayala estarían siendo señalados como posibles responsables de delitos como abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, entre otros.
El exmandatario Castillo está cumpliendo una detención preventiva de 18 meses en la prisión de Barbadillo, en Lima, debido a su intento fallido de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022. Además, en marzo de este año, se le impusieron otros 36 meses de detención por la supuesta participación en delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
Pedro Castillo: caso de ascensos en FF. AA. y PNP se habría archivado si Fiscalía no formalizaba investigación
El último 3 de julio, desde La República, se reportó que la Corte Suprema dictaminó que Fiscalía debe llevar a cabo la formalización de la investigación que abarca al expresidente Pedro Castillo, o, de lo contrario, existía la posibilidad de que se archive. Esto era primordial, pues tras ello se permitiría que el Ministerio Público avance hacia la fase preparatoria en relación con el mencionado caso de ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En la resolución a la que accedió este medio de comunicación, se señala que el abogado de Ayala, Romel Gutiérrez Lazo, solicitó que “se archive el caso en su contra por entender que no existen elementos de sospecha” para su defendido. Sin embargo, la Corte Suprema concluyó que el fiscal y equipo a cargo deben pronunciarse, pero que las diligencias e información recabada conservarán su validez y que no se anularán.
Resolución de la Corte Suprema aclaraba que lo avanzado en la investigación no se vería afectado y pidió un urgente pronunciamiento.
La gestión del expresidente Pedro Castillo, hoy preso en el penal de Barbadillo por el fallido golpe de Estado, no solo se caracterizó por el nombramiento de funcionarios no idóneos, la afectación de la economía y el mal manejo del país, sino también por su capacidad para llenarse los bolsillos.
Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, el exmandatario habría recibido más de 8.5 millones en coimas por diferentes casos vinculados a la corrupción, cifra que responde a la sumatoria de las declaraciones de colaboradores eficaces de la Fiscalía (ver infografía).
Estos son los casos por los que el expresidente Pedro Castillo habría recibido sobornos. (Infografía: Diario Correo)
MILLONES
La cantidad más fuerte que recibió el Gobierno del expresidente Castillo si nos referimos a sobornos, provino de Sada Goray, quien afronta una eventual prisión preventiva de 36 meses.
De acuerdo con la información de la Fiscalía, la empresaria pagó coimas para favorecer a su empresa Marka Groupmediante licitaciones con el Estado, en el Ministerio de Vivienda.
Según la declaración de Salatiel Marrufo, exjefe del Gabinete de Asesores de Vivienda y hoy colaborador de la Fiscalía, la empresaria pagó 5.4 millones de soles en 11 entregas entre setiembre del 2021 y junio del 2022.
“Quiero precisar que la señora Sada Goray se había comprometido conmigo que después de que cumplamos en designar a la gente que ella había recomendado como miembros del directorio del Fondo Mivivienda, ya debía haber entregado cuatro millones de soles, pero solo había entregado un millón de soles”, relató Marrufo.
Incluso, contó ante la Fiscalía que por eso discutió con el entonces ministro Geiner Alvarado, porque “a él lo presionaba el presidente Pedro Castillo”.
El segundo caso por el que el expresidente recibió dinero es el denominado Petroperú.
Fue el empresarioZamir Villaverde quien relató ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que Castillo Terrones recibió 2 millones de soles por licitaciones en la empresa estatal, esto gracias al contrato que ganó Heaven Petroleum Operators.
Sus declaraciones se dieron tras revelarse que el empresario Samir Abudayeh, comercializador de biodiésel, ganó una licitación por 74 millones de dólares luego de visitar Palacio de Gobierno y reunirese con Castillo, el mismo día y hora en que asistió Hugo Chávez Arévalo, gerente general de Petroperú.
A esa cantidad del caso debe sumársele 30 mil soles que le fueron entregados a Castillo por nombrar a Chávez Arévalo en el cargo.
De acuerdo con el testimonio de Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio, le entregó un sobre al expresidente para incorporar a Chávez como parte del directorio de Petroperú.
La solicitud y el dinero provenían de su amigo Fermín Silva, dueño dela Clínica La Luz.
Además, está la declaración de un colaborador eficaz ante la Fiscalía de la Nación, quien relató que el expresidente Castillo y el exministro Juan Silva Villegas, habrían recibido una millonaria coima de parte de una empresa china, cuyo nombre hasta el momento no ha sido revelado.
De acuerdo con el testimonio de la Fiscalía, la distribución del soborno se dio de la siguiente manera: “Un millón para Juan Silva. Un millón para el presidente Castillo. El resto para los sobrinos y otros funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)”.
MILES
El expresidente Castillono solo habría recibido sobornos en cantidades millonarias, sino que también en miles de soles.
Por ejemplo, de acuerdo con la versión de un colaborador de la Fiscalía, el expresidente recibió 50 mil soles de los 100 mil que entregó Zamir Villaverde al prófugo exministro Juan Silva.
“Luego días posteriores a la reunión del 4 de noviembre de 2021 con Juan Silva, en otra reunión, en el mismo departamento, Juan Silva le dijo a Marco Villaverde que: ‘Zamir, de los 100 mil que me diste, 50 mil le di a Pedro, ya está más contento, más tranquilo’, refiriéndose al presidente de la República, eso es lo que le dijo Juan Silva”, declaró el colaborador ante las autoridades judiciales.
El dinero de la coima habría sido por el beneficio por la adjudicación de la obra Puente Tarata III, valorizada en 232.5 millones de soles.
Precisamente, para lograr su cometido, el exmandatario utilizó su poder para el nombramiento de funcionarios en el MTC.
Según el testimonio de un colaborador eficaz con clave CE-02-5D-2FPCEDCF-2022 entre agosto y setiembre de 2021, Zamir Villaverde le entregó a Juan Silva 30 mil soles para Castillo.
El exminitro Silva citó a Villaverde en su departamento en Cercado de Lima para solicitarle la cantidad. “Le mencionó que ese dinero era para el presidente Castillo”, relató el colaborador.
El total de las coimas que habría recibido Pedro Castillo Terrones en su gestión asciende a un total de 8 millones 510 mil soles.
El Poder Judicial dispuso levantar el secreto de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo, los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez y el ex asesor Aníbal Torres por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.
El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó está medida al declarar fundado el requerimiento que hizo la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos para que se ejecutara este medida como parte del proceso penal que afrontan los exfuncionarios públicos.
El magistrado también dispuso que se levante el secreto de las comunicaciones del Comandante General de la Policía Nacional Jorge Luis Angulo Tejada y su antecesor en el cargo Raúl Alfaro Alvarado. Asimismo, determinó se aplique la misma media a los Jefes Policiales Vicente Álvarez Moreno, Manuel Lozada Morales, Eder Infanzón Gómez y los exfuncionarios Luis Alberto Mendieta Gavirondo, Fernando Aliaga Alejo y Juan Navarro Pando.
Se quedan sin nada. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado y ordenó el embargo de los bienes de los imputados Pedro Castillo Terrones y Aníbal Torres Vásquez.
El juez Juan Carlos Checkley dispuso el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente Castillo, las cuales se encuentran ubicadas en Anguía (Chota-Cajamarca) y en el pueblo de Tacabamba.
En el caso del ex primer ministro Aníbal Torres, la medida es en forma de inscripción e inhibición de nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, así como un vehículo de US$20,000.
Las propiedades de San Isidro son dos estacionamientos valorizados en US$15,000 y un departamento de US$23,800.
Como se recuerda, el procurador general del Estado, Daniel Soria, solicitó una reparación civil de S/67′711,048 por el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre de 2022.
El Ministerio Público recordó que el golpista exgobernante se encargó de leer el discurso en el que anunció el ilegal cierre del Congreso y la reorganización del sistema de Justicia. Aníbal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez habrían instigado esa ilegal decisión.
Tanto Pedro Castillo como Aníbal Torres son investigados por el delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio del Estado.
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