La Defensoría del Pueblo expresó “su profunda preocupación” por la reciente decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de anular de oficio la clasificación inicial del expresidente Martín Vizcarra, quien fue recluido en el Establecimiento Penitenciario Barbadillo. Esta decisión modificaría su actual ubicación penitenciaria.
“Desde nuestra institución recordamos que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas bajo los principios de igualdad, dignidad y no discriminación”, sostuvo la entidad en un comunicado.
En ese sentido, indicó que la asignación de los expresidentes al establecimiento penitenciario Barbadillo se justifica por “objetivas razones de seguridad”, conforme a lo dispuesto en el numeral 9.5 de la Directiva Nº 006-2023-INPE-DTP, aprobada mediante Resolución Presidencial Instituto Nacional Penitenciario Nº 198-2023-INPE/P.
Dicha norma establece que, ante situaciones no previstas en la directiva, las decisiones deben ser adoptadas por el Consejo Técnico Penitenciario o por la Subdirección de Tratamiento de las Oficinas Regionales, y comunicadas oportunamente a la Dirección de Tratamiento Penitenciario.
“En ese contexto, tenemos que la prisión preventiva dispuesta en contra del expresidente de la República Martín Alberto Vizcarra Cornejo implica mantener un criterio similar y objetivo frente a situaciones análogas, como el tratamiento penitenciario a los expresidentes de la República”, sostuvo la Defensoría del Pueblo.
“Es por ello que, en el presente caso, rechazamos cualquier medida que implique un trato desigual que pueda afectar su vida, integridad o seguridad personal”, agregó.
Finalmente, el órgano constitucional autónomo exhortó al INPE a disponer la permanencia de Martín Vizcarra en el penal de Barbadillo, en atención “a su calidad de expresidente de la República y por las razones anteriormente señaladas”.
“La Defensoría del Pueblo reafirma que el respeto a la igualdad ante la ley es un pilar de nuestro orden constitucional, por lo que resulta indispensable que las autoridades penitenciarias apliquen las disposiciones de manera objetiva, garantizando condiciones humanas y seguras para todas las personas privadas de libertad, en especial de quienes ocuparon la más alta magistratura de la Nación”, concluyó.
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