Vladimir Cerrón anuncia su candidatura a la presidencia con Perú Libre desde la clandestinidad

El fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció oficialmente su candidatura presidencial para las elecciones 2026 mediante una publicación en su cuenta de X. Desde la clandestinidad, el líder del partido del lápiz aseguró que encabezará una fórmula presidencial que buscará, según dijo, “retomar el proyecto popular interrumpido en 2021”.

La postulación de Cerrón ha sido acompañada por la presentación de su plancha presidencial, conformada por el congresista Flavio Cruz Mamani, quien ocupará la primera vicepresidencia, y Bertha Rojas López, propuesta para la segunda. Con ello, el partido consolida su estructura interna de cara al proceso electoral, con un liderazgo absoluto por parte de su fundador.

De acuerdo con el reglamento electoral, un candidato puede participar siempre que no tenga una sentencia firme, lo que, por ahora, mantiene abierta la posibilidad de su postulación.

Poder Judicial revisará prisión preventiva de Vladimir Cerrón este 26 de noviembre

El Poder Judicial programó para el 26 de noviembre la audiencia en la que evaluará si mantiene o revoca la prisión preventiva que pesa sobre Vladimir Cerrón. La diligencia se realizará de manera virtual y estará a cargo de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Huancayo, que revisará el pedido de la defensa del exgobernador de Junín para anular la medida.

Cerrón se mantiene en la clandestinidad desde octubre de 2023, cuando se dictó una orden de captura en su contra por presunto lavado de activos y pertenencia a una organización criminal. Su abogado sostiene que no existen motivos para mantener la medida de prisión, ya que el proceso se encuentra avanzado y el exfuncionario —según su defensa— no representa peligro de fuga ni obstaculización.

El líder del partido del lápiz enfrenta además otras investigaciones y un proceso por el caso “Aeródromo Wanka”, del que fue absuelto por la Corte Suprema. Pese a esa decisión, Vladimir Cerrón continúa prófugo.

Perú Libre aprovecha crisis por caso Patricia Benavides y propone ley para reorganizar el Ministerio Público

El congresista de la bancada Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto de ley que busca reorganizar por completo el Ministerio Público mediante una reforma constitucional. En medio de la tensión institucional provocada por el intento de retorno de Patricia Benavides a la Fiscalía de la Nación, la propuesta busca declarar en emergencia esta institución durante seis meses y plantea la remoción de todos los fiscales supremos, tanto titulares como provisionales.

En el documento se plantea que, durante dicho periodo de emergencia, sea la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la encargada de nombrar, mediante concurso público, a los nuevos integrantes de una ‘Junta Transitoria de Fiscales Supremos’. Este nuevo grupo de siete miembros tendría la responsabilidad de elegir a un Fiscal de la Nación Transitorio y de elaborar, dentro del plazo de seis meses, dos propuestas legislativas: una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y otra sobre la Carrera Fiscal. Durante ese tiempo, el Ministerio Público funcionaría bajo esta estructura provisional.

El proyecto se presenta en un contexto marcado por el enfrentamiento entre el Ministerio Público y la JNJ, junto a sectores de poder, que promueven el retorno de Patricia Benavides al puesto de fiscal de la Nación. La propuesta de Perú Libre aparece como un intento de capitalizar la crisis fiscal para promover una reforma de fondo con control político desde el Congreso.

Defensoría del Pueblo también busca reorganizar el Ministerio Público

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, presentó, el pasado 16 de junio, dos proyectos de ley ante el Congreso los cuales plantean que las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, como las Autoridades Nacionales de Control (ANC), queden adscritas a la supervisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La iniciativa indica que la intención oficial sería “fortalecer y consolidar el sistema disciplinario” tanto en la carrera fiscal como en la judicial, con el fin de mejorar la administración de justicia. Para ello se propone modificar las leyes orgánicas correspondientes, precisando que estas ANC sean consideradas “organismos adscritos a la JNJ” y se incorporen también aspectos como autonomía financiera y personería jurídica.

Además, establecería que la JNJ tenga la capacidad de convocar concursos públicos en un plazo de 90 días para designar a los fiscales de control que integrarán las ANC. La Academia de la Magistratura sería responsable de capacitar a los aspirantes dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley, mientras que la JNJ deberá definir los instrumentos de gestión de dichos concurso.

La presentación de este PL por parte de Josué Gutiérrez no es casual, y se dio el mismo día en que Patricia Benavides intentó retomar su cargo de fiscal de la Nación tras la resolución ilegítima de la JNJ. En declaraciones a la prensa, Gutiérrez ha expresado su apoyo a Patricia Benavides. «Ante la crisis institucional, la Defensoría del Pueblo exhorta para que la Junta de Fiscales Supremos pueda hoy resolver y ejecutar la resolución de la JNJ», dijo.

Francisco Sagasti: “Nos gobiernan Perú Libre y Fuerza Popular… Ya saben a quién no elegir”

Recién arribados tras varias horas de vuelo, nos recibe la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard, conocida también como Kennedy School. Nos convoca a un primer gran evento organizado por la Asociación de Estudiantes Peruanos en esta reconocida casa de estudios (HAPS), además del Peruvian Caucus, organización estudiantil de la escuela de gobierno, titulado Peru Conference at Harvard: Conversaciones difíciles para construir el progreso. ¿El motivo? Pasar de la crisis a la esperanza en el Perú. Nos recibe el primer ponente, el expresidente del Perú Francisco Sagasti.

–Llama la atención el título de este evento, y de hecho es algo que hemos conversado previamente, acerca de la necesidad de no encerrarse en la crisis y, al contrario, buscar esperanzas. ¿Hay razones para tener esperanzas?

-Por supuesto, realmente el problema es que los jóvenes que no han visto crisis anteriores creen que el mundo se les viene encima. Aquellos que tenemos ya muchos años, ya hemos visto lo que fue. Bueno, yo empecé a preocuparme por política cuando tenía 12, 13 años, en las primeras elecciones de 1956. Entonces ya tenía una cierta intensidad. Luego vino el gobierno, saliendo del gobierno de Prado, el primer gobierno de Belaunde, el golpe militar, la salida de Velasco. Bueno, primero todo el tema de la reforma agraria y todo lo que eso vino después.

Empezó las guerrillas en 1963-64 con De la Puente Uceda. Hemos visto momentos en los cuales había un pesimismo que el Perú se varó. Y eso que ni cuento lo que pasó durante la época del terrorismo, lo que pasó en la época de la represión en contra del terrorismo, lo que sucedió en la crisis de la hiperinflación que tuvimos, que en el cual los ingresos públicos bajaron a 4% del Producto Bruto. Fuimos el país que además de haber estado en condición paupérrima, como estábamos en ese momento, con una hiperinflación que llegó a 1000% en el último año de gobierno del presidente de entonces. Además, le debíamos plata a todo el mundo, éramos el país puerro muertero que había dejado de pagarle a todos sus acreedores. En fin, después de todo eso, vimos el gobierno en 1990, vimos todo lo que fue la corrupción, el intento de copar el gobierno, y de todos hemos salido.

Entonces, el Perú tiene una capacidad de recuperación que creo yo es admirable y espero que continúe en el futuro. Entonces, ¿por qué no? Y no es esperanza en el sentido más vago, es simplemente una convicción de que siempre hay salidas para las situaciones difíciles en que nos encontramos.

–Últimamente y cada vez más hay una percepción, si queremos decir también conciencia, del involucramiento de economías ilegales en la política. ¿Qué sensación le genera a usted esta verificación cada vez más tangible? Luego de unos años apenas de culminar su gobierno a transición.

-Bien, siempre hemos tenido un cierto porcentaje, y no solo en el Perú, sino en toda la región, de economías ilegales. Es una constante, algo muy difícil de manejar.

La diferencia ahora sucede y se debe fundamentalmente a la naturaleza del crimen organizado y el crimen desorganizado, los dos que tenemos en la actualidad. En primer lugar, el crimen organizado se ha transnacionalizado. Ya no es un grupo de extorsionistas, traficantes, peruanos, que más o menos se manejan autónomamente, o colombianos o chilenos.

Ahora hay mafias que se extienden a nivel transnacional con rutas, esquemas de pagos, de transferencia y transporte de mercancías, prohibidas, etc., a una escala como no la ha habido anteriormente. Y esto ha sido facilitado por las nuevas tecnologías de la comunicación, por los mensajes encriptados y todo eso. Entonces, hay una diferencia importante en el crimen organizado, que ahora se ha vuelto mucho más peligroso, mucho más agresivo y sin ningún tipo de respeto por nada de derechos humanos, valores, propiedad, etc.

–El crimen desorganizado es otra cosa…

-Son los pequeños asaltos, hurtos. Y aquí tenemos una causa fundamental. No nos olvidemos que el número de lo que llaman ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, han ido en aumento. No hay oportunidades ni de aprendizaje significativo ni de trabajo para muchos jóvenes, a quienes le ofrecen algo de dinero por cometer un acto delictivo y es la única cosa que tienen como opción.

–Además, la educación se ha deteriorado durante los últimos años.

-No se han transmitido valores, conocimientos, ideas que les permitan a ellos tener un comportamiento ético y moral sólido. Junta usted estas dos cosas y a nivel del crimen desorganizado, del sicariato que usted ve que cada vez son jóvenes o de pequeños asaltos o de pequeñas extorsiones, por un lado, más el crimen organizado internacionalmente, son dos amenazas a la seguridad, a la economía, a la paz, a la vida en convivencia que tenemos en el Perú y ha aumentado tremendamente y en otros países. La diferencia en el caso de Perú, como lo hemos visto en algunos otros países, es que muchos de estos grupos, sobre todo el crimen organizado, han logrado colocar a algunas personas o afines o afiliadas a ellos en puestos de poder en el aparato estatal, tanto a nivel local como regional como nacional. Ese es el problema serio que tenemos en la actualidad.

El crimen organizado actúa sin ningún tipo de respeto. De la misma manera, sin ningún tipo de escrúpulos ni de respeto al debido proceso ni a la legislación ni jurisprudencia existente en el país, hace unas semanas, el Congreso arremetió contra usted y otros líderes políticos, que podríamos llamar a buenas cuentas demócratas, sin importarles nada. ¿Cuál es su lectura, tras varios días después? ¿Qué intereses cree usted que son los que mueven este tipo de arremetidas?

-Nada político para mí es puramente personal. Yo no creo en esto de atacar a una persona u otra. Aquí lo que está en juego son varias cosas, creo yo, en general y en particular conmigo.

Empecemos por una cosa sumamente vaga, pero al mismo tiempo muy importante, por lo que he podido averiguar, y uno tiene ciertas maneras de averiguar las cosas cuando uno ha estado en altos cargos. En primer lugar, los ataques y las descalificaciones y el deseo de inhabilitarme corresponden a una intolerancia. Son este grupo que controla, en parte autoritarios, en parte semidelincuenciales, en parte mocha sueldos y todo eso, en parte gánsteres de la política, en fin, tenemos de todo un poco metidos ahí.

No toleran un político honesto, que sea transparente, que diga las cosas como son y no como le conviene que se digan, que no promete lo que no puede cumplir y cumple lo que promete y que con todas esas características tiene ciertos resultados positivos. Para este grupo de gente eso es inconcebible. ¿Por qué? Porque demuestra que sí es posible hacer política de una manera diferente y ellos los que están emperrechinados, por decirlo así, en demostrar que la política es toda cochina y sucia y movida, etc.

Por lo tanto, lo que quieren hacer es usarme a mí con esas características y atacarme lo más posible como una advertencia al resto. Miren, si a Sagasti podemos hacerle esto, lo que les podemos hacer a ustedes. Y mire, está teniendo cierto efecto, porque mucha gente dice no, ¿para qué me voy a meter en política? etc.

–Además, quieren evitar que sea candidato

-Es una cosa totalmente fuera de lugar, un poco absurda. Quieren impedirme que yo sea candidato. Cuando había dicho que no voy a ser candidato, o sea que, si esa es una razón, están, como decimos, no sé si la expresión se usa, yendo en caldo, están patinando porque están tratando de impedir una cosa que no tengo la menor intención de hacer.

Por si las moscas…

¿Qué? ¡Ni siquiera por si las moscas! Es decir, están en un ambiente estéril donde no hay ni siquiera un mosquito y se preocupan por eso.

–¿Hay razones de carácter más personal?

-Yo sé que hay algunas personas que simple y llanamente tienen alguna animadversión. ¿Y con ellos qué voy a hacer? Simplemente me dan pena. Es lo único que puedo decir. Porque tienen que ser… Mire, todos estos señores, y acá les doy una cierta primicia, lo único que tengo por seguro es que muchas de estas personas en el Congreso van a ir directamente al cielo. En los evangelios, en el sermón de Jesús en la montaña, dijo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y estos señores son pobres de espíritu, pobres de ideas, pobres de neuronas, pobres de ética. Tienen una pobreza de carácter multidimensional.

Qué misericordioso comentario, presidente.

-¿Qué voy a hacer? Yo creo que cuando a uno lo atacan de esta manera tan absurda, lo único que queda es responder con un cierto grado de humor.

–Esta insuficiencia multidimensional, para usar otros términos, ha calado fuertemente también en las instituciones en el país.

-Finalmente son quienes las están penetrando. Son ellos mismos quienes se están colocando. Es decir, yo te doy a ti la Defensoría del pueblo, pero tú me das el Tribunal Constitucional. Aquí no hay ni derecha, ni izquierda, ni nada. Hay acuerdos entre grupos de interés muy específico y puntual, grupos de interés particular que no tienen para nada en mente el bien común, el progreso de todos, sino sus propios beneficios personales como librarse de condenas, de investigaciones por delitos anteriores, etcétera.

–Y en esa coyuntura, los canales institucionales parecen, además de viciados, un poco insuficientes para llevar a cabo, si queremos decirlo de esta manera, una recuperación democrática en el país. ¿Qué retos plantea usted, teniendo en cuenta este panorama, para recuperarla?

-Mire, en primer lugar, incluso en aquellos lugares que aparentemente están totalmente tomados por estas fuerzas oscuras, hay gente de buena voluntad, hay gente que está resistiendo, hay gente que está haciendo lo posible, algunos con mayor eficacia y eficiencia, otros con menos, pero reconozcamos que no todo está perdido, en primer lugar, en todos los ámbitos del país. Segundo, reconozcamos que las organizaciones de la sociedad civil y cada vez en más empresas privadas, empieza a haber una toma de conciencia sobre lo grave de la situación y cómo no solamente se debe dejar a las instituciones públicas la tarea de resolver estos problemas de convivencia armónica, sino que tienen que intervenir ellos. Y aquí hemos visto la participación activa de la Iglesia, hemos visto las organizaciones de la sociedad civil de todo tipo, hemos visto las organizaciones académicas, y cada vez más estamos viendo empresas sensatas con una visión de país mucho más amplia.

Y si unimos eso a los grupos que todavía están dentro del sistema y el aparato estatal, que tienen buena voluntad, yo creo que están los elementos necesarios para empezar gradualmente un proceso de regeneración. Que tiene, en primer lugar, que empezar por elegir a congresistas y a autoridades regionales, locales y nacionales que sean honestas, claras, sin mochilas pesadas y sin una serie de, ¿cómo les podría decir?, una secuela de actos irregulares para ponerlo de una manera benevolente.

Perú Libre otra vez: Bancada presenta nuevo proyecto para amedrentar a fiscalías y policías que divulguen información

La bancada de Perú Libre, a través del congresista Isaac Mita, ha presentado un proyecto que busca amedrentar a fiscales y policías sobre la divulgación de información sobre las detenciones preliminares en casos de no flagrancia. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Se trata del proyecto de ley N°1060/2024-CR, que lleva las firmas de Flavio Cruz, María Agüero, Segundo Montalvo, Waldemar Cerrón y Américo Gonza. Todos integrantes de la agrupación del lápiz, cuyo lider, Vladimir Cerrón, está prófugo de la justicia.

Mita, titular de la Comisión de Justicia, desde donde se han promovido polémicas normas, pretende nuevamente modificar artículos del Código Procesal Penal sobre la detención preliminar sin flagrancia. El texto será analizado y debatido por el grupo de trabajo que preside. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Entre los cambios propone que esté prohibido que los fiscales e integrantes de la policía nacional “divulguen en cualquier forma” las actuaciones realizadas en el desarrollo de dicha diligencia, bajo responsabilidad funcional.

Indica que el incumplimiento de esta restricción sería considerado una infracción muy grave, conforme rija la carrera del funcionario o servidor público. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Especialistas consultados por El Comercio advierten que se estaría buscando poner una mordaza sobre los integrantes de la fiscalía y la PNP, quienes podrían ser sancionados por simplemente dar información general sobre las detenciones preliminares o emitir comunicados de prensa.

Señalan, además, que catalogar la falta como muy grave derivaría en suspensiones y destituciones.

La difusión sobre las detenciones preliminares a bandas criminales u otros delincuentes ha sido de ayuda para que otras víctimas los reconozcan y puedan acudir a realizar las respectivas denuncias.

Es una manera de que la ciudadanía esté informada sobre la labor de la policía y el Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad.

Por ejemplo, este martes 25 de marzo, la fiscalía dio a conocer sobre la detención del presunto asesino de Paul Flores García, cantante de Armonía 10. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Sin embargo, Mita pretende que se prohíba todo tipo de difusión bajo el argumento de que esta reserva “garantiza la protección de la reputación, imagen y vida privada del imputado, especialmente de figuras públicas que podrían ver afectada su dignidad ante una eventual exoneración”.

“Al evitar la exposición mediática prematura, se protege el derecho al honor y se reduce el impacto de una posible estigmatización social”.

La propuesta es muy similar a la que planteó el Poder Ejecutivo cuando observó la norma que restituye la detención preliminar sin flagrancia. El Gobierno de Boluarte pedía que se establezca una restricción con el objetivo de que la fiscalía y la policía no expongan mediáticamente a los detenidos preliminarmente. En ese sentido, buscaba que esté prohibida la difusión de fotografías y videos de estos. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

La iniciativa usa como argumento otras observaciones que el Gobierno de Dina Boluarte hizo a la ley que proponía restablecer esta figura.

Como se recuerda, esta norma fue aprobada por insistencia por el Parlamento el pasado 6 de marzo, sin tomar en cuenta las objeciones realizadas por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, Mita decidió tomarlas en cuenta en su propuesta con argumentos similares. Por ejemplo, pretende que la figura solo se aplique para determinados delitos.

Por otro lado, pide que el mismo juez que decidió sobre la detención preliminar no sea quien también revise la prisión preventiva.

Mita señala, además, que se han planteado diversos cuestionamientos sobre la detención preliminar sin flagrancia. Entre ellos, las observaciones que hizo el Gobierno de Dina Boluarte sobre la autógrafa que proponía la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia.

“El Ejecutivo señaló que esto no resolverá el uso indiscriminado de la detención preliminar por parte de algunos operadores de justicia, lo que podría generar afectaciones a derechos fundamentales como la presunción de inocencia y la libertad personal”, dice la iniciativa.

Por otro lado, cita a autores ecuatorianos que cuestionan la medida y señalan que esta se emplea como herramienta de presión para obtener confesiones.

Agrega que el uso “desproporcionado” de la detención preliminar es “preocupante” porque, a diferencia de la prisión preventiva, no se requieren elementos sólidos de convicción sino que muchas veces se basa en simples sospechas.

Mita argumenta que la figura debe restringirse únicamente a delitos graves, para los cuales se establezca una pena privativa de libertad mayor a cuatro años y que afecten bienes jurídicos de importancia, como la vida, la integridad física, el patrimonio, entre otros. Finalmente, dice que la propuesta no representará ningún egreso adicional al Estado.

Este Diario buscó contactarse con Isaac Mita y el portavoz de la bancada de Perú Libre, Flavio Cruz, para recoger sus comentarios, pero al cierre de este informe no respondieron. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Peligros
En diálogo con El Comercio, los abogados penalistas Gilmar Andía, Ricardo Elías y Andy Carrión señalaron que la propuesta es peligrosa y que busca amedrentar a fiscales y policías.

Andía dijo que no solo se estaría buscando la filtración de la información sino también la divulgación. Es decir, si se sale a prensa a mencionar el estado de la diligencia o si se emite una nota de prensa podría incurrir en falta grave. “Esa si es una mordaza, mordaza”, alertó Andía.

“Es decir, si por ejemplo el Ministerio Público emite una nota de prensa informando sobre una diligencia en la que se detuvo a una banda criminal, esto calzaría en la figura de falta muy grave”.

Detalló que, en el caso de los fiscales, la infracción muy grave conlleva a dos cosas: la suspensión o la destitución.

“Los procesos penales son públicos […] Si en una audiencia se divulga información sobre la diligencia es porque es pública […] En principio cualquier persona puede ingresar a la audiencia […] Es información pública, no puedes ponerle una mordaza al proceso penal”, remarcó.

Además, advirtió que la propuesta de Mita deja fuera del alcance de la medida algunos delitos de corrupción y otros que sí requieren que se aplique esta figura.

En el caso de los delitos de corrupción precisó que se estaría dejando fuera, por ejemplo, el delito de aceptación ilegal del cargo, patrocinio ilegal.

“Pueden decir que no son graves, pero aquí no se coloca necesariamente por la gravedad del delito sino por la necesidad de la detención para poder hacer la investigación. Recordemos que el fundamento de la detención preliminar es justamente es necesaria para evitar una posible fuga o un posible entorpecimiento y para realizar actos urgentes e irrepetibles”, señaló.

“Hay situaciones en los que a urgencia de la investigación requiere la detención del sujeto […] No están, por ejemplo, el infanticidio o el aborto involuntario, es decir, la persona que obliga a una mujer a abortar. No están los delitos de lesiones leves contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, subrayó.

En el caso de la inhibición de los jueces, Andía indicó que se debe tener en cuenta que los argumentos que se usan para la detención preliminar no son los mismos para la prisión preventiva.

Agregó que el Poder Judicial no tiene capacidad operativa para este cambio de jueces. “Lo que va a pasar es que se va a llegar al punto que ningún juez pueda ver nada”, puntualizó.

Por su parte, Elías indicó que no todo derecho es absoluto sino que, a veces, se puede flexibilizar en pro de otro derecho u otra garantía que, en este caso, es a favor del conocimiento público por hechos de trascendencia.

“De aprobarse, sería problemático porque en fase de investigación preliminar el Ministerio Público podría requerir alguna medida al juez en una audiencia y estas son públicas. Entonces, va a ver casos que pese a la reserva, la información podría ser divulgada en audiencia”, señaló.

Elías puso de ejemplo el caso del exministro Juan José Santiváñez. Señaló que, pese a que la investigación en su contra es reservada, se supieron varios detalles debido a las audiencias de impedimento de salida.

Advirtió que, con una norma como esta, la PNP no podría hacer ni conferencias de prensa presentando a los detenidos de los operativos. “No podríamos enterarnos de nada hasta que llegue a juicio. ¿Por qué es importante enterarnos? Porque hay casos en los que pueden aparecer más víctimas en identifiquen, por ejemplo, a los asaltantes”, acotó.

En otro momento, Elías opinó que la norma estaría buscando beneficiar o proteger a políticos sobre quienes recaiga una orden de detención preliminar, cuando las reglas deben ser para todos.

“Si quieren que los investigados por corrupción no sean expuestos de la misma manera que los investigados por extorsión, esa es otra cosa. Lo que quieren es decir: ‘A mis investigados por corrupción, a mis políticos, no los toques’”, apuntó.

Elías coincidió con Andía sobre la propuesta de la inhibición de los jueces. “No estoy de acuerdo porque no tenemos tantos jueces […] Finalmente, siempre está el respaldo de la segunda instancia […] La garantía no es que te toque un juez por cada audiencia sino que se vea analizado por el tribunal superior en segunda instancia”, precisó.

El penalista aseveró que el proyecto carece de criterio técnico y recicla algunos argumentos de las observaciones que había hecho el Poder Ejecutivo a la ley que restituye la detención preliminar sin flagrancia y otros invitados a las mesas de debate realizadas por Isaac Mita. «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Carrión tuvo una postura similar. Bajo su análisis, la norma busca concentrarse en la divulgación de detenciones a personajes vinculados con la política.

En el caso de la inhibición de los jueces, Carrión opinó que no es una mala propuesta; sin embargo, advirtió que no sería viable por la sobrecarga procesal que generaría en el Poder Judicial.

Otros proyectos perulibristas que golpean al sistema de justicia:

Proyecto Fecha de presentación Estado
9576/2024-CR
Busca reducir los años de inhabilitación para los funcionarios que hayan cometido actos de corrupción. 21/11/2024 En Comisión de Justicia
09171/2024-CR
Tiene como finalidad suprimir la facultad que tienen los jueces de todos los niveles de realizar control difuso. 11/10/2024 En Comisión de Constitución y de Justicia
08678/2024-CR
Propone crear una comisión en el Congreso que fiscalice a jueces y fiscales. 21/08/2024 En Comisión de Constitución
08683/2024-CR
Plantea limitar la labor de jueces con recusación o inhibición. 21/08/2024 En Comisión de Justicia
08657/2024-CR
Busca que se modifiquen diversos artículos de las leyes de la carrera judicial y fiscal. 19/08/2024 En Comisión de Justicia
08619/2024-CR
Propone cambios en el Código Procesal Civil sobre los bienes inembargables. 14/08/2024 En Comisión de Justicia
08393/2023-CR
Plantea limitaciones en los delitos de colusión simple, agravada y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. 16/07/2024 En Comisión de Justicia
08342/2023-CR
Busca que se establezcan limitaciones a los delitos de lavado de activos y minería ilegal. 08/07/2024 En Comisión de Justicia
08341/2023-CR
Plantea que se pueda denunciar a jueces y fiscales por el delito de prevaricato en cualquier jurisdicción a nivel nacional. 08/07/2024 En Comisión de Justicia
07965/2023-CR
Proponía eliminar la detención preliminar en casos sin flagrancia y cambios sobre prisión preventiva contra integrantes de la PNP. 29/05/2024 Se convirtió en la polémica Ley 32181, que eliminaba la figura de la detención preliminar en casos sin flagrancia. Posteriormente, el Congreso retrocedió y derogó la norma en ese extremo.
07964/2023-CR
Plantea modificaciones sobre la vigilancia electrónica y la inhabilitación. 29/05/2024 En Comisión de Justicia
07024/2023-CR
Pide derogar una disposición del decreto legislativo N° 1607 sobre la tenencia ilegal materiales explosivos en actividades mineras. 12/02/2024 En comisiones de Justicia y Economía
06754/2023-CR
Propone cambios en artículos del Código Penal sobre la suspensión de la ejecución de la pena y otros. 04/01/2024 En Comisión de Justicia
06498/2023-CR
Planteaba modificar el Código Procesal Penal y faculta a la PNP a dirigir la investigación preliminar de los delitos. 23/11/2023 Se convirtió en la polémica Ley 32130 que permite a los acusados apelar el auto de enjuiciamiento, lo que agrega una nueva fase antes del inicio del juicio oral y faculta a la PNP a dirigir investigaciones preliminares.
06211/2023-CR
Busca regular el proceso de nombramiento de jueces y fiscales. 20/10/2023 Cuestión previa para que el dictamen retorne a la Comisión de Justicia, pero parlamentario Jorge Montoya presentó reconsideración a esta decisión.
6084/2023-CR
Excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos. 05/10/2023 Ley 32054 fue publicada en el Diario El Peruano en junio del 2024.
05981/2023-CR
Modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado. 21/09/2023 Ley 32108 fue publicada en el Diario El Peruano a inicios de agosto del 2024.
04344/2022-CR
Propone realizar modificaciones a la figura de la prisión preventiva 01/03/2023 En Comisión de Justicia «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.»

Fuente: El Comercio.

Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre, denuncia que su hermano es víctima de extorsiones: “Mi familia está en peligro”

Kelly Portalatino, congresista de la bancada de Perú Libre, denunció que su hermano, quien reside en Chimbote, viene siendo víctima de extorsiones a través de WhatsApp, donde recibe amenazas junto a imágenes de armas de fuego. «Estamos expuestos, mi hermano está expuesto, su vida y toda mi familia que vive en Chimbote. Hasta yo, cuando pueda ir, porque ya ha llegado ese punto en que nos tiene vigilados, es inadmisible», indicó.

La parlamentaria criticó el rol que viene cumpliendo la policía frente a la ola de extorsiones y se solidarizó con los ciudadanos que viven esta realidad de forma constante. «Se supone que iban a capturar a este delincuente y él se ha burlado de la PNP y eso es inadmisible. Eso quiere decir que falta capacidad a nuestro cuerpo de la policía. El comandante ha dicho que ya lo tienen identificado, pero que no dan con la ubicación, eso es inadmisible, porque para eso hay inteligencia y contrainteligencia», señaló.

Portalatino exige que la PNP tome acciones frente a la ineficiencia de los operativos

Portalatino, aprovechó la ocasión para exigir al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, de indagar lo que sucede dentro de las divisiones ante la evidente ineficiencia de los operativos policiales realizados, sobre todo en provincia, ya que considera que la institución no está ejerciendo de manera competente sus funciones. «Esta pasando algo dentro de las divisiones que no están ejerciendo eficientemente sus funciones y sus competencias. Por lo tanto, yo pido que tome conciencia el comandante general de la PNP, Zanabria, porque él es la cabeza máxima de todo», señaló.

La legisladora indicó que la PNP cuenta con los recursos y el presupuesto necesario para tomar las acciones. «Hay presupuesto, hay 81 millones que se ha designado este año fiscal para fortalecer la seguridad ciudadana. Hay 89 millones para inteligencia entonces de que estamos hablando. Recursos hay, pero no hay en las provincias. No hay movilidad, no hay las herramientas necesarias para que ejecuten eficientemente estos operativos policiales», precisó.

¿Cómo empezaron las amenazas contra el hermano de la congresista de Perú Libre?

A inicios de marzo, el hermano de la congresista Kelly Portalatino recibió una serie de mensajes de texto y llamadas provenientes de un número con código chileno. Los extorsionadores, que se presentaron bajo el nombre de «Johnson», enviaron amenazas de muerte junto a imágenes de armas de fuego, afirmando tener información sobre su hogar y el negocio familiar en Chimbote. En sus comunicaciones, advertían que, si no se cumplían sus demandas, la vida del hermano de la legisladora y la de su familia estarían en grave riesgo.

Perú Libre intentó frenar restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia

Los miembros de la bancada de Perú Libre intentaron bloquear la reinstauración de la detención preliminar en casos que no son de flagrancia y votaron en contra. Los parlamentarios que se opusieron fueron: María Agüero, Waldemar Cerrón, Flavio Cruz, Isaac Mita, Segundo Montalvo y Kelly Portalatino. Sin embargo, el Pleno logró aprobar la autógrafa con 86 votos a favor.

Justamente, Flavio Cruz, vocero de la mencionada bancada, planteó un cuarto intermedio con el objetivo de delimitar los delitos y conductas deben integrarse en el dictamen de insistencia. No obstante, su pedido no fue tomado en consideración por sus compañeros congresistas.

Congresistas con denuncias de la Fiscalía votaron en contra de restituir la detención preliminar

De los seis congresistas de Perú Libre que votaron en contra de la restitución de la detención preliminar, tres están siendo investigados actualmente por el Ministerio Público. Se trata de María Agüero, Waldemar Cerrón y Kelly Portalatino.

En el caso de María Agüero, la congresista está siendo investigada por presuntamente haber incurrido en la práctica de «mochar sueldos». De acuerdo con la Fiscalía, entre junio de 2022 y mayo de 2023, Agüero habría obligado o persuadido a sus empleados para que entregaran una parte de sus sueldos cada mes, logrando recaudar cerca de S/ 135.000. Dicho monto habría sido recogido a través de sus asesores César De la Cruz Canales y Edson Flores Valencia.

Por su parte, Waldemar Cerrón, al igual que su hermano, el líder de la agrupación política Vladimir Cerrón, está siendo investigado por su presunta participación en la organización criminal denominada «Los Dinámicos del Centro». Según la Fiscalía, los hermanos Cerrón estarían involucrados en el delito de organización criminal.

El caso más reciente es el de Kelly Portalatino, quien está siendo investigada por la Fiscalía por presunto abuso de su cargo. Según la tesis fiscal, la parlamentaria, junto a su colega de Acción Popular, Silvia Monteza, habría cometido una serie de irregularidades en la contratación de Rommy Vásquez Yáñez en el Ministerio de Salud y en el Congreso. Vásquez Yáñez es nuera de Cristhian Risso Portalatino, medio hermano de la congresista.

Así se aprobó la restitución de la detención preliminar

El Congreso decidió aprobar por insistencia la normativa que restablece la detención preliminar en casos donde no haya flagrancia, obteniendo más de 86 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. Esta ley faculta a los fiscales para solicitar al Poder Judicial la detención preliminar de personas bajo investigación por la presunta comisión de un delito.

La medida fue ratificada después de que el Gobierno de Dina Boluarte la observara en enero de este año, agotando el plazo disponible antes de pronunciarse. Cabe recordar que, en diciembre de 2024, el Parlamento había derogado dicha norma, lo que generó obstáculos en la lucha contra la delincuencia y el crimen. Al ser una restitución aprobada por insistencia, no fue necesario que se de una segunda votación para ratificar su aprobación de por medio.