Secuestro de joven en Trujillo se trataría de «una venganza por minería ilegal», según PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) señaló que el caso del joven de 26 años que fue secuestrado, y posteriormente liberado, en Trujillo, región La Libertad, se trataría de una «venganza por minería ilegal».

En entrevista con RPP, el general José Zavala, jefe de la III Macrorregión Policial La Libertad, señaló que se solicitará una detención contra el responsable de cercenar los dedos de la víctima durante su cautiverio.

Según la PNP, el autor del deleznable acto es Jean Piero García Cipriano, de 21 años, quien, además, es vinculado a hechos de homicidios. Por ahora, ya han sido identificado tres personas más que participaron del secuestro.

Cabe precisar que se aprobó la ampliación de detención por siete días de tres de los cuatro intervenidos por este caso, entre ellos Roberto Graos Rodríguez, alias ‘Bolón’, uno de los presuntos cabecillas de la banda criminal ‘Los pulpos’; Jesús Carranza Ríos, amigo de la víctima; y Tracy Miguel Sánchez, pareja de García Cipriano.

El joven de 26 años, que fue secuestrado y liberado el último fin de semana, desapareció tras ser invitado a una fiesta en Trujillo. La banda criminal ‘Los pulpos’ fue acusada del acto.

En su momento, esta red delictiva pidió S/10 millones por el rescate del joven. Tras la captura de implicados, los secuestradores lo liberaron en un descampado; sin embargo, le cercenaron cuatro dedos.

Puno: dictan 9 meses de prisión preventiva para regidora que maltrató a su pequeño hijo

El titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno dictó 9 meses de prisión preventiva en contra de Hermelinda Apaza Zapana (50), quien es acusada de maltratar a su pequeño hijo de 8 años de edad. A la mujer se le investiga por incurrir en el presunto delito de parricidio en grado de tentativa.

Durante la audiencia, se conoció que los maltratos se registraron el pasado 7 de agosto, donde el menor habría sido atacado gravemente por su madre, quien ha sido trasladada al penal de Lampa.

Cabe destacar que los vecinos alertaron a los agentes de la PNP de la comisaria de Puno de lo sucedido, por lo que llegaron hasta la vivienda y lograron detener a la concejala.  El Comisario del CP de Alto Puno, Alf. PNP Aldo Medina Luza, informó que la madre fue detenida por agentes policiales de la Unidad de Emergencia del 105 (UNEME).

Se conoció que, durante la revisión policial, el niño presentaba una cicatriz de quemadura en el cuerpo, así como dolores en el brazo y el tórax. Ante esta situación, el menor fue llevado por los agentes de la Policía Nacional del Perú para recibir atención médica.

Menor fue llevado a albergue en Puno

Luego de que fue atendido por el personal médico, el menor fue puesto bajo la tutela de la Unidad de Protección Especial (UPE) de Puno. En tanto, mientras se define la situación legal de la madre, el niño será temporalmente acogido en un albergue.

Al respecto, el coordinador regional del Programa Nacional “Aurora” del Ministerio de la Mujer, Yuri Mamani Hancco, informó que se realizarán las evaluaciones respectivas y, según corresponda, solicitarán las medidas de protección en favor del menor. Según declaraciones de la PNP, la agresora justificó sus actos de violencia bajo la excusa de prevenir malas conductas.

Huaral: Fiscalía obtiene condena de cadena perpetua para tío que violó a su sobrina de 12 años de edad

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaral logró que se condene a cadena perpetua a R. A. E. V. como autor de los delitos de violación sexual de menor de edad y tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos; en agravio de una menor de edad

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Agustín López Cruz sustentó y demostró los delitos cometidos por el sentenciado quien, en 2022, cometió tocamientos indebidos contra la víctima y, en 2023, la ultrajó sexualmente. Estos hechos ocurrieron en el domicilio del sentenciado quien es tío de la agraviada.

Como parte de la sentencia, el condenado deberá abonar S/ 20 000 como reparación civil a favor de la menor agraviada y deberá cumplir esta sentencia en el penal de Carquín.

Capturan a 29 integrantes de la presunta organización criminal los “Z” de Sayán en la ciudad de huacho, un policía también lo conformaba

Esta madrugada, agentes de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) y la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura llevaron a cabo un megaoperativo en Irrigación Santa Rosa, Andahuasi y Sayán para desarticular una peligrosa organización criminal dedicada a la extorsión y el sicariato.

Esta organización, conocida como «Los Z de Sayán», se especializaba en colocar explosivos y amenazar a sus víctimas, exigiendo dinero a cambio de protección.

Varios de sus miembros se hacían pasar por trabajadores de construcción civil como fachada, y se encuentran implicados en diversos asesinatos, incluyendo el de un comunicador social que denunciaba el tráfico de terrenos en la zona.

Entre los detenidos se encuentra también un policía, quien habría colaborado con la organización.

El Poder Judicial autorizó el allanamiento y descerraje de las viviendas vinculadas a estos criminales, permitiendo la captura de los involucrados.

Extorsionadores tienen a Sullana como nuevo centro de operaciones: PNP registra 120 denuncias

El crecimiento de la extorsión en Sullana se alimenta, en gran parte, de la actuación de redes criminales que operan desde las cárceles, aseguró el coronel PNP José Guerra Castillo, jefe de la División de Orden Público y Seguridad (Divopus) en esa ciudad de la región Piura.

Bajo las palabras de ‘plata o plomo, estos delincuentes le piden a los emprendedores y comerciantes una ‘cuota’ con el fin de financiar sus actividades criminalesy, además, de esta manera ‘garantizar’ la seguridad de quienes pagan estas rentas extorsivas.

La tarifa extorsiva en Sullana es desde 10.000 hasta 35 mil soles y solo en esa provincia ya se ha registrado 120 denuncias. El lunes, una red criminal atacó con explosivos un negocio en la zona de Jesús María, el sector sureste de la ciudad. «10.000 soles por tu vida», decía la carta extorsiva que dejaron.

Otro artefacto estalló en una casa en la calle 4 de Villa la Paz. En el momento del ataque, una menor se encontraba sola en el interior de la vivienda. El propietario de la casa es un comerciante que estaría siendo objeto de extorsión.

Una nota, firmada como Los Injertos del Norte, le advertía sobre el seguimiento a su familia y la necesidad de colaborar para evitar consecuencias graves.

Llamadas desde el penal

En ese contexto, el coronel Guerra Castillo, reveló que muchas de las llamadas extorsivas salen del centro penitenciario ex Río Seco, en Piura. No obstante, recientemente el jefe del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Yenque, negó que la mayoría de las llamadas extorsivas se realizan desde el mencionado penal.

Ante ello, el jefe de la Región Policial de Piura, Manuel Farías, exhortó a la autoridad a «ser realista con las estadísticas». Esto fue respaldado por el jefe de la Divopus.

«Respaldo las declaraciones del general porque son reales. A través de la geolocalización sabemos que hay extorsiones que salen del penal de Piura, incluso en operativos de la región policial se han hallado manuscritos y teléfonos. Las cifras son ciertas», enfatizó Guerra Castillo.

El coronel invocó a la población a denunciar este tipo de hechos para poder continuar en las acciones de lucha contra este tipo de delito.

La supuesta falta de supervisión por parte del Gobierno y el mal funcionamiento de las plataformas tecnológicas encargadas del bloqueo de la señal de los dispositivos celulares y computadoras no permitidos desde las cárceles ha generado que las cifras, por ese delito, aumente hasta un 25 por ciento.

De acuerdo a recientes informes de la propia policía, entre los delitos que más se comenten está las extorsiones, delito que solo en los primeros tres meses del año registro 5.012 denuncias. Según la PNP, Lima Metropolitana es el área con más denuncias, seguido por La Libertad, Tumbes, Piura, Lambayeque y Áncash.

Pese a que la criminalidad organizada está en aumento, una nueva ley aprobada por el Congreso pondría en riesgo la lucha contra la delincuencia, otorgándoles beneficios que podrían llevar a su liberación.

Las amenazas de muerte por la extorsión y otras formas de violencia selectiva están impulsando a muchas familias a huir de sus hogares y buscar protección en otros lugares, incluso fuera del país.

“El fenómeno de la extorsión es uno de los delitos más difíciles de combatir, primero porque nunca ha habido información completa de cómo es el delito; y segundo, porque cualquiera lo puede ejecutar haciendo parecer que es muy fuerte, pero no lo es, toda vez que este es un delito basado en el temor y en aprovechar el miedo de la gente”, dijo el coronel Guerra.

Allanan búnker de los gota a gota

En un operativo coordinado, la policía logró la detención de 23 personas vinculadas a una presunta organización criminal acusadas de prácticas extorsivas y al préstamo gota a gota. Esta red tenía su centro de operaciones en un taller de motos en San Martín de Porres. La operación fue ejecutada en la avenida Santa Rosa, asociación de vivienda Paraíso Florido. Los detenidos son 16 venezolanos, seis colombianos y un peruano. Según las autoridades, ahí se reunían para planificar sus delitos.

En el interior de ese búnker se encontró cuadernos con anotaciones de montos y más de 200 nombres de las presuntas víctimas de esta modalidad extorsiva, así como dos armas de fuego, municiones y explosivos.

Estos últimos artefactos eras empleados por los extorsionadores para amedrentar a sus víctimas, como comerciantes de la zona que habían accedido a estos préstamos con altísimas tasas de intereses que se volvían impagables.

Además, en los exteriores de este predio, lucían estacionadas más de 20 motocicletas, que eran utilizadas por los presuntos criminales no solo para dar con sus víctimas, sino para simular que este local funcionaba como taller mecánico sin levantar sospechas.

Los presuntos extorsionadores -hombres y mujeres- integrarían la banda criminal Los feroces gota gota de Los Olivos y San Martín de Porres.

¡URGENTE! Inician proceso para dar de baja al coronel PNP Harvey Colchado

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú acaba de iniciar el proceso administrativo para dar de baja al coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamaní

Esto se daría tras la orden telefónica N° 70-2024-IG PNP/Dirinv-Unimefiad de la Dirección de Investigaciones hacia los oficiales superiores, jefes y encargados de las oficinas de disciplina, entre otros. 

En el documento, se pide que remitan, a más tardar, hoy a las 10:00 de la mañana, «la relación nominal del personal PNP que se encuentra con inicio de procedimiento administrativo disciplinario en giro por presunta infracción grave y/o muy grave debidamente notificado».

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DOCUMENTO

El 13 de abril, Colchado fue suspendido jefe de la Diviac. La Oficina Disciplinaria N°17 de la Inspectoría General de la Dirección de Investigaciones, a cargo del coronel PNP Giovanni Sandro Osorio Elguera, publicó la Resolución N°038, en la cual decide la “separación temporal del cargo” de manera preventiva de Harvey Colchado, como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quien colaboraba con el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Como se recuerda, el coronel Colchado tiene un proceso administrativo en curso por el allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte.

En mayo, la Inspectoría General de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) emitió una resolución que concluye iniciar un proceso administrativo disciplinario contra el coronel Harvey Colchado por haber allanado el domicilio de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ubicado en Surquillo, el 29 de marzo del 2024 como parte de las pesquisas del sonado caso Rolex.

En el documento, al que tuvo acceso Perú21, también se decidió abrir el mismo procedimiento contra el coronel PNP José Luis Oscanoa Oscanoa, el comandante PNP Jorge Luis García Caro, el capitán PNP Carlos Enrique Martínez García y el suboficial PNP Edgar Quispe Castillo. Todos ellos por haber participado de la intervención en la casa de la mandataria, como parte de un requerimiento fiscal del titular interino del Ministerio Público, Juan Carlos Villena Campana, que originó una orden judicial del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Como parte de la resolución, se indica que la correlación de documentos judiciales del 29 y 30 de marzo es “incongruente en el orden cronológico entre la secuencia”, y que, por ello, se aprecia que “desde antes de la ejecución del operativo policial, no se contaría con la referida orden de operaciones o con la documentación adecuada de respaldo y posteriormente se habría regularizado para justificar su ejecución”.

Mencionan que, para constatar dicha observación, personal policial se dirigió a las instalaciones de la Diviac, en la sede del Ministerio Público, para “realizar la verificación de la orden de operaciones”, pero que la fiscal coordinadora del Eficoop, Marita Barreto, solicitó que se formalice el permiso para que sea autorizada la diligencia administrativa, por lo cual se declaró improcedente la petición de verificación del documento.

También cuestionan que miembros de la Diviac recibieron instrucciones para realizar el operativo a través de teléfono y no “de modo presencial, concertada y oportuna”.