Poder Judicial sentencia a Fernando Cillóniz a más de 4 años de pena suspendida por el delito de peculado doloso

El Poder Judicial sentenció a cuatro años y dos meses de prisión suspendida al exgobernador regional de Ica Fernando Cillóniz por el delito de peculado doloso al facilitar la apropiación indebida de fondos de Estado por parte del entonces gerente general de la institución, Carlos Ramón Noda, quien también recibió la misma condena.

De acuerdo con la sentencia, la ejecución de la prisión suspendida tiene dos años de prueba y está sujeta a las siguientes reglas de conducta: prohibición de cometer nuevos delitos contra la administración pública, no ausentarse del lugar de su residencia, entre otras.

Además, ambos sentenciados deberán cancelar una reparación civil solidaria de S/12.608,90 en un plazo de 10 días. En caso se incumpla ello, se deberán acoger a las medidas legales correspondientes.

¿Por qué hecho se declaró culpable a Fernando Cillóniz?

Respecto al caso, el Poder Judicial determinó que el exgerente general regional, Carlos Ramón Noda, se apropió de forma indebida de fondos del Estado, luego de que entre el 2015 y el 2018 se ausentó de su lugar de trabajo para participar en 11 eventos en representación del Directorio de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica.

Todas esas oportunidades fuera de sus funciones no justificó su ausencia ni solicitó el descuento correspondiente de su remuneración como trabajador de la referida jurisdicción.

Las salidas de Noda fueron aprobadas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0327-2017-GORE-ICA/GR, suscrita por el entonces gobernador Regional, Fernando Cillóniz Benavides.

Cillóniz y sus presuntos vínculos con Odebrecht

El Partido Popular Cristiano (PPC) concluyó el último 28 de febrero la candidatura del exgobernador de Ica, Fernando Cillóniz, para las elecciones generales de 2026 y ha suspendido su afiliación a la organización política, tras enterarse de su rol como director independiente en dos compañías que pertenecen a la empresa brasileña Odebrecht.

«Lamentamos la revelación televisiva del señor Fernando Cillóniz sobre su relación laboral con empresas vinculadas a Odebrecht, lo que nos lleva a aceptar la suspensión de su militancia en el Partido y a finalizar su condición de precandidato presidencial del Partido», se lee en el comunicado.

Cillóniz en una entrevista en televisión reveló que es director independiente de la Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos S.A., que se encargan de la viabilidad del proyecto Olmos y son propiedades del consorcio Odebrecht.

«Yo represento legalmente a dos empresas que son de Odebrecht (…) yo he entrado hace un año, que se vayan los corruptos a la cárcel (…) Barata será el corrupto, esa es mi posición», señaló el exgobernador.

Nadine Heredia: Poder Judicial decidirá el 7 de marzo si sigue siendo investigada por caso Gasoducto

Sentencia clave. Este viernes 7 de marzo, el Poder Judicial dará a conocer su fallo sobre el recurso de casación presentado por la defensa de la ex primera dama Nadine Heredia, quien busca evitar ser investigada por presunta colusión en el caso Gasoducto Sur Peruano.

 A las 8:30 a. m. de este viernes, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia anunciará su decisión, según informó el juez supremo César San Martín tras escuchar los alegatos de las partes procesales en la audiencia de este viernes.

La defensa de Nadine Heredia solicita revocar la resolución emitida el 5 de julio de 2023 por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que confirmó un fallo de primera instancia negando su pedido de archivamiento de la investigación.

Su abogado, Julio César Espinoza, sostiene que la fiscalía atribuye erróneamente a su defendida el presunto delito de colusión, pese a que ella nunca fue funcionaria pública.

EL CASO

Como se recuerda, el 5 de julio de 2023, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó la resolución emitida el 27 de septiembre de 2022, la cual declaró infundada una procedencia de acción con la que se buscaba archivar el delito que se le imputa a Nadine Heredia, en el marco del caso Gaseoducto Sur Peruano.

La defensa de la esposa de Ollanta Humala argumenta que su patrocinada no era funcionaria pública al momento de producirse los hechos. En ese sentido, el recurso legal pretende que la Corte Suprema aclare si se puede imputar el delito de colusión a una persona que no ejerce cargo público. 

La Sala Suprema  indicó que “en el presente caso es menester definir la noción de funcionario de hecho, si quien lo hace puede cometer delito de colusión y, en su caso, cuáles son los elementos que lo determinan, El caso debe abordarse desde las causales de inobservancia de precepto constitucional e infracción de precepto material”.

La exprimera dama es investigada por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, en en el marco del caso Gaseoducto Sur Peruano. Además, también es investigada por presuntos aportes ilegales a las campañas presidenciales nacionalistas de 2006 y 2001. Ante ello, el Ministerio Público los sindica de haber incurrido en el presunto delito de lavado de activos y ha solicitado 26 años y 6 meses de prisión para Heredia, mientras que, para el expresidente Ollanta Humala, ha solicitado 20 años.

Poder Judicial: proyecto del Congreso desvirtúa figura de extinción de dominio contra el crimen organizado

A través de un oficio, el Poder Judicial envió al Congreso de la República la opinión institucional respecto al Proyecto de Ley Nº 3577/2022-CR, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1373 sobre Extinción de Dominio, aprobado en primera votación el año pasado por el pleno del Parlamento.

En el documento, la institución judicial considera que el Congreso de la República desvirtúa la figura jurídica de la extinción de dominio, herramienta de política criminal para luchar contra los efectos de la corrupción y la delincuencia organizada.

Además, señala que, de aprobarse esta iniciativa en segunda votación, colocaría al Perú en una situación de posible incumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), cuerpo intergubernamental creado para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo mundial.

La posición del Poder Judicial contiene la opinión institucional sobre el referido proyecto, el cual fue remitido a la Presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República.

En la misma, la institución judicial cuestiona que la propuesta normativa en mención plantea la introducción de una limitación a la acción de extinción de dominio que prescribe en cinco años contados a partir de que la sentencia queda firme y consentida. 

“Resulta cuestionable el plazo propuesto que es excesivamente corto para lograr algún resultado, pues no se trata comúnmente de una singularidad de bienes, sino de la pluralidad de ellos (…)”, señala el documento.

PRESCRIPCIÓN

También refiere que ello va a provocar la prescripción de la acción de extinción de dominio y que las agencias de persecución de los bienes en esta materia no realicen una labor eficaz.

Asimismo, indica que el Estado Peruano ha obtenido del Gafilat la clasificación de país susceptible de inversión privada e internacional al haber alcanzado los estándares mínimos de eficiencia en la implementación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esta situación, añade, ubica al Perú dentro de los candidatos a inversiones privadas y lugar de financiamiento internacional, es decir, recomendable para invertir, seguro y confiable, sujeto de crédito internacional y apto para el comercio justo, lo que debería impactar directamente en la calidad de vida de los peruanos.
 
A través de la figura de la extinción de dominio se traslada al Estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento, efectos o ganancias ilícitas.  

CIFRAS RÉCORD

Finalmente, el Poder Judicial recuerda que, en cinco años, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio logró recuperar cerca de US$ 160 millones a favor del Estado en procesos por delitos de corrupción, narcotráfico, lavados de activos, minería ilegal, tala, trata de personas, etc.

Agregaron que el año pasado este mecanismo obtuvo más de US$ 71 millones en bienes muebles, inmuebles, dinero y otros, producto de actividades ilícitas que afectan al país. 

Finalmente, el Poder Judicial, a través del referido subsistema, dictó 1685 sentencias en primera instancia y 815 en segunda, lo que hace un total de 2500 sentencias en el periodo referido.

Dina Boluarte: Poder Judicial falla a favor de la presidenta y fiscal deberá escuchar a técnicos de Contraloría

El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley Soria acogió el pedido de la presidenta Dina Boluarte para que el despacho de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza interrogue y escuche a los analistas técnicos de la Contraloría General de la República antes de decidir si presenta una denuncia constitucional ante el Congreso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

La fiscalía se negó a interrogar a los testigos técnicos, la contadora pública Sandra Calderón Lázaro y la abogada Martha Antezana Córdova al considerar que esta diligencia corresponde a etapas más avanzadas del proceso, pues en la investigación preliminar lo que se busca es reunir indicios de la existencia de un probable delito, a fin de iniciar la investigación preparatoria para el juicio público.

Sin embargo, Checkley consideró que el pedido presentado por el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal es pertinente, útil y necesario pues permitirá a la fiscal de la Nación tener una mejor comprensión de los hechos, tratándose de una investigación preliminar que busca indicios para presentar una denuncia constitucional ante el Congreso de la República.

Los motivos del juez a favor de Boluarte

Juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley

Juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley

«Es verdad que en este caso se viene investigando a una alta funcionaria de la Nación, la presidenta de la República, quien goza de la prerrogativa del antejuicio, esto es, que previa la formalización de la investigación preparatoria, se requiere una denuncia constitucional por la fiscal de la Nación y el correspondiente trámite parlamentario; ello significa que las diligencias preliminares cuenten con todo el material de investigación necesario, útil, pertinente y conducente, además de idóneo para que en el foro político se evalúe adecuadamente los términos de la acusación», argumentó el juez.

«También es verdad -añadió- que el delito materia de investigación es el de enriquecimiento ilícito, uno en el que por su propia naturaleza, la prueba fundamental, en un eventual juicio por su propia naturaleza, la prueba fundamental, en un eventual juicio, es la pericia; en este sentido, la actividad pericial es fundamental en las diligencias preliminares».

Sobre los referidos testigos técnicos precisa que se trata de profesionales de la subgerencia de fiscalización de la Contraloría General de la República que realizaron el informe de Fiscalización Específica de las declaraciones juradas de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra del periodo febrero de 2022 a febrero 2024.

«Debe tenerse en cuenta que se trata de una evaluación realizada por una entidad descentralizada de Derecho Público que goza de autonomía (…); como es de verse es un informe en el cual las partes no tienen participación alguna, por lo cual es factible, teniéndose en cuenta que resulta relevante a los efectos de la investigación (en este caso una preliminar a una posible o no denuncia constitucional) que las partes puedan obtener las declaraciones de quienes formularon dicho informe».

Un informe técnico que limpia a Boluarte

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal busca que el informe de la Contraloría prevalezca sobre el peritaje oficial

El abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal busca que el informe de la Contraloría prevalezca sobre el peritaje oficial

El informe de la subgerencia de fiscalización de la Contraloría General de la República fue elaborado por las contadoras públicas Sandra Calderón Lázaro, analista de fiscalización, María Acuña Morales, supervisor, y la abogada Martha Antezana Córdova, analista legal. Dicho informe fue aprobado por la subgerente de fiscalización, la abogada Vanessa Walde Ortega, la hija menor del ex juez supremo Vicente Walde Jáuregui.

Dicho informe indica que luego de analizar las respectivas declaraciones juradas y las aclaraciones de Boluarte Zegarra se «concluye que no se han identificado indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado en el periodo fiscalizado». Uno de los motivos por lo que el abogado defensor quiere que los fiscales interroguen a los testigos técnicos de la Contraloría, es que el informe que limpia a la presidente aparezca en los documentos que podrían llegar al Congreso.

Poder Judicial condenó a Santos Montaño, exrector de la Universidad Nacional de Piura, por actos de corrupción

El Poder Judicial condenó a Santos Montaño, exrector de la Universidad Nacional de Piura (UNP), por actos de corrupción.

La decisión estuvo a cargo del juez de la Corte Superior de Justicia de Piura, Christian Azabache Vidal, quien impuso sentencia condenatoria contra Montaño Roalcaba, quien fue grabado recibiendo una coima de diez mil soles por parte de un proveedor de dicha casa de estudios.

El exrector fue sentenciado por la comisión del delito de cohecho pasivo impropio a una pena privativa de la libertad de tres años y cuatro meses, suspendida en su ejecución, tras aceptar su responsabilidad en este caso, a través de la figura de la terminación anticipada. Además, fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante el mismo lapso. 

El magistrado también ordenó a Montaño el pago de una reparación civil de sesenta mil soles y 271 días multa. 

Presidenta del Poder Judicial a Dina Boluarte: «Le pediría que dejemos de estar calificando labores»

La titular del Poder Judicial, Janet Tello, respondió a la presidenta Dina Boluarte por sus cuestionamientos al sistema de justicia en el país y remarcó que no debería calificar funciones.

“Le pediría a la presidenta Boluarte que dejemos de estar calificando labores, funciones, la misión de cada quien y hago este llamado de unidad (…) ¿Qué hacemos señalando que algo me puede parecer ignominioso, vergonzoso?, ¿qué hacemos con eso?, ¿cuál es el mensaje a la población?”, expresó desde un evento que lideró en Cajamarca.

Janet Tello expresó también que ha participado de reuniones con representantes de instituciones públicas y privadas para tratar la seguridad de los locales del sistema de justicia. Esto luego de lo ocurrido en una sede de la Fiscalía en Trujillo. 

“En La Libertad hemos tenido un mensaje de unidad que la presidenta, quizá porque no estuvo en el país, no se ha enterado, para mejorar las unidades de flagrancia. No echarnos las culpas, probablemente todos tengamos alguna responsabilidad, pero es mirar de aquí para adelante”, refirió.

Boluarte cuestiona investigaciones

La presidenta Dina Boluarte arremetió ayer contra las investigaciones abiertas en su contra por la Fiscalía, al calificar como «carpetas de circo» las indagaciones que realiza el Ministerio Público sobre los casos el ‘Cofre’ y su presunto abandono de cargo a mediados de 2023 para someterse a una rinoplastia.

Boluarte dijo, durante un evento en el Callao, que el sistema de justicia peruano da «vergüenza» en el extranjero, donde, aseguró, la felicitan por su supuesta exitosa gestión de gobierno. 

«Esas carpetas de circo son las que le abren a la presidenta de la República y damos vergüenza como sistema de justicia en el extranjero, porque me dicen ‘no es posible lo que está pasando en su país’; y todo lo contrario, me felicitan y me dicen ‘presidenta usted no sé qué ha hecho en dos años de gobierno, el Perú ahora es distinto a como estaba antes», exclamó.