Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva a sujeto que confesó haber violado y golpeado a su hijastra de 2 años

El Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Ucayali, en una audiencia realizada el pasado domingo, dictó 9 meses de prisión preventiva contra Etxon Roberto Panduro de Souza (22), quien confesó haber abusado sexualmente de su hijastra de 2 años de edad. Además, al día siguiente de cometer el delito, el sujeto la golpeó salvajemente, tras lo cual la menor falleció en el Hospital Amazónico de Pucallpa.

La magistrada de dicha sala penal, Celinda Pizán, acogió el pedido de la Fiscalía que investiga a Panduro por el presunto delito de violación sexual y lesiones graves, seguidas de muerte, en agravio de la víctima. La jueza dictaminó que el sujeto sea recluido en el penal de Pucallpa, donde ingresará las próximas horas.

Durante la audiencia, el investigado dijo estar «arrepentido totalmente» de los delitos que confesó y pidió perdón a la familia de su conviviente y madre de la menor, Jhanella Guardia Jesús, de 19 años, quien había salido a trabajar al momento en que se cometieron los delitos.

18 meses de prisión preventiva para dos venezolanos que sometieron al meretricio a menores en el penal de Carquín

A pedido del Ministerio Público, el Poder Judicial impuso 18 meses de prisión preventiva a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana acusados por someter a la explotación sexual a menores de edad en el Penal de Carquín, en la ciudad de Huacho, en la provincia de Huaura.

Los venezolanos Kelvin Rafael Almarza Vásquez y Fannyber Pérez Vásquez deberán cumplir ese periodo de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de trata de personas en agravio siete menores de edad, todas de nacionalidad venezolana.

La medida de prisión preventiva fue obtenida en la audiencia judicial por el fiscal provincial penal José Antonio Silva Vidal, de la de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura – Segundo Equipo, tras sustentar los graves elementos de convicción de la presunta comisión del delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

Los hechos sustentados señalan que los ahora procesados Almarza Vásquez y Pérez Vásquez retenían a las siete menores de edad como si las cuidaran, pero su finalidad era de explotarlas sexualmente, llevándolas al Penal de Carquín donde las prostituía ofreciéndolas a los internos, haciéndolas pasar como si fuesen pareja de los reclusos.

En la investigación, se detuvo en total a siete personas, 6 varones y una mujer que es la venezolana Fannyber Pérez Vásquez y donde está también su compatriota y procesado Kelvin Rafael Almarza Vásquez, quienes fueron detenidos en el prostíbulo El Rosal o también llamado El Cerrito de la ciudad de Huaral, cuando la Fiscalía y la Policía incursionaron en el lenocinio para las pesquisas del caso.

Los otros cinco detenidos son todos trabajadores del mencionado prostíbulo, y las investigaciones preliminares no establecieron vínculo con los procesados ni con las menores de edad.

En la audiencia se indicó que las menores llegaron al prostíbulo con Cedulas de Identidad de Venezuela falsas que indicaban tener cada una 18 años de edad.

Asimismo, que las menores llegaron al Penal por su propia cuenta e ingresaron con dichos documentos, que indicaban que eran mayores de edad; sin embargo, las pesquisas arrojaron que eran direccionadas por sus compatriotas.

La medida fue ordenada por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaral.

De otro lado, el INPE de la ciudad de Huacho ha separado del cargo a tres de sus trabajadores por haber permitido ingresar a las menores, abriéndoles el proceso administrativo correspondiente.

Gabinete en la sombra: PJ define hoy prisión preventiva para exasesores de Pedro Castillo

El juez Víctor Zúñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, anuncia desde las 3 de la tarde si acepta o no el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva para los integrantes del presunto Gabinete en la sombra del presidente Pedro Castillo.

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder solicita esa medida contra Biberto Castillo (exasesor de la Presidencia); Abel Cabrera (empresario); Salatiel Marrufo (exasesor del Ministerio de Vivienda) y Alejandro Sánchez (dueño de la casa de Sarratea, en Breña).

El magistrado evalúa el pedido del Ministerio Público desde el sábado y esta mañana será la última audiencia, antes de dar a conocer su decisión en la tarde.

Además la fiscal Kelinda Janampa solicitó comparecencia con restricciones para Beder Camacho Gadea (exsubsecretario del despacho presidencial), Henry Shimabukuru Guevara (asesor presidencial), Auner Vásquez Cabrera (ex jefe del gabinete técnico presidencial) y Eder Vitón Burga (ex-asesor del gabinete técnico) y otras personas. Vásquez y Vitón se encuentran bajo detención preliminar desde el 10 de octubre.

Todos ellos son investigados por los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias y encubrimiento personal.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, los exasesores de Pedro Castillo se enfrentan a posibles penas mínimas de 12 y 19 años de prisión si llegan a ser condenados por los delitos que les atribuyen.

José Luna Morales fue detenido luego de que Poder Judicial dictara 34 meses de prisión preventiva

El virtual regidor de Lima Metropolitana por Podemos Perú, José Luna Morales, se puso a disposición de la justicia luego de que se le dictara 34 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

“Nosotros vamos a demostrar mi inocencia. No me voy a correr, el fiscal pretende decir que me iba a correr. La justicia va a tardar, pero llega”, dijo Luna Morales al inicio de la entrevista a RPP.

Tras ser enmarrocado por los efectivos policiales, el excongresista fue trasladado a la sede Requisitorias.

“Esta prisión preventiva busca dañar a Podemos, busca debilitar a mi partido para que se trate de allanar a intereses dentro del Congreso, pero una vez más, como cuando yo era congresista en el gobierno del señor Vizcarra, nosotros no nos sometemos a presiones políticas ni chantajes. Vamos a enfrentar la justicia cómo venga”, dijo.

Imputación

José Luna Morales es una pieza importante en la presunta organización criminal que lideraría su padre, el congresista José Luna Gálvez.

Según la tesis fiscal, Luna Morales habría comprado las voluntades de Guido Águila Grados, Iván Noguera Ramos y Julio Gutiérrez Pebe cuando estos se desempeñaban como consejeros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el fin de que se nombre a un jefe de la ONPE a medida de la supuesta organización criminal.

Es de esta manera, de acuerdo con el Ministerio Público, que se logró poner como jefe de la ONPE a Adolfo Castillo Meza, en cuya gestión se logró la inscripción de Podemos Perú.

Puno: prisión preventiva contra mototaxista por muerte de ingeniero que acudió a discoteca en Juliaca

La jueza de Investigación Preparatoria de Juliaca, Penélope Najar Pineda, dictó nueve meses de prisión preventiva contra el mototaxista de nombre Plácido Tiznado Quispe (56), quien está implicado en la escabrosa muerte del ingeniero arequipeño Juan Brandon Madariaga Escalante (26).

El pedido fue sustentado por el fiscal penal Tito Nieto Portocarrero, quien sostuvo que el mototaxista Plácido Tisnado, en complicidad con una mujer que sería una “pepera”, captó al joven en la puerta de la discoteca Imperium para doparlo en el camino mientras estaban a bordo de la unidad vehicular.

Luego lo abandonaron en un descampado de la avenida Automotriz de la urbanización Alexander de la ciudad de Juliaca.

Plácido Tiznado estaría acostumbrado a captar personas en estado de ebriedad en complicidad con una mujer, a quien la Policía ya tiene plenamente identificada, para luego asaltarlas y abandonarlas en descampados fuera de la ciudad.

Denuncia del padre

El viernes 16 de setiembre, el padre de Juan Madariaga denunció que su hijo fue asesinado por el mototaxista y una mujer más al interior del vehículo. Además, que le robaron todas sus pertenencias y lo abandonaron en aquel descampado donde lo encontró la Policía.

Asimismo, contó que Juan Madariaga tiene una lesión en la cabeza causada por un objeto contundente y dentro de la mototaxi se encontró una vara de policía y una correa. Sin embargo, pese a todas las pruebas recaudadas y a que el mismo mototaxista aceptó haber participado en el hecho, su abogado pedía su libertad inmediata, que ahora se sabe fue denegada.

El padre también denunció que este sujeto tenía influencias dentro del Poder Judicial, y señaló que la identidad de la mujer se mantiene en reserva por cuestiones de investigación, ya que se trataría de una banda criminal dedicada a captar de esta manera a sus víctimas.

Abogados de Yenifer Paredes buscarán anular la prisión preventiva

Los abogados de Yenifer Paredes y el alcalde de Anguía, José Medina Guerrero, cuestionaran los argumentos del juez Johnny Gómez Balboa sobre el peligro procesal y peligro de fuga al apelar la prisión preventiva, por 30 meses, impuesta a ambos personajes.

Ambos abogados, José Dionicio Quesnay y Martín Silva Chumbe, disponen de tres días, que vence este miércoles 31 de agosto, para sustentar por escrito la apelación a la resolución del juez en cada caso.

Una vez presentado el documento, el mismo juez de investigación preparatoria verificará si el recurso impugnatorio cumple con los requisitos legales y formales previstos en la norma. En ese caso, la admitirá a trámite.

Si el juez, como ha sucedido en otros casos, considera que la apelación no está bien presentada, la rechazará y la resolución no será revisada. La prisión preventiva quedará firme.

El fiscal Jorge García también anunció que apelará el plazo de la prisión preventiva. La Fiscalía considera que la detención de Yenifer Paredes y Medina Guerrero debe ser de 36 meses, como fue su planteamiento, dadas las innumerables diligencias de investigación que deben realizar.

Si la apelación es admitida a trámite, los escritos de los abogados defensores y el expediente del caso serán elevados a una de las Salas de Apelaciones de la Corte Penal Nacional. Los jueces realizarán una audiencia con participación de los abogados y la Fiscalía y luego tomarán la decisión.

Aun cuando la decisión de segunda instancia daría por terminado el proceso, no se descarta que alguno de los dos investigados pueda plantear un recurso de casación ante la Corte Suprema.

La otra posibilidad que tienen las defensas de Paredes y Medina es el recurso de habeas corpus contra los jueces de la Corte Penal Nacional en busca de un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Una vía utilizada antes por las defensas de Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori.

Fundamento

Los abogados Dionicio Quesnay y Silva Chumbe se encontraban ayer trabajando en fundamentar y redactar la apelación. Según trascendió, ambos cuestionarán los fundamentos del peligro procesal y peligro de fuga, la idoneidad y necesidad de la medida y el plazo de 30 meses.

Como sucedió en la audiencia de prisión preventiva, las defensas no harán mayores alegaciones respecto a la probable existencia del delito, salvo remarcar que se trata de una hipótesis aún no probada.

José Dionicio Quesnay considera que el juez valoró la actuación de terceros en la diligencia practicada en Palacio de Gobierno y en la pérdida de los videos de seguridad, para concluir en una probable perturbación de la investigación por parte de Yenifer Paredes.

Igualmente que al pedir a los pobladores de Anguía que no difundan videos de su participación en la reunión, no tiene que ver con perturbar la investigación ni ocultar pruebas, pues fue un evento anterior al inicio del proceso.