La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Ayacucho, a cargo de la fiscal Karen Obregón Ubaldo, abrió investigación contra el jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, el general PNP Antero Mejía Escajadillo; y el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, el general EP Jesús Vera Ipenza, por ser los presuntos autores mediatos del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, por el presunto asesinato de 10 personas en las protestas.
Según la disposición fiscal a la que accedió este medio, la indagación preliminar por 60 días a los generales Mejía y Vera tiene relación con la muerte de Josué Sañudo Quispe, Clemer Rojas García, Luis Urbano Sacsara, Jhon Mendoza Huarancca, José Aguilar Yucra, Raúl García Gallo, Edgar Prado Arango, Jhonathan Alarcón Galindo, Ronaldo Fernando Barra Leyva y el menor C.M.R.A.
Hasta la fecha, se ha confirmado que las 10 víctimas mortales recibieron impactos de proyectil de arma de fuego (PAF) por parte de efectivos uniformados durante los enfrentamientos.
Videos y fotografías de los violentos eventos, muestran que efectivos del Ejército contaban con fusiles de largo alcance de fabricación israelí Galil, de calibre 5,56 x 45.
Estos hechos han sido parte del sustento de la fiscal Obregón para dar inicio a la investigación contra los generales Mejía y Vera, como presuntos máximos responsables de los ataques letales contra los manifestantes.
“Los medios de comunicación y las diferentes redes sociales han publicado que las protestas ciudadanas suscitadas el día 15 de diciembre de 2022 en el interior de la pista de aterrizaje del aeropuerto “Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte” de Ayacucho e inmediaciones del mismo, han sido reprimidas por las fuerzas del orden utilizando armas letales”, señala el documento de la Fiscalía.
La denuncia fue interpuesta por los abogados Abimael Mendez Conde, Yuri Martinez Ochoa, Víctor Porras Rivera, Mario Escriba Tineo y Jack J. Diburga Cuba.
Sobre las denuncias interpuesta contra la presidenta Dina Boluarte, el expremier Pedro Angulo, el exministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, el exministro del Interior, César Cervantes, la fiscal Obregón decidió derivar el caso al despacho de la Fiscal de la Nación para que proceda de acuerdo a ley.
Disposición fiscal de la Fiscalía de Ayacucho.Disposición de la Fiscalía de Ayacucho.Disposición de la Fiscalía de Ayacucho.
Fue la última llamada que recibió Sheyla Prado Cisneros (18 años) de su padre, el fatídico 15 de diciembre. Para entonces, cinco de la tarde, los militares ya habían salido del aeropuerto a las calles aledañas. Muchos jóvenes corrían, en medio del silbido de los proyectiles.
Un militar se instaló en una esquina y varios vecinos lo vieron disparar directo al cuerpo. Edgar Wilfredo Prado Arango (51), el padre de Sheyla, vivía apenas a media cuadra y vio a un joven que caía herido. Se propuso socorrerlo. Un testigo vio que salió cubriéndose con una calamina, con la convicción de que solo disparaban perdigones. Error. Una bala le llegó por la espalda mientras intentaba brindar auxilio.
No participaba en las protestas. Era un padre dedicado al transporte. Quiso brindar ayuda y terminó fulminado al frente de su vivienda.
Dos
— Con él he almorzado el día 15 de diciembre, a las dos de la tarde. Luego conversamos y me dijo ya voy a volver.
Jhovana es hermana mayor de Jhon Mendoza Huarancca (34 años). Almorzaron juntos. Tres horas después recibió una llamada con la noticia trágica. Ella acudió al hospital. Le dijeron que no estaba. Insistió. Ingresó. Buscó y allí, en una sala, estaba el cuerpo: “como NN”.
Le contaron a Jhovana que su hermano, al promediar las cinco de la tarde, en medio de los disparos, se tiró en una cuneta. Un militar se acercó, lo vio y le disparó sin más.
Jhon Mendoza Huarancca gestionaba con Jhovana una empresa pequeña de transporte. Con eso cubría los gastos de dos hermanos menores y se hacía cargo de su madre, una paciente de cáncer terminal. Todo eso antes del disparo en el tórax que acabó con su vida.
Tres
—Hay un video en el que aparece ayudando a los heridos.
David Hancco se enteró de la muerte de su hermano por las redes sociales. El nombre de Leonardo Hancco Chacca (32 años) circulaba la noche misma del 15 de diciembre, luego de la zozobra que vivió Ayacucho.
Leonardo había salido a las cinco de la mañana, para formar parte de uno de los piquetes del paro. Se había despedido de su esposa Ruth Barcena. La misma tarde de aquel día recibió un disparo en inmediaciones del aeropuerto. Fue trasladado al hospital regional. Fue intervenido quirúrgicamente. Estuvo dando batalla, pero pereció la madrugada del 17 de diciembre.
Natural de Espinar, Cusco, se había instalado en Ayacucho con su esposa Ruth. Dedicó su vida al transporte y cubría la ruta hacia Cangallo y Huancapi. Deja una hija de siete años.
Cuatro
—Estoy yendo, ya vuelvo.
Siete de la mañana. Jhanet Vianca Román Pareja recibió este escueto mensaje de su esposo, Raúl García Gallo (35 años). Su destino era uno de los piquetes del paro en Ayacucho, contra el Congreso y la presidenta Dina Boluarte.
Ella se quedó en su vivienda de adobe, en el asentamiento humano Palacios. A las cinco de la tarde recibió la llamada: “A Raúl le dispararon”.
Ella acudió al hospital regional y un mensaje en clave del personal de salud le confirmó la tragedia: “Señora, tiene que ser fuerte”. Le explicaron que ya no pudieron hacer nada. Una bala le había ingresado por el estómago y salió por la cintura.
Raúl García Gallo era constructor. Tenía con Jhanet tres hijos, ahora huérfanos, de 14, 11 y 9 años. Tenía otro hijo mayor que, paradojas de la vida, había servido en el Ejército. La misma institución que acabó con la vida de su padre.
Cinco
—Anda al cementerio, parece que es él, tu hijo.
Edith Aguilar Yucra recibió una llamada al atardecer, cuando ya había noticias de muertos y heridos. Vivía muy cerca. A tres cuadras. Salió rauda. Cuando llegó, la ambulancia ya había recogido el cadáver de su hijo.
José Luis Aguilar Yucra tenía 20 años y una hija de dos años. Aquel día había salido a trabajar. A su retorno, al atardecer, caminó por la ruta de siempre y se dio con la balacera. Testigos vieron que asomó la cabeza desde una esquina y un proyectil en el cráneo lo dejó tendido, inerte.
Seis
—Ya salgo, tengo que hacer mi trabajo. Luego tengo campeonato, no voy a alcanzar.
Vilma Sacsara recibió este último mensaje de su hijo, Luis Miguel Urbano Sacsara (22 años), mientras salía de su vivienda, a dos cuadras del cementerio. “Ten mucho cuidado, hijo, está peligroso”, le respondió la madre.
Luis Miguel tenía 22 años. Estudiaba Administración en el instituto privado CESDE. Salió de su domicilio al promediar las tres y media de la tarde.
Cuatro horas después, al promediar las siete de la noche, Vilma recibió una llamada desde el hospital. “Señora, ¿usted es madre de Luis Miguel Urbano Sacsara?”. Había fallecido con un proyectil de arma de fuego.
Siete
—¡Señor, al joven le llegó una bala, ya se lo han llevado.
El señor Reider Rojas Jáuregui estaba inquieto por la balacera que había remecido la ciudad. Su hijo, Clemer Fabricio Rojas García (23 años), había visitado hacia el mediodía a su madre, Nilda García, en el mercado Magdalena. Le dijo que la marcha había sido pacífica y que las personas ya se retiraban.
Pero luego se escuchó la balacera. A las cuatro de la tarde, Reider Rojas decidió timbrar el celular de su hijo. Una voz distinta le informó que ya se lo habían llevado al hospital.
Natural de Quinua, Clemer Rojas estudiaba Mecánica Automotriz en Senati. Durante un año sirvió al Ejército.
Tras la llamada amarga, padre y madre acudieron al hospital regional e identificaron el cadáver de Clemer, quien era el mayor de dos hermanos.
Reider y Nilda buscan reponerse de la partida inesperada del hijo mayor. El siguiente paso será la búsqueda de justicia. Nilda, la madre, tiene una misión adicional: defender la honra de su hijo, a quien un sector político y mediático nacional pretendió tildarlo de violento.
Ocho
La tarde lluviosa del 17 de diciembre, una multitud de personas vinculadas con congregaciones religiosas llegó hasta el cementerio general de Ayacucho. Una banderola inmensa anunciaba a otra de las nueve víctimas de la represión militar: Josué Sañudo Quispe (31 años).
Con rabia e indignación, el padre de Josué, don Germán Sañudo, se disculpó, a través del hilo telefónico, de no ofrecer mayor testimonio sobre su hijo. Y ofreció una razón muy seria: la estigmatización de una sociedad desinformada que tilda, sin mayor reflexión, a todas las víctimas de personas violentas.
Hermandad. Comunidades religiosas acompañaron el sepelio de Josué Sañudo Quispe. Foto: difusión
Nueve
—Aló, hijo, cómo estás.
—¿Usted es el padre?
—Sí, qué pasó.
—Su hijo está en el hospital.
Raúl Ramos Loayza estaba en Quinua, a una hora de Ayacucho, cuando hizo esta llamada al celular de su hijo, el 16 de diciembre, un día después de la balacera militar.
Pero la voz de un médico y la noticia de que estaba en el hospital lo tomó con sorpresa y llamó de inmediato a su otra hija para que acuda al hospital.
El día de la paralización, el chico le había dicho a su madre, Hilaria Aime, que iba al cementerio para ganar algo de dinero. Su oficio consistía en limpiar los nichos y regar las flores.
El cementerio queda al costado del aeropuerto, donde se habían instalado los militares y reprimían con balas a los grupos que habían ingresado, como parte del paro regional.
Fue entonces que el chico estaba en inmediaciones del cementerio y recibió una bala por la espalda. Se llamaba Christopher. Tenía solo 15 años.
Buenaventura S.A.A. (NYSE: BVN), la mayor empresa minera peruana de metales preciosos que cotiza en bolsa, anunció el viernes que las protestas políticas en todo Perú, que precipitaron un estado de emergencia nacional anunciado ayer, han afectado negativamente a las rutas de suministro a las minas de todo el país.
Buenaventura dijo que ha recibido recientemente la confirmación de que la entrada a sus operaciones de Julcani y Orcopampa ha sido bloqueada, añadiendo que la compañía está, por lo tanto, tomando medidas preventivas preventivas y ha iniciado una parada temporal de sus operaciones mineras de Julcani y Orcopampa.
Buenaventura señaló que mantendrá un mínimo de personal presente en la mina, como se requiere sólo para las actividades esenciales.
La compañía dijo que no se han producido daños a la propiedad o activos de Buenaventura, y todos los demás activos mineros de Buenaventura están operando en condiciones normales.
“La gerencia continúa evaluando activamente los desarrollos relacionados con todas las actividades relacionadas con sus minas, incluyendo los efectos de los bloqueos a medida que estos se desarrollan. La empresa se asegurará de que la comunidad financiera permanezca informada a medida que se desarrollen los acontecimientos y se tomen las decisiones correspondientes”, dijo la empresa.
Buenaventura S.A.A. es la mayor empresa peruana de metales preciosos y básicos que cotiza en bolsa y uno de los principales titulares de derechos mineros en Perú. La empresa se dedica a la exploración, explotación minera, procesamiento y comercialización de oro, plata y otros metales básicos a través de minas de su propiedad y de su participación en proyectos de empresas conjuntas.
Los abogados Abimael Méndez y Jack Diburga plantearon una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Pedro Angulo y los ministros César Cervantes (Interior) y Alberto Otárola (Defensa) por las muertes registradas durante las protestas al interior del país.
La denuncia también alcanza al jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, Antero Mejía; el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera Ipenza; y el congresista Jorge Montoya “por resultar instigador de los delitos denunciados”.
A todos ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de genocidio y homicidio calificado “en grave contexto de violación de derechos humanos”.
En la víspera, Boluarte Zegarra se pronunció sobre los últimos decesos reportados durante el enfrentamiento entre manifestantes y efectivos policiales.
“Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos. Mis profundas condolencias a los deudos. Reitero mi invocación a la paz”, tuiteó la mandataria.
Reportan nuevo deceso en Junín
Este viernes 16 de diciembre, se registró el fallecimiento de un menor de 17 años de edad en Junín. De esta manera, se eleva a 18 el número de fallecidos por enfrentamientos.
Un joven, identificado como Edgar Prado Arango, falleció tras los enfrentamientos entre los manifestantes y las Fuerzas Armadas en el aeropuerto de Huamanga, en la región Ayacucho, en medio de las protestas contra el Gobierno de Dina Bolaurte.
Cabe señalar que este joven vivía cerca del terminal aéreo Alfredo Mendívil Duarte y salió para ayudar a los heridos en las protestas, ya que las autoridades y los manifestantes se enfrentaron a balazos en el mencionado aeropuerto.
“Nos acaban de informar que acaba de fallecer un joven en el Hospital Regional de Ayacucho. La hermana de la víctima nos llamó desconsolada por la muerte de su familiar y ahora ya no se puede hacer nada. El joven vivía cerca del aeropuerto y cuando salió a ayudar le cayó un balazo”, confirmaron en América Noticias.
Ya son 8 fallecidos hasta el momento en la región
Con la muerte de este joven en total se vienen registrando 8 fallecidos en Ayacucho y 52 heridos tras las protestas que se vienen desarrollando en la región. Cabe mencionar que la hermana de la víctima anteriormente pidió un puente aéreo para que su hermano pueda ser atendido. Sin embargo, no se logró realizar y el joven falleció.
“Se trata del caso de un chico que vive cerca del aeropuerto, salió a ayudar a los heridos y le cayó un balazo. Lamentablemente, ha perdido la vida, otro de los fallecidos que se suma”, mencionaron.
La Policía capturó a un sujeto que le lanzó un bloque de cemento a un patrullero que se desplazaba por el jirón Lampa en el Centro de Lima.
Un video muestra a unos jóvenes encapuchados realizando disturbios en esta vía, cuando uno de ellos toma un bloque de cemento y lo lanza a la unidad policial.
El sujeto fue identificado como Gustavo Adolfo Tenorio Tejada de 23 años. Afirmó que formaba parte de las movilizaciones en el Cercado de Lima.
Durante su manifestación ante la Policía, el sujeto confesó su delito y afirmó que los agentes, que se dirigían a una emergencia, no lo habían agredido.
ENFOQUE REAL 