El legislador Roberto Sánchez presentó este martes un proyecto de ley para derogar la Ley n° 32108, que busca luchar contra el crimen organizado en el país. Esto, luego de que dicha norma fuera cuestionada por gremios empresariales, sindicatos y expertos, quienes señalaron que, por el contrario, dicha norma debilita la capacidad de respuesta de la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía para enfrentar la ola de extorsión y sicariato que se vive actualmente.
Fue por medio de sus redes sociales que el congresista y vocero de la bancada de Juntos por el Perú anunció que presentó su proyecto de ley 9953 contra una ley que él considera “limita la lucha contra el crimen organizado”. “Propongo endurecer penas y reforzar la seguridad ciudadana. ¡Es tiempo de actuar con firmeza!”, escribió el también exministro de Producción en su cuenta de X (Ex Twitter).
La propuesta, emitida por el propio Roberto Sánchez en la Mesa de Partes del Congreso, precisa que tiene como objetivo “adoptar medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares, a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal y establecer medida para combatir la delincuencia”.
Del mismo modo, el proyecto de Sánchez busca, principalmente, derogar la ley contra el crimen organizado 32108 y la ley 27379 ley de procedimiento para “adoptar las medidas excepcionales de limitación de derechos en investigaciones preliminares a fin de determinar las características concurrentes para la tipicidad de una organización criminal”.
¿Qué modificaciones y reformas propone Roberto Sánchez en su PL?
El proyecto de ley propone, además, incrementar las penas para los tipos base de los delitos de secuestro y extorsión. Según la propuesta de Sánchez, el tipo base delito de secuestro sería castigado con penas privativas de libertad no menores de 25 años y hasta 30 años, mientras que el tipo base del delito de extorsión tendría penas de entre 15 y 20 años.
También se introduce modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, incrementando la participación ciudadana en los comités distritales de seguridad, al incluir a dos representantes de las Juntas Vecinales promovidas por la Policía Nacional.
“También se establece la obligatoriedad de que las sesiones del comité distrital de seguridad sean convocadas tanto por las autoridades locales como a pedido de los representantes vecinales, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la participación comunitaria en la seguridad”, se lee.
¿Cuáles son los fundamentos de Roberto Sánchez para derogar la ley 32108?
Para Roberto Sánchez, la Ley 32108, promulgada en agosto de 2024, introdujo criterios restrictivos para definir a una organización criminal lo que, según el parlamentario, debilitaría la capacidad de las autoridades para procesar redes delictivas.
La ley señala que el allanamiento se realiza con presencia del interesado y de su abogado. Es decir, si no se encuentra el abogado del investigado, no se puede llevar a cabo el allanamiento.
“La espera puede durar minutos u horas, en las cuales el investigado podría desaparecer pruebas que lo incriminen, favoreciendo de esa manera a que se deje impune el delito. Motivo por el cual la Ley 32108 debe ser derogada”, señala Sánchez en su proyecto.
El proyecto de Roberto Sánchez menciona que tanto el Colegio de Abogados de Lima como el Ministerio Público “han expresado su preocupación por los vacíos legales que esta normativa ha generado, que permitirá la liberación de presuntos delincuentes bajo el argumento de que no se cumplen los nuevos requisitos para ser considerados parte de una organización criminal”.
“Es urgente derogar la Ley 32108 y dar a las autoridades las herramientas necesarias para enfrentar con mayor firmeza el creciente problema de la criminalidad organizada en el país”, explicó el legislador.
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