Una investigación basada en conversaciones de aplicaciones de mensajería y testimonios de militantes reveló un presunto esquema de recaudación de fondos paralelo dentro de Juntos por el Perú, mecanismo que operó fuera de los canales oficiales de control de la organización política.
Según la información difundida, esta modalidad buscó reunir dinero para cubrir los costos de los procesos de impugnación y nulidad de mesas de sufragio después de que los primeros resultados electorales desfavorecieron a Roberto Sánchez.
Los datos recopilados indican que la agrupación necesitaba un presupuesto superior a los dos millones de soles para afrontar la presentación de recursos legales tanto en Lima como en el extranjero.
En ese contexto, además del mecanismo oficial de captación de aportes, apareció una vía alterna que provocó cuestionamientos entre los propios simpatizantes.
Mecanismos de aportes desataron dudas entre militantes
La investigación señala que el partido publicó en sus plataformas digitales un aviso oficial con las cuentas de la tesorera nacional, Luzmila Ayay, para recibir contribuciones.
No obstante, en distintos grupos de WhatsApp también circuló otro afiche con información diferente.
Ese segundo anuncio mostraba el número telefónico personal y la cuenta de billetera electrónica de la personera legal de Huancavelica, Dacia Romero Quispe, como destino de los depósitos.
De acuerdo con las coordinaciones internas reveladas, la diputada electa por Huancavelica, Catherin Palomino, coordinó la implementación de ese mecanismo.
Romero Quispe explicó que facilitó su número telefónico para la elaboración del afiche alternativo y sostuvo que actuó por disposición de Palomino.
Según declaró, esa decisión también contó inicialmente con coordinación junto a la tesorera nacional.
Chats reflejan incertidumbre por depósitos
La coexistencia de dos anuncios provocó confusión entre los integrantes del grupo de WhatsApp ‘Amigos de lucha 2026’, conformado por 128 miembros.
Los registros correspondientes a los días 12 y 13 de junio muestran que varios participantes expresaron dudas al observar que los aportes podían dirigirse a cuentas distintas.
Algunos militantes indicaron que consultaron directamente en el local nacional del partido y recibieron como respuesta que el Comité Ejecutivo Nacional solo reconocía el afiche oficial correspondiente a la tesorera Luzmila Ayay.
Las conversaciones también reflejaron inquietud por el destino del dinero recolectado y la ausencia de información uniforme sobre el procedimiento para canalizar las contribuciones.
Transferencias alcanzaron también a Catherin Palomino
Durante las coordinaciones internas, algunos simpatizantes realizaron depósitos directamente a la cuenta de Yape de Catherin Palomino. Romero Quispe confirmó que esa situación ocurrió debido a errores de algunos aportantes.
Según su versión, la propia diputada electa comunicó en los grupos de mensajería que, de manera temporal, debía utilizarse el número de la personera legal para las transferencias.
Romero Quispe afirmó que recopilaron aproximadamente cuatro mil soles mediante comprobantes de depósito y aseguró que esos recursos posteriormente debían transferirse a las cuentas oficiales del partido.
Testimonios describen influencia política de Palomino
La investigación también abordó la posición que ocupa Catherin Palomino dentro de Juntos por el Perú.
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Jaime Vásquez Palomino, sobrino del expresidente Pedro Castillo, declaró que ambos visitaron el penal de Barbadillo y sostuvo que observó una relación de estrecha confianza entre Castillo y la hoy diputada electa.
Según su testimonio, Palomino ejercía una influencia determinante sobre diversas decisiones políticas.
Vásquez afirmó además que salió del comando de campaña tras mantener diferencias con ella y aseguró que la legisladora manifestaba tener autoridad para decidir quién permanecía o era retirado de las actividades partidarias.
Frente a estas versiones, Catherin Palomino evitó ofrecer una entrevista y respondió mediante mensajes de WhatsApp. En esos textos señaló que su vínculo con Pedro Castillo corresponde únicamente a su labor como abogada defensora.
Por otro lado, Romero Quispe declaró que decidieron utilizar su número telefónico en lugar del de Palomino para evitar eventuales problemas legales para la diputada electa.
Además, afirmó que la coordinación en Huancavelica involucró tanto a Palomino como a la tesorera Luzmila Ayay.
Versiones enfrentadas y advertencias sobre posibles delitos
La controversia aumentó cuando la tesorera nacional respondió a las consultas periodísticas.
A través del área de prensa de Juntos por el Perú, Luzmila Ayay negó haber autorizado cuentas alternas para recibir aportes y afirmó que nunca coordinó con Catherin Palomino ni con Dacia Romero Quispe.
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También rechazó haber recibido transferencias provenientes de ellas.
Esa versión difiere de lo declarado por Romero Quispe, quien aseguró que remitió los recursos recaudados y afirmó conservar capturas de pantalla de depósitos realizados a nombre de la tesorera.
Recaudación de S/ 4 millones
La investigación también incluyó conversaciones del grupo ‘Comando Regional JP’ de Piura, integrado por 152 miembros.
En ese chat, el coordinador regional Branly Morales escribió mensajes que hablaban de una recaudación de cuatro millones de soles.
Consultado posteriormente, Morales reconoció la autoría de esos mensajes, pero sostuvo que se trató de una estrategia de márquetin político y de un recurso para incentivar el ánimo de la militancia.
Sobre este caso, José Tello, presidente del instituto Aklla, advirtió que la informalidad en la captación de recursos y la falta de claridad respecto de los reportes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) configuran un escenario que requiere investigación.
El especialista sostuvo que estos hechos podrían derivar en presuntos delitos como apropiación ilícita, financiamiento ilícito e infracciones electorales cuya evaluación corresponde al Ministerio Público.
