El Tribunal Constitucional dispone libertad inmediata del exdictador Alberto Fujimori declarando fundado el habeas corpus a favor de su indulto. Esta petición fue presentada por el ciudadano Mauricio Fernando Arnillas Gonzáles en contra del Director del Penal de Barbadillo, Ate Vitarte, y del Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Módulo Penal Ica, Dr. Vicente Fernández Tapia. La solicitud alegaba un presunto atentado contra la libertad Individual mediante la detención arbitraria.

Aunque el tribunal reconoció la gravedad de los delitos por los que fue condenado en 2009, resaltó que se le concedió un indulto humanitario en 2017, cuyos efectos fueron restituidos en una sentencia de marzo de 2022. Esta última sentencia tiene autoridad de cosa juzgada, y el tribunal señala que el favorecido lleva casi seis años indultado sin que se haya hecho efectiva su libertad, lo cual constituye una vulneración al derecho fundamental. Además, considera la edad avanzada y la salud deteriorada del favorecido, quien ha cumplido aproximadamente dos terceras partes de su condena.

CIDH expresó desacuerdo con indulto en el pasado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado peruano informar sobre el cumplimiento de la resolución que emitió el 7 de abril de 2022, luego de que el TC resolvió que no debía aclarar su fallo del 2022 que consideró válido el cuestionado indulto concedido al exdictador.

“Siguiendo instrucciones del presidente de Tribunal, se solicita al Estado que, a más tardar el 6 de diciembre de 2023, remita un informe en el que presente sus observaciones al referido escrito de los representantes, teniendo en cuenta lo ordenado por esta Corte en la Resolución de 7 de abril del 2023”, detallan en un documento al que tuvo acceso La República.

¿Por qué delitos cumplía condena Alberto Fujimori?

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta, acusado de homicidio calificado y lesiones graves. Cumple su condena en el penal de Barbadillo en Lima. Además, es reconocido como exdictador por el autogolpe de 1992, donde cerró inconstitucionalmente el Congreso y asumió el control total de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas junto con su asesor Vladimiro Montesinos. La sentencia fue emitida por el juez César San Martín, quien afirmó que los cuatro cargos estaban probados más allá de toda duda razonable.

Seguidamente, se detallan los delitos en los cuales estuvo involucrado:

• Usurpación de funciones
• Homicidio calificado con alevosía y secuestro
• Matanza de Barrios Altos
• Matanza de La Cantuta
• Peculado y falsedad ideológica
• Delitos de corrupción y espionaje
• Caso Diarios Chich

En medio de la crisis política y constitucional que atraviesa el país a raíz del caso de la fiscal de la Nación, que supone la compra de votos en el Congreso a cambio de impunidad, el Tribunal Constitucional decidió sumarse a la desestabilización.

A través de un auto de aclaración con fecha del 21 de noviembre, pero dado a conocer el lunes 28 de noviembre, los magistrados del TC decidieron crear una controversia constitucional respecto del proceso de ejecución de la sentencia del expresidente Alberto Fujimori.

Este documento, que debía tener como principal propósito aclarar cómo se deberían ejecutar los términos de la sentencia, no ha logrado su propósito ni en el papel ni en la explicación posterior. Al contrario, han decidido abrir la puerta a la interpretación de la sentencia a partir del desconocimiento del ordenamiento jurídico nacional y el rol de las sentencias de organismos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) e inclusive manifestándose incoherentemente a través de diversos medios locales.

El presidente del TC, Francisco Morales, sostuvo en diversos canales que lo que ordena el auto es la liberación de Fujimori. “La respuesta es sí y le explico por qué: porque lo que hemos resuelto nosotros es una aclaración”, sostuvo Morales en RPP. Sin embargo, si se remite al texto mismo del auto, específicamente en la resolución, se lee textualmente que 4 de los 6 miembros del Pleno del TC declaran “improcedentes” los pedidos de aclaración solicitados por la defensa del exdictador.

Contrariamente a lo expuesto por la mayoría, en el voto singular del magistrado Manuel Monteagudo Valdez se discrepa “totalmente” de dicha conclusión.

Monteagudo sostiene que Pacheco Zerga, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse y Domínguez Haro eluden su responsabilidad como miembros del máximo órgano de interpretación legal del país, “pues han decidido ignorar las consecuencias jurídicas derivadas de expresos pronunciamientos de la Corte IDH”.

Imposible jurídico

Según dicho magistrado, la mayoría del actual Pleno del TC “ha decidido eludir su responsabilidad de emitir un pronunciamiento claro y definitivo al respecto, en su condición de órgano de control de la Constitución” al trasladar su “trascendental función al “juez de ejecución del habeas corpus, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones”.

Asimismo, sostuvo en RPP que dicho auto de aclaración, “bajo ningún contexto, puede entenderse como una orden de excarcelación en favor del expresidente Alberto Fujimori, ya que esta situación configura un imposible jurídico”.

Finalmente, el magistrado Manuel Monteagudo Valdez fue enfático en resolver que “el TC debe acatar el fallo de la Corte IDH y resarcir la sentencia que validó el indulto otorgado previamente”.