La Subsecretaría General del Despacho Presidencial rechazó pagar la defensa legal de la expresidenta Dina Boluarte en el ámbito de las investigaciones por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Por este caso, la Fiscalía de la Nación indaga a Boluarte por supuestamente haber incrementado ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos obtenidos en dicho cargo entre marzo y diciembre del 2024.

Luego de que la Oficina General de Asesoría Jurídica evaluó la petición de la exmandataria y la disposición fiscal, concluyó que «no se advierte relación alguna entre los hechos materia de investigación, consistentes en el presunto incremento ilícito del patrimonio respecto de los ingresos legítimos y el ejercicio regular de las funciones que le correspondían como Presidente de la República».

Es decir, precisan, el supuesto delito «se configura por el incremento patrimonial injustificado de carácter personal, el cual no constituye ni deriva del ejercicio de atribuciones, competencias o decisiones propias del cargo de Presidente de la República».

«En atención a lo solicitado mediante los documentos de vistos y con la evaluación realizada por la Oficina General de Asesoría Jurídica, se determina la improcedencia del beneficio de defensa y asesoría legal para solventar los costos del patrocinio de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra», se lee en el documento.

Dina Boluarte: aprueban financiar la defensa legal de otros 4 casos

Por otro lado, la Subsecretaría General aprobó que el Despacho Presidencial financie la defensa legal de la exmandataria en otras 4 investigaciones. El primero es por el presunto delito de falsedad genérica por el caso Cirugías.

Según la tesis fiscal, Boluarte habría incurrido en el delito de falsedad al presuntamente simular o alterar intencionalmente la verdad de los hechos, aparentando la autenticidad de actos oficiales. En concreto, se le atribuye la suscripción, de puño y letra, de diversas normas en fechas en las que —según documentación médica y testimonios del personal de salud que la intervino la noche del 28 de junio de 2023— se encontraba físicamente imposibilitada para hacerlo, al estar bajo indicación médica de reposo posoperatorio.

De acuerdo con la investigación, dicha condición se habría extendido tanto durante su permanencia en la Clínica Cabani como en su domicilio, entre el 29 de junio y el 9 de julio de ese año.

El otro caso es por el supuesto delito de lesiones leves y lesiones graves por las muertes en protestas contra su gobierno entre diciembre del 2022 y febrero del 2023.

El tercer caso es por el presunto ilícito de lesiones leves por las mismas investigaciones de los decesos de peruanos durante las manifestaciones.

El cuarto es por el presunto delito de cohecho (soborno). Según la tesis fiscal, Boluarte habría intervenido directa o indirectamente en evitar o paralizar las investigaciones fiscales que involucraban a personas de su entorno cercano, mediante coordinaciones con asesores para el desplazamiento del Eficcop y las paralizaciones de las investigaciones en su contra.

Asimismo, se le atribuye haber solicitado el archivo de investigaciones seguidas en su contra y contra su hermano Nicanor Boluarte, como parte de un presunto acuerdo previo. En ejecución de dicho acuerdo, la fiscal de la Nación habría influido en decisiones fiscales favorables a la expresidenta y, como contraprestación, se habría producido el cese del jefe de la SUNAT mediante Resolución Suprema.