El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que no respaldará la postulación de su hermano, Héctor Acuña, a la Mesa Directiva del Congreso, cargo que conlleva la asunción de la Presidencia de la República tras la censura de José Jerí.
“Yo no voy a apoyar la candidatura de mi hermano. Que quede claro. No vayan a estar pensando que hay un interés familiar”, señaló.
En ese sentido, indicó que su partido evaluará las opciones en contienda, teniendo en cuenta que quien asuma la presidencia del Congreso se encargará de la presidencia de la jefatura de Estado.
Cabe señalar que para la elección de la nueva Mesa Directiva se han presentado cuatro listas. Una de ellas es encabezada por Héctor Acuña (Honor y Democracia), mientras que las otras tres son lideradas por María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgar Cornelio Reymundo Mercado (Bloque Democrático Popular) y José María Balcázar Zelada (Perú Libre).
En otro momento, el candidato presidencial también se refirió a la censura de José Jerí y afirmó que no debería haber más expresidentes presos en el Perú, por lo que exhortó a la ciudadanía a elegir un candidato que garantice gobernabilidad y estabilidad en el país.
— ¿Confía en un fallo favorable de segunda instancia que restituya a Ositrán sus funciones en el puerto de Chancay?
Sí, por supuesto. Yo confío en que finalmente se va a hacer justicia con este tema. La primera instancia la ha resuelto un juez que, en nuestra opinión, sí tenía toda la información, pero ha dado un análisis muy particular. En segunda instancia son tres magistrados en la Corte Superior y hay mayor posibilidad de análisis y que todo eso se revierta.
— ¿Qué argumento jurídico debería pesar ante el Poder Judicial?
El principal fundamento es que así lo manda la ley de forma expresa, tanto en la Ley del Sistema Portuario Nacional, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley marco de los Organismos Reguladores y en las propias leyes de Ositrán.
Segundo, por una razón económica porque esto se califica como un monopolio natural, debido a que es una infraestructura que tiene altos costos hundidos, donde se genera asimetría de información hacia usuarios y puede existir abuso de poder monopólico. En el Perú no existe un monopolio natural “suelto”, sin una supervisión adecuada del Estado.
— Más allá del control tarifario, ¿Ositrán tiene competencia para supervisar la calidad del servicio y las condiciones de infraestructura de uso público?
Sí. Por el artículo 63 del Código del Consumo, los organismos reguladores reciben todas las funciones vinculadas a los derechos de los usuarios. El Indecopi supervisa a todos los consumidores, pero menos a los usuarios de servicios que están bajo la competencia de los reguladores. Eso implica supervisar la idoneidad del servicio.
Nosotros verificamos que el usuario reciba el servicio en las condiciones que contrataron y que el usuario esté informado y tenga un procedimiento de reclamos, que eso tampoco está sucediendo aquí porque actualmente, Cosco no cumple las normas de Ositrán respecto al procedimiento de reclamos, donde somos segunda instancia.
“Si fuera cierto, la APN resolvería reclamos de segunda instancia desde hace años»
— Cosco sostiene que están regulados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que pueden ver reclamos. ¿La APN tiene funciones regulatorias equivalentes a Ositrán?
No. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala claramente que no puede haber duplicidad de funciones en los organismos del Estado. Las funciones de la APN son muy diferentes a las de un regulador y están vinculadas a temas operativos que tienen que ver con la coordinación del sistema portuario.
En el tema de usuarios, como cualquier entidad que está en el puerto, tiene que velar por el cumplimiento de los derechos laborales o derecho de usuarios, pero ese «velar», no les otorga la competencia para tener un procedimiento de reclamos de usuarios, ni menos una segunda instancia, porque actualmente no lo tiene.
Verónica Zambrano sostiene que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) no tiene funciones regulatorias ni segunda instancia en reclamos de usuarios.
Es muy fácil demostrar que los señores de la empresa Cosco Shipping están hablando cosas falsas. Si fuera cierto, la APN estaría resolviendo reclamos de segunda instancia desde hace años. Nunca lo ha tenido.
— ¿Revisaron la demanda?
Ayer (anteayer) que revisamos la demanda que ya nos fue notificada, analizábamos que en el fondo esto sí tiene que ver con soberanía.
Al comienzo nos hemos resistido a usar esta palabra porque entendíamos que salíamos un poco de nuestro fuero técnico, pero ahora mirando todo lo que dice esta sentencia y todo lo que ellos pretenden lograr, efectivamente sí existe una vulneración a nuestra soberanía, porque esta no es un concepto retórico, sino que es un principio que ante todo impone el respeto al Estado, a las leyes que este establece en su territorio.
Ellos están en territorio peruano y ocupan un espacio de 180 hectáreas de mar, que es de dominio público y la soberanía del Estado peruano.
— Sobre LPO, que es un puerto de igual modalidad en la Selva, pero que sí está regulado, desde Cosco señalan que ‘depende del entendimiento de las leyes de cada empresa’.
La respuesta me pareció increíble.Ellos quieren una norma conforme a su propia medida. La ley no es a la medida de nadie, pues la ley es la ley. A veces nos conviene, a veces no.
Ratificación de fallo abriría la puerta al incumplimiento
— ¿Qué consecuencias se derivarían?
Si usted abre la puerta al incumplimiento de las normas, hoy es Cosco Shipping, mañana será cualquier otra empresa, incluso concesionaria, que también dirá a mí no me conviene que esto se me cumpla. No existe ninguna diferencia entre Cosco y LPO. Son exactamente iguales.
Tampoco hemos dicho que vamos a supervisar con la misma intensidad que a una concesión, porque esta tiene un contrato y niveles de servicio.
— Sobre el puerto del Callao, APM Terminales busca ampliar su concesión por 30 años más, ¿Ositrán incluye en su análisis el desempeño en calidad de servicio?
Miramos qué ofrece a cambio de la ampliación. Si fuera un mal concesionario, la concesión puede caducar. Si se va, vendría otro que ofrecería algo interesante. También revisamos el comportamiento, pero lo que mira el Estado son nuevas inversiones.
— Se sabe la problemática del Puerto del Callao, y muchos usuarios dicen que parte de la congestión también responde a las decisiones operativas del concesionario.
Es un tema que estamos investigando. Hemos hecho una auditoría del subsistema de citas y, bueno, no tenemos una conclusión negativa ahorita.
— Sobre la TUUA de vuelos internacionales, ¿evaluaron impacto competitivo antes de validar esquema tarifario?
El esquema tarifario viene dado por contrato y por adenda. Esa evaluación de si es conveniente a la fecha corresponde al MTC, MEF y Mincetur.
Con el argumento de que un cambio presidencial provocaría «caos» e «incertidumbre» en el país, Fuerza Popular fue la única bancada que no votó a favor de la moción de censura de José Jerí por el caso Chifagate. Sin embargo, contrariamente a ese discurso, años anteriores fue este grupo parlamentario quien promovió la salida de los mandatarios de turno.
En total, con su mayoría en el Congreso, el fujimorismo ha impulsado que el Perú tenga, tras la vacancia de Jerí, ocho presidentes en 10 años.
Los ‘Kenjivideos’ que provocaron la renuncia de PPK
En el caso de PPK, el partido naranja promovió hasta dos mociones de vacancia. El primero no alcanzó los votos necesarios, mientras que el segundo no llegó a debatirse porque el entonces mandatario renunció.
Tras las elecciones de 2016 en el que Fuerza Popular obtuvo mayoría absoluta en el Congreso, el primer pedido de vacancia se debatió el 21 de diciembre del 2017. Se debió a la revelación de documentos de Odebrecht en los que se mencionaba que esta empresa habría realizado pagos a First Capital y Westfield Capital, esta última de propiedad de Kuczynski.
Fueron 27 los legisladores, de los partidos Fuerza Popular, Frente Amplio y Apra, quienes solicitaron este pedido alegando la «permanente incapacidad moral» del entonces presidente. Sin embargo, solo se obtuvieron 79 votos a favor de los 87 mínimos que se requerían para declarar la vacancia.
En marzo de 2028 se gestó una segunda moción de vacancia. Esta vez fue una iniciativa de las agrupaciones de izquierda Nuevo Perú y Frente Amplio, aunque fue el respaldo de la bancada de Keiko Fujimori el que resultó determinante para que la moción alcanzara el número adhesiones necesarias para poder ser presentada.
Se programó para el 22 de marzo el debate y la votación en el Congreso, pero antes de ello Fuerza Popular difundió una serie de videos donde funcionarios del Gobierno habrían intentado una supuesta compra de votos solicitando al congresista Moisés Mamani su respaldo a cambio de obras para su región. Fueron denominados ‘Kenjivideos’ debido a la presencia de Kenji Fujimori en ellos.
Esta situación significó un antecedente en cuanto a la interpretación de la figura de la “incapacidad moral permanente” prevista en la Constitución peruana. Si bien está prevista en el artículo 113 de la Constitución de 1993, durante años fue una cláusula poco usada hasta que fue el argumento para los dos procesos de vacancia impulsados contra PPK. Desde entonces, se presentó como una figura que podía usarse con un criterio político amplio, no necesariamente jurídico.
Los votos fujimoristas en las vacancias contra Martín Vizcarra
Quien asumió el cargo tras la renuncia de PPK fue el vicepresidente Martín Vizcarra. El 18 de septiembre del 2020 se debatió la primera moción de vacancia presentada en su contra por la figura de «permanente incapacidad moral» tras la difusión de audios relacionados con el caso Richard Swing, quien era una persona cercana a Vizcarra y obtuvo contratos con el Ministerio de Cultura.
En esa oportunidad, solo se obtuvieron 32 votos a favor de los 87 mínimos necesarios. Nueve de los 15 parlamentarios de la bancada naranja votaron a favor.
Meses después, el 9 de noviembre se debatió una segunda vacancia contra Vizcarra, la cual alcanzó 105 votos a favor. Esta vez el respaldo de lo fujimoristas fue mayor: 13 de 15 votaron a favor.
Renuncia de Manuel Marino
Después de esto tomó el mandato Manuel Merino, quien permaneció solo cinco días en el cargo, pues renunció el 15 de noviembre.
En un inicio, Fuerza Popular no cuestionó este asunción pues sostenía que constitucionalmente era lo que correspondía y mantuvo una posición institucional en defensa de la legalidad tras un proceso de vacancia.
Sin embargo, se realizaron protestas masivas a nivel nacional exigiendo la salida de Merino. Lamentablemente, en ese contexto fallecieron Inti Sotelo y Bryan Pintado. Ante esto y la molestia social, el partido cambió de postura e indicó que una renuncia era necesaria para reestablecer la estabilidad y paz social.
Fuerza Popular y su oposición al gobierno de Sagasti
Siguiendo la línea cronológica, Francisco Sagasti asumió la presidencia. Si bien no se presentó ninguna moción de vacancia en su contra, Fuerza Popular cuestionó su mandato en decisiones vinculadas al manejo de la pandemia y cambios en la Policía tras las protestas de noviembre de 2020.
Además, tras la derrota de Keiko Fujimori en las Elecciones 2021, la lideresa insistió al mandatario en revisar las supuestas irregularidades que hubo en el proceso electoral y que provocaron su derrota.
Sagasti mantuvo firme su postura indicando que “ningún deportista cuestiona las reglas de la competencia en la cual ha participado, después de perder».
Bancada naranja votó a favor de 3 mociones de vacancia contra Pedro Castillo
Siendo ya Pedro Castillo jefe de Estado tras su victoria en las Elecciones del 2021, la bancada de Keiko Fujimori fue crítica de su Gobierno y fue uno de los principales impulsores de los procesos de vacancia. En los tres presentados en su contra, siempre los votos fueron mayoritariamente a favor y tuvo una participación activa en el proceso.
Dina Boluarte y el impulso fujimorista de último minuto que logró su salida
Finalmente, tras la vacancia de Pedro Castillo, el mandato de Dina Boluarte obtuvo rechazo ciudadano desde un inicio debido a las muertes en protestas.
Debido a esto y a su ineficiente gestión para frenar la criminalidad, se presentaron hasta siete mociones de vacancia en su contra, pero ninguna prosperó hasta el 10 de octubre del 2025, fecha en que se alcanzaron los votos necesarios debido al respaldo de último minuto de Fuerza Popular.
Después de marcar distancia y no respaldar ninguna moción contra Boluarte. El partido cambió de postura inicial en la que aseguraron que no formarían parte y comunicaron que esta vez sí votarían a favor porque no se podía «permitir ni una víctima más» producto de la inseguridad.
Una nueva tragedia se registró en la carretera. Reportan al menos cuatro fallecidos y más de 24 heridos tras el choque múltiple que involucró más de 30 vehículos. El accidente se encuentra bajo investigación policial.
Accidente vehicular dejó cuatro muertos
De acuerdo a los primeros reportes, un accidente se registró en una carretera interestatal, precisamente en la I-25 en dirección norte cerca de Pueblo, que está a unas 40 millas al sur de Colorado Springs, el último martes 17 de febrero.
Las autoridades reportaron que un choque múltiple involucró más de 30 vehículos, incluidos seis camiones, después de que nubes de polvo (por ráfagas de viento de más de 100 kilómetros por hora) dificultaran la visibilidad de los conductores. Al tener conocimiento de la magnitud del siniestro, la Patrulla Estatal de Colorado decidió cerrar los dos carriles de la autopista afectada por la mañana.
Lamentablemente, el fuerte impacto de los autos, que también eran camionetas con remolques para caballos, todoterrenos y vehículos de pasajeros, dejó un saldo preliminar de al menos cuatro personas fallecidas y 29 lesionados que fueron trasladados a hospitales cercanos.
Choque masivo en una autopista en Colorado.
Investigan choque múltiple en Colorado
Las autoridades desplegaron un operativo intensivo para rastrear y localizar a cada persona registrada en los automóviles implicados, asegurándose de que nadie haya quedado atrapado entre los restos.
Las investigaciones del incidente siguen en curso, pero el Mayor Brian Lyons de la Patrulla Estatal de Colorado precisó que el hecho ocurrió durante «condiciones climáticas adversas» con fuertes vientos que arrastraron tierra y provocaron condiciones de «apagón». «La visibilidad era prácticamente nula», precisó.
Asimismo, se reveló que este siniestro en la autopista I-25 en Colorado se dio en medio de la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de Pueblo, donde advirtió sobre la peligrosidad del clima: vientos de hasta 105 kilómetros por hora y en las zonas montañosas podrían experimentar ráfagas de al menos 137 km/h.
Otra tragedia vial internacional
Lamentablemente, se registró otro accidente en carretera, esta vez en la Autopista Transbrasiliana (BR-153) durante la madrugada del último lunes, 16 de febrero. Al menos seis personas fallecieron y más de 30 quedaron heridas tras la volcadura de un autobús que transportaba trabajadores rurales en el interior del estado de Sao Paulo, en el sureste de Brasil.
Las causas del accidente están siendo investigadas por las autoridades competentes, incluida la realización de una investigación técnica. Entre la hipótesis que maneja la policía está una posible falla mecánica del autobús; sin embargo, el caso sigue en curso.
Autobús volcó y dejó seis fallecidos.
Es así como una carretera en Colorado vuelve a ser escenario de una tragedia internacional. Al menos cuatro personas han muerto y otras 29 resultaron heridas el 17 de febrero a consecuencia de un choque masivo de vehículos.
El 1 de marzo de 2024, la rutina de viaje de Jenyfer Lozano Chávez cambió de forma abrupta en la región Amazonas. Según la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chachapoyas, un grupo de policías, en complicidad con otros involucrados, planificó un falso operativo policial tras enterarse de que la ciudadana trasladaría S/350 000 en efectivo. El objetivo era apropiarse de esa suma mediante la simulación de una intervención legal.
El plan se activó cuando Lozano Chávez abordó un ómnibus en la agencia de Transportes Móvil Bus. Los acusados, identificados como Kevin Alonso García Pinedo, José Antonio Sánchez Rodríguez, Wily Iván Cadenillas Requejo, Antonio Yalta Yoplac, Wagner Roberto Encinas Puscán y Christian Armstrong Encinas Calua, la siguieron en vehículos particulares hasta el Puesto de Auxilio Rápido (PAR) PNP – Achamaqui.
Allí interceptaron el bus, obligaron a la pasajera a bajar y la condujeron, junto a su equipaje, a las instalaciones del puesto policial.
Durante la revisión, encontraron el dinero en una de las maletas. Bajo el argumento de que la trasladarían a una comisaría para formalizar la intervención, la subieron a una camioneta particular y la desviaron de la ruta prevista.
En lugar de llevarla a una dependencia policial, la mantuvieron privada de libertad, situación que constituye secuestro extorsivo según la legislación peruana. Mientras la tenían en su poder, los responsables le exigieron entregar el dinero a cambio de su liberación, acompañando la exigencia con amenazas hacia ella y su familia.
Finalmente, la víctima fue abandonada en la vía pública, pero sin el dinero. Posteriormente, los acusados se repartieron la suma sustraída en dos inmuebles de Chachapoyas, uno en el sector Santa Lucía y otro en el jirón Bolivia N.° 540.Los policías interceptaron el bus, obligaron a la pasajera a bajar y la condujeron, junto a su equipaje, a las instalaciones del puesto policial. (Imagen ilustrativa Infobae)
Sentencia y reparación civil
El caso llegó a juicio, donde la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal de los implicados en los hechos. El 13 de febrero de 2026, el Juzgado Penal Colegiado de Utcubamba dictó adelanto de fallo condenatorio.
Se impuso una pena de 35 años de privación de libertad a Kevin Alonso García Pinedo, José Antonio Sánchez Rodríguez y Wily Iván Cadenillas Requejo, todos efectivos policiales. Wagner Roberto Encinas Puscán y Christian Armstrong Encinas Calua recibieron penas superiores a 30 años de prisión. Antonio Yalta Yoplac, por acogerse a la conclusión anticipada del proceso, fue sentenciado a trece años y cinco meses de cárcel.
Además de las sentencias de prisión, el tribunal estableció el pago de reparación civil por S/348 000 a favor de la víctima. Este monto busca resarcir el daño económico ocasionado por la apropiación ilícita de los fondos.
En el sistema penal peruano, el secuestro extorsivo implica privar de libertad a una persona con el objetivo de obtener un beneficio económico, agravándose cuando participan funcionarios públicos o se emplea la violencia o amenazas. El fallo marca un precedente en la lucha contra la corrupción policial y la protección de los derechos ciudadanos ante abusos de autoridad.
El proceso judicial evidenció cómo el mal uso de la investidura policial puede desencadenar delitos complejos, desde la privación ilegítima de la libertad hasta la apropiación de bienes ajenos.
Momentos de angustia se vivieron en la zona altoandina de la provincia de Huaral tras un grave accidente de tránsito. Una miniván con varios pasajeros se despistó y cayó a las caudalosas aguas de un río, cuyo nivel se ha incrementado significativamente debido a las intensas lluvias que azotan la región.
El siniestro ocurrió en el distrito de Atavillos Alto, a la altura del puente Caja. La unidad, que trasladaba a miembros de una familia procedentes de Pacaraos, perdió el control en una zona crítica de la carretera antes de terminar en el afluente.
Ronny de la Cruz, subprefecto de San Miguel de Acos, confirmó que, gracias a la valiente y oportuna intervención de los pobladores y autoridades locales, varios ocupantes lograron ser rescatados con vida. Entre los sobrevivientes se encuentran: Irma Chávez Córdova (70 años), Isolina León Chávez (62 años), Marlene Marcelo Chávez (54 años), Alcides Chávez Córdova (65 años) y el padre Nazario, párroco de la Parroquia de Acos, quien afortunadamente no presenta lesiones de gravedad.
BÚSQUEDA DE DAYANA CHÁVEZ
La preocupación se centra ahora en la joven Dayana Chávez (26 años), quien permanece desaparecida. Según los testimonios de los rescatistas, la fuerza de la corriente la habría arrastrado río abajo en el momento del impacto.
Aunque las labores de búsqueda se suspendieron temporalmente debido a la falta de visibilidad y al riesgo que representa el aumento del caudal, las brigadas de auxilio y la Policía Nacional del Perú tienen previsto reanudar los operativos en las primeras horas del día para dar con su paradero.
Los policías interceptaron el bus, obligaron a la pasajera a bajar y la condujeron, junto a su equipaje, a las instalaciones del puesto policial. (Imagen ilustrativa Infobae)
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