El abogado de Ositrán, Víctor García Toma, advirtió que la negativa de Cosco Shipping a someterse a la fiscalización estatal pone en riesgo la soberanía nacional. El jurista consideró que, aunque el terminal portuario sea de titularidad privada, los servicios que brinda son de «uso público»; por tanto, eximir a la empresa del control y cobro de tarifas sentaría un peligroso precedente para el país.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) mantiene su postura en su batalla legal para garantizar su facultad de supervisión sobre el megapuerto de Chancay.

Al respecto, Víctor García Toma, abogado de la entidad reguladora y expresidente del Tribunal Constitucional, sustentó los argumentos de la reciente apelación presentada ante el Poder Judicial y cuestionó la actitud de la empresa administradora del terminal.

El nuevo enfoque de la defensa estatal no solo se centra en la normatividad, sino en el mensaje institucional que proyecta la negativa de la corporación asiática a ser supervisada. García Toma aseveró que el verdadero fondo del asunto es el rechazo sistemático a cualquier forma de intromisión o control estatal.

Titularidad privada frente a uso público
El conflicto central radica en la postura de Cosco Shipping Ports, una corporación privada estructurada con un 60 % de capital estatal chino. La compañía sostiene que, al no operar bajo una figura de concesión y tener titularidad netamente privada, no está en la obligación de someterse a las regulaciones de Ositrán ni de asumir el pago de las tarifas de supervisión.

Frente a ello, García Toma aclaró que el marco legal peruano no exime a la empresa. Según explicó, aunque se respeta y reconoce que la propiedad del puerto es privada, el uso, el destino y las actividades que se desarrollarán en el complejo portuario son de «uso público». Esta característica le otorga competencia directa a Ositrán, respaldada por la Ley 26917, para intervenir y proteger los derechos de los usuarios.

Para evidenciar que la postura de la empresa carece de sustento dentro del país, el abogado mencionó el caso del terminal de Pucallpa. Dicho puerto opera con características idénticas -capital mixto con participación extranjera, titularidad privada y uso público- y, sin embargo, se encuentra sometido a la fiscalización del Estado sin que ello represente una vulneración a la libertad de empresa. Si Cosco Shipping logra su objetivo, el puerto de Chancay sería la única instalación portuaria en el Perú libre de esta supervisión estatal.

Cuestionamientos a la sentencia judicial
La disputa legal se encuentra actualmente en apelación, luego de que el juez Juan Carlos Núñez Matos emitiera una sentencia inicial favorable a Cosco Shipping, argumentando una supuesta violación al derecho a la propiedad y a la libre empresa.

García Toma calificó la resolución de «curiosa» y muy cuestionable, señalando que el magistrado declaró inaplicables actos administrativos de Ositrán que jamás fueron emitidos o ejecutados.

Además, el expresidente del TC reveló que la supuesta «amenaza» denunciada por la corporación asiática para iniciar el proceso de amparo fue únicamente una carta formal enviada por Ositrán, mediante la cual se les invitaba a una «reunión de coordinación» institucional.

El abogado alertó que ceder ante esta demanda de la empresa portuaria significaría retroceder 40 años en la consolidación institucional del país y afectaría uno de los pilares de la economía social de mercado.

Este modelo constitucional, concluyó, defiende la inversión privada y la libre competencia, pero exige irremediablemente la presencia de organismos reguladores para garantizar la soberanía nacional y el bien común en la prestación de servicios públicos.

— ¿Confía en un fallo favorable de segunda instancia que restituya a Ositrán sus funciones en el puerto de Chancay?

Sí, por supuesto. Yo confío en que finalmente se va a hacer justicia con este tema. La primera instancia la ha resuelto un juez que, en nuestra opinión, sí tenía toda la información, pero ha dado un análisis muy particular. En segunda instancia son tres magistrados en la Corte Superior y hay mayor posibilidad de análisis y que todo eso se revierta.

— ¿Qué argumento jurídico debería pesar ante el Poder Judicial?

El principal fundamento es que así lo manda la ley de forma expresa, tanto en la Ley del Sistema Portuario Nacional, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley marco de los Organismos Reguladores y en las propias leyes de Ositrán.

Segundo, por una razón económica porque esto se califica como un monopolio natural, debido a que es una infraestructura que tiene altos costos hundidos, donde se genera asimetría de información hacia usuarios y puede existir abuso de poder monopólico. En el Perú no existe un monopolio natural “suelto”, sin una supervisión adecuada del Estado.

— Más allá del control tarifario, ¿Ositrán tiene competencia para supervisar la calidad del servicio y las condiciones de infraestructura de uso público?

Sí. Por el artículo 63 del Código del Consumo, los organismos reguladores reciben todas las funciones vinculadas a los derechos de los usuarios. El Indecopi supervisa a todos los consumidores, pero menos a los usuarios de servicios que están bajo la competencia de los reguladores. Eso implica supervisar la idoneidad del servicio.

Nosotros verificamos que el usuario reciba el servicio en las condiciones que contrataron y que el usuario esté informado y tenga un procedimiento de reclamos, que eso tampoco está sucediendo aquí porque actualmente, Cosco no cumple las normas de Ositrán respecto al procedimiento de reclamos, donde somos segunda instancia.

“Si fuera cierto, la APN resolvería reclamos de segunda instancia desde hace años»

— Cosco sostiene que están regulados por la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que pueden ver reclamos. ¿La APN tiene funciones regulatorias equivalentes a Ositrán?

No. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo señala claramente que no puede haber duplicidad de funciones en los organismos del Estado. Las funciones de la APN son muy diferentes a las de un regulador y están vinculadas a temas operativos que tienen que ver con la coordinación del sistema portuario.

En el tema de usuarios, como cualquier entidad que está en el puerto, tiene que velar por el cumplimiento de los derechos laborales o derecho de usuarios, pero ese «velar», no les otorga la competencia para tener un procedimiento de reclamos de usuarios, ni menos una segunda instancia, porque actualmente no lo tiene.

Verónica Zambrano sostiene que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) no tiene funciones regulatorias ni segunda instancia en reclamos de usuarios.

Es muy fácil demostrar que los señores de la empresa Cosco Shipping están hablando cosas falsas. Si fuera cierto, la APN estaría resolviendo reclamos de segunda instancia desde hace años. Nunca lo ha tenido.

— ¿Revisaron la demanda?

Ayer (anteayer) que revisamos la demanda que ya nos fue notificada, analizábamos que en el fondo esto sí tiene que ver con soberanía.

Al comienzo nos hemos resistido a usar esta palabra porque entendíamos que salíamos un poco de nuestro fuero técnico, pero ahora mirando todo lo que dice esta sentencia y todo lo que ellos pretenden lograr, efectivamente sí existe una vulneración a nuestra soberanía, porque esta no es un concepto retórico, sino que es un principio que ante todo impone el respeto al Estado, a las leyes que este establece en su territorio.

Ellos están en territorio peruano y ocupan un espacio de 180 hectáreas de mar, que es de dominio público y la soberanía del Estado peruano.

— Sobre LPO, que es un puerto de igual modalidad en la Selva, pero que sí está regulado, desde Cosco señalan que ‘depende del entendimiento de las leyes de cada empresa’.

La respuesta me pareció increíble.Ellos quieren una norma conforme a su propia medida. La ley no es a la medida de nadie, pues la ley es la ley. A veces nos conviene, a veces no.

Ratificación de fallo abriría la puerta al incumplimiento

— ¿Qué consecuencias se derivarían?

Si usted abre la puerta al incumplimiento de las normas, hoy es Cosco Shipping, mañana será cualquier otra empresa, incluso concesionaria, que también dirá a mí no me conviene que esto se me cumpla. No existe ninguna diferencia entre Cosco y LPO. Son exactamente iguales.

Tampoco hemos dicho que vamos a supervisar con la misma intensidad que a una concesión, porque esta tiene un contrato y niveles de servicio.

— Sobre el puerto del Callao, APM Terminales busca ampliar su concesión por 30 años más, ¿Ositrán incluye en su análisis el desempeño en calidad de servicio?

Miramos qué ofrece a cambio de la ampliación. Si fuera un mal concesionario, la concesión puede caducar. Si se va, vendría otro que ofrecería algo interesante. También revisamos el comportamiento, pero lo que mira el Estado son nuevas inversiones.

— Se sabe la problemática del Puerto del Callao, y muchos usuarios dicen que parte de la congestión también responde a las decisiones operativas del concesionario.

Es un tema que estamos investigando. Hemos hecho una auditoría del subsistema de citas y, bueno, no tenemos una conclusión negativa ahorita.

— Sobre la TUUA de vuelos internacionales, ¿evaluaron impacto competitivo antes de validar esquema tarifario?

El esquema tarifario viene dado por contrato y por adenda. Esa evaluación de si es conveniente a la fecha corresponde al MTC, MEF y Mincetur.

Fuente: La República