Región Lima: S/ 979 millones transformarán los servicios públicos con 40 megaproyectos

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y el Gobierno Regional de Lima promueven una cartera de 40 proyectos e inversiones por S/ 979 millones, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, orientada a cerrar brechas sociales, mejorar servicios públicos y elevar la calidad de vida de miles de familias de Región Lima.

La cartera fue presentada durante el evento de promoción “OxI: Lima Invierte”, organizado por PROINVERSIÓN ante potenciales inversionistas y desarrolladores de proyectos, con el objetivo de acelerar la ejecución de infraestructura y servicios en sectores prioritarios como salud, educación, saneamiento, agricultura, ambiente, transporte y seguridad ciudadana.

Las inversiones promovidas tienen impacto directo en la vida cotidiana de la población: mejores colegios para niñas, niños y jóvenes; servicios de salud más cercanos y adecuados; agua y saneamiento para comunidades; vías urbanas y rurales que conectan oportunidades; infraestructura agrícola para fortalecer la producción; recuperación de ecosistemas; y mejores condiciones para la seguridad ciudadana.

Ceremonia de ProInversión de adjudicación de cuatro proyectos eléctricos.

El presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio Castro, destacó que Obras por Impuestos permite unir las capacidades del Estado y del sector privado para acelerar soluciones concretas en favor de la ciudadanía. “Cada proyecto que promovemos no es solo una obra, es una oportunidad para que una familia acceda a mejores servicios, para que un estudiante aprenda en mejores condiciones, para que un agricultor produzca más y para que una comunidad esté mejor conectada. La Región Lima tiene una gran oportunidad para convertir inversión en bienestar”, afirmó.

Del Carpio resaltó que la Región Lima cuenta con un Tope Máximo de Capacidad Anual de S/ 2069 millones, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, para ejecutar inversiones y actividades de operación y mantenimiento mediante Obras por Impuestos. De ese monto, S/ 1339 millones corresponden al Gobierno Regional, S/ 698 millones a gobiernos locales y S/ 31 millones a universidades públicas.

Por su parte, el gobernador regional de Lima, Nicolás Oscar Barrera, sostuvo que esta cartera representa una ruta concreta para atender necesidades históricas de las provincias de la región. “La Región Lima necesita inversión que llegue a la gente. Con Obras por Impuestos podemos acelerar proyectos que nuestras comunidades esperan desde hace años”, señaló.

Cartera de proyectos

La cartera incluye trece (13) inversiones en educación por S/ 314.6 millones, quince (15) en transporte por S/ 244.3 millones, cinco (5) en agricultura por S/ 97.5 millones, cuatro (4) en saneamiento por S/ 50.8 millones, uno (1) en seguridad ciudadana por S/ 89.7 millones, uno (1) en salud por S/ 141.4 millones y uno (1) en ambiente por S/ 40.6 millones. En conjunto, los proyectos beneficiarán a más de 900 mil habitantes de distritos ubicados en Oyón, Barranca, Yauyos, Cañete, Huaura, Cajatambo, Huarochirí, Canta, Huaral y otras zonas de la Región Lima.

Desde 2024, se han adjudicado 126 intervenciones mediante Obras por Impuestos en la Región Lima, por S/ 847 millones. De ese total, S/ 322 millones corresponden solo al año 2026, reflejando un avance concreto en la ejecución de obras y servicios que llegan directamente a la ciudadanía.

De esta manera, PROINVERSIÓN, el Gobierno Regional de Lima, municipalidades provinciales y distritales, universidades públicas y el sector privado vienen impulsando una agenda común para transformar proyectos en servicios, inversión en bienestar y obras en oportunidades de desarrollo para una región más integrada, competitiva e inclusiva.

Gobierno observó ley que establece límites territoriales entre Moquegua y Tacna

El Gobierno del presidente José María Balcázar observó la autógrafa de ley aprobada por el Congreso que modifica los límites territoriales entre Tacna y Moquegua, región que considera que se ve afectada su soberanía regional y que, de acuerdo con las autoridades, afecta territorio en Quebrada Honda.

RPP pudo acceder al oficio, enviado este martes 30 de junio, donde el mandatario, junto con el presidente del Consejo de ministros, Luis Arroyo, se dirigen al titular del Congreso, Fernando Rospigliosi, haciéndole saber que “considera conveniente observar” la Ley de saneamiento de tramos de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos, del departamento de Tacna.

Cabe resaltar que el Gobierno Regional de Moquegua, a través de su gobernadora Gilia Gutiérrez Ayala, anunció un paro indefinido este martes 30 de junio al considerar que dicho proyecto “afecta la soberanía» del territorio moqueguano., principalmente en la zona de Quebrada Honda, un territorio del distrito de Torata en la provincia de Mariscal Nieto.

Es así como RPP pudo conocer que el Poder Ejecutivo sugiere que se cambie “la denominada disposición complementaria final para garantizar que estas zonas involucren a provincias y distritos en Tacna”. De esta manera, dicha ley no será promulgada por lo que volvería a la Comisión de Descentralización del Parlamento para ser vista por el próximo Congreso 2026-2031.

Moquegua inició paro indefinido contra PL que modifica límites territoriales

La región de Moquegua inició este martes 30 de junio, desde las 00:00 horas, un paro regional indefinido convocado por organizaciones sociales, gremios e instituciones en rechazo a un proyecto de ley de demarcación limítrofe que afecta a su territorio.

La iniciativa (Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE) aprobada por el pleno del Congreso de la República el pasado 23 de junio, es percibida por las autoridades y la población moqueguana como una vulneración a su soberanía territorial en el sector de Quebrada Honda.

El Poder Ejecutivo observó ley que establece límites territoriales entre Moquegua y Tacna.Fuente: RPP

¿Cuáles son los motivos de la protesta y reclamos territoriales?

El núcleo de la controversia radica en que la propuesta legislativa plantea sanear los tramos de la provincia tacneña de Jorge Basadre, pero Moquegua sostiene que las coordenadas incluidas abarcan la zona de Quebrada Honda, territorio perteneciente al distrito de Torata.

Las autoridades moqueguanas denuncian que la norma fue elaborada sin un conocimiento real de la geografía local y sin convocar a los representantes de la región durante el proceso en la Presidencia del Consejo de ministros.

Además del tema limítrofe, existe preocupación por el control de recursos estratégicos como el agua y el futuro canon minero derivado de la eventual ampliación de la empresa Southern Perú en la zona.

«Con esta ley, que recorta territorio a los moqueguanos, han cometido vicios técnicos imperdonables que, sin lugar a duda, en esta coyuntura, confronta a dos regiones como Moquegua y Tacna», señaló el último domingo la gobernadora regional Gilia Gutiérrez en el programa Ampliación de Noticias (ADN), de RPP.

Puerto de Chancay: Poder Judicial revierte sentencia y respalda competencia de Ositrán

La Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima revocó la sentencia que había dado la razón a Cosco Shipping Ports Chancay Perú. Concluyó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) puede continuar ejerciendo sus funciones de regulación, supervisión y fiscalización sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

Para el colegiado, la empresa no acreditó la existencia de una amenaza cierta e inminente contra sus derechos fundamentales, por lo que declaró improcedente la demanda de amparo.

La empresa alegó que, al tratarse de una infraestructura de titularidad privada, el organismo regulador no tenía facultades para supervisar sus operaciones, salvo en lo relacionado con la determinación de tarifas cuando así lo establezca la normativa portuaria.

Como parte de su demanda, también solicitó que se declararan inaplicables diversas normas utilizadas por Ositrán para sustentar sus funciones de regulación, supervisión, fiscalización y sanción sobre las actividades desarrolladas en el terminal.

El fallo de primera instancia

En enero de 2026, el Primer Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda y ordenó que Ositrán se abstuviera de ejercer sus facultades regulatorias respecto del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

Asimismo, dispuso la inaplicación de diversas normas relacionadas con las competencias del organismo regulador sobre dicha infraestructura.

Frente a esa decisión, tanto Ositrán como la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), interpusieron recursos de apelación para que la sentencia fuera revisada por la Sala Superior.

Los argumentos de Ositrán y la PCM

Durante la apelación, Ositrán sostuvo que el juez había invertido indebidamente la carga de la prueba al exigirle demostrar que no existía una amenaza contra la empresa, cuando correspondía a la demandante acreditar una afectación real de sus derechos fundamentales.

También afirmó que su competencia depende de que la infraestructura sea de uso público y no de si pertenece al Estado o a un privado, ni de la existencia de un contrato de concesión.

Por su parte, la Presidencia del Consejo de Ministros argumentó que las actuaciones cuestionadas provenían exclusivamente de Ositrán y que la empresa tampoco había acreditado una amenaza cierta, actual e inminente que justificara la procedencia de un proceso de amparo.

La evaluación de la Segunda Sala

Al resolver el caso, la Segunda Sala Constitucional recordó que el proceso de amparo solo procede cuando existe una amenaza cierta e inminente contra derechos fundamentales.

Para ello, citó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual el perjuicio alegado debe ser real, concreto, efectivo y de próxima realización, descartándose amenazas hipotéticas o futuras.

El colegiado analizó las declaraciones públicas, oficios y requerimientos emitidos por Ositrán que fueron presentados por la empresa como prueba de la supuesta amenaza. Sin embargo, concluyó que esos documentos correspondían al ejercicio regular de las competencias atribuidas por ley al regulador y que todavía no existía un acto administrativo definitivo que materializara una vulneración de derechos constitucionales.

Puerto de uso público y competencias de Ositrán

La Segunda Sala también sostuvo que el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay constituye una infraestructura de uso público, independientemente de que su titularidad sea privada.

En consecuencia, indicó que la empresa califica como una entidad prestadora y se encuentra sujeta a las funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras que la legislación atribuye a Ositrán

Si en el futuro alguna actuación del organismo concluye en un acto administrativo que vulnere derechos de la empresa, este podrá ser cuestionado mediante los recursos administrativos correspondientes y, posteriormente, a través de un proceso contencioso-administrativo, mas no mediante un amparo preventivo sustentado únicamente en actuaciones preliminares, resaltó.

La decisión final

Con estos argumentos, la Segunda Sala Constitucional revocó la decisión que había declarado fundada la demanda de Cosco Shipping Ports Chancay Perú y, reformándola, declaró improcedente el proceso de amparo.

De esta manera, Ositrán mantiene sus facultades para ejercer la regulación, supervisión y fiscalización sobre el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay, mientras no exista una decisión firme que determine lo contrario.

Con esta noticia, el organismo regulador emitió un comunicado: “Ositrán expresa su respeto por la decisión del Poder Judicial y reafirma su compromiso de continuar ejerciendo las funciones que la Constitución y las leyes le confieren para proteger los derechos de los usuarios, promover la transparencia, fortalecer la seguridad jurídica y contribuir al adecuado funcionamiento de la infraestructura de transporte de uso público en beneficio del país”.

La misma chola con diferente calzón

Cuando cayó el reinado de Rosa Vásquez, hoy prófuga de la justicia, la población de la región Lima tuvo la esperanza de que las mafias que habían llegado con ella fueran expectoradas; que el Gobierno Regional de Lima fuera sometido a una verdadera fumigación y desratización. Sin embargo, esto no ha sido así. Por el contrario, lo que se observa es un fortalecimiento de estas mafias y un caos total: un saqueo indiscriminado de las arcas del GORE Lima, una avalancha de compras y órdenes de servicio direccionadas a diestra y siniestra, y la permanencia de la misma gente de «La Cholita», con algunos ajustes meramente simbólicos, pero con las mismas prácticas de siempre.

La utilización del dinero del Gobierno Regional para afianzar las campañas de sus aliados políticos, que participan en las elecciones regionales con el único objetivo de perpetuarse en el poder, es cada vez más evidente. Gerencias, direcciones, jefaturas e incluso la Oficina de Imagen confluyen en función de intereses personales, donde todo se maneja políticamente para obtener beneficios particulares o para favorecer a algún alfil político de conveniencia.

Mientras tanto, el gobernador dice que ejecutará obras por impuestos en los cuatro meses que le quedan de gestión. Sin embargo, las esperanzas de una limpieza institucional y de un gobierno honesto se fueron con el viento. Quienes observamos de cerca lo que sucede en el Gobierno Regional podemos dar fe de que la corrupción y los robos soterrados continúan. Extrañamente, nadie dice nada. Los consejeros, ahora coludidos, permanecen en un mutis total; la Contraloría y la Fiscalía parecen estar en modo ausente y, hoy por hoy, todos hacen lo que les da la gana.

Las situaciones graves que ocurrían en la región continúan sucediendo. A tal punto que la misma persona que fue secretaria de Rosa Vásquez ahora también le lleva los bultos a Nicolás Barrera. En este caso específico identificamos a Soledad Espíritu. En la Gerencia de Desarrollo Social sigue haciendo de las suyas Miguel Flores Morante. En la Dirección Regional de Educación no se ha reemplazado a Rufina Cisneros, pese a la existencia de un audio que, según se sostiene, evidenciaría un presunto tráfico de influencias, en el que se escucha cómo habría conseguido ese cargo luego de una reunión en la que participó junto a Ramón Aldave esposo de la ex gobernadora. En la Dirección Regional de la Producción, quien realmente manda sería Cristal Quispe, mientras que el director sería apenas un títere. En la Dirección del Trabajo cualquier cantidad de ordenes de trabajo solo para amiguitos (as) . Existen documentos y evidencias que, a nuestro juicio, ya deberían encontrarse en manos de la Fiscalía.

Y podríamos seguir hasta agotar los caracteres señalando con el dedo acusador a una infinidad de personajes que, según nuestra apreciación, están levantándose la región en peso. Pero eso será todo por hoy.

Lamentamos que Nicolás Barrera se haya convertido en cómplice de la corrupción y el latrocinio que, desde nuestra perspectiva, existe en el Gobierno Regional de Lima y que, seguramente, dentro de unos meses, cuando concluya su mandato, deba responder ante los tribunales por las decisiones adoptadas durante su gestión y por su presunta permisividad frente a la corrupción y el saqueo del Gobierno Regional de Lima.

Fuente: Prensa Al Día

Proinversión responde a Contraloría y rechaza irregularidades en contrato de inversión vinculado al puerto de Chancay

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) rechazó las presuntas irregularidades difundidas en medios de comunicación sobre el contrato de inversión relacionado con el puerto de Chancay y sostuvo que todo el proceso se realizó en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

A través de un comunicado emitido este 25 de junio, la entidad señaló que la suscripción del contrato se efectuó respetando los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo N.° 973 y su reglamento, normas que regulan el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV).

Según explicó ProInversión, este mecanismo tiene como finalidad permitir que los proyectos en etapa preproductiva recuperen de manera anticipada el IGV, facilitando así la liquidez necesaria para continuar ejecutando inversiones de gran envergadura.

La institución también precisó que, conforme al reglamento aplicable, la empresa involucrada presentó los poderes que acreditaban la capacidad legal de sus representantes para suscribir el contrato y continuar con el trámite de acceso al beneficio tributario.

En relación con el informe de la Contraloría General de la República, ProInversión remarcó que dicho documento “no determina responsabilidades administrativas ni mucho menos penales” respecto de los funcionarios mencionados en las publicaciones periodísticas.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad y el correcto funcionamiento de los mecanismos de promoción de la inversión privada, entre ellos el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV.

La controversia surge luego de que se difundieran cuestionamientos sobre el contrato de inversión vinculado al proyecto portuario de Chancay, una de las obras de infraestructura más importantes del país por su impacto esperado en el comercio exterior y la logística nacional.

San Juan de Lurigancho: detienen a sujeto que pretendía atacar un bus de la empresa ‘Las Flores’

Agentes de la Policía Nacional capturaron a un sujeto que pretendía atentar contra un conductor de la empresa de transporte urbano ‘Las Flores’, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El detenido fue identificado como Kevin Flores Arcos, de 18 años, alias ‘JJ’.

Según informaron las autoridades, el detenido abordó una unidad de la empresa de transporte cuando esta era custodiada por dos efectivos policiales vestidos de civil. Al percatarse de esto, Flores huye raudamente de la unidad y es ahí cuando los agentes lo persiguen hasta capturarlo.

Entre sus pertenencias, se le encontró un arma de fuego con la serie radicada, siete municiones, un celular, dinero en efectivo y notas extorsivas. Así lo ha informado el general Jorge Luis Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro.

«Estando dentro del vehículo, observan a un sujeto que sube de forma sospechosa; al observar al personal policial, ha bajado raudamente a la altura de la 14 de la avenida Canto Grande, siendo intervenido por el personal que se encontraba de civil. Intentó poner resistencia, pero lo han reducido», refirió.

Involucrado en otros ataques

De acuerdo con la PNP, el detenido estaría involucrado en otros hechos delictivos, como el asesinato a un obrero el pasado 27 de mayo y los disparos contra la empresa de transporte Santa Catalina, ocurrido el 23 de junio del año pasado.

El joven pertenecería a la banda criminal ‘La Nueva Generación de Huáscar‘ y fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal I de SJL para las diligencias de ley correspondientes.