Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través de la División Policial Lima (DIVPOL) Sur-1, capturó a un hombre acusado de ser el presunto recaudador de dinero proveniente de extorsiones a conductores de colectivos que operan principalmente en la ruta que va del distrito de La Molina a San Miguel, por la avenida Javier Prado (San Isidro).
Según las autoridades, el detenido, identificado como Adrián Vitanzo (39), se hacía pasar como vendedor de golosinas para acercarse a los transportistas informales y cobrarles cuotas diarias.
El coronel PNP Daniel Jares Reyme, jefe de la DIVPOL Sur-1, detalló que este sujeto entregaba tickets a los conductores, quienes pagaban entre 5 y 10 soles. Asimismo, indicó que esto ocurría desde las 6:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Durante la intervención, los efectivos incautaron dinero en efectivo, un celular y los tickets, los cuales eran utilizados por el detenido como control de los cobros ilegales.
Según información policial, Adrián Vitanzo ya registraba antecedentes por delitos como robo, hurto y tocamientos indebidos.
Las primeras investigaciones señalan que esta persona sería parte de una organización criminal dedicada a la extorsión de transportistas informales en diferentes puntos de la capital.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las diligencias correspondientes.
Una figura política más podría ser inhabilitada próximamente. Se trata de Willy Huerta, exministro del Interior durante la gestión de Pedro Castillo. La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda su inhabilitación por 10 años, con 14 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención. Este informe se elaboró sobre la base de las denuncias constitucionales 547 y 575. En ellas, Huerta es señalado como una pieza clave en el intento de golpe de Estado llevado a cabo por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. En ese entonces, Huerta ocupaba la cartera del Interior.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, Willy Huerta no ejerció su derecho a la defensa. Aunque fue invitado por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), no se conectó a la videollamada correspondiente. Por ello, los congresistas presentes pasaron directamente a debatir la aprobación de los informes finales.
Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), detalló los argumentos que sustentan el informe final elaborado por dicho grupo de trabajo: “El denunciado reconoce que facilitó su equipo celular al señor expresidente Pedro Castillo para que se comunique con el comandante general de la Policía, el general Raúl Alfaro Alvarado, comunicación en la que le habría transmitido la orden de cerrar el Congreso e intervenir a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El denunciado Willy Huerta no se retiró ni manifestó oposición alguna al mensaje presidencial, sino que incluso acató las órdenes del señor Pedro Castillo”, señaló Camones.
Con este panorama, será el Pleno del Congreso el que decida la inhabilitación de Huerta para ejercer función pública. Ahora se espera que el siguiente paso sea incorporar la decisión sobre el informe final en la agenda del pleno para su debate y votación.
El expresidente Pedro Castillo solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema la nulidad absoluta del proceso en su contra por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, así como la inhibición de tres magistrados a quienes acusa de vulnerar su derecho al juez natural y actuar con “parcialidad manifiesta”.
«La inhibición de oficio de los magistrados José Neyra Flores, Iván Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez por vulneración, parcialidad manifiesta y adelanto de opinión (…) la suspensión inmediata del dictado de sentencia», se lee.
El exmandatario reclama la suspensión inmediata de la lectura de sentencia al argumentar que el proceso tiene vicios graves que comprometen la independencia judicial y las garantías del debido proceso. Entre sus pedidos está la incorporación del registro audiovisual de una audiencia que, según sostiene el ex jefe de Estado, evidenciaría irregularidades en el trámite.
Castillo solicita que las supuestas vulneraciones queden registradas formalmente para, de ser necesario, llevar su caso ante instancias internacionales de derechos humanos. Sostiene que actúa en ejercicio de su defensa material y que las decisiones cuestionadas afectan la validez de todo el proceso penal seguido en su contra.
Fiscalía pide 34 años de prisión contra el expresidente
En este proceso, la Fiscalía ha requerido 34 años de prisión para Pedro Castillo, 26 años para la ex primera ministra Betssy Chávez y 15 años para el exjefe del Gabinete Aníbal Torres, al atribuirles el presunto delito de rebelión. No obstante, los magistrados también podrían optar por emitir una sentencia por conspiración, lo que reduciría las penas a 19 años y 30 días en el caso de Castillo, y a 11 años, 5 meses y 15 días para Chávez y Torres.
Asimismo, el Ministerio Público ha solicitado que los tres exfuncionarios sean inhabilitados por tres años y medio y que asuman una reparación civil superior a los S/ 64 millones.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) atraviesa un momento crítico, entre denuncias por corrupción contra el más alto funcionario, el jefe Iván Emilio Paredes Yataco, constantes operativos del Gobierno en penales y una huelga indefinida declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo. En medio de la crisis, el gobierno del presidente José Jerí afirmó que busca reemplazar al INPE con la creación de la Superintendencia Nacional del Internamiento (Sunir), como parte del paquete de reformas de seguridad ciudadana.
El secretario general del sindicato de trabajadores (SINTRAP – INPE), Ángel Llancari, advirtió que la medida “genera preocupación” entre el personal y cuestionó la información con la que el Ejecutivo estaría trabajando. Según explicó a La República, los trabajadores consideran que el problema de fondo no radica en la estructura institucional, sino en la falta de medidas efectivas para enfrentar la corrupción en los niveles más altos del INPE. Además, afirmó que los nueve sindicatos de la institución están debatiendo para acatar una huelga nacional indefinida.
Critican manejo de la corrupción y uso del polígrafo
El dirigente cuestionó que, desde el Gobierno, se haya difundido la idea de que la corrupción proviene principalmente de los trabajadores, cuando, según afirma, los mayores riesgos se encuentran en los funcionarios y cargos de confianza, quienes deciden políticas y administran presupuesto. Recordó que el uso del polígrafo dentro del INPE existe desde 2021 y que su aplicación estaba dirigida justamente a quienes ocupan puestos de mayor responsabilidad.
Según Llancari, estos puestos incluyen jefaturas de presupuesto, planificación, gerencia general, directores regionales, directores de penales, subdirectores y jefes de seguridad. Para el sindicato, la falta de aplicación del polígrafo en estos niveles favoreció que se mantengan prácticas que debilitan la transparencia interna. “Son ellos los que deciden las políticas de trabajo (…) Si ponemos directores que son puestos a dedo y que no tienen intención de combatir la corrupción, esa va a seguir siendo la política”, remarcó el líder.
Cuestionamientos al actual presidente del INPE
Un tema controvertido es la continuidad de Iván Paredes como presidente del INPE, quien enfrenta una denuncia por presunto cobro de sobornos. Según un audio, se le acusa de haber solicitado 80.000 dólares a cambio de facilitar la liberación de un expolicía condenado por secuestro.
Para el sindicato, las acusaciones en su contra afectan la imagen de toda la institución y dificultan cualquier intento de reforma real. “Estamos hoy en día en total desacuerdo con la presencia del presidente del INPE”, afirmó Llancari, quien añadió que los cuestionamientos “no han sido aclarados” y que eso “no nos garantiza la estabilidad que necesitamos”. Según indicó, el presidente José Jerí habría sido “mal informado” respecto al estado real del INPE, lo que estaría afectando las decisiones tomadas en torno a la propuesta de crear una nueva superintendencia.
Huelga por incumplimiento de acuerdos y retrasos
El sindicato confirmó que la huelga del personal penitenciario sigue en trámite ante el Ministerio de Trabajo. Llancari afirmó que la institución ha incumplido acuerdos previos y ha retrasado la entrega de información técnica, especialmente en temas de valorización de bonificaciones por seguridad. “Nos vienen postergando lo que hace mucho tiempo veníamos pidiendo”, dijo. Aseguró que, pese a que el INPE presentó un resumen sobre las valorizaciones, este no ha sido compartido con los trabajadores, lo que impide verificar si corresponde a lo solicitado.
En un importante acto público realizado este 27 de noviembre, el alcalde provincial de Huaral encabezó la ceremonia de reinicio de la obra de Mejoramiento de Pistas y Veredas del Sector Sur Este de Huaral, en la zona de La Victoria Alta, marcando un hito trascendental para el desarrollo urbano de este sector que por años aguardó la reactivación de este proyecto.
La obra, que había quedado abandonada durante la gestión anterior, presentó un prolongado entrampamiento administrativo debido al incumplimiento contractual por parte de la empresa Consorcio Sector Sur, situación que derivó en un proceso de arbitraje. Gracias al liderazgo de la actual gestión edil, se logró destrabar este conflicto, permitiendo que el proyecto pueda reiniciarse en beneficio de las familias huaralinas.
Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra del saldo de obra, el alcalde provincial destacó que esta fecha representa “un día de avance y esperanza para el sector sur”, subrayando que este proyecto simboliza el compromiso de su administración por culminar las obras heredadas en abandono y garantizar el desarrollo ordenado de la ciudad.
El proyecto tiene un plazo de ejecución de 90 días calendarios, periodo en el cual la población verá concretada una intervención integral que mejorará la transitabilidad, la seguridad y la calidad de vida en la zona.
Asimismo, la autoridad edil informó que su gestión viene ejecutando más de cien obras en toda la provincia. “El reinicio de esta obra en el sector sur este de Huaral es una muestra clara de que estamos trabajando pensando en nuestra gente, construyendo el Huaral diferente que todos merecemos”, afirmó.
Un bus interprovincial de la empresa Expreso Nacional, que se trasladaba desde Huancayo a las once de la noche del último miércoles y tenía como destino final Lima, cayó a una pendiente de aproximadamente 10 metros y terminó recostado muy cerca del río Mantaro dejando el saldo de al menos 30 personas heridas en Jauja.
Choque y despiste provocan heridos
La madrugada de este jueves 27 de noviembre, el vehículo perteneciente a la empresa Expreso Nacional que, trasladaba a 43 pasajeros, protagonizó un violento choque con una camioneta en la carretera Central, a la altura del distrito de Parco, en la provincia de Jauja, en la región Junín.
Producto del impacto el bus terminó por precipitarse en el río Mantaro. Este siniestro se registró alrededor de la 1 de la mañana y provocó que el omnibús se despistara y cayera hacia el cauce.
Tras ello, se apersonaron hasta el lugar la Compañía de Bomberos de Jauja y agentes de Carreteras de Acolla, quiene de manera inmediata se movilizaron a fin de rescatar a los ocupantes, los cuales en su mayoría permanecían atrapados dentro del vehículo afectado.
Si bien algunos pasajeros lograron salir por sus propios medios, no obstante, la mayor parte tuvieron que ser auxiliados debido a las condiciones en que quedó la unidad móvil.
Un total de 25 heridos fueron evacuados al hospital Domingo Olavegoya de Jauja, mientras que otros cinco pasajeros fueron trasladados a distintos centros de salud de Huancayo.
Lo que evidencian las primeras investigaciones
Cabe señalar que, Serenazgo y la Policía Nacional del Perú(PNP) también se apersonaron hasta el lugar del acontecimiento. Los efectivos policiales iniciaron las investigaciones con el principal objetivo de determinar las responsabilidades del accidente.
Pese a que los daños materiales fueron severos, no se llegaron a registrar víctimas mortales. Y las primeras hipótesis indican que el choque frontal habría desencadenado el despiste, aunque también se están evaluando las condiciones de la vía y del tránsito en ese momento.
ENFOQUE REAL 