Gobierno entrega equipamiento logístico a la PNP para fortalecer su capacidad operativa en la lucha contra el crimen

El presidente de la república, José Jerí Oré, lideró la ceremonia de entrega de equipamiento logístico para el fortalecimiento operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de mejorar la lucha de los efectivos policiales contra el crimen en todo el país.

«Al equipar a nuestra Policía Nacional estamos protegiendo mejor a nuestros ciudadanos y construimos las bases de un Perú más seguro. Nuestra Policía cumple un papel fundamental en la recuperación de la paz y la tranquilidad en las calles y merece tener las mejores herramientas para seguir haciendo su trabajo», aseveró el mandatario durante la actividad que se llevó a cabo en la explanada del Ministerio del Interior (Mininter).

De este modo, el Gobierno formalizó la entrega de 123,534 prendas policiales elaboradas por 178 micro y pequeñas empresas (mypes) con una inversión superior a los más de S/ 21 millones, en el marco del Programa Nacional Compras a MYPErú del Ministerio de la Producción (Produce).

Más de 56,000 efectivos de la PNP recibirán casacas, chalecos y correas de calidad para reforzar sus labores de seguridad ciudadana. Con esto, no solo se fortalece la capacidad operativa de la Policía Nacional, sino que también se genera un círculo virtuoso donde la producción nacional contribuye a la seguridad de todos los peruanos.

Asimismo, el Mininter efectuó la entrega de 2,282 fusiles de asalto y se recibió la donación por parte de la embajada de la República Popular China de 4,000 chalecos antibalas nivel III-A.

«Destaco el trabajo y los resultados que se logran en cooperación, cuando el Estado trabaja de forma conjunta y articulada. Agradezco a las mypes que han confeccionado y la cooperación de China, con quienes además estamos unidos no solamente por su historia milenaria sino por la lucha contra la delincuencia. Nuestra policía no está sola, tiene un gobierno firme dando la cara, contraatacando la criminalidad», resaltó el presidente Jerí.

Además, el jefe de Estado invocó al Mininter a evaluar la derogación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente al considerar que se deben realizar cambios para ejecutar acciones acordes a la realidad que vive el país frente a la delincuencia.

«Debemos dejar de tener planes de escritorio y tener planes que verdaderamente respondan a la realidad del día de hoy y con visión de futuro», señaló. En la misma línea, aseguró que en los próximos días se anunciará la adquisición de mayores herramientas para dotar de mayor equipamiento a la PNP, con el fin de que pueda actuar con celeridad y se repotencie sus intervenciones contra la criminalidad.

«No me queda más que agradecer el esfuerzo de nuestra Policía Nacional todos los días en las calles, redoblando la seguridad para contribuir a dar tranquilidad a nuestra población», concluyó.

Participaron también en la ceremonia el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo; el ministro de la Producción, César Quispe Luján; el comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado; entre otras autoridades de los referidos sectores y de la República Popular China.

José Jerí mantuvo plan de seguridad ciudadana reciclado por 7 años y descrito como ineficiente

A más de un mes de asumir la presidencia del Perú, José Jerí decidió mantener por 30 días más el plan de seguridad ciudadana de 2019 creado por el Gobierno de Martín Vizcarra, una estrategia planteada para cinco años y que a pesar de que debió ser modificada en 2023, se mantuvo por dos años más, reflejando la ineficiencia y desinterés de las autoridades en el combate de las extorsiones y homicidios.

«El último plan de seguridad anual que indica la ley 27933 se confeccionó en el año 2012, al 2025 tienes 13 años que no hay plan anual. En 2013 a medio año hicieron un plan quinquenal que era del 2013 al 2018 y en 2019 hicieron otro igual hasta el 2023, pero en el año 2024 ya no hubo plan y este año tampoco. Es decir, hubo dos años que no hubo planes de seguridad y por eso aumenta la delincuencia», explicó el exgeneral de la PNP, Eduardo Pérez Rocha.

Sabiendo este contexto, el presidente interino, José Jerí optó por una criticada continuidad: mantuvo sin cambios la estrategia previa, incluyendo el cuestionado uso del estado de emergencia por 30 días, una medida cuya recurrente aplicación no ha logrado revertir la inseguridad ciudadana. Como consecuencia, durante su primer mes en el máximo cargo del Estado se registró 180 muertes por homicidio y decenas de extorsiones en sectores vitales como escuelas, negocios y transporte público.

En lugar de reconocer su error por mantener por un mes más el plan de seguridad ineficiente en su práctica, Jerí optó por «lavarse las manos» asegurando que planteará derogarlo. «Tenemos un plan de seguridad ciudadana vigente, a mi criterio de escritorio y lejano a la realidad y que en la práctica no nos sirve (…) evalúen para derogar ese plan que está vigente«, expresó dirigiéndose al ministro del Interior, Vicente Tiburcio.

Agregó que la nueva estrategia tendrá como ejemplo los planes de seguridad usados durante Gobiernos pasados: «Planes aquellos como los del 2013 o 2018, que tenían una lógica distinta, mucho más operativa», dijo Jerí, precisando que la crítica que hacía también la hizo cuando era congresista, entonces ¿por qué continuó por un mes con un plan de seguridad criticado anteriormente por él mismo?

Para el exgeneral PNP Pérez Rocha esta no sería más que una medida populista y que no se cumplirá: «Ya estamos en octubre y ese plan tiene que ser aprobado por todos los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). No hay tiempo, acá ni idea de qué cosa es seguridad ciudadana».

Además, Pérez Rocha también precisó que Jerí buscaría imitar las tácticas e imagen del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, solo para ganar popularidad. «Él está tratando de copiar las acciones y actividades que hace Bukele en El Salvador,» aseveró. Como evidencia, mencionó detalles como la vestimenta («camisa blanca y las mangas remangadas») y la anunciada licitación de centros penitenciarios con uniformes estandarizados.

Por su parte, Wilfredo Pedraza, quien fue ministro del Interior durante el año 2013, aconsejó que «un plan es útil en la medida que no sea tremendista en metas, que tenga presupuesto y que este se ejecute». Precisó que la virtud del plan de seguridad de su año fue que no se pusieron metas abstractas, sino metas específicas: equipamiento, compras de vehículos, reducir índices de la criminalidad. «Metas razonables (…) El plan del 2013 es mucho más real y por eso se llevó a cabo», añadió.

¿Por qué se esperaron 7 años para proponer cambiar el plan de seguridad?

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, indica que existen tres razones: «La autoridad de turno durante los últimos 10 años ha tenido muy poco tiempo para hacer algo, no le ha interesado el plan y la más importante, no han tenido capacidad de gasto, por ejemplo, el Ministerio del Interior, hace 30 días solo había gastado el 20% de su presupuesto en compra de equipamiento para la Policía», reveló.

Al ser consultado por el trabajo de José Jerí contra la inseguridad ciudadana, Pedraza precisó que se debe considerar que transcurra los 30 días después de declarar el estado de emergencia. Sin embargo, sí coincidió que el actual plan de seguridad debe ser derivado.

«Si un plan no se implementa en 10 años, es que no tiene valor o no se aplicó. Creo que reformularlo me parece una buena idea. Se puede hacer ahora para dejarlo como un documento de trabajo para el Gobierno que viene», indicó el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza.

Lo quieren sacar de carrera: subcomisión del Congreso aprueba informe que recomienda acusar a Martín Vizcarra

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra Cornejo y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler por el presunto delito de concusión. La decisión se adoptó con 11 votos a favor, 2 en contra y una abstención.

La investigación está relacionada con el caso ‘Vacunagate’, que trata de presuntos abusos cometidos mientras Vizcarra y Mazzetti ostentaban cargos públicos durante el proceso de adquisición de vacunas contra la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con el informe, la acusación reúne las denuncias constitucionales formuladas por los excongresistas Yvan Quispe Apaza, Manuel Merino De Lama, Leonardo Inga Sales y Luis Roel Alva, así como por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.

El secretario ponente, Jorge Montoya Manrique, afirmó en su exposición que se acusa a Martín Vizcarra de haber utilizado su posición para solicitar dosis del ensayo clínico de la vacuna candidata a investigadores de Sinopharm, favoreciendo presuntamente a su entorno cercano.

Cómo se sabe, Martin Vizcarra recientemente inscribió su precandidatura en la plancha presidencial del partido político Perú Primero, agrupación que se ubica en los primeros lugares de las encuestas.

Disponen cambio de personal en las DEPINCRI de Huaral, Huacho y Barranca para fortalecer la lucha contra el crimen organizado

En una medida orientada a reforzar las acciones contra la delincuencia y el crimen organizado, se ha dispuesto el cambio de personal en las Divisiones de Investigación Criminal (Depincri) de Huaral, Huacho y Barranca.

La decisión responde a una solicitud interna de reestructuración, con el objetivo de “oxigenar” las unidades de investigación, reemplazando al personal que cuenta con denuncias o investigaciones en curso, y conformando nuevos equipos especializados en la lucha contra las organizaciones criminales que operan en el norte chico.

De acuerdo con fuentes policiales, esta medida busca mejorar la eficiencia de las investigaciones, garantizar la transparencia en los procedimientos y fortalecer la confianza ciudadana en el trabajo de las fuerzas del orden.

Asimismo, se precisó que los cambios serán graduales y evaluados por la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRINCRI), como parte de un plan integral de reestructuración que abarcará diferentes unidades del país.

Con esta disposición, las autoridades esperan renovar la capacidad operativa de las Depincri y reforzar las estrategias de inteligencia policial, en momentos en que la criminalidad y las extorsiones continúan afectando gravemente a las provincias del norte chico.

INPE advierte posible plantón de reos y familiares en varios penales de Lima y Callao

Una gran tensión se ha generado en las cárceles de Lima y Callao luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) advirtiera sobre un posible plantón de reos en penales para este 5 y 6 de noviembre, luego de haber impedido un intento de motín en el penal de Ancón I.

Según un memorando dirigido al Jefe del Grupo de Operaciones Especiales, Sergio Antonio Haro Huapaya, se ha solicitado «mantenerse en situación de alerta» ante la posibilidad de un plantón llevado a cabo por reos de los diferentes penales de la capital en protesta a las medidas restrictivas establecidas en el marco del estado de emergencia para Lima y Callao.

«[…] Los internos proyectan adoptar un plantón en la parte interna de los pabellones y sus familiares adoptarán la misma medida en la parte externa, los días miércoles 5 y jueves 6 de noviembre de 2025, cuya medida de fuerza se estaría proyectando en protesta a la aplicación del Decreto Supremo N°019-2025-JUS, con el cual se reduce las horas de patio y la frecuencia de visitas», se lee en la misiva.

Presos en apoyo al motín

A raíz de esta situación, se advirtió que reos —y sus familiares— estarían «proyectando» realizar un plantón en los penales de «Lurigancho, Miguel Castro Castro, Callao, Huaraz y otros» en apoyo a los internos de Ancón I.

«[…]similares hechos se estarían proyectando en los EEPP de Lurigancho, Miguel Castro Castro, Callao, Huaraz y otros penales en apoyo a los internos del EP Ancón I, Challapalca y Cochamarca» concluye el memorando.

Motín frustrado en Ancón I

De acuerdo con el INPE, durante la noche del martes 4 de noviembre, como parte de las medidas para el control penitenciario y telecomunicaciones ilícitas, se produjo el habitual apagón de luces en el Establecimiento Penitenciario Ancón I.

Al restituirse el fluido eléctrico, algunos de los internos del pabellón 4 iniciaron a gritar «Queremos visitas», arenga que fue seguida por los demás pabellones durante varios minutos, sumado a golpes insistentes en las rejas y quema de telas y papeles.

Ante ello, los agentes iniciaron el protocolo para restablecer el orden. Sin embargo, una de la rejas terminó descolgándose producto de los golpes, provocando el caos y la reducción de los internos que ocupaban la celda.

Restricciones en las cárceles

Como se recuerda, el Gobierno oficializó el Estado de Emergencia para Lima y Callao el 21 de octubre a través de el diario oficial El Peruano, donde se establecían nuevas restricciones para evitar posibles telecomunicaciones ilícitas dentro de las cárceles mientras dure la emergencia.

Control Penitenciario y telecomunicaciones ilícitas.

La posibilidad de un platón para este martes y miércoles reflejaría así un golpe crítico a las operaciones ilícitas que se llevan en el interior de los centros penitenciarios, pero también plantea el deber de las autoridades en no vacilar durante el estado de emergencia.

JEE solicita a Rospigliosi descargos por uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo (La Libertad) solicitó los descargos al presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, y al oficial mayor, Giovanni Forno, por una supuesta infracción al principio de neutralidad. Ello debido al uso de una cámara del Congreso durante el mitín de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el 30 de octubre en Trujillo, cuando se anunció su cuarta precandidatura presidencial.

De acuerdo con la resolución N.º 00097-2025-JEE-PCYO/JNE al que tuvo acceso La República, el 3 de noviembre, la coordinadora de fiscalización adscrita al JEE presentó dos informes en los que, según indican, los dos funcionarios públicos presuntamente infringieron «las normas que regulan la neutralidad estatal en el periodo electoral, (…) debido al uso indebido de bienes públicos, a favor de la organización política Fuerza Popular».

En ese sentido, el JEE les otorgó hasta un día de plazo después de haber recibido la notificación, a través de la mesa de partes del Congreso, para brindar sus descargos.

Además, el organismo electoral dispuso que Rospigliosi y Forno habiliten una casilla electrónica en el portal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que puedan recibir notificaciones que emita el Jurado Electoral Especial.

Precisamente, sobre Rospigliosi se prepara una moción de censura en el Parlamento. El último 4 de noviembre, la congresista Ruth Luque anunció que impulsará dicha medida en contra el titular de la institución no asumir «la responsabilidad política» por el uso del aparato tecnológico en el mitin de la lideresa.

Decisión de la resolución N° 00097-2025-JEE-PCYO/JNE

Los informes de fiscalización sobre presunta infracción al principio de neutralidad

Se tratan de dos documentos de fiscalización del JEE de Pacasmayo. El informe N.º 38-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE advierte que el oficial mayor del Congreso «no cauteló el uso adecuado de una cámara institucional, la cual fue empleada para filmar la actividad política de la organización Fuerza Popular». Dicho acto, señala el informe, «configura una infracción al artículo 32 del Reglamento sobre propaganda electoral»; es decir, al principio de neutralidad.

«La conducta del Oficial Mayor se adecua al tipo infractor por omisión impropia, al no haber activado mecanismos de control, trazabilidad ni prevención sobre el uso de bienes públicos bajo su competencia, vulnerando el principio de neutralidad electoral y el deber de vigilancia institucional», se lee en el documento.

Mientras que, por el lado de Rospigliosi, el informe resalta que este tiene «el deber inexcusable de garantizar que los bienes públicos bajo su custodia —como las cámaras institucionales inventariadas— sean utilizados exclusivamente para los fines propios de la función legislativa».

En ese sentido, el informe de fiscalización señala que «la omisión del presidente del Congreso en cautelar el uso adecuado de los bienes institucionales, y deslindar oportunamente la responsabilidad funcional, evidencia un incumplimiento de sus deberes de vigilancia y control«.

Informe de fiscalización 38-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE

Además, el JEE considera que el comunicado emitido por la Oficialía Mayor el 2 de noviembre, si bien reconoce la existencia de una presunta inconducta funcional y anuncia la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, «no constituye un deslinde de responsabilidad respecto a otros funcionarios con deberes de vigilancia y control» del oficial mayor y Rospigiliosi.

Por otro lado, el informe N.° 000038-2025-LCC-JEEPACASMAYO-EG2026/JNE complementa el informe antes señalado e incorpora el análisis del artículo 33 del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral, sobre una eventual vulneración al principio de neutralidad de los trabajadores mientras ejercían funciones.

Renuncia del trabajador del Congreso no exime de responsabilidades

El informe recalca que, a pesar de que el trabajador del Congreso implicado renunció a su cargo tras revelarse la información, ello «no extingue la responsabilidad administrativa ni penal derivada de los hechos ocurridos».

Además, conforme al principio de continuidad del procedimiento sancionador, el JEE puede seguir investigando los hechos a pesar de la dimisión del trabajador. «En este sentido, se aplica el aforismo jurídico “Renuntiatio non est absolutio”, es decir, la renuncia no equivale a absolución», indica el documento.

«Asimismo, el comunicado emitido por la Oficialía Mayor el 2 de noviembre de 2025, si bien reconoce la existencia de una presunta inconducta funcional y anuncia la apertura de un procedimiento administrativo sancionador, no constituye un deslinde de responsabilidad respecto de otros funcionarios con deberes de vigilancia y control, como el Oficial Mayor y el Presidente del Congreso», agrega el informe.

Renuncia de trabajador involucrado no equivale a una absolución, señala informe de fiscalización

El 2 de noviembre, Rospigliosi minimizó el hecho a una «falta» cometida por un trabajador de la entidad. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), expresó «un trabajador cometió una falta, de inmediato se le inició proceso sancionador. Ya renunció».