Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la carretera Fujimori Fujimori, a la altura del sector Esperanza Alta, en el distrito de Huaral, cuando una motolineal, que se dirigía hacia la ciudad de Huaral, fue embestida por un automóvil station wagon, lo que provocó que ambos vehículos terminaran dentro de un canal de regadío.
Los ocupantes de los vehículos resultaron heridos y fueron auxiliados por agentes de serenazgo de Huaral y vecinos de la zona. Posteriormente, fueron trasladados al Hospital San Juan Bautista de Huaral para recibir atención médica.
El ministro Vicente Tiburcio junto al comandante general de la PNP, y el coronel PNP, Víctor Revoredo, anunció la creación de la nueva División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional del Perú, una fuerza renovada para enfrentar con firmeza a las mafias que amenazan al país.
Ministro Vicente Tiburcio: “Hoy nace una nueva fuerza dentro de la PNP, la División de Investigación de Extorsiones, símbolo de nuestro compromiso firme con cada peruano que merece vivir en paz. Así como vencimos al terrorismo, venceremos al crimen organizado».
El ministro subrayó la trayectoria del coronel PNP Víctor Revoredo, quien liderará esta nueva fuerza especializada tras regresar de Chile.
“Un policía que ha enfrentado amenazas, que inspira con su ejemplo y que hoy asume el reto de combatir la extorsión con firmeza”, enfatizó.
Con los votos de los congresistas de la bancada de Somos Perú, entre ellos el actual jefe de Estado, José Jerí Oré, el presupuesto para financiar las acciones policiales contra las protestas sociales, experimentó un crecimiento brutal entre 2022 y 2025.
Las cifras reflejan la extremada preocupación tanto del Ejecutivo como del Congreso por evitar que las manifestaciones populares impulsen un cambio de gobierno, como ocurrió recientemente.
En un anterior informe La República señaló que el Congreso, con los votos del actual partido de gobierno, Somos Perú, incrementó el presupuesto para acallar los reclamos antigubernamentales en un 115%. Entre 2022 y 2025, pasó de S/522,114,596 a S/1,125,084,604. Este tipo de gastos exorbitantes para enfrentar a la oposición política, suele ser característicos de regímenes autoritarios.
Identificado en el pliego presupuestal del Ministerio del Interior como “disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”, este desembolso de fondos públicos entre 2022 y 2025 suma S/3,050,299,964. Nada comparable con otros periodos gubernamentales.
Es un promedio de gasto de S/610 millones anuales, o de S/50,8 millones mensuales, o de S/1 millón 700 mil diarios. O de S/70,608 por cada hora.
Los presupuestos anuales en el mencionado periodo para controlar las manifestaciones sociales, los presentó la expresidenta Boluarte y recibieron el respaldo del Congreso sin recibir cuestionamientos. Contaron con los votos del actual partido de gobierno, Somos Perú, en señal de conformidad.
Desembolsos multimillonarios
Pese a la ola de violencia relacionada con las actividades del narcotráfico y la minería ilegal, el partido del presidente Jerí estuvieron de acuerdo con aumentar mucho más los fondos públicos dirigidos a la neutralización de las protestas sociales, que a los programas de combate al tráfico ilícito de drogas y a los mineros ilegales, con los que cuenta el Ministerio del Interior.
Por si fuera poco, los montos aprobados por el Congreso, luego fueron modificados por el gobierno de Boluarte.
En 2022 se fijó en S/514,708,450 y subió a S/522,114,596: S/7,406,146 adicionales.
En 2023 se aprobó S/576,109,338 y aumentó a S/687,404,130: S/111,294,792 adicionales.
En 2024 se autorizó S/682,960,467 y se incrementó a S/715,696,634: S/32,736,167 adicionales.
Esto da como resultado S/151,437,105 de gasto adicional que hizo el mandato de Boluarte en relación a los montos que dio visto bueno el Congreso.
Es muy probable que para este año la tendencia se confirme, ya que el Legislativo aprobó como presupuesto inicial S/1,125,084,624. O incluso aumente más, si se toma en cuenta que el gobierno de Jerí afronta -y afrontará- una serie de manifestaciones.
Pese al corto tiempo del mandato de Jerí, es notorio que no es muy diferente respecto al de Boluarte. Como lo evidencian los registros de votación, Somos Perú y Jerí votaron a favor de los presupuestos que propuso Boluarte, en los que el gastos para acallar las manifestaciones populares subieron exponencialmente.
Las protestas en números
Según los reportes anuales de la Defensoría del Pueblo sobre los conflictos sociales, estos aumentaron en los dos últimos años del régimen de Dina Boluarte. La secuencia es la siguiente:
Año 2022: en enero se registraron 203 casos y en diciembre 221. El 60% de las manifestaciones fueron contra el gobierno.
Año 2023: en enero fueron 219 y en diciembre 215 (en abril y julio fueron 225). El 61% fueron contra el gobierno.
Año 2024: en enero 214 y en diciembre 196. El 59% fueron contra el gobierno.
Año 2025: en enero 197 y en septiembre 199. El 61% fueron contra el gobierno de Boluarte.
Estas cifras indican que el rasgo característico del pasado régimen fue un promedio alto de conflictos sociales, generalmente relacionados con el gobierno central.
Se debe destacar que, según el criterio aplicado por la Defensoría del Pueblo, si bien la mayoría de conflictos sociales derivan de problemas socioambientales, las protestas directamente relacionadas con decisiones del gobierno central han experimentado un importante aumento.
Es evidente que cada vez más el Poder Ejecutivo concentra el motivo de las protestas sociales en el país y el año 2025, probablemente cerrará, con un aumento significativo, manteniendo la línea de los años anteriores.
Desde esta perspectiva, el saliente Congreso no solo aprobaría los S/756,000,000 para financiar las operaciones policiales antidisturbios, monto que propuso Dina Boluarte en septiembre de este año y que será debatido en este mes de noviembre. También lo subiría pretextando que las movilizaciones populares contra el gobierno y el Legislativo son una amenaza.
Es evidente la prioridad de los congresistas, entre ellos los de Somos Perú, partido de José Jerí: entre 2022 y 2025 aprobaron más de S/3,000 millones para enfrentar las protestas, de lo que se han gastado S/2,558 millones hasta octubre.
Con los S/3,000 millones se podría haber financiado tres años del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres, o del Programa Nacional Pensión 65, o del Programa de Prevención de Lucha contra el Cáncer, o cuatro años del Programa de Salud Materno Infantil. O del Programa de Acceso de la Población con Alto Rendimiento Académico., entre otros.
Una radiografía del presupuesto
El exministro del Interior, Rubén Vargas, cuestionó el aumento de los fondos para neutralizar las protestas. “Yo hubiese disminuido el presupuesto para controlar las protestas y movilizaciones sociales, y hubiese aumentado más el presupuesto para combatir los delitos”, indicó Vargas.
“El presupuesto para 2026 no considera a las otras economías ilegales, sólo al tráfico de drogas y a la minería ilegal. ¿Qué hacemos con el contrabando y el tráfico ilícito de bienes?, como los cigarrillos falsificados. ¿Y el tráfico de insumos químicos para minería y para la cocaína que ingresan por las fronteras del norte y del sur con Bolivia y Brasil?”, dijo,
Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, se debe hacer un seguimiento a la calidad del gasto. “La experiencia reciente ha sido muy negativa. El Ministerio del Interior y la PNP han demostrado ineficiencia en relación a la ejecución del presupuesto. Han tenido dificultades para cumplir con el gasto”, explicó.
“Otro aspecto es que el presupuesto relacionado con el combate a la minería ilegal no refleja la actual coyuntura que se está viviendo. Por el incremento del precio del oro, la minería ilegal sin ninguna duda acentuará su presión para una mayor libertad del ejercicio no formal de su actividad”, dijo Valdés.
Con el compromiso de mantener vivo el civismo y el respeto a nuestros símbolos patrios, esta mañana se realizó la Ceremonia de Izamiento del Pabellón Nacional y Bandera de Huaral, en nuestra Plaza de Armas.
En esta ocasión, el acto cívico estuvo encabezado por el gerente de Desarrollo Urbano y Rural, quien estuvo acompañado de los subgerentes de Obras Privadas y de Estudios y Proyectos.
Asimismo, participaron en la ceremonia el personal administrativo de la mencionada gerencia, agentes de Seguridad Ciudadana y representantes de nuestra Policía Nacional, reafirmando el compromiso institucional con los valores patrios.
Durante una actividad política encabezada por Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular y candidata presidencial en cuatro ocasiones, se registró la presencia de una cámara perteneciente al Congreso de la República en un evento partidario realizado en Trujillo, según Sol TV. Según los registros visuales del acto público, el equipo audiovisual portaba una pegatina con la inscripción: “Congreso de la República. Registro secuencial 25459. Inventario físico general 2024”.
La aparición de este material, que integra el inventario oficial del Parlamento peruano, ha abierto interrogantes sobre el posible uso de bienes estatales fuera de las funciones institucionales. El evento correspondió al anuncio formal de la candidatura de Fujimori con miras a las elecciones generales previstas para 2026. En la ceremonia participaron también varios congresistas de la bancada naranja, quienes hasta el cierre de este reporte no se han pronunciado respecto a la utilización de recursos públicos en actividades partidarias.
La cámara, con su respectiva identificación oficial, fue empleada en la cobertura del acto político desarrollado en la región norteña del país. Las imágenes disponibles muestran el distintivo de inventario actualizado a 2024, lo que sugiere su inclusión reciente dentro del patrimonio estatal asignado al Legislativo.
El incidente se suma a debates previos sobre el uso y custodia de los bienes públicos durante procesos electorales, una discusión recurrente en contextos de campaña. El uso de equipamiento estatal con fines diferentes a los institucionales está regulado por normativas administrativas enfocadas en la transparencia y la correcta gestión de recursos, cuyo incumplimiento puede acarrear sanciones para los responsables.
El silencio de los representantes parlamentarios que acompañaron a Keiko Fujimori en la actividad refuerza la expectativa de una explicación oficial sobre lo ocurrido. Durante la cobertura, no se emitieron declaraciones sobre este posible uso irregular del material estatal. Hasta la publicación de esta nota, tampoco se ha conocido una postura formal del área administrativa del Congreso acerca del hecho reportado en la ciudad de Trujillo.
El suceso coincide con el inicio de la campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que Fuerza Popular busca posicionarse nuevamente como fuerza política determinante. El uso de recursos públicos en eventos políticos constituye un tema que suele ser examinado por los órganos competentes y genera atención ciudadana sobre el cumplimiento de la función pública y los límites frente a la propaganda electoral.
Como parte del operativo nacional de control “Comisarías Básicas PNP 2025”, la Contraloría General de la República viene realizando una amplia intervención en dependencias policiales de todo el país, incluyendo 17 comisarías de la región Lima Provincias, con el objetivo de evaluar su infraestructura, equipamiento, dotación policial y capacidad operativa frente a la delincuencia.
Durante las inspecciones en provincias como Huaral, Barranca, Cajatambo, Yauyos, Huarochirí, Oyón, Canta, Cañete y Huaura, los equipos de auditores constataron serias deficiencias en varios establecimientos policiales.
Entre los principales hallazgos figuran:
Vehículos inoperativos o sin mantenimiento, e incluso algunos no registrados en el Sistema Informático de Planificación y Control de Patrullaje Policial (SIPCOP).
Mínima dotación de efectivos, lo que limita la atención oportuna de denuncias y patrullajes.
Infraestructura deteriorada, sin ambientes adecuados para la atención al público.
Falta de mapas gráficos y georreferenciales sobre medidas de protección a víctimas de violencia familiar.
Equipos y mobiliario en mal estado, además de carencia de chalecos, radios y equipos informáticos básicos.
Este operativo —que incluye 466 comisarías a nivel nacional— busca determinar el estado real de las dependencias policiales y emitir recomendaciones correctivas al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional del Perú, con el fin de mejorar la respuesta policial y fortalecer la seguridad ciudadana.
Las acciones de control continuarán hasta el 5 de noviembre, tras lo cual se presentará un informe consolidado sobre la situación de las comisarías en todo el país.
“Es momento de unir esfuerzos si realmente queremos combatir la delincuencia. Las comisarías son la primera línea de atención al ciudadano y deben contar con condiciones adecuadas para cumplir su función”, expresó el contralor general César Aguilar Surichaqui.
ENFOQUE REAL 