Con la finalidad de beneficiar a los jóvenes aucallaminos, mediante becas integrales y el acceso a certificaciones, la Municipalidad Distrital de Aucallama firmó un convenio con el Centro Sudamericano de Formación SUDITEP.
Las capacitaciones ofrecidas son diversas como Gestión de Gobiernos Regionales y Locales , Redacción de Documentos Administrativos, Auxiliar de Farmacia; SSOMA, entre otros.
En los días sucesivos se estará informando sobre el inicio de los cursos corerspondientes.
El Comité Ejecutivo Nacional de Renovación Popular (RP) informó este martes que sus equipos técnicos mantuvieron una reunión con representantes de Fuerza Popular en su local central para evaluar presuntas irregularidades en el proceso electoral conducido por la ONPE.
A través de un comunicado, el partido celeste indicó que este encuentro se llevo a cabo en su local central y contó con la participación de la secretaria general y el personero legal de RP junto al jefe de personeros del fujimorismo.
De acuerdo a la agrupación que lidera el candidato presidencial Rafael López Aliaga en la reunión «se acordó promover la firma de un acta conjunta con las demás fuerzas políticas, a fin de que se sumen al pedido de reclamo ante un presunto sabotaje en el proceso electoral 2026».
No obstante, el comunicado señala que, a la fecha, «no se han llegado a acuerdos para la firma de dicha acta».
Como se sabe, López Aliaga se ubica en el tercer lugar a poco más del 94% de las actas contabilizadas por la ONPE, a menos de un punto porcentual del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, en la definición por el pase a la segunda vuelta de la elección presidencial.
López Aliaga reclama irregularidades en el proceso electoral y ha hecho acusaciones sobre un supuesto fraude en su perjuicio tras las demoras en las instalaciones de las mesas de votación el último 12 de abril debido a problemas logísticos de la ONPE.
Tras no llegar a un acuerdo con el fujimorismo para la firma de un acta que enrumbe un reclamo conjunto de fuerzas políticas ante el organismo electoral, Renovación Popular finaliza su comunicado llamando a otras organizaciones a sumarse a su iniciativa.
«Mientras tanto, hacemos un llamado a las fuerzas políticas que verdaderamente defendemos la democracia, para actuar como un frente unido en estos momentos de incertidumbre ante un conteo de votos que no reflejaría la voluntad popular», cierra el texto.
Esta confirmación oficial por parte de Renovación Popular surge luego de que el último domingo Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, revelara que el jefe de sus personeros, Luis Dyer, ya se había reunido con Norma Yarrow, candidata a la primera vicepresidencia del partido celeste.
En dichas declaraciones, Galarreta expuso una aparente falta de coordinación interna en el partido celeste, sugiriendo que el propio Rafael López Aliaga podría haber estado desinformado sobre las gestiones que su equipo técnico realizaba con el fujimorismo.
Esto luego de que López Aliaga lanzará acusaciones contra Fuerza Popular durante un plantón ante sus simpatizantes, por supuestamente haber sido favorecido con las irregularidas del proceso electoral. «Debería estar acá dando la cara y no ocultarse», dijo el candidato en alusión a Keiko Fujimori.
«Entiendo que estuvieron reuniéndose, pero creo que el señor López Aliaga no tiene ni idea porque ha estado diciendo hoy día otras cosas», afirmó Galarreta en alusión a los ataques del candidato presidencial su partido.
Ayer, lunes, Keiko Fujimori, la candiata presidencial de Fuerza Popular, ratificó las afirmaciones de Galarreta sobre los acercamientos con el partido celeste.
La mañana del lunes 13 de abril de 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mostró evidencias de desorganización al gestar el traslado de actas impugnadas en las elecciones peruanas. Esto habría ocurrido menos de 24 horas después de que la ONPE convocara a una empresa de transporte para movilizar el material electoral, anunciando la necesidad de una flotilla de taxistas a través de WhatsApp, según un reportaje de Willax.
El pedido de movilización fue realizado de manera apresurada, lo que llevó a la firma de contratos de emergencia con empresas de transporte urbano. Como resultado, tuvieron que recurrir a redes sociales para reclutar conductores en el último momento.
De acuerdo con un informe de Willax, la ONPE contrató a la empresa ETM Chorrillos para organizar el servicio de transporte en Villa María del Triunfo. Se solicitó específicamente la participación de 132 conductores con vehículos propios. Sin embargo, ETM Chorrillos necesitó asistencia de otra empresa, Metropolis Service, para aumentar la capacidad de respuesta. A pesar de esto, el representante de Metropolis, Daniel Mejía, mencionó que no recibieron confirmación formal, aunque decidieron crear un grupo de WhatsApp para gestionar la situación.
Las instrucciones para los conductores se compartieron mediante mensajes de audio, en los cuales se especificaban tarifas y áreas de operación. Las tarifas eran las siguientes:
Además de las tarifas, la ONPE habría establecido requisitos para el registro de las unidades de transporte. Se solicitó la siguiente documentación:
De acuerdo con el reportaje del medio, el sistema de transporte se activó la madrugada del lunes, pero enfrentó dificultades de inmediato en localidades como Chorrillos y Barranco. Las empresas de transporte no lograron cumplir con la cantidad y el tipo de vehículos solicitados. Un encargado de la logística explicó que fue complicado conseguir las vans de 14 pasajeros requeridas, y que solo estaban disponibles autos y minivans.
La coordinación entre los conductores, revelados por el medio, se llevó a cabo a través de un grupo de WhatsApp titulado “ONPE 2026 RÁPIDOS Y FURIOSOS”. Allí se organizó la participación de conductores de vehículos menores para realizar el traslado de las actas. Sin embargo, cuando los representantes de las empresas intentaron negociar condiciones con la ONPE para mezclar los tipos de vehículos, su propuesta fue rechazada.
Jorge Obregón, representante de ETM Chorrillos, afirmó para Willax que este tipo de operaciones debería estar planificado con al menos 20 días de anticipación. La petición formal para el traslado de las actas llegó el sábado 11 de abril, lo que dejó solo 24 horas antes de las elecciones del 12 de abril.
Las demoras fueron significativas, extendiéndose la recolección que debía ocurrir entre las 2 y 6 de la mañana mucho más allá de esos horarios. Obregón detalló al medio que la operación continuó hasta bien entrada la tarde del segundo día de elecciones, lo que puso en evidencia las falencias en la planificación.
La Fiscalía confirmó la solicitud de detención preliminar contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Según declaró Tomás Gálvez, fiscal de la Nación, en entrevista con Milagros Leiva, el requerimiento fue presentado ante el Poder Judicial la noche del 21 de abril.
Según señaló Gálvez, el pedido fue hecho por el fiscal Raúl Ernesto Martínez Huamán, quien lidera la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.
“Hemos concluido, por el momento, que la conducta de Piero Corvetto es dolosa. Por ello, se ha solicitado el informe de la Policía para que la Fiscalía requiera al Poder Judicial la detención. Lo que se disponga dependerá del Poder Judicial”, declaró el fiscal de la Nación.
Gálvez aseguró que la Fiscalía atribuye a Corvetto la presunta comisión de “colusión ilegal, delitos electorales y omisión de funciones” durante su gestión como jefe de la ONPE, tras registrarse una serie de irregularidades en la jornada electoral del pasado 12 de abril. Asimismo, indicó que las investigaciones contra el exjefe de la ONPE continuarán.
En medio de críticas por la organización logística durante las Elecciones Generales de 2026, Piero Corvetto presentó su renuncia a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La Junta Nacional de Justicia aceptó su dimisión y precisó que las investigaciones sobre las irregularidades registradas el domingo 12 de abril continuarán desarrollándose.
En su carta, Corvetto explicó que su decisión responde a los problemas ocurridos en la distribución del material electoral en Lima Metropolitana, lo que —según indicó— le impide mantenerse en el cargo. Asimismo, señaló que, en el contexto actual y a poco de concluir el conteo de actas de la elección presidencial, considera necesario apartarse para facilitar la organización de la segunda vuelta en un escenario que recupere la confianza ciudadana.
El exjefe de la ONPE también afirmó que, aunque algunas situaciones pueden aclararse internamente, existen dudas que deben resolverse mediante una investigación independiente y rigurosa. En esa línea, sostuvo que el rol de un funcionario público no solo implica cumplir la ley, sino también contribuir a la estabilidad democrática. Finalmente, indicó que ya se han iniciado los preparativos para la segunda vuelta del 7 de junio y expresó su deseo de que su salida ayude a fortalecer la confianza en el proceso electoral.
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronuncio sobre la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señalando que la decisión resulta “saludable” de cara al proceso de segunda vuelta previsto para el próximo 7 de junio.
“Creo que es una buena noticia para el Perú, una buena noticia para los peruanos que este señor haya dado un paso al costado”, indicó.
“Yo creo que hay un primer responsable de todas estas grandes irregularidades y creo que esta medida que él ha tomado va a ser saludable para el proceso electoral, sobre todo para lo que viene”, agregó.
En ese sentido, Fujimori resaltó la necesidad de que diversas instituciones, como la Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Ministerio Público, investiguen lo ocurrido durante la primera vuelta, donde se reportaron mesas instaladas tardíamente y problemas en la implementación de herramientas tecnológicas.
Asimismo, afirmó que los ciudadanos “merecemos saber la verdad” sobre las irregularidades detectadas y exigió que se adopten las medidas correspondientes para evitar que estas situaciones se repitan en la segunda vuelta.
“Los peruanos tenemos el derecho a acudir a votar, a elegir las autoridades y que estos procesos se realicen con transparencia y que la voluntad popular se respete”, aseguró.
En otro momento, la candidata presidencial rechazó un comunicado emitido por Juntos por el Perú (JP), en el que se advierte sobre una presunta narrativa de fraude impulsada por partidos como Fuerza Popular y Renovación Popular con el objetivo de “controlar el sistema electoral para promover el boicot del resultado” del proceso electoral.
“Creo que corresponde a todos los partidos políticos esperar el pronunciamiento final del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para ver qué medidas adicionales se tomaría o no. Pero yo estoy esperando con mucha prudencia el pronunciamiento final”, sostuvo.
Finalmente, Keiko Fujimori instó al Jurado Nacional de Elecciones a “pronunciarse pronto” a fin de “establecer la competencia de cara a la segunda vuelta”.
El futuro político y personal de la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, se definirá hoy 22 de abril al mediodía, en una audiencia clave que podría marcar el cierre definitivo de un proceso judicial que se ha extendido por varios años.
La audiencia de apelación, a cargo de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, evaluará la sentencia de primera instancia que ya fue categórica: 9 años y 5 meses de prisión por el delito relacionado con el desvío de más de 1.3 millones de soles destinados al Centro Cívico de Matucana.
Según los elementos probatorios, los peritajes contables confirmaron que el dinero salió de las arcas públicas, pero nunca llegó a su destino. Para encubrir el desvío, se habría utilizado una resolución de alcaldía falsificada que simulaba un incremento presupuestal inexistente.
La defensa de Vásquez ha sostenido que la gobernadora desconocía los hechos; sin embargo, este argumento ya fue descartado por el Poder Judicial, que consideró poco creíble que la máxima autoridad edil ignore movimientos irregulares de tal magnitud bajo su gestión.
UN FALLO CON ALTO GRADO DE CERTEZA
La Sala Penal de Apelaciones —integrada por los magistrados Fredy Gómez Malpartida, Ivette Jackeline Reyes Delgado y Rosa Elvira Soto Guevara— tendrá la última palabra en una audiencia virtual que, según especialistas, presenta altas probabilidades de ratificar la condena debido a la solidez de la prueba técnica y la responsabilidad funcional inherente al cargo.
De confirmarse la sentencia, esta sería definitiva e inapelable, lo que implicaría la inmediata ejecución de la pena privativa de libertad.
¿QUÉ LE ESPERA AL GOBIERNO REGIONAL?
En caso de una ratificación del fallo, el Gobierno Regional de Lima enfrentaría un escenario de crisis política e institucional inmediata:
Vacancia automática del cargo de gobernadora.
Asunción del vicegobernador regional, quien deberá garantizar la continuidad administrativa.
Posible reconfiguración del equipo de gestión, ante la salida de funcionarios vinculados a la actual administración.
Parálisis temporal de proyectos y revisión de contratos, especialmente aquellos relacionados con obras públicas.
Impacto en la confianza ciudadana y gobernabilidad, en un contexto ya marcado por cuestionamientos.
Además, no se descarta que el caso genere nuevas investigaciones sobre otros funcionarios o procesos administrativos dentro del gobierno regional.
UNA DECISIÓN QUE MARCARÁ UN ANTES Y UN DESPUÉS
La audiencia de este 22 de abril no solo definirá la situación legal de Rosa Vásquez, sino que también podría representar un punto de quiebre en la política regional, con efectos directos en la gestión pública, la transparencia institucional y el rumbo del Gobierno Regional de Lima.
El fallo final será seguido de cerca por la ciudadanía, autoridades y actores políticos, en lo que podría convertirse en uno de los casos más emblemáticos de lucha contra la corrupción en la región.
ENFOQUE REAL 