Este último martes de 3 marzo inició el juicio oral por la denuncia entablada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presunta difamación. La audiencia fue de carácter virtual, pero con presencia obligatoria de ambas partes. Si Rospligliosi no se conectaba sería declarado reo contumaz, advirtió la jueza Norma Carbajal.
Contra el titular de Parlamento se solicita una pena privativa de la libertad de 2 años y una reparación civil de S/1 millón. Según los numerales 1 al 5 del artículo 462 del Código Procesal Penal (CPP), previo al juicio se instó a las partes a conciliar y alcanzar un acuerdo. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo.
Tras ello, el abogado de Delia Espinoza, Julio Huerta, solicitó que se amplíe la imputación contra el presidente del Congreso por llamar «desquiciada» a la exfiscal el pasado 23 de enero de este año. Por su parte, el abogado de Rospigliosi, Humberto Abanto, se opuso argumentando que ese hecho no fue parte del pedido inicial de la querella.
La jueza Norma Carbajal aprobó el pedido porque, según indicó, la ley permite agregar una imputación a la querella. Es por eso que se adhirió el calificativo que utilizó Rospigliosi contra Espinoza en su cuenta de X (antes Twitter). A pesar de que la defensa del querellado presentó un pedido de reposición, la magistrada lo declaró improcedente.
Parte de la audiencia del juicio oral
Durante los alegatos, el letrado Huerta sustentó la querella al citar los tuits que publicó Rospigliosi en su cuenta de X. Según el abogado, ello está tipificado como una presunta difamación agravada e indicó que la pena oscilaría entre los 20 y 28 meses. Huerta mencionó que al presidente del Congreso le correspondería una condena por 2 años y 4 meses porque no tiene antecedentes.
Por otra parte, Abanto señaló que existe libertad de expresión dentro de una sociedad democrática. «Una de las cosas que más se tiene que tener en cuenta es que, cuando se trata de la libertad de expresión, es la notoriedad de la persona a la que se alude, porque cuando se trata de una persona que se ha expuesto a la crítica por funciones públicas, la línea de las críticas es más amplia que la de un servidor público», dijo.
Sobre el calificativo de «desquiciada» que hizo referencia Rospigliosi, Abanto aseguró que no se hizo alusión a la salud mental de Espinoza. Finalmente, la magistrada programó la siguiente sesión para el martes 10 de marzo a las 2 de la tarde.
Fernando Rospigliosi y Delia Espinoza: El motivo de la denuncia
La exfiscal de la Nación presentó una querella contra Fernando Rospigliosi debido a que, el 7 de julio de 2025, este publicó en su cuenta de X (anteriormente Twitter) un mensaje en el que la calificó como «aliada del terrorismo y economías ilegales» por haberse reunido con familiares de las víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
El 10 de julio de 2025, Espinoza, envió una carta notarial a Rospigliosi solicitando que se retractara de sus declaraciones. Sin embargo, Rospigliosi no solo ignoró la solicitud, sino que reafirmó sus afirmaciones.
Tweet de Fernando Rospigliosi
Congreso debatir nueva denuncia constitucional contra Delia Espinoza
Mientras se desarrollaba la audencia inicial por el juicio oral, el Consejo Directivo del Congreso aprobó debatir el próximo 12 de marzo el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618 contra Delia Espinoza.
Las mismas le imputan a la exfiscal de la Nación una presunta infracción a los artículos 45, 93 y 139 (incisos 3 y 5) de la Constitución y piden su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. El informe final fue presentado el 10 de diciembre de 2025.
Así, Espinoza deberá afrontar nuevamente un proceso ante el Congreso. En diciembre de 2025, el Parlamento ya la inhabilitó de ejercer cargo público.
El Perú enfrenta una crisis energética a raíz de la deflagración en el ducto (tubería) de Camisea, registrada en la selva de Cusco y operada por la empresa privada Transportadora de Gas del Perú (TGP). El siniestro ha reducido drásticamente el suministro de gas natural y paralizado el transporte de líquidos de gas natural (LGN), insumo fundamental para producir Gas Licuado de Petróleo (GLP), que a su vez es un combustible esencial para los balones de cocina y millones de conductores.
La emergencia ocurre en un crítico escenario internacional debido al alza de precios del petróleo (por encima de los 82 dólares por barril) encarecido por el conflicto en Medio Oriente (guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán), lo que agita el panorama y lo convierte en una «tormenta perfecta».
El racionamiento de GLP reduce la oferta y presiona los precios
El golpe más inmediato recae sobre el GLP, insumo que utilizan las plantas envasadoras para llenar los balones de gas doméstico que consumen las familias peruanas.
El ducto afectado, operado por TGP, empresa cuyo accionariado está encabezado por el fondo estadounidense EIG con el 49,8%, seguida de la estatal argelina Sonatrach y la española Enagás, transporta cerca de 80 mil barriles diarios de líquidos de gas natural, que luego son procesados en la planta de fraccionamiento de Pisco, de donde se obtienen alrededor de 42 mil barriles diarios de GLP (50%).
Según explica a La República el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, «el 70% del GLP que consume el Perú viene de Camisea y ese 70% está cortado».
Por su parte, el economista e investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jorge Manco Zaconetti afirmó que Pluspetrol, operador de Camisea y principal abastecedor de gas natural desde Pisco, «desde hoy (ayer) dejó de vender GLP a granel y balones de 10 kilos».
Abel Camasca, presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (Aseeg), confirmó a este diario que el impacto ya se siente. «Ya comenzó un racionamiento en su terminal de Pisco» y la ruptura del ciclo logístico ha elevado los tiempos de despacho. Tan es así que una cisterna que antes cargaba (GLP a granel) en 14 horas ahora puede tardar de «2 a 3 días».
«Tener una cisterna dos o tres días en refinería, al haber quedado roto el ciclo de abastecimiento, genera mayor costo en la obtención del producto. Entonces de una u otra manera, la situación tiende a una especulación de alza», manifestó.
Si bien existen reservas obligatorias, precisó que «Pluspetrol tiene una reserva para 15 días», aunque advirtió que el abastecimiento dependerá principalmente de importaciones. En ese escenario, refrendó que el mercado podría reaccionar con alzas. «Estamos ante un producto donde toda escasez o racionamiento crea este tipo de especulación al alza y sí es posible que se produzca un incremento», advirtió.
Actualmente, el balón de gas incluido en la cadena comercial puede costar de 55 o 60 soles en Lima. Camasca recomendó comprar directamente en plantas envasadoras, donde el precio puede ubicarse de 32 a 35 soles.
Más de 8 millones de hogares dependen del balón de gas, especialmente fuera de Lima, donde el gas natural por ducto no llega. De los 34 millones de peruanos, 2 millones tienen acceso a gas natural domiciliario; el resto depende del GLP. En provincias, el impacto podría ser más severo.
«Los hogares que tienen su cocina a gas natural, como segunda alternativa, usarán su GLP, pero a un precio mayor», advierte Zaconetti.
El corte de suministro golpea a 330.000 taxistas y a la industria eléctrica
El consumo interno de gas natural para marzo se estimaba en 673 millones de pies cúbicos diarios. Hoy solo se transportan alrededor de 70 millones (el remanente) a causa de la interrupción en el ducto. Recordemos que el 40% de la electricidad del país se genera con gas natural, por lo que la restricción ha obligado a activar centrales de «reserva fría» que operan con diésel, un combustible mucho más caro.
Aunque el Gobierno ha priorizado el suministro para usuarios residenciales (hogares) y pequeños comercios, así como para el transporte público masivo que, por ejemplo en el caso del Metropolitano opera exclusivamente con Gas Natural Vehicular (GNV), el impacto se extiende al sector eléctrico, industrial y al parque automotor.
El Ministerio de Energía y Minas restringió el abastecimiento de GNV a taxis, vehículos particulares, mototaxis y transporte de carga.
Para los conductores de vehículos menores, el desabastecimiento los golpea directamente en el bolsillo, ya que muchos taxistas dependen de lo que ganan día a día para mantener a sus familias. Son alrededor de 330.000 conductores los afectados.
Según apunta Herrera Descalzi, «al taxista le va a costar el triple llenar el combustible». Por ejemplo, un conductor que recorría 140 kilómetros diarios con 20 soles en GNV ahora podría gastar hasta 70 soles usando gasolina.
En el rubro eléctrico, la preocupación también es alta. Descalzi advirtió que «al sector eléctrico le puede costar siete veces más». Si bien los más de 2 millones de usuarios regulados con gas natural no verían un incremento en su recibo, los 2.300 clientes libres, principalmente industrias, sí asumirán mayores costos.
«Hablemos de una subida de precios vinculada a los combustibles, pero como estos van al transporte, afectan a todos los bienes de la canasta básica», afirmó el exministro, quien puso en duda que haya una solución en 14 días, tal como lo prevé la empresa TGP. «Si la llama sigue encendida, quiere decir que todavía no se apaga el incendio. Y mientras no se apague, no se puede hacer nada», acotó.
Manco Zaconetti explicó que el sector eléctrico demanda el 61% del gas natural, seguido del sector industrial (21%) y el parque automotor (12%). Aunque el 99,5% de los usuarios son familias, ellas solo usan el 4,3% del gas total. Es decir pocos grandes consumidores absorben casi todo el recurso.
Por ello, cuando se restringe el suministro, el impacto golpea primero a las centrales eléctricas, las fábricas y el transporte. En especial, las empresas eléctricas que no son duales, es decir, que no pueden cambiar de gas a diésel, enfrentan mayores riesgos operativos y costos más altos.
Lecciones por depender solo de un ducto de gas natural
Para los especialistas consultados por este diario, la crisis revela una debilidad del Perú de depender de un único gasoducto. «Esto es una evidencia de que no hay seguridad energética», sostuvo Herrera Descalzi. «El Perú tiene un talón de Aquiles en el gasoducto. Somos tan dependientes de un solo ducto que un evento así nos puede dejar meses en esta situación», apuntó.
Camasca también cuestionó la falta de infraestructura alternativa. «¿Cómo es posible que a 22 años de Camisea solamente dependamos de un ducto nomás de Camisea Lima y no hayamos repotenciado este producto estratégico?», criticó.
Zaconetti enfatizó que de haber estado operativo el Gasoducto del Sur, el país no enfrentaría esta emergencia. Recordó que el Estado ha gastado cerca de US$45 millones anuales entre 2017 y 2025 en supervisión y mantenimiento de los ductos inconclusos vinculados al proyecto original. «Si el ducto del sur hubiera funcionado, no estaríamos en esta emergencia nacional. Este es un claro ejemplo de tener ductos. Chile sin tener gas, tiene cinco ductos que conectan a Argentina», apuntó.
Transportadora de Gas del Perú (TGP) es operadora del principal gasoducto peruano.
Además, advirtió que la actual coyuntura podría convertirse en un problema permanente si no se fomenta la exploración. «Si consumimos las reservas probadas y no tenemos repuesto, en 15 años ya no tenemos gas natural», mencionó.
Hoteles, restaurantes, cementeras, ladrilleras, cerveceras y transporte de carga también enfrentarán mayores costos. Y, como ocurre en toda cadena productiva, estos terminarán trasladándose al consumidor final.
Como advierte Descalzi, se perfila una subida severa en los precios vinculada a combustibles y energía.
El exministro del Interior Daniel Urresti abandonó esta tarde el penal Castro Castro tras casi tres años de prisión, luego de que el Tribunal Constitucional dictara la nulidad de su condena y ordenara su inmediata libertad en el caso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
La acción de la socia minoritaria del Puerto de Chancay vuelve a ser presa de la volatilidad. A falta de una valorización precisa, sus drivers apuntan a ser la coyuntura y la especulación.
La acción más especulativa de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Inversiones Portuarias Chancay (IPCH), ha retornado al terreno de la alta volatilidad. En enero de este año, el papel experimentó un rebote y desde fines de ese mismo mes entró en fase de corrección.
Estos movimientos coincidieron con el rally general de la plaza limeña y, luego, con las noticias vinculadas a la disputa judicial de Cosco Shipping con Ositran (SE1998). “El movimiento en el corto plazo es sobre todo un tema de flujos o especulación. No está tan ligado a algún fundamento especial de la empresa”, advierte el director de Inversiones de InValor, Daniel Mérida.
Aunque la recuperación de IPCH desde los mínimos de octubre de 2025 fue relevante en términos técnicos, esta no cambió la brecha estructural del papel. Las acciones clase B siguen muy por debajo de su nivel inicial y su diferencial con las acciones clase A ronda las 11 veces, un ratio inusual en estructuras duales. “Esa brecha es una señal de alerta para cualquier inversionista que busque respaldar su decisión en fundamentos”, remarca el estratega senior de Inversiones de Scotia Wealth Management, Anthony Hawkins.
El problema de fondo de IPCH es la escasa visibilidad financiera. En su condición de socio minoritario, la empresa no consolida la operación del Puerto de Chancay y la operadora no divulga ingresos ni márgenes. “Sin estos inputs, una valorización estándar resulta inviable”, enfatiza Hawkins.
El ruido que generan los litigios en torno a cuestiones regulatorias y las tensiones geopolíticas también le restan atractivo a la acción. Ante este panorama, las casas de bolsa locales recomiendan cautela. Por ejemplo, para Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB, hoy “no hay suficiente información como para recomendar comprar”. “La recomendación es abstenerse de participar hasta tener más luces”, agrega.
El candidato presidencial por el Frente Esperanza, Fernando Olivera, prometió crear el derecho a la revocatoria de congresistas y el cargo de presidente si gana las elecciones. El 12 de abril el país elegirá al nuevo mandatario y a los miembros de las cámaras de diputados y senadores.
Olivera visitó la mañana el 2 de marzo la ciudad de Tacna. En su paso recorrió mercados, el hospital regional y medios locales. Realizó un acto simbólico barriendo las afueras del hospital con el fin de advertir que se sancionará a los responsables de la paralización de la obra, que está inconclusa desde el 2020.
Además, señaló que tiene en su plan un paquete de reformas constitucionales para crear una democracia directa donde los ciudadanos tendrán derecho a consultas periódicas. En ese escenario, se podrán sacar congresistas y hasta el mismo presidente del país.
Olivera de 67 años, va por su tercera postulación presidencial. Afirmó que convocará a un referéndum nacional para el 7 de octubre, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales. Su intención es que la ciudadanía valide los cambios del gobierno. También aseveró que modificará el sistema de justicia, creando jurados ciudadanos.
“Todos esperan las elecciones para que se vayan todos”
Por último, dijo desconocer el gobierno de José María Balcázar, actual presidente interino del país. Respecto a las denuncias en contra del presidente encargado, por presuntamente haber promovido una ley que favoreció a su hijo, evitó opinar. «No hay nada que decir. La gente ya no cree en nadie del gobierno. Todos esperan las elecciones para que se vayan todos estos (presidente y congresistas)», concluyó.
La Municipalidad Distrital de Aucallama y la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay – Huaral suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional con el propósito de fortalecer la gestión del recurso hídrico en beneficio del distrito.
El convenio tiene como objetivo establecer un marco general de cooperación interinstitucional entre las partes, orientado a:
Fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca del río Chancay–Huaral.
Contribuir a la mejora de la disponibilidad, eficiencia y calidad del recurso hídrico, en armonía con el desarrollo local sostenible.
Promover acciones de protección, conservación y recuperación ambiental del río Chancay–Huaral y su zona de influencia.
Generar beneficios directos para los usuarios de agua del distrito de Aucallama, en especial aquellos pertenecientes a las comisiones de usuarios que operan dentro de su jurisdicción.
El documento fue firmado por el alcalde Edwin Valdivia Santiago, en representación de la Municipalidad Distrital de Aucallama, y por el señor Pedro Castro López, en representación de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay–Huaral.
ENFOQUE REAL 