El Departamento de Estado de los Estados Unidos expresó su profunda preocupación ante un reciente fallo judicial peruano que limita las facultades de supervisión de Ositrán sobre el Megapuerto de Chancay, operado por la empresa china Cosco Shipping. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental advirtió que el Perú corre el riesgo de perder el control sobre esta infraestructura estratégica, utilizando duras calificaciones contra lo que denominaron «propietarios chinos depredadores» y enfatizando que el financiamiento proveniente de dicho país podría comprometer la soberanía nacional a largo plazo.
La controversia legal se originó luego de que el Poder Judicial declarara fundada una demanda de amparo a favor de Cosco, prohibiendo que Ositrán regule, fiscalice o sancione las operaciones dentro del terminal, con excepción de ciertos temas tarifarios bajo competencia de Indecopi. Ante esto, Ositrán anunció que apelará la decisión, sosteniendo que el megapuerto es una infraestructura de uso público según la Ley Portuaria Nacional y, por lo tanto, no puede quedar exento de la supervisión estatal que garantiza la transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes.
Por su parte, el embajador de EE. UU. en Perú, Bernie Navarro, respaldó la postura de su gobierno a través de un mensaje directo donde afirmó que «lo barato sale caro» y que no existe un precio más alto para una nación que perder su autonomía sobre activos clave. Mientras la tensión diplomática crece, el puerto de Chancay continúa consolidándose como el principal eje logístico de Sudamérica, habiendo recaudado ya más de mil millones de soles a través de la Sunat desde el inicio de sus operaciones.
Los partidos de Keiko Fujimori y César Acuña, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), fueron incluidos en la investigación fiscal por el presunto mal uso y direccionamiento de la franja electoral a medios de comunicación que tendrían vínculos con las organizaciones políticas, según indicaron fuentes del Ministerio Público a La República.
El caso se encuentra en el Primer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios en Lima Centro, que inició la investigación el último 6 de febrero contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en relación con el manejo de fondos públicos para la franja electoral.
En cuanto al partido fujimorista, el dominical Cuarto Poder reveló que la agrupación destinó S/30.800 de la franja a Radio Kaliente, cuyos directivos están afiliados a su organización. De acuerdo con el reportaje periodístico, uno de los socios es Javier Castro Cruz y es candidato a diputado. El medio citado transmitirá la propaganda fujimorista 7 veces al día durante 22 jornadas. Diariamente, Fuerza Popular pagará S/1.400 entre el 11 de febrero y el 9 de abril.
Al respecto, la lideresa Fujimori declaró que el presupuesto asignado a dicho medio solo es el 0.6%. Además, indicó que el partido usó el dinero público de manera equitativa y que la asignación la realizó la dirigencia del partido.
Sobre APP, se investigará que el partido destinó S/349.882 de los recursos públicos a Cosmos Televisión, medio fundado por la Universidad César Vallejo (UCV) de propiedad de Acuña. Si bien Cosmos TV ya no le pertenece al candidato presidencial, la Fiscalía investigará el caso.
No obstante, el vocero del partido mencionó que se hizo todo conforme a ley y que la familia Acuña ya no tiene vínculo con el medio.
Fiscalía solicitará información a la ONPE por franja electoral
El Ministerio Público solicitará a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) información sobre el procedimiento de asignación de los fondos públicos destinados a la franja electoral de los partidos políticos, según informaron fuentes de la Fiscalía a La República.
La diligencia también incluye la selección de los medios de comunicación, creadores de contenidos y costos de los spots publicitarios de la franja electoral por parte de los partidos.
La medida se adoptó luego de que la Fiscalía de la Nación anunciara el inicio de una investigación preliminar contra las organizaciones políticas por el presunto mal uso de los recursos del Estado. La diligencia permitirá determinar si el dinero público cumplió con su objetivo legal o si hubo un uso indebido.
Fuentes de este diario indicaron que el Ministerio Público investigará los casos «extraños», que se «salen de lo habitual» en el proceso de elección de los partidos políticos sobre la publicidad asignada a diversos medios.
Investigación incluye a Primero la Gente y País para Todos
Si bien la indagación incluirá a los 38 partidos políticos inscritos, las miradas también se centrarán en Primero la Gente (PLG) de Marisol Pérez Tello y País para Todos de Carlos Álvarez.
En el caso de PLG, el escándalo explotó cuando se acusó a Miguel del Castillo de presuntamente haber direccionado S/464.000 de la franja electoral a favor de Nativa TV. Tras el suceso, del Castillo negó los hechos y renunció a su candidatura a diputado para postular, según dice, a la alcaldía de Lima en octubre de este año.
De igual manera, se investigará lo que ocurrió en la designación de S/642.000 de País para Todos a Nativa TV en medio de los cuestionamientos que ya habían ocurrido en PLG. Álvarez mencionó que renunciaría a su postulación si no había una explicación clara de los hechos. Sin embargo, luego de la respuesta del partido, el cómico continuará con su candidatura.
Con el inicio del Año Escolar 2026 a la vuelta de la esquina, el Indecopi ha emitido una alerta nacional para frenar posibles abusos en las instituciones educativas privadas. La institución ha sido enfática al recordar que obligar a los padres a comprar uniformes o materiales en tiendas específicas o de marcas determinadas es una práctica ilegal que será sancionada con severidad.
Esta advertencia surge como respuesta a una tendencia de infracciones detectadas en los últimos años, donde la «falta de idoneidad» del servicio —que incluye el direccionamiento de compras y la mala atención a reclamos— ha sido el motivo principal de castigos económicos que pueden llegar a las 450 UIT, es decir, más de S/ 2,475,000.
Entre los años 2021 y 2025, la vigilancia del organismo regulador ha sido constante, aplicando un total de 647 sanciones a 226 centros educativos en todo el país, lo que ha generado multas acumuladas por más de 1,189 UIT.
Ante este panorama, es fundamental que los padres de familia, tutores y apoderados conozcan a detalle qué pueden y qué no pueden exigirles en las listas de útiles para proteger su economía familiar y asegurar un proceso de matrícula justo.
A continuación, estos son los puntos clave de la normativa vigente a los que los padres y/o apoderados deben considerar:
Libertad absoluta de compra: Las instituciones educativas tienen estrictamente prohibido direccionar la compra de uniformes, materiales o útiles hacia marcas específicas o establecimientos señalados por el colegio. Como consumidor, usted tiene el derecho pleno de buscar y adquirir los productos en cualquier local del mercado que se ajuste a su presupuesto.
Entrega progresiva de útiles: Ningún colegio puede exigir que se entregue la totalidad de la lista de útiles el primer día de clases. La normativa establece que la entrega debe ser gradual y el plazo para completarla no puede ser menor a 30 días calendario después del inicio del año escolar, según el cronograma fijado en el Reglamento Interno.
Materiales de aula prohibidos: Es ilegal que el colegio solicite artículos que no estén directamente relacionados con el aprendizaje de los alumnos. Están prohibidos los pedidos de productos de limpieza, artículos de aseo personal para el aula o materiales destinados al uso exclusivo del docente.
Textos escolares y participación: Los padres no están obligados a comprar libros nuevos cada año, a menos que sean cuadernos de trabajo o actividades diseñados para un solo uso. Además, tienen el derecho legal de participar en la selección de los textos escolares cada vez que el colegio evalúe realizar un cambio de los mismos.
Si usted detecta alguna de estas irregularidades, puede presentar su reclamo ante el Indecopi para salvaguardar sus derechos como usuario del servicio educativo.
La presidenta de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN), Verónica Zambrano, aseguró que apelarán el fallo que favorece a Cosco Shipping y restringe la fiscalización en el megapuerto de Chancay, pues la empresa buscaría evadir las normas peruanas.
Megapuerto en disputa
En entrevista con Canal N, la titular de Ositrán sostuvo que el puerto de Chancay debe ser supervisado porque, aunque es de titularidad privada, brinda servicio al público.
«Ellos son una empresa de uso público. Ellos cuando dicen, somos privados, se quedan en privados pero no aclaran que brindan servicio al público. Esa condición de brindar servicio al público genera una serie de consecuencias legales, entre ellas que tienen que ser supervisados por Ositrán, porque nosotros supervisamos a las entidades prestadoras de servicios públicos en transporte», indicó.
Sostuvo que la Ley Portuaria Nacional detalla que el administrador portuario es aquel que explota una infraestructura de transporte de uso público y aseguró que este es el caso de Cosco Shipping.
«En las normas de Ositrán, en el decreto supremo 044, claramente señala que nosotros supervisamos a los administradores portuarios cuando hacen uso de infraestructura de uso público, no estamos discutiendo la titularidad», aseguró.
Empresa buscaría incumplir norma
Asimismo, sostuvo que cualquier inversionista debe ajustarse a las normas del país en el que invierte y para la directora de Ositrán, Verónica Zambrano, la empresa Cosco Shipping estaría intentando evadir las normas peruanas.
«Está recurriendo a los mecanismos legales para salirse de las normas y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Si, ahorita están incumpliendo las normas, ese es su objetivo para nosotros», indicó.
En ese sentido, Zambrano detalló que aún el Poder Judicial no ha notificado del fallo al Ositrán, por lo que se encuentran a la espera de la resolución.
«Bueno, nosotros esperamos una resolución adecuadamente motivada, no lo que ha descrito el abogado diciendo que no es una concesión, eso no es parte de una discusión. Pero una resolución motivada y cuando la tengamos vamos a apelar», anunció.
Respecto a la resolución, también dijo que es un fallo en primera instancia pero por ello acudirán a una segunda instancia donde hay tres magistrados. Además, Zambrano señaló no entender porqué se da este problema, pues en el Perú hay otro puerto similar al de Chancay y se fiscaliza sin problema.
Es así, que la presidenta de OSITRÁN, Verónica Zambrano, anunció que apelarán el fallo que restringe la fiscalización del megapuerto de Chancay.
En lo que va del 2026, el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) reportó 188 asesinatos en todo el Perú. A pesar de las duras cifras que deja la inseguridad ciudadana, el Gobierno de Jerí no presenta el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, herramienta fundamental y necesaria para combatir la criminalidad.
El último 26 de enero, el Ejecutivo promulgó una resolución ministerial que aplazaba por segunda vez la promulgación de esta ruta de trabajo que el mismo presidente prometió que se tendría lista a mediados de enero. El plazo que se requirió para dicho plan fue por 10 días; sin embargo, este ya se venció.
En noviembre de este año, La República informó que el Gobierno decidió continuar con este plan a pesar de que tenía una antigüedad de 7 años y que debió renovarse en 2023. Pero en ese mes, la actual gestión amplió la vigencia del mismo por 30 días más.
La situación es crítica. El Gobierno de Jerí —que lleva casi 4 meses en el poder— es el que cuenta con mayor promedio de homicidios diarios: 5.64, de acuerdo con los gráficos compartidos por el analista de datos, Juan Carbajal. De acuerdo con el reporte, hasta el 5 de febrero, en la gestión de turno se reportaron 665 homicidios. En comparación con otros gobiernos, por ejemplo, en el de la expresidenta Dina Boluarte, el promedio era 5.25; en el de Pedro Castillo, 4.22.
Homicidios registrados en los últimos gobiernos desde el 2017. Fuente: Juan Carbajal
Sin embargo, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, dijo que las cifras del Sinadef son «falsas» porque es la Policía Nacional la que levanta la información. «El Sinadef nunca va a poder tener, en homicidios, un número mayor al que tiene registrado la Policía, porque falta completa con alguna información que le proporcionan posteriormente los protocolos de necropsia de la morgue», indicó.
Las cifras de homicidios le quitan peso a Jerí
Jerí también pierde piso y credibilidad conforme crecen los números de homicidios y aumentan las dudas sobre sus reuniones con empresarios chinos. En menos de dos meses, la desaprobación del mandatario subió hasta un 70.4%.
Pero esto se agrava cuando se detallan las cifras que más impactan en la sociedad. Un dato revelador que brindó Carbajal en sus redes sociales es que, en los primeros 104 días de estado de emergencia, se han reportado 244 asesinatos en Lima y Callao, mientras que cuando no había esta medida, se registró 250. Es decir, 6 más.
Ahora bien, la zona más afectada de la capital es Lima Norte, que abarca a los distritos de San Martín de Porres, Comas, Puente Piedra, Los Olivos, Carabayllo e Independencia. Solo en este sector, se reportaron 68 asesinatos en los primeros días de estado de emergencia. En comparación, sin contar con esta medida, 64.
Lima Este, que incluye a San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurigancho, San Luis, Santa Anita, Chaclacayo y Cieneguilla, registró 61 homicidios. Antes, solo 53.
En el Callao hubo 43 asesinatos. Anteriormente, solo 46.
Cifras de asesinatos con y sin estado de emergencia. Fuente: Juan Carbajal
Desde 2023, la cantidad ha ido en aumento, pasando de 62 a 117, alcanzando su punto máximo en 2025. Ese año, la principal causa fue el uso de armas de fuego (78 casos, casi el 70%), seguido por agresiones físicas, armas blancas, asfixia, entre otros.
En los primeros 25 días de 2026, se reportó el asesinato de 9 menores, todos por arma de fuego (PAF).
En los años recientes, las muertes de menores por arma de fuego han mostrado una tendencia ascendente: 35 en 2020, 36 en 2021, 40 en 2022, 32 en 2023 y 54 en 2024. Este incremento es consistente con datos nacionales que indican un aumento del 50% en las muertes de menores por armas de fuego entre 2019 y 2021.
En 2025, el promedio mensual de menores asesinados fue de 6, mientras que en 2024 fue de 4, en 2023 de 2 y en 2017 la cifra mensual no alcanzaba a uno.
Ministra de Economía asegura que el Plan Nacional de Seguridad ya está terminado
Durante una entrevista con RPP, la ministra de Economía, Denisse Miralles, aseguró que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana ya está terminado y que se encuentra a la espera de su aprobación en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).
En ese sentido, Miralles adelantó que durante la semana entrante, el Conasec tendrá una sesión en la que aprobará dicho plan de trabajo y se dará a conocer a la ciudadanía.
«Estoy segura de que esta semana lo van a publicar. Si ya se aprueba, ya va a ser de público conocimiento y ya se puede presentar, va a estar, me imagino, publicado», expresó.
Las Elecciones 2026 avanzan con un escenario altamente fragmentado. A casi dos meses de los comicios, una encuesta de Datum para El Comercio muestra que 24 candidatos presidenciales no superan el 1% de intención de voto, mientras que más del 40% de ciudadanos aún no define su preferencia electoral.
¿Quién lidera la intención de voto en las elecciones 2026?
Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, lidera la intención de voto con 11,9%, según la encuesta de Datum. En segundo lugar se ubica Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con 9,2%, seguida por Carlos Álvarez, de País para Todos, con 5,8%.
Más atrás aparecen Alfonso López Chau, de Ahora Nación, y César Acuña, de Alianza para el Progreso, ambos con 3,8%, mientras que Mario Vizcarra, de Perú Primero, alcanza 3,6%.
¿Qué otros candidatos superan el 1% de intención de voto?
En el siguiente bloque se ubican Yonhy Lescano, de Acción Popular, con 2,3%; George Forsyth, de Somos Perú, con 2,2%; y José Luna Gálvez, de Podemos Perú, con 1,9%. Les sigue Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, con 1,5% de intención de voto.
¿Qué candidatos no superan el 1% en las elecciones 2026?
Un total de 24 postulantes presidenciales registra menos del 1% de apoyo. Entre ellos figuran Vladimir Cerrón, Rosario Fernández, Paul Jaimes, Wolfgang Grozo, Rafael Belaúnde, Francisco Diez Canseco, José Williams, Fernando Olivera, Mesías Guevara, Fiorella Molinelli, Marisol Pérez Tello y Antonio Ortiz, con cifras que oscilan entre 0,8% y 0,1%.
¿Por qué muchos electores no definen su voto?
Entre quienes afirman que votarían en blanco, viciado o por ninguno, el 28% señala que considera que “todos son corruptos”. Otro 9% indica que no tiene suficiente información para decidir, mientras que un 4% afirma que ningún candidato le gusta o lo representa.
Además, el 10% dice estar decepcionado de la política y el 5% considera que nada va a cambiar, según el sondeo.
¿Por qué candidato no votarían los ciudadanos?
El 50% de los encuestados afirma que no votaría por Keiko Fujimori. Le siguen César Acuña, con 12%, y Vladimir Cerrón, con 10%. Un 5% señala que no votaría por Rafael López Aliaga, mientras que otros candidatos registran niveles de rechazo iguales o menores al 2%.
¿Qué partidos lideran la intención de voto para el Senado?
En la intención de voto para el Senado, Fuerza Popular lidera con 6,6%, seguido de Renovación Popular con 6,5% y Somos Perú con 5,3%. Sin embargo, el 21,2% votaría en blanco o viciado y el 22,8% aún no sabe por quién votar.
ENFOQUE REAL 