A ocho meses de que culmine la construcción del puerto de Chancay e inicie su operación, la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha presentado una demanda al Poder Judicial entorno a este proyecto.
La Procuraduría Pública del MTC solicitó anular el artículo N° 2 de la Resolución de Acuerdo de Directorio 0008-2021-APN-DIR que otorgó al Cosco Shipping Ports Chancay Perú “exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria”.
Acuerdo de Directorio APN. Fuente: Acuerdo N° 0008-2021-APN-DIR
En una conversación vía llamada de Whatsapp con algunos medios, el presidente del directorio de la APN, Walter José Tapia Zanabria, explicó cómo se llegó a esta situación, tomando en cuenta que dicha demanda nace por un pedido de la autoridad. ¿Cómo es que la misma APN pide la anulación del artículo N° 2 del acuerdo cuando fue esta entidad la que le otorgó la mencionada exclusividad?
Hay que recordar, como punto de partida, que el acuerdo de directorio se firmó en el 2021 cuando Carlos E. González Diez Canseco era el presidente de la APN. Tapia -quien está en el cargo desde agosto del 2023- reconoció que dicho artículo es un “error administrativo” que debe ser subsanado.
“Lo del artículo N° 2 en el Acuerdo del Directorio respecto a la exclusividad contiene un error administrativo que la actual gestión lo pudo identificar para que se pueda corregir. Sobre esta exclusividad, la APN no tiene la facultad para otorgarla”, respondió Tapia.
Pese a este cambio, el presidente de APN aseguró que no se va a detener la construcción del puerto y menos la operación. De hecho, comentó que no hay un pedido de su parte para que la procuraduría interponga una medida cautelar para evitar la operación que Cosco Shipping Ports Chancay Perú. “Eso no se va a dar. No lo pediríamos. Negativo”, afirmó frente a la consulta de Gestión.
¿Qué significa que Cosco pierda la exclusividad?
Tapia recordó que el Terminal Portuario de Chancay no es una concesión, sino más bien “es de titularidad privada para un servicio público”. “Es una inversión privada que se ha desarrollado a través de autorizaciones administrativas, no existe un contrato suscrito con Cosco”, explicó.
Bajo este esquema, Milagros Miguel, Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de APN, explicó en la misma conversación con los medios: “Cosco va a brindar los servicios portuarios que correspondan en el terminal, solo que no va a hacerlo con el carácter exclusivo, sino que va a entrar a competir, de corresponder, dependiendo de lo que decida en su momento el juez. También va a depender de que Indecopi tenga una intervención para establecer si existe un marco de libre competencia o no”.
Sobre cómo entrarían al terminal los competidores, Miguel señaló que existe un reglamento marco de accesos que lo aprueba el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) y a través de este se establece cómo van a entrar los demás prestadores de servicios.
¿Por qué se llegó a una demanda de la Procuraduría del MTC?
Tapia detalló que la APN tenía la facultad de corregir de oficio el tema de la exclusividad. Sin embargo, esto se puede realizar durante dos años después del tema, plazo que venció en febrero del 2022.
“Los plazos para corregir son: una entidad detecta un error dentro de dos años, se corrige a oficio. Posterior a esto, entra por procuraduría. De a haberse dado cuenta, hubiésemos anulado el artículo. Pero como ya pasó los dos años, se sigue a través de la procuraduría. La Procuraduría del MTC tiene sus procedimientos, no podría señalar los tiempos (que tardará en resolverse)”, señala.
Gestión consultó si Cosco Shipping Ports Chancay Perú estaba enterado del procedimiento que seguiría APN, a lo que el presidente de la entidad respondió: “Nosotros, previo a las acciones, establecemos una coordinación como siempre se hace. En este caso coordinamos (con Cosco) y mostramos que había un error administrativo que se debía corregir. No fue inmediato, ha tenido todo un proceso”.
Este diario buscó a la empresa, pero comentaron que evaluarían si se pronunciarían al respecto.
Sobre una próxima reunión con Cosco Shipping Ports, ya conocida la demanda de la Procuraduría del MTC, Tapia resaltó que él está dispuesto a reunirse con la empresa. “He recibido una llamada. Han esperado que haga este tipo de aclaración”, puntualizó.
La autoridad portuaria de Perú dijo que busca a traves de un proceso judicial «corregir un error administrativo» de dar exclusividad de servicios a un megapuerto que construye la china Cosco Shipping, aunque refirió que la demanda no afectará el desarrollo del puerto que iniciaría operaciones a fines de año.
La construcción del magapuerto Chancay tiene un avance de al menos 70% y Cosco Shipping espera inaugurarla durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre, con la presencia del presidente chino, Xi Jinping, según la propia compañía.
La Autoridad Portuaria Nacional (APN) dijo en un comunicado la última hora del viernes que ha pedido a traves de un proceso judicial la «nulidad» de su propia decisión de febrero del 2021, de otorgar a Cosco la exclusividad de explotación del puerto.
La APN afirmó que no tiene la facultad de dar este privilegio y que ahora busca «corregir un error en un acto administrativo». La demanda pone bajo la lupa el clima de negocios en Perú, aunque la APN manifestó que este proceso no afecta el desarrollo del puerto ubicado en el norte el país.
«El proceso constructivo y la futura operación del Terminal Portuario de Chancay no se verán afectadas. La APN continuará trabajando juntamente con la empresa Cosco Shipping Ports para que se inicien las operaciones en la fecha establecida», dijo.
El ministerio de Transporte y Comunicaciones informó que el titular del sector, Raúl Pérez, supervisó el sábado las obras del megapuerto, en una señal de respaldo al proyecto.
«Este megaproyecto es clave para el comercio internacional porque será un ‘hub’ regional que redistribuirá la carga de los países de Chile, Ecuador y Colombia», dijo el ministerio en un mensaje difundido a traves de la red social X.
Representantes en Perú de Cosco Shipping no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios del tema.
El megapuerto de Chancay, que implica una inversión de 3.500 millones de dólares, ha generado el interés de Brasil para usarlo como puerta de salida de sus productos hacia el Asia; pero también ha planteado un reto para Estados Unidos y Europa que buscan frenar el ascenso chino en América Latina.
La demanda contra Cosco ocurre en momentos en que Perú adjudicó el viernes la construcción, operación y mantenimiento de otro puerto a una segunda empresa china, Jinzhao, con una inversión de 405 millones de dólares.
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¿Qué es el Minedu y cuáles son sus funciones?
El Ministerio de Educación (Minedu) de Perú es el ente gubernamental encargado de diseñar, ejecutar y supervisar la política nacional en materia de educación. Su objetivo principal es garantizar el acceso a una educación de calidad para todos los peruanos, desde la educación inicial hasta la superior.
Entre sus funciones se incluyen el desarrollo de planes y programas educativos, la promoción de la mejora continua en la formación docente, la implementación de políticas de inclusión educativa y la evaluación del desempeño del sistema educativo. Asimismo, trabaja en coordinación con diversas instituciones y actores sociales para asegurar que la educación contribuya al desarrollo integral de la persona y al progreso del país.
¿Cómo postular al Ministerio de Educación?
Es importante tener en cuenta que el proceso de registro se llevará a cabo de forma virtual entre el 1 y el 2 de abril. Para participar, es necesario acceder al siguiente enlace proporcionado por el Gobierno: https://postulacioncas.minedu.gob.pe/PostulacionCas/Home#no-back-button. Una vez dentro, los interesados deben seleccionar la vacante que mejor se ajuste a sus preferencias, leer detenidamente las bases del concurso público y verificar que cumplen con todos los requisitos exigidos. Recuerda que se puede aplicar únicamente en la fecha indicada.
¿Dónde está ubicado el Minedu?
La entidad pública esta ubicada en la Calle del Comercio 193 en el distrito de San Borja.
El millonario proyecto del terminal portuario de Chancay -cuya inauguración se prevé para noviembre de este año y cuya importancia comercial será respaldada por la visita del presidente de China, Xi Jinping– acaba de entrar en una nueva etapa, aunque esta vez envuelta en un lío judicial de insospechadas consecuencias.
Latina Noticias ha podido confirmar que hoy, viernes 22 de marzo, ingresó al Poder Judicial una demanda de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que solicita anular el artículo 2 del acuerdo de directorio que otorgó al consorcio de origen chino y peruano Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. “exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria”.
El expediente 00017-2024-0-1802-JR-CA-10 fue enviado al Décimo Juzgado permanente, a cargo de la magistrada Luz Violeta Román Baquerizo. La materia, según el documento, es la nulidad de resolución o acto administrativo, y las partes procesales son el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Parte de la solicitud enviada por la Procuraduría al Décimo Juzgado Permanente, a cargo de la magistrada Sandra Cruces Torres.
El consorcio Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. está integrado por la empresa china Cosco Shipping Ports Limited (CSPL) y la peruana Volcan Compañía Minera. El puerto, según expertos, se convertirá en un ‘hub’ estratégico para el comercio entre América del Sur y Asia desde el cual se distribuirá carga de Perú, Chile, Ecuador y Colombia.
La demanda de la procuraduría se materializa horas después de que la alta dirección de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), una entidad adscrita al MTC, se reuniese con el presidente de la compañía china (CSPL), Zhu Bixin, con quien dialogaron sobre “los detalles del avance de obras del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay”, como se informó en sus redes sociales.
Precisamente, en este millonario conflicto legal, la APN ejerce un papel protagónico, pues fue la que pidió a la procuraduría tomar acciones para anular el artículo en cuestión.
El área de Prensa de la APN informó que el presidente de la institución, Walter Tapia Zanabria, enviará un comentario sobre esta nota en las próximas horas.
Fuentes consultadas por Latina Noticias indicaron que la acción judicial podría tomar un año en resolverse. Mientras esto ocurre, la Procuraduría del MTC podría interponer una medida cautelar para evitar la operación que Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Funcionarios de la Autoridad Portuaria Nacional se reunieron el jueves con representantes Cosco Shipping Ports Limited, que tiene el 60% de las acciones del consorcio.
LOS DETALLES DE UNA MILLONARIA DEMANDA
La Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, representada por David Ortiz Gaspar, señala en su demanda que la Resolución de Acuerdo de Directorio 0008-2021-APN-DIR, en lo concerniente a la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria Chancay, no cumple con el principio de legalidad administrativa, toda vez que, es contraria a la libre competencia, prevista en el artículo 61° de la Constitución Política y vulnera de manera flagrante la Ley del Sistema Portuario Nacional y su Reglamento.
En cuanto a los servicios esenciales del terminal a los que se refiere el artículo que la procuraduría busca anular, se incluyen, entre otros, la carga de graneles sólidos, líquidos, carga rodante y contenedores; así como la posibilidad de ejecutar obras de construcción, ampliación o modificación de la infraestructura de un terminal portuario.
Según se ha informado, la inversión de Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A. en la obra será de 2.600 millones de dólares.
La acción legal contra la empresa se fundamenta en un informe jurídico que elaboró la abogada Milagros Miguel Llacza, jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria Nacional (APN). El documento fue remitido el 15 de marzo de 2024, es decir, hace solo unos días, a Carlos Molina Barrutia, gerente general de la institución portuaria.
El acuerdo N°008-2021 de la APN data del 10 de febrero de 2021, pero tiene su origen en abril de 2023, cuando el Shipping Ports Chancay Perú S.A. solicitó revisar el expediente técnico de ingeniería del proyecto del terminal y solicitó la habilitación portuaria de la nueva etapa 1 y la ampliación del área acuática que forma parte de este proyecto.
Milagros Miguel, jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Autoridad Portuaria Nacional, solicitó a Carlos Molina que se interponga una demanda para anular el derecho de uso exclusivo a Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A.
El pedido de inicio de esta acción legal -que enfrentaría al Estado peruano con el gigante comercial chino y, de paso, podría considerarse emblemático en el sistema de justicia del país- llegó la Procuraduría del MTC luego de que el año pasado, exactamente el 1 de febrero, venciera el plazo para que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) pudiese anular “de oficio” el acuerdo que tomó su directorio.
La Procuraduría del MTC recibió el requerimiento de la APN en oficios fechados el 15 y 18 de diciembre de 2023. En ellos, se pedía interponer una demanda de nulidad ante el Poder Judicial en contra de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Por entonces, en sendos informes, el procurador David Ortiz solicitó a la APN que absuelva cuatro consultas en un nuevo reporte, de forma que se pudiera plantear una estrategia legal:
– Precisar y sustentar motivadamente si la tramitación del pedido a la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., respecto a la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria Chancay cuenta o no con un proceso administrativo específico.
– Remitir un informe técnico en el que se precise y sustente motivadamente, si el otorgamiento de la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales otorgados en la resolución del acuerdo de directorio N°008-2021-APN-DIR de fecha 10 de febrero del 2021, a favor de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., habría generado o generaría perjuicio a la Autoridad Portuaria Nacional, debiendo cuantificar en forma específica el mencionado perjuicio.
– Asimismo, de haberse producido algún perjuicio a la entidad, deberá identificar a los posibles responsables que han producido el daño.
-Precisar y sustentar si el presidente del directorio de la APN que suscribió la resolución de acuerdo N°008-2021-APN-DIR, contaba con la facultad para otorgar la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria Chancay. Estando que al momento de la expedición del mencionado acuerdo, aquel se encontraba como presidente encargado del directorio que era Carlos González Díez Canseco.
Informe legal que da cuenta de las consultas que la Procuraduría del MTC solicitó a la Autoridad Portuaria Nacional que resuelva respecto a la concesión dada a Cosco Shipping Ports Chancay Peru S.A.
¿QUÉ HALLÓ LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL?
La conclusión a la que llegó la Unidad de Asesoría Jurídica de la APN es que el acuerdo que favoreció al consorcio chino peruano «afecta la legalidad administrativa, el interés público, la imagen institucional, la seguridad jurídica y desincentiva la inversión privada en proyectos de infraestructura portuaria».
Entre los argumentos de su informe se menciona que, “respecto a la exclusividad para la prestación de servicios esenciales dentro de la infraestructura de su proyecto portuario no cuenta con un procedimiento administrativo específico”.
Es decir, que la posibilidad de prestar servicios esenciales en el terminal portuario debió ser abierta a no solo una organización; y menos a través de un acuerdo de directorio.
“Es importante señalar que la APN no cuenta con la facultad para otorgar la referida exclusividad, dado que dicha facultad únicamente está regulada y prevista para los terminales portuarios que se otorgan a través de compromisos contractuales”, se agrega en otra parte del documento.
“De esta forma, la actuación de la Administración Pública es pasible de ser revisada por el Poder Judicial, esto es, cuando influyen en la esfera jurídica de los administrados”, finaliza.
Las conclusiones del informe legal de la Autoridad Portuaria Nacional sobre la concesión del proyecto del terminal portuario de Chancay.
HISTORIA DE UN ACUERDO EN PANDEMIA Y UN HOMBRE IMPORTANTE
En este punto, es importante entender la importancia del acuerdo del directorio en la demanda presentada por la Procuraduría del MTC.
El 10 de febrero de 2021, el directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) emitió la resolución que otorgó exclusividad al consorcio chino Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. para la explotación de los servicios esenciales de infraestructura como la carga de graneles sólidos, líquidos, carga rodante y contenedores.
El documento lo firmaba, en calidad de presidente del directorio de la APN, Carlos González Diez Canseco, un funcionario que el 8 de febrero de 2017 fue designado por el expresidente Martín Vizcarra como representante del Ministerio de Economía y Finanzas en la APN.
Vizcarra, como se sabe, viene siendo cuestionado por presuntamente liderar la organización criminal ‘Los Intocables de la Corrupción’, en la que, según la tesis fiscal, empresas chinas pagaron sobornos a cambio de adjudicarse licitaciones de obras en Perú. Punto Final reveló que la primera compañía en lograr un contrato durante la gestión del exmandatario fue China Railway Tunnel Group CO el 10 de septiembre de 2018 con Provias Nacional. La obra tenía un valor de S/133 millones.
En otro informe, también del dominical, se destapó que la remodelación de la carretera del distrito de Samegua (Moquegua), que está a cargo de la firma Xia Zhang y presumiblemente se consiguió a través del pago de una coima de S/1 millón, se encuentra abandonada porque no se han culminado los trabajos desde hace cuatro años.
Volvamos a Carlos González Diez Canseco. El 25 de enero de 2021, el funcionario recibió el encargo de liderar la APN debido a que el titular de la entidad, Édgar Ramón Patiño, se ausentó por problemas de salud. Esa, sin embargo, no sería la primera vez que cumpliría esta tarea, pues el 3 de junio de 2022 asumiría otra vez el puesto en reemplazo de Manuel Hinojosa López.
En el acuerdo, al que accedió Latina Noticias, se resolvió, entre otros, “otorgar la habilitación portuaria” de la nueva etapa 1 del proyecto Terminal Portuario Multipropósito Chancay; y “otorgar a la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. la exclusividad de la explotación de los servicios esenciales en la infraestructura portuaria”.
Acuerdo de la Autoridad Portuaria Nacional del 2021 a favor de Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A.
Además, se detalló que la habilitación portuaria del mencionado proyecto “se ubica dentro del área acuática de 1’871,581.638 m2”, autorizada por la resolución directoral 00158-2020-SENACE-P/DEIN, del 22 de diciembre de 2020.
El acuerdo es el punto neurálgico de la demanda de la procuraduría que dirige Ortiz. Lo que sigue es el documento que hoy ingresó a la mesa de partes virtual del Poder Judicial.
El 9 de julio de 2022 apareció la resolución en el diario “El Peruano” que informaba sobre la renuncia de González Diez Canseco, aceptada por el entonces presidente, hoy en prisión, Pedro Castillo, y su entonces ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham.
HISTORIA DE COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERÚ S.A.
En 2019, las empresas Terminales Portuarios Chancay, subsidiaria de la empresa Volcan y propietaria, y Cosco Shipping Ports Limited, suscribieron un acuerdo para construir el terminal portuario multipropósito de Chancay, con una inversión prevista, por entonces, de 3.000 millones de dólares.
Sin embargo, en octubre del mismo año, la empresa cambió su denominación a Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., tal como se observa en una carta firmada por su gerente general Hang Chan dirigida a la Autoridad Portuaria Nacional (APN).
Cosco Shipping Ports Limited opera en cuatro continentes.
Cosco Shipping Ports Limited fue creada en 1994 y su actividad comercial es la fabricación y operación de contenedores, así logística en carga y en terminales.
A partir de 2017, la compañía china adquirió un importante protagonismo en el mercado de puertos, ingresando a terminales como el de Wuhan, Nantong Tonghai, Boao, Xiamen Ocean Gate y Tianjin, en China; Zeebrugge, en Bélgica; Tollerort, en Alemania; y ahora, Chancay (Perú).
Actualmente, Cosco Shipping Ports Limited opera en las principales regiones portuarias: China, Europa, el Mediterráneo, Medio Oriente, Sudeste de Asia, América del Sur y África.
El Poder Judicial ha informado que las casas alquiladas a delincuentes serán decomisadas y los propietarios de dichas viviendas podrían ser condenados por ser considerados cómplices si se demuestra que tenían conocimiento de la realización de hechos ilícitos en esos domicilios.
La entidad estatal precisó que algunos delitos más graves que podría abarcar esta situación son secuestros, lavado de activos o trata de personas, por lo que los propietarios serán denunciados y condenados como cómplices por una pena igual a la del autor o de los autores del delito.
Durante el 2023, los casos de secuestros en departamentos en diversos distritos de Lima Metropolitana fueron en aumento, por lo que desde el Estado buscan revertir esos altos índices de criminalidad en la capital.
“En el caso de la reparación civil, el sujeto tiene la obligación de reparar el daño que ocasionó al cometer el delito de secuestro y, por lo tanto, esta persona que ha sido víctima del secuestro debe ser indemnizada con el pago de una reparación civil”, dijo el juez Juan Rosas Castañeda al diario El Peruano.
El jurista también sugirió a los dueños de viviendas que coloquen cláusulas en el contrato para regular visitas o que puedan dejar constancia de la no permisividad a hechos ilícitos al interior del espacio rentado.
De acuerdo a información policial, existe una tendencia en Lima de que los malhechores alquilen propiedades de lujo en distritos como Miraflores y San Isidro para despistar las investigaciones en su contra sobre presuntos delitos.
¿Qué es el Poder Judicial y cuáles son sus funciones?
El Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado, junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Su función principal es administrar justicia, es decir, aplicar las leyes para resolver conflictos y garantizar los derechos de los ciudadanos.
Algunas de las funciones específicas del Poder Judicial son:
Interpretar y aplicar la Constitución y las leyes: el Poder Judicial tiene la autoridad para interpretar la Constitución y las leyes y asegurar su cumplimiento en los casos concretos que se presenten ante los tribunales.
Resolver conflictos: el Poder Judicial resuelve conflictos entre individuos, organizaciones y entidades públicas, aplicando las leyes pertinentes y buscando una solución justa y equitativa.
Proteger los derechos fundamentales: el Poder Judicial protege los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libertad, la igualdad y la dignidad humana, garantizando que no sean vulnerados por acciones de otros poderes o de particulares.
Controlar la constitucionalidad de las leyes: en algunos sistemas judiciales, el Poder Judicial tiene la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes, es decir, de determinar si una ley es conforme a la Constitución y, en caso contrario, declararla inconstitucional.
Supervisar la actuación de otros poderes: el Poder Judicial también puede tener la función de supervisar la actuación de otros poderes del Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo, para garantizar que se ajusten a la Constitución y a las leyes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concluye, por unanimidad, que el Estado peruano es responsable de la contaminación ambiental en La Oroya. Según precisa el fallo, Perú incurrió en la violación de una serie de derechos en perjuicio de 80 personas.
La sentencia ha sido notificada por el propio órgano judicial en un comunicado publicado en la mañana de este viernes 22 de marzo, donde detalla que los agraviados vieron vulnerados sus derechos a la vida y la protección especial de la niñez.
«El estado es responsable por la violación a los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida, la protección especial de la niñez, el acceso a la información, la participación política y las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de 80 habitantes de La Oroya», se lee en el mencionado documento.
Incumplimiento de su deber
Además, la Corte IDH ha concluido que el Estado peruano incurrió en el incumplmiento de sus deberes en la contaminación de La Oroya.
Según sostiene el comunicado, no habría garantizado la regulación y fiscalización de las actividades del complejo metalúrgico, así como tampoco la difusión de información «completa» sobre los riesgos a los que estaban expuestas las víctimas.
«La Corte consideró que el Estado incumplió con su deber de regulación y fiscalización de las actividades del CMLO, lo cual requería acciones inmediatas por parte del Estado de conformidad con su deber de debida diligencia para evitar daños significativos al medio ambiente», agregó.
Cabe decir que entre los 80 agraviados por este caso, se encuentran 17 familias, 38 mujeres y 42 hombres, de acuerdo con el fallo del mencionado órgano judicial.
Una de las ciudades más contaminadas
Finalmente, la Corte IDH recordó que la actividad del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) generó que el lugar sea considardo como una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo.
Asimismo, mostró su preocupación por la calidad del aire en la zona y la presencia de plomo en la sangre de las personas.
«La actividad del CMLO en La Oroya ha tenido un impacto significativo en el medio ambiente. (…) La contaminación del aire en La Oroya ha superado considerablemente los respectivos lineamientos de la calidad del aire establecidos en la legislación nacional peruana, y ha producido la presencia de metales en la sangre de la población», advirtió.
De esta manera, la Corte IDH concluye, por unanimidad, que el Estado peruano es responsable de la contaminación ambiental en La Oroya.
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