Gobierno aprobó decreto para dar de baja a celulares que hayan sido utilizados para extorsionar

La medida requerirá a las empresas operadoras, ya sean de oficio, o por solicitud del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el INPE, el Poder Judicial o el Ministerio Público, cuando se detecte que dichas líneas se han utilizado para consumar actos de extorsión.

Hoy, en sesión del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo aprobó un decreto legislativo que dispone dar de baja a los teléfonos celulares que hayan sido utilizados para realizar llamadas extorsivas.

La medida analizará la posibilidad de requerir a las empresas operadoras, ya sean de oficio, o a solicitud del Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el INPE, el Poder Judicial o el Ministerio Público, cuando se detecte que dichas líneas se han utilizado para promover, facilitar o consumar actos de extorsión.

Del mismo modo, se reconoce con rango de ley una serie de responsabilidades legales de las operadoras, relacionadas a la identificación y registro de los abonados, como del personal que interviene en la contratación de sus servicios. La validación de identidad de las contrataciones nuevas se realizará verificando la información biométrica del Reniec y Migraciones.

También se incorpora el artículo 222-D al Código Penal, que sancionará la posesión ilegítima de dispositivos para adulterar, reemplazar, duplicar o modificar el IMEI de los teléfonos celulares.

EL DATO:

A noviembre del 2023, la PNP registra más de 19 mil denuncias por casos de extorsión. De esta cifra, el 60% son llamadas y mensajes extorsivos.

Dina Boluarte renuncia a su inmunidad presidencial para afrontar investigaciones

Luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunciara que denunció constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte, la mandataria ahora renunciará a su inmunidad presidencial.

De acuerdo a Exitosa Noticias, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, anunció que la presidenta renuncia a su inmunidad para enfrentar las investigaciones por la presunta comisión del delito de homicidio calificado, por las muertes en las protestas de diciembre de 2022.

En esta denuncia constitucional también están involucrados el premier Luis Alberto Otárola Peñaranda y los exministros César Augusto Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.

Tras conocer la denuncia en su contra, la presidenta dijo: “Expresamos nuestra condena ante tan deleznable maniobra política con la que usando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la Nación, respecto de la cual debe responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa”.

Como se recuerda, el anuncio de Patricia Benavides se dio luego de que el Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) detuviera a su exasesor Jaime Villanueva, quien pertenecería a una presunta organización criminal que estaría liderada por ella misma.

¿Quiénes son los congresistas vinculados a red criminal de Patricia Benavides por coordinar con su asesor?

La ejecución de la denominada operación Valkiria V, la cual tuvo lugar durante la madrugada de este lunes 27, abrirá un nuevo capítulo —el cual deberá ser aclarado— en el Congreso de la República. En el marco de la investigación contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntamente liderar una organización criminal desde la cúpula del Ministerio Público, para perseguir e inhabilitar a sus opositores, salió información sobre congresistas a los que se les habría prometido el archivamiento de las investigaciones en su contra a cambio de votos dentro del Pleno.

Los chats de coordinaciones de Jaime Villanueva Barreto, exasesor de la fiscal de la Nación, contra quien se dictó una detención preliminar en el marco de la investigación, fueron claves para llegar a los congresistas que habrían recibido el ofrecimiento para dirigir su voto a cambio de ser ayudados con las investigaciones que tienen pendientes a nivel de la fiscalías.

¿Para qué caso se buscó el apoyo de los congresistas?

A fines de junio de este año, el Pleno —con 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones— aprobó la Resolución Legislativa 5432, que proponía la inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública contra Zoraida Ávalos Rivera, en su condición de exfiscal de la Nación, por presunta infracción a la Constitución Política del Perú. Se le tribuyó un supuesto abandono de funciones por abrir investigación al expresidente Pedro Castillo y luego suspenderla.

Respecto a este caso en particular, Jaime Villanueva —quien se presentaba como el único autorizado a hablar en nombre de Patricia Benavides— evidenció un fuerte interés desde el Ministerio Público para inhabilitar a Zoraida Ávalos. En los chats comenta sobre su búsqueda de votos para pasar los 66 mínimos que necesitaban: “Hablamos con (Luis) Aragón, (Edwin) Martínez e Ilich (López). (…) He hablado con algunos y he conseguido a Somos (Perú), Cordero (Jon Tay) y los 4 ‘niños’ (Acción Popular). (César) Revilla me coordinó esas reuniones. ‘Patty’ Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial, faltaría Perú Libre”.

Chats de Jaime Villanueva. Foto: documento fiscal

¿Quiénes son los congresistas involucrados en la red criminal de Patricia Benavides?

De acuerdo a la información que maneja la Fiscalía, los congresistas fueron segmentados en 3 grupos de acuerdo a los procesos investigatorios que los parlamentarios tienen en trámite en el despacho de la Fiscalía de la Nación. En el grupo denominado como Niños 1 aparecen Raúl Doroteo, Juan Carlos Mori, Jorge Luis Flores Ancachi, Darwin Espinoza e Ilich López. Ellos son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

En el grupo de los Niños 2 se encuentran Edwin Martínez, Luis Aragón, Hilda Portero, Carlos Zeballos, Francis Paredes, Óscar Zea, Katy Ugarte, Paúl Gutiérrez, Segundo Quiroz, Edgar Tello y Américo Gonza. Ellos tienen una investigación fiscal por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

En cuando a los Niños 3, este grupo es integrado por María Acuña, María Agüero, Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Digna Calle, Isabel Cortex, Víctor Cutipa, Alex Flores, Luis Kamiche, Nieves Limachi, Jorge Marticorena, Heidy Juárez, Segundo Montalvo, Alfredo Pariona, Luis Picón, Kelly Portalatino, Wilson Quispe, Abel Reyes, Janet Rivas, Silvana Robles, Rosio Torres, Cheryl Trigozo, Elías Varas, Lucinda Vásquez, Magaly Ruiz y Karol Paredes. Todos ellos fueron denunciados por la ciudadana Liz Laberian Valencia por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio, presuntamente por haber recibido pagos ilícitos a cambio de votar en contra de la moción de interpelación al entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, el 18 de noviembre del 2021.

Estimado de votos del MP para inhabilitación de Zoraida Ávalos. Foto: documento fiscal

En los chats de Jaime Villanueva se aprecia que en el Ministerio Público hicieron un estimado sobre qué congresistas apoyarían con sus votos y podrían ser “apoyados” con el archivamiento de sus casos. Finalmente, la carpeta 283-2022 fue archivada y con ello alrededor de 40 parlamentario se vieron beneficiados.

De acuerdo con la tesis fiscal, Patricia Benavides está siendo investigada por haber influenciado de forma ilícita en la remoción de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, e inhabilitación de Zoraida Ávalos por el Congreso de la República. Este operativo también apunta a Jaime Javier Villanueva Barreto, asesor de la fiscal de la Nación, quien tiene una orden de detención preliminar por 10 días.

Juzgado Supremo dispuso levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones en más de 70 casos que implican a altos funcionarios del Estado

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, actualmente a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley Soria, dispuso 73 medidas de levantamiento de secreto de las comunicaciones, en procesos que involucran a altos funcionarios en delitos graves y complejos, entre el año 2020 a la fecha.

Este tipo de mandato se cumple a través de las intervenciones, grabaciones o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación y geolocalización de teléfonos móviles.

Asimismo, el juez ordenó, en el mencionado periodo, diez levantamientos del secreto bancario (autorización de pesquisa o registro de una entidad del sistema bancario o financiero) y de la reserva tributaria (requerimiento a la Administración tributaria la exhibición o remisión de información de carácter tributario). Además, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria decretó quince diligencias de allanamiento.

Cada una de estas medidas fueron dictadas en la etapa de investigación, a solicitud del Ministerio Público y recae, regularmente, sobre diversos investigados, llegando a veces a decenas, ello con el fin de aclarar los hechos materia de investigación o cargos imputados, explicó el juez supremo Checkley Soria.

“Son medidas o herramientas que se dan cuando se trata de delitos graves como de crimen organizado, tráfico ilícito de drogas, corrupción y pueden ser eficaces dependiendo la estrategia ideada por la Fiscalía para perseguir el delito”, expresó.

Asimismo, señaló el magistrado Checkley Soria, a cargo del referido órgano jurisdiccional desde el 2020, que, para la dación de estas medidas, se evalúan los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad.

“Estas medidas pueden ayudar en el juicio a corroborar datos que se tienen en la investigación, como las declaraciones dadas por los imputados; de ese modo se puede acreditar su efectividad”, puntualizó.

Patricia Benavides: Congreso cita a fiscal de la Nación tras revelación de chats

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, es sindicada de liderar una red criminal junto a Abel Hurtado Espinoza, Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girado Isidro, asesores que la acompañan en su gestión. De acuerdo a la investigación que realiza el Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder, como parte de la quinta etapa de la operación ‘Valkiria’, la titular del Ministerio Público confabuló con los congresistas para promover la remoción de Zoraida Ávalos. Horas más tarde, la presidenta Dina Boluarte respaldó la investigación contra Patricia Benavides, mientras que la investigada minimizó las indagaciones en su contra y anunció que presentó una denuncia constitucional contra la jefa de Estado. En tanto, fiscales supremos exigen la salida de la fiscal de la Nación. A continuación todos los detalles.

Denuncias desatan crisis en Ministerio Público y contra el Ejecutivo peruanos

Una investigación por presunta corrupción estalló contra el entorno más cercano a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que la involucra como supuesta cabeza de una organización criminal, mientras que la propia fiscal denunció a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, por homicidio calificado a raíz de las muertes en las protestas a inicios de año.

El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Efficop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional realizaron el lunes un operativo con detenciones y allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y ex asesores de la fiscal general.

Los asesores son acusados de integrar una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público» para influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» con el fin de destituir a los titulares de la Junta Nacional de Justicia, en la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

En respuesta, Benavides destituyó a la coordinadora del Efficop, rechazó las acusaciones y anunció que ha presentado una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra Boluarte, el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades por las muertes que se produjeron entre diciembre y marzo pasado, durante las manifestaciones antigubernamentales en el país.

A su vez, la mandataria peruana aseguró que la denuncia presentada en su contra por la fiscal general es una «deleznable maniobra política» con la que pretende «distraer la atención» de la ciudadanía.

Boluarte afirmó en una declaración en el Palacio de Gobierno que Benavides «tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa», por la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que señala a la fiscal general de encabezar una presunta red criminal en el Ministerio Público acusada de tráfico de influencias.

La jefa de Estado señaló que le causa «extrañeza» que la denuncia en su contra «haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción».

Asimismo, agregó que las investigaciones iniciadas que comprometen a la fiscal de la Nación y su equipo «deben realizarse con absoluta transparencia, celeridad y respetando el debido proceso legal».

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, dijo, en entrevista con RPP Noticias que «no existe una sola persona que impute a la presidenta o a los ministros» con el delito de homicidio calificado y que tampoco han «terruqueado» a nadie en las protestas antigubernamentales de este año.

Lo que sí «hemos dicho es que tomar aeropuertos es un acto de terrorismo», admitió Otárola sobre algunas de las menciones del Ejecutivo que aparentemente enardecieron a los manifestantes durante las movilizaciones de protesta.

Según el primer ministro, el Ejecutivo peruano siempre ha buscado «la paz y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos» y que «se respeten los derechos fundamentales».

Reiteró que la denuncia presentada por Benavides es «un intento burdo» de intentar desviar la atención, pero que él, la mandataria y otras exautoridades denunciadas «vamos a defendernos con la Constitución y la ley en la mano».

También el lunes, los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Villena exigieron a Benavides que renuncie al cargo tras haber sido involucrada «en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal».

«Le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución», señalaron Sánchez y Villena, en una carta que enviaron a Benavides y fue publicada por medios locales.

Lima, 27 nov (EFE).- Los fiscales supremos peruanos Pablo Sánchez y Juan Villena exigieron este lunes a la jefa del Ministerio Público, Patricia Benavides, que renuncie al cargo tras haber sido involucrada «en la realización de hechos graves sometidos a investigación penal».

Los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos, que tiene seis miembros, añadieron que la investigación penal abierta contra la fiscal general «no se condice con un desempeño debido de su cargo como máximo representante del Ministerio Público».

La carta de los fiscales supremos se sumó a un pronunciamiento previo de los fiscales que integran el equipo especial anticorrupción que se rebelaron contra Benavides después de que esta destituyera del cargo a la coordinadora de ese grupo que persigue la corrupción en el poder, Marita Barreto.

Benavides tomó la decisión luego de que el equipo especial abrió, junto con la Policía, una investigación al entorno más cercano de la máxima responsable del Ministerio Público.

En respuesta, los miembros del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Efficop) solicitaron «respetuosamente» a los miembros de la Junta de Fiscales Supremos «que, ante los hechos puestos a conocimiento público, actúen con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad en el marco de sus atribuciones constitucionalmente reconocidas».

Los fiscales también anunciaron que «permanecerán en el cargo» y reafirmaron su «compromiso de una lucha frontal contra la corrupción, provenga de donde provenga, y caiga quien caiga».

El Eficcop y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional iniciaron este lunes un operativo con detenciones y allanamiento de viviendas y oficinas de asesores y exasesores de la fiscal general.

Los asesores son acusados de integrar una presunta organización criminal «enquistada en la alta dirección del Ministerio Público» que buscaba influir «ilícitamente en decisiones de congresistas» para la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josúe Gutiérrez, y la inhabilitación de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos «para fines ilícitos».

En respuesta, Benavides destituyó a Barreto y, horas después, rechazó las acusaciones y anunció que ha presentado una denuncia constitucional en el Congreso por el delito de homicidio calificado contra la presidenta Dina Boluarte; el primer ministro, Alberto Otárola, y otras altas autoridades por las muertes que se produjeron entre diciembre y marzo pasado, durante las manifestaciones antigubernamentales en el país.

En el mensaje en el que hizo ese anuncio, Benavides apareció acompañada de varios integrantes del Ministerio Público, entre ellos, dos fiscales supremos, identificados como tal por sus insignias.