En medio de la crisis política y constitucional que atraviesa el país a raíz del caso de la fiscal de la Nación, que supone la compra de votos en el Congreso a cambio de impunidad, el Tribunal Constitucional decidió sumarse a la desestabilización.
A través de un auto de aclaración con fecha del 21 de noviembre, pero dado a conocer el lunes 28 de noviembre, los magistrados del TC decidieron crear una controversia constitucional respecto del proceso de ejecución de la sentencia del expresidente Alberto Fujimori.
Este documento, que debía tener como principal propósito aclarar cómo se deberían ejecutar los términos de la sentencia, no ha logrado su propósito ni en el papel ni en la explicación posterior. Al contrario, han decidido abrir la puerta a la interpretación de la sentencia a partir del desconocimiento del ordenamiento jurídico nacional y el rol de las sentencias de organismos supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) e inclusive manifestándose incoherentemente a través de diversos medios locales.
El presidente del TC, Francisco Morales, sostuvo en diversos canales que lo que ordena el auto es la liberación de Fujimori. “La respuesta es sí y le explico por qué: porque lo que hemos resuelto nosotros es una aclaración”, sostuvo Morales en RPP. Sin embargo, si se remite al texto mismo del auto, específicamente en la resolución, se lee textualmente que 4 de los 6 miembros del Pleno del TC declaran “improcedentes” los pedidos de aclaración solicitados por la defensa del exdictador.
Contrariamente a lo expuesto por la mayoría, en el voto singular del magistrado Manuel Monteagudo Valdez se discrepa “totalmente” de dicha conclusión.
Monteagudo sostiene que Pacheco Zerga, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse y Domínguez Haro eluden su responsabilidad como miembros del máximo órgano de interpretación legal del país, “pues han decidido ignorar las consecuencias jurídicas derivadas de expresos pronunciamientos de la Corte IDH”.
Imposible jurídico
Según dicho magistrado, la mayoría del actual Pleno del TC “ha decidido eludir su responsabilidad de emitir un pronunciamiento claro y definitivo al respecto, en su condición de órgano de control de la Constitución” al trasladar su “trascendental función al “juez de ejecución del habeas corpus, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones”.
Asimismo, sostuvo en RPP que dicho auto de aclaración, “bajo ningún contexto, puede entenderse como una orden de excarcelación en favor del expresidente Alberto Fujimori, ya que esta situación configura un imposible jurídico”.
Finalmente, el magistrado Manuel Monteagudo Valdez fue enfático en resolver que “el TC debe acatar el fallo de la Corte IDH y resarcir la sentencia que validó el indulto otorgado previamente”.
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