A los ya conocidos gastos excesivos generados por el Congreso de la República se suman nuevos desembolsos por el concepto de “consumos centros de costos por mes” a nombre de cada parlamentario. En esta relación se incluyen los requerimientos de alfombras, frigobares y pizarras de vidrio templado y platos de recordatorios que son costeados con el dinero del Estados, es decir, con los aportes de todos los peruanos.
“Panorama” informó sobre gastos destinados y solicitados por los despachos congresales desde que inició este periodo congresal en agosto del 2021 hasta la fecha. Un grupo de legisladores de diversas bancadas, aprovechando la época de verano, solicitaron —entre diciembre del 2021 y marzo del 2022— la compra de frigobares para sus despachos.
Entre los legisladores figuran Juan Carlos Mori, Flavio Cruz, Jorge Morante, Rosangela Barbaran, Gladys Echaiz, Silvana Robles, Edgar Tello, Esdras Medina y Américo Gonza. De acuerdo a información del Congreso, cada electrodoméstico costó 600 y 800 soles.
El dominical consultó al fujimorista Jorge Morante por el pedido del frigobar para su despacho. Este defendió el requerimiento: “Bueno, en general. Siempre hay visitas y se les ofrece bebidas. El sistema ya no enfriaba, estaba ya muy deteriorado”.
Por otro lado, están los congresistas que solicitaron la compra de una pizarra de vidrio templado valorizada en más de S/1.000, cuando una convencional con las mismas medidas puede comprarse por S/160. De acuerdo con “Panorama”, también recibieron estas pizarras los parlamentarios Luis Aragón, Rosselli Amuruz y María del Carmen Alva.
En tanto, el fujimorista David Jiménez solicitó la compra de 32 metros cuadrados de alfombras para la remodelación de su despacho. Esto generó el gasto de S/5.500. El dominical buscó los descargos del legislador, pero este rehusó hablar con la prensa.
Finalmente, la congresista Ruth Luque, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, solicitó la compra de platos recordatorios. Al ser consultada, ella mencionó que lo hizo para otorgar un reconocimiento simbólico a la Cámara de Comercio de Artesanos de Cusco y la Municipalidad Distrital Vilcabamba.
La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso dio luz verde a la eliminación de la comisión por transferencia interbancaria y pago de tarjetas de crédito.
Con 17 votos a favor y tres en contra, en Codeco se aprobó el predictamen recaído en los proyectos de Ley 3428/2022-CR y 3739/2022-CR que, con texto sustitutorio, que propone complementar la Ley N° 31143, que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros.
Durante la exposición de motivos, el presidente de Codeco del Congreso, Elías Varas Meléndez, sostuvo que el predictamen incorporar la sexta disposición complementaria final que tendría el siguiente texto:
“Eliminación de la comisión por transferencia bancaria y pago de tarjeta de crédito. En el contrato de cuenta de ahorro y corriente no procede el cobro de la comisión por transferencia bancaria a entre entidades bancarias, con la excepción de transferencias hacia o desde una caja rural, caja municipal o cooperativa de ahorro y crédito”, leyó el documento.
Asimismo, Varas mencionó que en el contrato de tarjetas de crédito no procede el cobro de la comisión a través de una entidad financiera o de un tercero distinto de la empresa que se contrató el producto.
Sin embargo, comentó que sí se seguirá dando la comisión del pago de tarjeta si se realiza en una caja rural, caja municipal o cooperativa de ahorro y crédito.
El siguiente paso de este proyecto es que se debata y vote para su aprobación o rechazo en el pleno del Congreso de la República.
Entes técnicos se oponen
La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en anteriores oportunidades dieron opiniones negativas sobre el proyecto.
La SBS y el MEF advirtieron que la propuesta afectaría al sistema de pagos y aumentaría los costos de los usuarios, pues con los pagos con tarjeta ahorran los gastos asociados al traslado de dinero.
Por su parte, el BCR manifestó que la medida afectará a la interoperabilidad del sistema financiero, ya que reduce las posibilidades de realizar pagos a través de dispositivos móviles o innovaciones tecnológicas.
La empresa papelera fue sancionada por difundir que sus rollos de papel higiénico Paracas Black Premium tenían 40 metros de longitud sin poder demostrarlo. La entidad consideró que se trató de un acto de competencia desleal en la modalidad de engaño.
Indecopi impuso una multa de 482,78 UIT, equivalentes a S/2 millones 389.761, a Papelera Reyes por difundir publicidad engañosa sobre su producto papel higiénico Paracas Black Premium. La empresa aseguraba en sus medios digitales, como página web, redes sociales e influencers, que sus rollos tenían una longitud de 40 metros, pero no pudo acreditar dicha información.
La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi determinó que la empresa incurrió en actos de competencia desleal en la modalidad de engaño, al inducir al error a los consumidores sobre las características y la calidad de su producto.
Según el Indecopi, las pruebas presentadas por Papelera Reyes para sustentar su afirmación publicitaria fueron insuficientes y no cumplieron con los requisitos mínimos para garantizar su veracidad. Por ejemplo, no tenían fecha de elaboración, no contaban con un estudio que respalde los resultados, no seguían el procedimiento adecuado para la medición de la muestra o fueron emitidos después del inicio de la campaña publicitaria.
Además de la multa, el Indecopi ordenó a Papelera Reyes el cese definitivo e inmediato de la publicidad engañosa y la publicación de un aviso de rectificación en los mismos medios donde difundió los anuncios. Asimismo, le recordó que el artículo 8 del Decreto Legislativo n.° 1044 —Ley de Represión de la Competencia Desleal— prohíbe los actos de engaño que induzcan al error a otros agentes en el mercado sobre las características y condiciones de venta de los productos.
El Ejecutivo prorrogó, por segunda vez consecutiva, el estado de emergencia en la región Puno por 60 días, a partir del próximo 6 de junio.
La medida fue oficializada a través de un decreto supremo publicado hoy, domingo, en el diario oficial El Peruano y lleva las rúbricas de la presidenta Dina Boluarte; del premier Alberto Otárola; del ministro de Defensa, Jorge Chávez; del ministro del Interior, Vicente Romero; y del ministro de Justicia, Daniel Maurate.
Sustento
La medida, según indican los considerandos del documento, se sustenta en un Informe Técnico Operacional del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y en un dictamen de la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica que recomiendan extender el estado de emergencia en la mencionada jurisdicción.
También se fundamenta en un informe emitido por el Comandante General de la PNP que «sustenta la necesidad de prorrogar el estado de emergencia declarado en el departamento de Puno«.
En base a ello, se establece que el «control del orden interno» continuará a cargo de las FF.AA. «incorporando a la Policía para el logro de dicho objetivo».
Además, señala que «la planificación, organización, dirección y conducción de las acciones u operaciones militares serán ejecutadas bajo un Comando Unificado» que estará a cargo del «Comando Operacional de las Fuerzas Armadas, al cual se integrará la Policía Nacional, de acuerdo a las disposiciones y directivas» del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA).
En ese sentido, el accionar de dicho Comando Unificado estará orientado a «la protección de los Activos Críticos Nacionales» y «la protección a instituciones públicas o privadas y/o instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y/o vías».
Además, se indica que en los cinco días hábiles posteriores al término del estado de emergencia, el Comando Unificado y la PNP presentarán, a los titulares del Mindef y del Mininter, «un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción, incluyendo las medidas adoptadas para el respeto de los derechos humanos».
Cinco meses con derechos restringidos en Puno
Cabe señalar que el estado de emergencia en Puno se mantiene desde el pasado 7 de febrero a causa de las protestas contra el Gobierno y el Congreso que iniciaron el 7 de diciembre del año pasado.
El último 5 de febrero, la presidenta Dina Boluarte decretó la medida, por 60 días, en Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. Además, en Puno se ordenó 10 días de inmovilización social obligatoria.
Al término del plazo, el 7 de abril, el Gobierno decidió ampliar el estado de emergencia por 60 días más en esta última región por requerimiento de la Comandancia General de la Policía Nacional.
Tras 5 meses de estado de emergencia en la región sureña, y con el incremento de otros dos, Puno cumplirá 7 meses con derechos constitucionales restringidos.
Estos derechos son los relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
El mismo día en que se derrumbó el túnel en construcción para el Megapuerto de Chancay, el viceministro de Transportes informó que se estudiaba la construcción de vías de evitamiento y un par vial en Pasamayo. Los vecinos no estaban enterados de estos planes. Además, el gremio minero ha destacado las potencialidades que tendrá el terminal para la exportación de minerales, aún cuando la concesionaria ha negado esta posibilidad ante los temores de los chancayanos a la contaminación.
El derrumbe del túnel en construcción en la carretera Panamericana Norte, que derribó viviendas y avivó los temores de la población, hizo que los reflectores apunten de nuevo a las obras del Megapuerto de Chancay, la gran infraestructura que tiene una inversión proyectada de más de 3.600 millones de dólares. Pero a pesar de la cobertura que le dieron los medios de comunicación a este desastre, otras novedades que han tomado por sorpresa a los vecinos de la localidad, han pasado desapercibidas.
Una de ellas es la posibilidad de que se licite una nueva carretera sobre la que los chancayanos hasta hace unas semanas no tenían ninguna idea, aunque desde hace meses ya estaba en los planes del Ministerio de Transportes y la posible empresa que la construiría, Norvial. Otro motivo de sobresalto es el nuevo giro en el discurso del gremio minero, que aspira a exportar sus minerales por este megapuerto del Pacífico a pesar de que hace tres años a la población local se le aseguró que eso no ocurriría.
Como se sabe, el proyecto es construido por Cosco Shipping Ports Chancay Perú SA, cuyos accionistas son la empresa estatal china Cosco Shipping Ports Ltd (60%) y la minera Volcan (40%), de la suiza Glencore. Esta última acumula cientos de infracciones ambientales por sus actividades en Pasco y Junín.
El derrumbe en el túnel en la Panamericana Norte ocurrió en 16 de mayo de 2023, el mismo día en el que el viceministro de Transportes anunciaba próximas obras para facilitar el transito de camiones pesados desde y hacia el puerto. Foto: Difusión
Vía desconocida
La ciudad de Chancay, de 57 mil habitantes, continuará experimentando más cambios en su área urbana y rural. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya está preparando nuevas construcciones viales para agilizar la alta transitabilidad vehicular que generará la operación de los terminales portuarios, cuya puesta en marcha está programada para el 2024.
Desde hace varios meses, el MTC, Cosco Shipping Chancay y la concesionaria de la carretera Panamericana Norte, Norvial SA, vienen coordinando diferentes intervenciones para construir al menos otras cuatro obras que buscarán reducir el tiempo de llegada de los camiones y cargas desde el norte y centro del país hasta el nuevo megapuerto. Pero la población chancayana no estuvo enterada de estos nuevos cambios que se planifican para su ciudad hasta el último 5 de mayo de 2023.
Ese día hubo una reunión entre los vecinos de la zona del sector de Peralvillo —un centro poblado del distrito—, representantes de la Municipalidad de Chancay, un funcionario del MTC y un representante de Norvial, propiedad del fondo chileno BCI y de Aenza (antes conocida como Graña y Montero). Este último hizo el anuncio de la nueva vía que alertó nuevamente a los habitantes de la zona.
«Estamos haciendo una propuesta al ministerio [de Transportes y Comunicaciones] para hacer un ‘evitamiento’ para que toda la parte de [el tráfico de] Chancay pase por atrás. Eso se está haciendo en una propuesta, que cuando sea aprobada por el ministerio va a ser una realidad», se le escucha decir a un ingeniero de Norvial, en un video al que accedió Convoca.pe.
Esta intención también fue confirmada por el representante de la Oficina de Diálogo y Gestión Social del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Marco Capillo, quien en la misma reunión afirmó que «aún no se ha tomado una decisión al respecto». «Se entiende que en su momento, cuando el MTC haga suyo este proyecto, antes de una ejecución tiene que informar a la población», dijo el funcionario del MTC.
Los reclamos no se hicieron esperar. «No queremos más sorpresas. Eso que están anunciando es cosa sería y va a afectar a muchísima gente. ¿Por qué no muestran todo el plan maestro de la empresa (Cosco Shipping)? ¿Por qué no muestran lo que quieren hacer con Chancay?», exclamó uno de los vecinos asistentes, que mostraba su temor a que se realicen nuevas expropiaciones de viviendas para la nueva Vía de Evitamiento.
No obstante, este proyecto de la Vía de Evitamiento no solo es una idea lejana. Días después, el 16 de mayo, el día del derrumbe en el túnel en la Panamericana Norte, el viceministro de Transportes Alberto Ñecco informó a la prensa que está trabajando con la empresa Cosco Shipping y Norvial para «ejecutar en el menor plazo posible» las obras viales que permitan una alta transitabilidad ante la puesta en operación del terminal portuario.
El viceministro de Transportes Alberto Ñecco se reunión con ejecutivos de la empresa concesionaria del Megapuerto de Chancay para acelerar la ejecución de obras viales y vías de evitamiento. Foto: Linkedln MTC
Además de la Vía de Evitamiento de Chancay, se planean desvíos y otras vías de evitamiento y un par vial (pista de un solo sentido) en Pasamayo.
“Nos encontramos trabajando con el concesionario en los estudios técnicos para poder viabilizar estas vías. Nos encontramos ejecutando los estudios, y dependiendo de los resultados definiremos una fecha de inicio”, subrayó el viceministro, quien al menos desde marzo sostiene encuentros con representantes de Cosco Shipping para viabilizar estos proyectos.
El pasado jueves 25, en una conferencia de prensa, Convoca.pe preguntó a la ministra de Transportes Pierina Lazarte Castillo cuáles son los trazados de ruta para la obra de la Vía de Evitamiento y el par vial, así como la modalidad de contratación. La ministra se comprometió a enviar las preguntas por escrito. Insistimos con su oficina de prensa en los días sucesivos, pero el MTC no envió las respuestas prometidas.
La ministra del MTC, Pierina Lazarte, aún no envía sus respuestas a este medio de comunicación respecto a las próximas obras viales para facilitar la movilidad de la carga desde y hacía el Megapuerto de Chancay. Foto: PCM
Temor en el norte chico
Según el sociólogo Alejandro Chirinos, director de la ONG Cooperacción, que brinda asesoría técnica a los defensores ambientales de esta bahía, el temor de la sociedad chancayana es que solo los funcionarios involucrados conocen el trazo para la nueva Vía de Evitamiento. Chirinos comenta que una de las sospechas de la población es que la Vía de Evitamiento se sitúe en la costanera, algo que afectaría a cientos de pescadores artesanales que realizan pesca de orilla.
La anunciada obra del par vial de Pasamayo también ha despertado preocupación en los defensores ambientales del norte chico, pues el proyecto podría afectar las Lomas de Ancón, un área natural protegida y sitio turístico emblemático de esta zona de la región Lima.
Según Cooperacción, existe temor en la población del norte chico de que las próximas obras viales que planea el gobierno y la concesionaria del puerto podrían perjudicar a pescadores artesanales y al ambiente. Foto: Andina
“Si uno se pone en la perspectiva ambiental y de protección de la biodiversidad, además por los compromisos ambientales internacionales que el Perú ha firmado, habría una amenaza enorme”, comenta Chirinos a Convoca.pe. El especialista además resalta que muchos pobladores organizados en Chancay y Aucallama trabajan en proyectos de ecoturismo en esta zona reservada.
Pero el temor por la situación ambiental no es reciente. El hecho de que una de las principales empresas mineras del país, Volcan, sea parte de la construcción y operación del megapuerto hace pensar a muchos que esta infraestructura también serviría como punto de exportación de minerales y recepción de insumos para producirlos.
Ya en el 2020 las accionistas del megapuerto, Volcan y Cosco Shipping, querellaron a dos dirigentes de Chancay que habían indicado que en el puerto se trasladarían minerales, tal como lo había señalado en el 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski durante un acto oficial. En audiencia judicial, los abogados de la empresa portuaria afirmaron una y otra vez que esto no sería así.
Sin embargo, el discurso del gremio minero empieza a apoyar la idea negada de que Chancay se convierte en un hub portuario para la exportación de metales. En noviembre de 2022, durante el lanzamiento del Perumin 36, el presidente del Comité Minero de la Sociedad Nacional de Minería (SNMPE), Domingo Drago, aseveró que el megapuerto de Chancay «dará entrada y salida a los insumos y producción minera».
“El Puerto de Chancay es una inversión de origen chino que se convertirá en una nueva alternativa robusta para la comercialización de minerales que se producen en zonas cercanas hacia el exterior”, explicaba. “Y no solo favorecerá a nuestra industria, pues será el canal de exportación de los bienes producidos por otros sectores económicos también importantes”, añadió el alto dirigente gremial.
El vicepresidente de la SNMPE, Domingo Drago, consideró que el Megapuerto de Chancay «se convertirá en una nueva alternativa robusta para la comercialización de minerales». Imagen: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Este interés del sector extractivo se explica por la cercanía de algunas grandes operaciones mineras del norte y centro del país a lo que será el Megapuerto de Chancay. Estas incluyen a las minas controladas por la suiza Glencore, como la de Volcan. Por ejemplo, la unidad minera “Cerro de Pasco” de esta última, de donde el 2022 se extrajeron 24 mil toneladas de zinc, 1,3 millones de onzas de plata y 9 mil toneladas de plomo, está a sólo 208 kilómetros de Chancay.
Si bien Volcan y otras mineras de Cerro de Pasco llevan sus cargas desde el centro del país por el Ferrocarril Central hacia el puerto del Callao, en casos de desastres naturales o eventos que interrumpen la operación del tren los minerales son transportados por vía terrestre en camiones.
Volcan también tiene unidades en la provincia de Huaral, como la operación Romina II, su proyecto de exploración más avanzado, que se encuentra a solo 150 kilómetros del puerto. El entonces CEO de esa minera, Francisco Fernández, anunció en abril de 2022 que la puesta en marcha para la extracción de zinc, plomo y plata estaría programada para el cuarto trimestre de 2024.
El inicio de las operaciones del Megapuerto de Chancay están proyectadas para el segundo semestre del mismo año.
En abril de 2022, el CEO de Volcan comunicó que su proyecto Romina iniciará su etapa de producción en el 2024. Imagen: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
Alejandro Chirinos, de Cooperacción, comenta que pese a que la empresa Cosco Shipping ha indicado que Chancay no será un puerto de minerales, su ubicación estratégica en un triángulo minero —en el que se encuentran las operaciones de minería metálica y no metálica en la sierra de Áncash y en las provincias de Oyón y Cajatambo de Lima— es claramente de gran interés para el sector extractivo.
La preocupación de la población de Chancay se basa, sobre todo, en los antecedentes en materia ambiental de la empresa Volcan. Información recopilada por Convoca.pe para su plataforma Convoca Deep Data indica que es la compañía del rubro minero con mayor número de sanciones ambientales en todo el Perú. Entre 2011 y 2022, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) detectó que cometió 283 infracciones y emitió 92 resoluciones de sanción contra ella.
La dirigente de la Asociación de Defensa de las Viviendas y Medio Ambiente del Puerto de Chancay, Miriam Arce, indica que si bien Cosco Shipping ha negado que el proyecto sea para transportar minerales, los habitantes locales aún ven este anuncio con escepticismo.
Dirigente de Chancay, Miriam Arce, señala que se teme que en las próximas etapas se intente modificar las condiciones del contrato para permitir el paso de minerales. Foto: Difusión
«Volcan no transporta ni papas ni cebollas», dice Arce, en referencia a la actividad minera de la empresa socia del megapuerto. Los dirigentes están atentos a observar si es que se producen modificaciones en alguna de las próximas etapas que continuarán en la construcción de los terminales, lo que durará más de una década.
Convoca.pe consultó a la operadora Cosco Shipping, a través del correo de su oficina en Lima, si se convertirá o no en un puerto minero, como lo espera el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo. Hasta el momento no han respondido a nuestras preguntas.
El crecimiento de las unidades de motos lineales en las calles del Perú se ha visto reflejado en los últimos años. Sin embargo, manejar este tipo de vehículos livianos requiere de mucha responsabilidad y atención, ya que son más propensos a lesionarse de gravedad si atraviesa un accidente. A este índice de aumento y peligrosidad, se le suma que la mayoría de motos que circula en el país no cuenta con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
En el Perú, aún existe una amplia brecha en la adquisición de SOAT para motos lineales, ya que solo tres de cada diez que circulan por las calles cuentan con esta medida obligatoria. Esto quiere decir que hay una cuota de incumplimiento de al menos 70%, lo que representa un peligro para quienes conducen este tipo de vehículos.
Ricardo Reyes, representante de Seguro al Volante, enfatizó en esta cifra tomada de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Además, resaltó la necesidad de que los motociclistas conozcan cuáles son los beneficios de tener un SOAT. Desde qué tipos de cobertura ofrece y quiénes serían los beneficiados, independientemente de las circunstancias en las que se dio un accidente de tránsito.
En principio, señaló que el SOAT para motos llega a tener hasta cinco coberturas distintas:
Por muerte: 4 UIT (19.800 soles) Por gastos de sepelio: hasta 1 UIT (4.950 soles) Por incapacidad temporal: hasta 1 UIT (4.950 soles) Por invalidez permanente: hasta 4 UIT (19.800 soles) Por gastos médicos: hasta 5 UIT (24.750 soles)
Indicó también que el costo de un SOAT para motos es diferenciado frente a un vehículo de cuatro ruedas, principalmente por dos motivos. El primero es la siniestralidad, ya que, según indica, ha aumentado en los últimos años; y el segundo motivo es la competencia, pues existe una variedad de empresas aseguradoras que ofrecen el SOAT a diversos precios. Por lo general, los precios varían entre S/130 y S/545. Todo dependerá del algoritmo de tarificación del sistema de la compañía de seguros.
El especialista resaltó que, debido a la regulación por ley, este seguro tiene exclusiones. Algunos ejemplos son los siguientes: Ir por vías no abiertas al tránsito público, participar en una carrera de motos, intento de suicidio, ocurridos a causa de desastres naturales como huaicos y encontrarse fuera del territorio nacional.
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