Fiscalía de la Nación allana sede de la FPF por investigación en contra de Agustín Lozano

Liderados por el Fiscal Orihuegal, la Fiscalía de la Nación arribó la mañana de este jueves 2 de marzo a las oficinas de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), ubicadas en la sede de la Videna, para realizar acciones de allanamiento producto de la investigación en contra del presidente del máximo ente del fútbol nacional, Agustín Lozano, por presunta organización criminal.

De acuerdo con las últimas informaciones recabadas, esta intervención se viene llevando a cabo porque la FPF no presentó a su debido tiempo la documentación que pidió el Ministerio Público a inicios de febrero.

Cabe precisar que no existe orden de detención. En diálogo con La República, el Fiscal Chávez Cotrina señaló que este «allanamiento es con fines de incautación documentaria para recopilar información de los libros contables entre los años 2018 – 2022 solicitada por el presunto delito de organización criminal, defraudación a la persona jurídica».

Fiscalía investiga a la FPF por presunta organización criminal

En febrero, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación en contra del presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el resto de los miembros de su directorio por la supuesta comisión de los delitos de extorsión, coacción y organización criminal en agravio de los clubes profesionales de la Primera División de la Liga 1. Es por esto que la Justicia nacional ordenó realizar un peritaje contable y financiero en el máximo ente del fútbol peruano desde 2018.

«La presunta organización criminal, en su accionar delictivo, no habría comunicado la real situación administrativa, económica y financiera de la Federación Peruana de Fútbol a los miembros que constituyen su Asamblea de Bases», expresaron en el comunicado.

Asimismo, enfatizan que esta supuesta organización criminal usó a la Federación Peruana de Fútbol para «repartir a algunos clubes de fútbol profesionales de primera y de segunda y a los clubes departamentales de futbol diferentes montos de dinero para que cancelen sus obligaciones y deudas».

Sunarp denegó inscripción de la FPF en Registros Públicos

Además de esta intervención, la entidad suma otro problema, puesto que en las últimas horas se conoció que la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) volvió a desestimar el registro de inscripción a la directiva conformada por Agustín Lozano. La solicitud fue denegada porque no cumplieron con la documentación correspondiente y presentaron copias simples sin alguna certificación.

65 distritos de la región Lima en riesgo por daños ante deslizamientos, huaicos y movimiento de masas

¡Alerta! De acuerdo a la información alcanzada recientemente por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres – Cenepred (https://bit.ly/3J6adrk), un total de 65 distritos de la región Lima se encuentran en riesgo por daños a consecuencia de deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimiento de masa.

El escenario de riesgo elaborado por el Cenepred, responde al pronóstico del Senamhi, que advierte de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en las zonas altoandinas, a través del aviso meteorológico n.° 40 que regirá del 3 al 5 de marzo de 2023.

Los distritos afectados por riesgos altos y muy altos serán (5) en la provincia de Cajatambo, (6) en Canta, (9) en Huaral, (14) en Huarochirí, (5) en Huaura, (21) en Yauyos y (5) en Oyón.

Ante esta situación, el Gobierno Regional de Lima recomienda a las autoridades revisar las rutas de evacuación para dirigir a la población a zonas seguras y alejadas de los cauces de río o quebradas.

Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia (Coer) estará monitoreando la situación y coordinando, a fin de establecer un sistema de alerta temprana, mediante el uso de silbatos, campanas, alarmas o sirenas.

Ministerio Público detiene a 13 implicados en el caso Cuellos Blancos del Puerto

El Ministerio Público y la Dirección contra la corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor) detuvieron este 2 de marzo a 13 civiles sindicados en el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto. Además, se allanaron 21 inmuebles y se incautaron 5 vehículos. El operativo, que comenzó a las 3 a. m., incluye direcciones en varios distritos de la capital: San Borja, San Isidro, Surco, La Molina y Comas.

Fuentes de este medio de comunicación confirmaron la retención del empresario y hombre clave en la trama Mario Américo Mendoza Díaz, además de su esposa Carmen María Serrano Gandulia e hijos, Paola María, Gianmarco Mario y Aldo Mario. La diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Jeans Velazco Hidalgo, de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra el Crimen Organizado – Equipo Especial de Fiscales para el caso Los Cuellos Blancos del Puerto – Tercer Despacho.

Fiscalía allana vivienda de Mario Mendoza Díaz, vinculado al caso Cuellos Blancos, en San Borja. Foto: Rosario Rojas/URPI-LR

También fue detenido Aldo Mario Américo Mendoza Serrano, conocido en el proceso como el «octavo consejero» por su participación en el caduco Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En un principio, pretendió acogerse a la colaboración eficaz, pero se abstuvo de disponer información de su propia red.

Detención de Mario Mendoza. Foto: difusión

Otros civiles intervenidos son Luis Alfonso Lopez Ríos, Gastón Espejo Zavala, María Antonieta Jarufe Sabat y Paola Mendoza Serrano.

Explicación del caso

La implicancia de diferentes instancias judiciales en la corruptela fue expuesta en 2018 con un audio difundido por IDL Reporteros. Conforme avanzaron las indagaciones, se conoció que la organización criminal operó en tres redes de corrupción, ofreciendo rebajas de penas condenatorias y ascensos públicos. La primera red habría sido conformada en los juzgados del país. La segunda por abogados y empresarios. Por último, estarían comprometidos el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y los pasados miembros del CNM.

La Fiscalía describe que Los Cuellos Blancos del Puerto no cuentan ni con un jefe central ni lacayos, sino con perfiles claves, entrelazados por diversos intereses ilícitos.

Gobierno señala que brindará información a la ONU sobre acciones durante protestas

El gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), anunció que brindarán la información solicitada por la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas por el accionar del Ejecutivo durante las protestas sociales en el país.

«El Estado Peruano tiene hasta 60 días para absolver estas consultas, las mismas que serán respondidas en el plazo establecido», se lee en el comunicado.

Asimismo, el gobierno señaló que el pedido de la ONU «no prejuzga sobre la exactitud de los hechos detallados en la mencionada comunicación conjunta».

«Es importante precisar que la comunicación suscrita por expertos independientes no refleja la opinión de Estados parte de la Organización de las Naciones Unidas ni de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos«, mencionaron.

En esa línea, argumentaron que la comunicación conjunta de la ONU «se enmarca en el mandato» de los autores que suscriben el pedido y que «no son funcionarios de Naciones Unidas».

Además, precisaron que el gobierno -antes de ser notificado con el comunicado de la ONU- extendió una invitación a relatores de ejecuciones extrajudiciales y «al derecho a la reunión pacífica a visitarnos en los próximos meses».

Por otro lado, reiteraron que el gobierno brinda facilidades al desarrollo de las investigaciones por parte del Ministerio Público y lamentaron las pérdidas de vidas humanas durante las protestas ocurridas desde el mes de diciembre de 2022, cuando Dina Boluarte asumió la presidencia.

¿Qué decía el pedido?

En una carta enviada al representante de la Misión Permanente del Perú ante la ONU, Luis Juan Chuquihuara, la entidad de Naciones Unidas solicitó hacer llegar la canciller, Ana Gervasi, el documento suscrito por siete relatores de este organismo, en el que solicitan al Gobierno peruano pronunciarse sobre las siguientes denuncias.

En el documento, alegan un uso excesivo de la fuerza que ha provocado “un elevado número de muertes ilícitas”, la supuesta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de los manifestantes, detenciones supuestamente arbitrarias; así como un caso de desaparición forzada, estigmatización y violaciones al debido proceso en contra de los protestantes desde que iniciaron las marchas a nivel nacional.

Toma de Lima: anuncian marchas pese a intangibilidad de Lima y advertencia del Gobierno

Una segunda toma de Lima fue anunciada para este miércoles 1 de marzo por grupos opositores al gobierno de la presidenta de Dina Boluarte que exigen el adelanto de las elecciones el cierre del Congreso y la instalación de una Asamblea Constituyente.

Las circunstancias en que se llevarían a cabo las nuevas protestas son diferentes a las que ocurrieron en enero y febrero en la capital, cuando se anunció la primera toma de Lima y en la que algunos grupos de manifestantes llegaron incluso a San Isidro y Miraflores.

Aquellas protestas ocurrieron mientras las carreteras del norte, centro y sur del país estaban bloqueadas por un gran número de piquetes. Además, las movilizaciones también se efectuaban en el interior del país, sobre todo en las regiones del sur. Hoy el tránsito se ha regularizado, con excepción del sur, y las protestas disminuyeron.

Además de eso, en Lima se adoptaron medidas que imposibilitarían las manifestaciones que acarreen peligro tanto para los ciudadanos como para los negocios instalados en el Centro de Lima y su patrimonio histórico y cultural.

Centro Histórico es zona intangible

A mediados de febrero, la Municipalidad de Lima declaró al Centro Histórico de la capital como zona intangible para el desarrollo de marchas, manifestaciones y concentraciones públicas y políticas que “pongan en riesgo la seguridad y/o salud pública”.

La decisión del concejo fue adoptada ante los destrozos cometidos por manifestantes durante las protestas contra el gobierno central, así como los ataques conta agentes de la Policía Nacional y el perjuicio causado a los comerciantes del Cercado de Lima.

La nueva zona intangible de Lima incluye el Paseo de los Héroes Navales, el Parque de la Exposición, la Plaza Bolognesi, la Plaza Dos de Mayo, Caquetá, las avenidas Tacna, Abancay, Miguel Grau, y por supuesto, la Plaza de Armas y la Plaza San Martín.

Esta es el área declarada zona intangible para manifestaciones peligrosas. (Municipalidad de Lima)

La Plaza Dos de Mayo era en punto de concentración donde iniciaron la mayoría de las marchas que se desarrollan en Lima desde inicios de año, afectando además el libre tránsito de vehículos. . Puede ver el detalle a continuación en este enlace.

De hecho, este miércoles agentes de la Policía Nacional ya están instalados en varios lugares estratégicos del centro de la ciudad ara resguardar la tranquilidad.

Minera Santander emite comunicado y niega supuesta contaminación al río Baños y Chancay

Tras las diversas informaciones que se vienen dando en los distintos medios de comunicación en la ciudad de Huaral con respecto a la contaminación del río Baños y Chancay a consecuencia del colapso de una relavera de la empresa minera Santander, la empresa en mención emitió un comunicado donde niega las afirmaciones.

“La noche del 28 de febrero del año 2023 se registró un incremento inusual en el caudal del Río Baños, que ocasionó preocupación en las poblaciones asentadas en la parte baja de nuestras operaciones, en especial de la comunidad San José de Baños”, se lee en el comunicado.

“Al respecto, hemos verificado que tal incremento del caudal se ha producido debido a las intensas lluvias que se han producido en los últimos días”, continúa.

“En ese sentido, CDPR informa que nuestras instalaciones y componentes principales, entre ellos la relavera de la Unidad Minera Santander, no han sufrido ningún tipo de daño y no tiene ningún tipo de fuga, tal como se puede visualizar en la fotografía (anexo de este comunicado) tomada minutos antes de la emisión de este comunicado”.

“CDPR también está disponiendo el despliegue de las ayudas necesarias para las poblaciones que pudieron ser afectadas con el desborde del Río Baños”, finaliza el comunicado.