Más de 1,4 millones de estudiantes volverán a colegios en riesgo que necesitan ser reconstruidos

El 55% de los colegios del país requieren ser intervenidos desde sus cimientos. Esta brecha, que el Ministerio de Educación estima en más de 152 mil millones de soles, podría ser solucionada en 10 años si se invirtieran 18 mil millones de soles cada año. Una labor cuesta arriba que requiere de un verdadero compromiso político y sostenibilidad en el tiempo. Por lo pronto, desde el 6 de marzo millones de niños acudirán a estudiar bajo aulas prefabricadas, patios de tierra, baños en mal estado y en algunos casos ni siquiera eso.

Los casi 600 alumnos del colegio 40705, ubicado en la zona de Peruarbo en el distrito de Cerro Colorado (Arequipa) deberán estudiar un año más en aulas prefabricadas instaladas en el suelo de tierra de un estadio deportivo. Y es que la obra de reconstrucción de su colegio está paralizada desde septiembre del año pasado debido a problemas entre la comuna cerreña y el Consorcio Cerro Colorado. Este contratista debió terminar el proyecto en julio del 2022, pero no lo logró debido a diversos problemas en el expediente técnico.

La intervención en el colegio de Peruarbo se realizó debido a que su infraestructura ya era muy antigua y requería ser demolida y reconstruida en su totalidad. Y así como este, a nivel nacional hay más de 30 mil colegios que requieren “sustitución total”, de acuerdo con información del Ministerio de Educación (Minedu) a la que accedió Convoca.pe. Esto representa el 55% de todos los colegios que existen a nivel nacional, que son 55.304. Y una intervención de todos los colegios en situación de riesgo afectaría a más de 1,4 millones de estudiantes matriculados.

AL COLEGIO NO VOY MÁS

La obra de reconstrucción del colegio de Peruarbo, que alberga los niveles de inicial, primaria y secundaria, inició en diciembre del 2021. El dinero, 8,4 millones de soles, fue aportado por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) mientras que el distrito de Cerro Colorado se encargaría de la ejecución. Para ello contrataron al Consorcio Cerro Colorado, quien debía demoler toda la infraestructura antigua y construir un nuevo colegio. La obra debía entregarse a más tardar a fines de julio del 2022. Sin embargo, el proyecto sufrió retrasos.

A mitad de su construcción la Ugel Norte elevó observaciones sobre el expediente técnico, pues este no se adecuaba a la normativa sobre edificaciones para colegios. Desde entonces el proyecto se entrampó, pues no se hicieron los cambios requeridos en el expediente técnico. Desde septiembre del año pasado el municipio dejó de pagar y por consiguiente el consorcio contratista paralizó todo. En la puerta de ingreso de la obra hoy hay un letrero que advierte de la obra detenida por la falta de pago.

Pero los más afectados con estos problemas burocráticos son los estudiantes, que deberán empezar el año escolar este 6 de marzo. Durante el 2022 fueron trasladados al estadio de Peruarbo, ubicado a 300 metros del colegio. Además debieron estudiar con unas pocas aulas prefabricadas que les entregó la Ugel Norte. Luego de algunas gestiones de la dirección y la Asociación de Padres de Familia (Apafa), se lograron conseguir más aulas, las mismas que hoy rodean el perímetro interno del estadio.

Pero no es el mejor ambiente para que un niño aprenda. Así lo da a conocer Raúl Quispe, presidente de la Apafa, quien explica que el clima seco de la ciudad y la extrema calor convierte en un horno las aulas prefabricadas de drywall y techos de calamina. Otro enemigo es el polvo, pues el estadio es de tierra. Y ni hablar de los juegos para los más pequeños. Los columpios, resbaladeras y subibajas están tirados en un rincón porque no pueden ser instalados de forma permanente.

Raúl nos muestra las aulas. “Debido a las lluvias las paredes han agarrado moho. Algunas están rotas o fisuradas. También hay mucho polvo que se ha juntado por los meses de vacaciones. Lo único que hemos podido hacer con la plata de los padres de familia son veredas que rodean las aulas, para dar un mejor aspecto”, dice.

Este padre señala que han solicitado al municipio de Cerro Colorado que destrabe la obra y que las terminen lo más pronto posible. “Pero no hemos recibido respuesta. El alcalde (Manuel Vera Paredes) ha visitado el colegio y esperamos que haga algo. Aquí no se puede estudiar. Si se terminara el colegio nuevo, la oferta educativa también se incrementaría hasta unos mil estudiantes. Con eso evitaríamos que muchos niños tengan que hacer viajes de hasta una hora a otros colegios y que las familias gasten más de 200 soles al mes en sus pasajes”, añade.

CIFRAS DE MIEDO

En el Perú hay en total 55.304 colegios en todos los niveles y modalidades. De este total, 30.418 requieren “sustitución total”. Es decir, necesitan ser demolidos por su deficiente infraestructura y luego reconstruidos desde los cimientos. El total de estudiantes que deberán volver a estas instituciones, donde no se ha movido una piedra, es de 1’422.862.

De acuerdo con las cifras del Minedu, la región con más colegios en riesgo es Cajamarca, donde 4.633 instituciones educativas aparecen en rojo. Le siguen Puno con 2.680 escuelas que requieren ser reconstruidas, Cusco con 2.029 y Junín con 1.917, por mencionar algunas estadísticas. Pero en todas las regiones hay necesidad de nueva infraestructura educativa.

El colegio que se encuentra con prioridad 1, según la data del Minedu, es el Santa Rosa de Villa, ubicado en el distrito limeño de Carabayllo y que alberga 291 estudiantes. No tiene cerco perimétrico ni servicios higiénicos y requiere reconstrucción total. De acuerdo con reportes periodísticos del 2022, el colegio que alberga a niños de inicial y primaria no tenía siquiera aulas donde enseñar y estaba a merced del polvo del desierto.

De acuerdo con estimaciones del Minedu, la inversión para solucionar la brecha en infraestructura a nivel nacional es de 152.447 millones de soles. Esto es casi cinco veces más el presupuesto que el sector Educación recibió para el 2023, que fue de 36.300 millones. Al respecto, a través de una nota de prensa entregada por el Minedu, se señala que si se invirtieran 18 mil millones al año en construcción de nuevos colegios, la brecha se cerraría en 10 años. Pero no se hace. La realidad es que el año pasado solo se invirtieron 5.600 millones en el mejoramiento de infraestructura, por lo que a ese ritmo la brecha actual se cerraría en 27 años. Y eso sin contar que durante ese tiempo otros colegios podrían requerir una intervención completa.

Lo que más indigna a Raúl Quispe es que el Minedu ha cambiado la categorización del colegio de Peruarbo que estaba “en riesgo” a la de “brecha cerrada”. Esto en el papel significa que el colegio, que ha tenido que ser reemplazado por módulos de drywall, ahora estaría óptimo para recibir a los escolares según los estándares del ministerio. La calificación, obviamente, no se ajusta a la realidad, como lo ha confirmado este medio al acudir al propio colegio.

“Es indignante que digan eso. Creo que lo único que deben hacer es un poquito de trabajo de campo, ir a los colegios a verificar con sus propios ojos”, indica el padre de familia.

En la misma situación se encuentran otros 3.916 colegios con 716.748 estudiantes. Se trata de colegios donde sí hay una obra para su reconstrucción, que es ejecutada ya sea por el gobierno nacional, el Programa Nacional de Infraestructura en Educación (Pronied), un gobierno regional, provincial o municipal. La condición de las obras no las detalla el Minedu, pero si se repitiera lo que se ve en Peruarbo entonces muchos estudiantes deberán iniciar las labores en aulas prefabricadas, en aulas prestadas por otros colegios o hasta en la intemperie.

A través del mismo comunicado, el Minedu indicó a Convoca que se buscará una declaratoria de emergencia en el sector con el fin de acelerar la intervención en los colegios más necesitados. El ministro Oscar Becerra señaló que su gestión espera habilitar más de mil colegios y sentar las bases para la reconstrucción de muchos más. “En vez de una radiografía de la infraestructura educativa, tendríamos que hacer una autopsia. No podemos esconder esta lamentable situación, consecuencia de la incuria de sucesivos gobiernos. Lo más lamentable es que el anterior gobierno solo inauguró un colegio en un año y medio de gestión. Como es evidente, no le interesaba la educación”, sostuvo.

Dina Boluarte es citada para declarar este 7 de marzo sobre muertes en protestas

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, citó a la presidenta Dina Boluarte este 7 de marzo a fin de que pueda brindar su declaración en el marco de la investigación preliminar que se le sigue por las muertes ocurridas en las protestas contra su Gobierno.

Así lo confirmó Kelly Montenegro, abogada de la jefa de Estado, en una entrevista con el Diario El Comercio.

“Si la Fiscalía lo dispone de esta manera, nosotros vamos a cumplir con todo lo que disponga el Ministerio Público”, indicó al referido medio.

“Nunca ha habido intención de querer, digamos, entorpecer u obstaculizar el trabajo que realiza la Fiscalía de la Nación. Jamás”, agregó la abogada.

Se sabe que la mandataria, el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas; y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, son investigados por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

En este proceso también se ha incluido a Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, extitular del Interior.

Fiscalía presenta como testigos a empresarios y banqueros que entregaron dinero a Keiko Fujimori

Llegó la hora. El fiscal del equipo especial Walter Villanueva Liuch acreditó ante el juez Víctor Zúñiga Urday un listado de 1.116 testigos que serán citados para sustentar con sus testimonios la acusación formulada contra Keiko Fujimori y alrededor de 40 coinculpados por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración.

En la relación aparecen los banqueros y empresarios que reconocieron haber entregado clandestinamente dinero en efectivo a la excandidata presidencial de Fuerza Popular en las campañas del 2011 y 2016. La suma estimada que presuntamente lavó Fujimori es de aproximadamente US$17,3 millones, y no fue reportada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), de acuerdo con el equipo especial.

Mediante los testigos, la Fiscalía presentará las llamadas pruebas testificales para demostrar que parte de los US$17,3 millones, Keiko Fujimori los recogió en persona, en maletines, bolsas y sobres manila.

También han sido considerados como testigos por el equipo especial los empresarios que usaron a falsos aportantes para financiar ilegalmente las campañas presidenciales de Keiko Fujimori.

La documentación de 1.146 folios que presentó el fiscal Walter Villanueva, a la que tuvo acceso La República, se hizo en cumplimiento del mandato del juez Víctor Zúñiga, del 31 de enero de este año. En esa ocasión, cuando el equipo especial entregó los nombres y apellidos de los testigos, además de pruebas documentales, la defensa de Fujimori y de varios de los imputados cuestionó que la Fiscalía no individualizara en cada caso la pertinencia de las declaraciones de las personas citadas.

Por esta razón, el fiscal Walter Villanueva, al elevar al juez Zúñiga lo que requirió, indica en su escrito: “Se cumple con proporcionar dicha información, precisando la conducencia, pertinencia y utilidad de los mismos, (…) lo que ha sido desarrollado de forma oral ante vuestro despacho”.

La relación de testigos se inicia con la identificación de 13 ciudadanos de la constructora Odebrecht que participaron en la entrega en efectivo de US$1 millón para Keiko Fujimori, dinero de procedencia ilícita. El grupo lo encabeza el expresidente de la compañía Marcelo Odebrecht, y le sigue el exrepresentante en el Perú Jorge Barata, quien fue el que personalmente proporcionó los fondos en efectivo.

También están comprendidos los funcionarios que fueron parte del Departamento de Operaciones Estructuradas, el equipo de fachada que administraba los fondos ilícitos y lo distribuía según órdenes superiores, como ocurrió en el caso de Keiko Fujimori.

Entre los testigos que ha ofrecido el equipo especial, se incluye al expresidente de Credicorp Dionisio Romero Paoletti. El banquero admitió haber suministrado US$3,65 millones a la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Luego, por intermedio de la empresa familiar Inversiones Piurana, proporcionó otros US$450.000.

Las entregas fueron personales y el intermediario entre Dionisio Romero y Keiko Fujimori fue el excongresista de Unidad Nacional, Martín Pérez Monteverde, quien ofreció su casa para que la excandidata presidencial recogiera el dinero en maletines.

Romero es una pieza fundamental porque el banquero le dio personalmente el dinero en efectivo a Keiko Fujimori.

“¿Keiko Fujimori directa o personalmente recibió el dinero en efectivo de su persona?”, preguntaron en la Fiscalía a Dionisio Romero, a lo que respondió: “Sí, la señora Keiko Fujimori lo recibió, pero no puedo precisar en cuántas ocasiones. En algunas ocasiones estaban ambos (Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama Tanaka), en otras estaba solamente la señora Fujimori”.

Con la finalidad de sustentar que el dinero salió de las cuentas del conglomerado financiero y bancario Credicorp, y que se sabía que los fondos serían entregados a Keiko Fujimori, han sido considerados como testigos los banqueros Bernardo Sambra Graña, Percy Urteaga Crovetto, Walter Bayly Llona, José Muñoz Rivera, Benedicto Cigüeñas Guevara, Juan Verme Gianonni, Fernando Fort Marie y Pedro Rubio Feijóo.

Otro testigo de trascendencia es el presidente de la compañía Sudamericana de Fibras, Enrique Gubbins Bovet, quien también ha declarado que Keiko Fujimori y su esposo, Mark Vito Villanella, fueron hasta el local de la empresa ubicada en el Callao para recoger alijos de miles de dólares.

Según la Fiscalía y las declaraciones de Gubbins y de otros directivos y funcionarios de Sudamericana de Fibras, Keiko Fujimori recibió para las campañas presidenciales US$11,3 millones.

Enrique Gubbins Bovet es sobrino del fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar, muy vinculado con el expresidente Alberto Fujimori y Jaime Yoshiyama Tanaka.

Gubbins ha suministrado al equipo especial documentación extraordinaria que registra las visitas de reconocidos fujimoristas que integran el círculo íntimo de Keiko Fujimori, y las sumas de dinero que retiraron. Por ejemplo, la excandidata presidencial llegó a las oficinas de Gubbins el 20 de febrero del 2013 y recogió US$50.000, y el 10 y 12 de noviembre del 2015 su esposo se presentó para retirar en cada ocasión US$80.000.

Con la manifestación de Enrique Gubbins se corroborará una vez más que la presidenta de Fuerza Popular tuvo participación directa en el trasiego de millones de dólares cuyo destino se desconoce, aunque la Fiscalía estima que parte de ese dinero fue lavado mediante la modalidad del “pitufeo”, a través del uso de falsos aportantes.

Gubbins dijo a la Fiscalía que los que se aparecieron en su empresa “fueron Augusto Bedoya (Camere), Jaime Yoshiyama Tanaka, Jorge Yoshiyama Sasaki, Pier Figari Mendoza, Mark V ito Villanella y Víctor Shiguiyama Kobashigawa”, entre otros. Por cierto, Shiguiyama es otro de los testigos de la Fiscalía que confirmará que Keiko Fujimori lo enviaba a Sudamericana de Fibras para recibir dinero clandestinamente. En cinco visitas retiró US$700.000.

Medio centenar de testigos por el caso de Villanella

El empresario José Sam Yuen, dueño de un importante conglomerado de casinos y de empresas importadoras de China, está en la lista fiscal. Por intermedio de sus trabajadores usados como falsos aportantes, financió a Keiko Fujimori. Además, contrató a Mark Vito Villanella para que lo asesorara en la venta de predios.

El equipo especial presentó una relación de cerca de 50 testigos, cuyos testimonios están destinados a demostrar que Mark Vito Villanella usó su empresa MVV Bienes Raíces para presuntamente lavar dinero de origen ilícito. 

La Fiscalía también presentó a 18 denominados testigos impropios. Es decir, a coimputados en el mismo proceso. Se trata de un conjunto de personas que, a cambio de un pago, aceptaron registrarse como falsos aportantes.

Registro de testigos acreditados por el Equipo Especial

Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña, testificará sobre aporte de US$1 millón con dinero ilícito.

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Enrique Gubbins Bovet, dueño de Sudamericana de Fibras, aportó según la Fiscalía hasta US$11,3 millones en efectivo a Keiko Fujimori.

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Dionisio Romero Paoletti, expresidente de Credicorp, entregó hasta US$4,1 millones, una parte en maletines a Keiko Fujimori.

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Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, se encargó de dar en persona US$1 millón a la campaña de Keiko Fujimori.

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Martín Pérez Monteverde, excongresista fujimorista, ofició de intermediario entre Dionisio Romero y Keiko Fujimori.

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José Sam Yuen, dueño de casinos, admitió que usó a sus empleados como falsos aportantes de la campaña de Keiko Fujimori.

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Víctor Shiguiyama Kobashigawa, amigo íntimo de Keiko Fujimori, en cuya representación recogió US$700.000 de Sudamericana de Fibras.

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Javier Bisso López de Romaña reveló que su jefe, José Sam Yuen, le encargó hacer falsos aportes a Keiko Fujimori a nombre de sus empleados.

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Diego Farah Jarufe, empresario que contrató a Mark Vito Villanella y a su empresa MVV Bienes Raíces para que le vendiera inmuebles.

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Leandro Mariátegui Cáceres, gerente general de Sudamericana de Fibras que entregaba dinero en efectivo a enviados de Keiko Fujimori.

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Pollo a la brasa: ¿Pollerías podrían subir precio ante mayor costo del ave?

En las últimas semanas el precio del pollo bordea los S/ 12 el kilo, siendo uno de los productos que registró una de las mayores alza de febrero, lo cual también impacta en otros productos.

Por el mayor costo del ave, el INEI indica que el precio del pollo a la brasa subió un promedio de 0.8% en 17 ciudades del país.

Teniendo en cuenta que el pollo sigue afectado por los altos costos de la soya y por la gripe aviar, las avícolas advierten que su precio podría llegar hasta a S/ 15 por kilo, entonces ¿subiría más el pollo a la brasa?

La presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora), Blanca Chávez, señala que las pollerías podrían subir hasta en 30% los precios del pollo a la brasa si comienza a haber escasez de aves.

«Lo que nos han dicho es que nos van a mantener los precios para todas las pollerías, pero lo que se teme es que haya escasez de estas aves y si es así nos veremos muy afectados, entonces ahí se subiría en 30% el precio del pollo a la brasa», dijo Chávez al diario Gestión.

Sin embargo, ahora el gerente general del gremio, Freddy Gamarra, señala que otros insumos que componen el precio de los pollos a la brasa están bajando, por lo que no sería necesario hacer un alza.

«Era un miedo inicial pero no habrá un incremento. En el pollo a la brasa hay varios componentes (insumos), como el gas y las salsas, pero ahorita la papa tiene un precio bajo, que podría suplir el aumento del precio del ave. Incluso sé que las pollerías están apostando por más ofertas», comentó a RPP.

Cabe recordar que la papa fue uno de los productos que más bajó durante el mes pasado, registrando rebajas en las variedades huayro (-18.1%), amarilla (-17.5%) y blanca (-9%).

Cuatro distritos de la provincia de Huaral son declarados en estado de emergencia por peligro inminente ante intensas lluvias

El Gobierno declaró el Estado de Emergencia por 60 días calendario en 233 distritos de 56 provincias del país, entre ellas 4 distritos de la provincia de Huaral, con la finalidad de ejecutar medidas y acciones de excepción que garanticen la protección de los pobladores ante las intensas lluvias.

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 029-2023-PCM, publicado la tarde del viernes último en edición extraordinaria del boletín de Normas Legales, los 4 distritos de Atavillos Alto, Santa Cruz de Andamarca, Sumbilca y Veintisiete de Noviembre se encuentran en situación de riesgo constante a raíz de la posible activación de quebradas.

La medida contempla que los gobiernos regionales de las 7 regiones en emergencia, así como los gobiernos locales comprendidos, con la participación de diversos sectores del Estado, ejecutarán acciones inmediatas que disminuyan la condición de “Muy Alto Riesgo” con respuestas rápidas y de rehabilitación.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento; además, podrán ser modificadas según las necesidades y elementos de seguridad que se presenten durante su ejecución, con sustento en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Colegios no pueden pedir «papel higiénico, vasos o platos descartables “en útiles escolares

Según el artículo 35 del reglamento de la Ley general de educación, los útiles escolares son recursos educativos que deben estar acordes a los procesos pedagógicos establecidos dentro de la malla curricular y el proyecto educativo.

En 2021, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual ( Indecopi) resolvió imponerle una multa de 1 UIT a los colegios que exigan estos materiales en la lista de útiles debido a que estos son ajenos al servicio educativo prestado por la institución.

Artículo 35º Materiales y recursos educativos

Los equipos, materiales y espacios educativos son recursos de diversa naturaleza que se utilizan en los procesos pedagógicos con el fin de que los estudiantes desarrollen de manera autónoma, reflexiva e interactiva sus aprendizajes.

Dichos recursos deben ser pertinentes a los procesos pedagógicos, sobre la base de las intenciones del diseño curricular y la realidad afectiva, cognitiva, sociocultural y lingüística; de acuerdo con las características específicas de los estudiantes con discapacidad, talento y superdotación, y acorde con el Proyecto Educativo Institucional. Los materiales incluyen los recursos digitales como libros electrónicos, aplicaciones multimedia, entre otros.

Esto supone una garantía legal del servicio educativo que brindan los colegios y obliga a los padres de familia a no entregar materiales que no cumplan con la finalidad académica.