Esposa de Humala pide asilo en la Embajada de Brasil tras ser condenada por caso Odebrecht

La ex primera dama peruana, Nadine Heredia, esposa del expresidente Ollanta Humala, ingresó este martes en la Embajada de Brasil en Lima y solicitó asilo a ese país, horas después de ser condenada a 15 años de prisión por lavado de activos al recibir aportes de Odebrecht para las campañas de su marido en 2006 y 2011, informó la Cancillería de la nación andina.

En un escueto comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú detalló que la Embajada de la República de Brasil le había comunicado que Heredia «ingresó esta mañana a la sede» diplomática.

«La señora Heredia ha solicitado asilo a dicho país, en concordancia con lo establecido en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la cual el Perú y el Brasil son parte», agregó.

Finalmente, la Cancillería sostuvo que los Gobiernos de Brasil y Perú «se encuentran en permanente comunicación sobre esta situación».

Humala (2011-2016) fue condenado este martes a 15 años de prisión por lavado de activos, al considerar la Justicia probado que recibió aportaciones ilícitas del expresidente venezolano Hugo Chávez y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, y fue inmediatamente arrestado por la Policía para ser trasladado a prisión.

Heredia también fue encontrada culpable del mismo delito y recibió una condena de 15 años de prisión por haber dirigido esas campañas electorales.

La esposa de Humala no acudió a la audiencia en que se leyó la sentencia, que es apelable, y se conectó virtualmente.

Puerto de Chancay: ingresos tributarios por su actividad ya superan los S/ 187 millones

El puerto de Chancay, inaugurado el pasado 14 de noviembre, ya está generando una serie de ingresos tributarios al Estado peruano a la fecha. Según dijo Luis Acuña, intendente de la Aduana de Chancay, al Congreso, el puerto de Cosco Shipping viene registrado un incremento considerable en sus aportes al fisco desde que inició su etapa de acondicionamiento.

Según comentó el funcionario de la Sunat, entre el 14 de noviembre hasta el 31 de marzo del 2025, la recaudación por impuestos generados a través del puerto de Chancay es de S/ 187,467,787.

Acuña destacó que, detrás de ese total acumulado, hay una curva ascendente de operaciones comerciales realizadas en el puerto de Cosco Shipping. Ello también se ha notado en los transbordos, que justifican su categoría de hub portuario.

¿Cuánto ya se exportó e importó a través del puerto de Chancay?

Acuña detalló que, en noviembre, el puerto de Chancay solo recibió cinco naves. Pero la cifra ha ido creciendo mes a mes. En marzo fueron 23.

“La proyección sigue siendo escalonada hacia arriba. El puerto no solo recibe naves de Cosco Shipping Lines. Hoy, solo el 33% de las naves que se han recibido de enero a marzo son de ellos. La apertura a otros actores de empresas navieras está siendo bastante dinámica“, afirmó.

Ello ha sido clave en la recaudación tributaria a través del puerto. El funcionario de la Sunat comentó que en noviembre estos superaron los S/ 3 millones. A marzo, ya se recolectaron S/ 67 millones. La expectativa es que los ingresos tributarios sigan creciendo.

Acuña también señaló que hasta el 31 de marzo, el valor FOB de importaciones es de US$ 263 millones en 3,560 operaciones.

Por su parte, las exportaciones superaron los US$ 154 millones en 2,133 operaciones. Estas cifras solo incluyen el valor de la mercancía, sin sumar los fletes o seguros de las mismas.

“Los productos que más se exportan son paltas (55% del total), explosivos (11%) y aceite de palma (10%)”, destacó el funcionario de la Sunat.

Acuña también refirió que a la recaudación tributaria han sumado bastante las mercancías por granel (30% del total) y los vehículos (23%).

Dina Boluarte firma Ley APCI, norma que fiscaliza fondos de las ONG

La presidenta Dina Boluarte asumió este lunes una decisión clave para la fiscalización de los fondos internacionales. Desde el Ejecutivo, firmó la nueva ley de la APCI, que modifica el marco legal de la cooperación internacional no reembolsable y fortalece el rol de supervisión de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) sobre las organizaciones no gubernamentales (ONG).

La norma, aprobada recientemente por el Pleno del Congreso con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, impone nuevas condiciones para el manejo de recursos provenientes del exterior.

Con esta ley, la APCI encabezará la fiscalización de la organización, ejecución y supervisión de los proyectos financiados por cooperación internacional, con el objetivo de evitar irregularidades y mejorar la transparencia en la administración de fondos.

Además, la ley establece la creación de un registro público obligatorio para las ONG receptoras de cooperación, lo que permitirá monitorear el uso de cientos de millones de dólares que llegan al país cada año a través de este mecanismo.

Con la firma de la ley, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ya confirmó su intención de respaldar esta legislación, que modifica los artículos 3, 4, 21 y 22 de la Ley N.º 27692.

Con la nueva ley, la APCI también se encargará de implementar la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), lo que refuerza su papel como entidad rectora en el manejo de fondos no reembolsables.

Gobierno declara duelo nacional por fallecimiento de Mario Vargas Llosa

El Gobierno nacional declaró hoy duelo nacional por el sensible fallecimiento de Mario Vargas Llosa, insigne escritor y Premio Nobel de Literatura 2010. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo nro. 047-2025-PCM, en señal de respeto y reconocimiento a su invaluable legado literario y a su trascendencia intelectual, informó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

“Inmediatamente conocida la noticia, la presidenta Dina Boluarte se comunicó con la familia de Mario Vargas Llosa, y en estricta coordinación con ellos se dispuso la emisión de este decreto. Asimismo, se ordenó el izamiento del Pabellón Nacional a media asta en todas las dependencias públicas y buques del Estado, como muestra de respeto y pesar por su fallecimiento”, indicó el jefe del Gabinete Ministerial.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) destacó que el autor de “La ciudad y los perros” fue un firme defensor de la libertad, valor esencial del ser humano. “Su obra trascenderá y permanecerá viva a lo largo de las generaciones”, subrayó.

Finalmente, el premier Adrianzén precisó que, conforme a la voluntad del propio Mario Vargas Llosa y de su familia, no se realizarán ceremonias públicas. “El respeto a su decisión es absoluto”, concluyó.

Cosco Shipping considera demandar a Perú por regulación de tarifas en el Megapuerto de Chancay

En un escenario que destaca las tensiones entre inversionistas extranjeros y reguladores locales, la empresa china Cosco Shipping ha expresado su intención de considerar acciones legales contra el gobierno peruano. Esta decisión se produce tras un reciente anuncio del regulador local que establece que las tarifas de los servicios en el megapuerto de Chancay deben ser controladas, lo que ha generado un amplio debate sobre la competencia y la regulación del sector portuario en Perú.

La compañía, que ha estado operando el megapuerto de Chancay desde su inauguración en noviembre pasado, se ha manifestado en contra de la determinación de la autoridad de defensa al consumidor, Indecopi, que concluyó que el terminal opera en un entorno sin competencia. Según Cosco, su oferta de servicios portuarios en Chancay es competitiva y eficiente, y sostiene que ha establecido condiciones que benefician a los usuarios y promueven una logística eficaz.

En un comunicado emitido por la empresa, se enfatizó que el puerto de Chancay «proyecta y promueve eficiencia logística, en un necesario marco de estabilidad jurídica para la inversión realizada y la funcionalidad operativa que beneficia a los usuarios». Este argumento resalta la importancia de la inversión y la necesidad de un entorno regulador que fomente el crecimiento y la competencia, en lugar de imponer restricciones que podrían percibirse como obstáculos a la operación normal del puerto.

La controversia se intensificó cuando Indecopi reveló que, tras un análisis exhaustivo de las operaciones en Chancay, llegó a la conclusión de que no existen las condiciones necesarias para una competencia efectiva en la prestación de servicios portuarios. Esta evaluación llevó a la afirmación de que sería el organismo regulador del transporte, Ositrán, el encargado de fijar las tarifas en el puerto, basándose en las recomendaciones de Indecopi. Esta decisión ha sido motivo de preocupación para Cosco, que considera que tales medidas podrían afectar negativamente su modelo de negocio y su capacidad para operar de manera eficiente en el mercado.

El megapuerto de Chancay, que representa una inversión de aproximadamente 1.400 millones de dólares, fue inaugurado en un evento significativo que contó con la presencia de figuras destacadas como la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el presidente chino, Xi Jinping, durante su visita a Lima para participar en el foro económico Asia-Pacífico APEC. La importancia estratégica de este puerto ha sido subrayada por su potencial para convertirse en un punto clave de conexión en las rutas comerciales entre Asia y América Latina, lo que resalta aún más la relevancia de la situación actual.

La postura de Cosco Shipping sugiere una posible escalada en el conflicto, ya que la empresa busca proteger sus intereses en un mercado que consideran fundamental para su operación regional. La firma ha indicado que se reserva el derecho de explorar «cursos de acción pertinentes dentro del marco legal vigente», lo que implica que están dispuestos a llevar el asunto a instancias judiciales si no se llega a un acuerdo favorable.

El desenlace de esta situación no solo afectará a Cosco Shipping, sino que también tendrá un impacto significativo en la percepción de los inversores sobre la estabilidad y la previsibilidad del entorno regulador en Perú. La capacidad de las autoridades peruanas para equilibrar la regulación de tarifas con la necesidad de fomentar la inversión extranjera será crucial para el futuro del sector portuario y, por ende, para la economía del país. La resolución de este conflicto podría sentar un precedente importante sobre cómo se manejan las inversiones en infraestructura crítica en el país andino.

Hasta s/42,800: congresistas investigados por fiscalía usan fondos públicos para defenderse

Congresistas investigados por la Fiscalía están recibiendo defensa legal pagada con dinero de fondos públicos. A pesar de que los implicados aseguran desconocer los detalles de este acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso, la situación ha llamado la atención de ciudadanos y expertos legales, que cuestionan la legalidad de este beneficio.

La norma, que se estaría utilizando para justificar estos pagos, proviene de una ley destinada a funcionarios con funciones ejecutivas (Ley Servir), no aplicable al ámbito legislativo, lo que pone en sospecha su legitimidad. Según abogados constitucionalistas, este uso de los fondos contraviene las normativas del Congreso.

La controversia comenzó cuando la Mesa Directiva del Congreso, presidida por Eduardo Salhuana, aprobó un presupuesto destinado a cubrir los gastos de abogados para al menos cuatro congresistas: Kelly Portalatino, Luis Cordero Jon Tay, Hilda Portero y Patricia Chirinos. Todos ellos están siendo investigados por la Fiscalía por presuntos delitos que van, desde el tráfico de influencias, hasta la participación en organizaciones criminales. A pesar de la magnitud de las acusaciones, los congresistas beneficiados argumentan que están ejerciendo su derecho a defensa legal.

El Parlamento aprobó hasta 8 UIT —más de 40 mil soles— para cubrir abogados particulares. Sin embargo, muchos de los beneficiados aseguran “no saber” que este acuerdo existe.

Sin embargo, algunos de los implicados, como Portalatino, han manifestado desconocer la existencia de este acuerdo. A pesar de ello, en sus intervenciones, las pruebas indican que ya habían solicitado el pago de sus abogados a través de este mismo mecanismo. Otros congresistas, como Patricia Chirinos, han admitido que hicieron uso de este beneficio, pero defienden que la medida está dentro de sus derechos, alegando que es un recurso legalmente permitido.

LOS CONGRESISTAS SE DEFIENDEN

“Se trata de una persecución política y necesitamos defensa especializada”, dijo la congresista Kelly Portalatino a Latina Noticias, aunque evitó responder quién solicitó los fondos para su abogado.

Si bien los congresistas argumentan que están ejerciendo su derecho a la defensa, la controversia ha puesto en evidencia la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos. La Contraloría y la Fiscalía ya tienen conocimiento del caso, por lo que han sido llamadas a investigar este asunto, que continúa generando gran desconcierto entre la ciudadanía.