Dina Boluarte llegó a Indonesia en medio de crisis de inseguridad ciudadana en el Perú

La presidenta Dina Boluarte arribó este domingo 10 de agosto a Yakarta, Indonesia, como parte de su recorrido por el continente asiático en el que se reunirá con una serie de empresarios y autoridades indonesios. Esto se da en medio de la alta ola de inseguridad ciudadana que afronta el Perú, y que va dejando, 4.472 asesinatos en lo que va de su Gobierno, según el conteo de la República.

A su llegada, en horas de la mañana, la jefa de Estado fue recibida por el ministro de Comercio de Indonesia, Budi Santoso, y el gobernador de Banten, Andra Soni, como último destino de su gira, que tiene un costo de casi medio millón de soles entre pasajes y viáticos de cinco de sus ministros y la delegación del Despacho Presidencial.

La mandataria salió del país luego de que, el viernes 1 de agosto, el Congreso aprobó otorgarle permiso para viajar al extranjero del 5 al 12 de este mes. La solicitud de Boluarte fue aprobada con 48 votos a favor, 28 en contra y una abstención. Con ello, son 10 viajes fuera del Perú que registra la mandataria desde que asumió la presidencia.

Dina Boluarte: agenda de la presidenta en Indonesia

Según la agenda que el Ejecutivo presentó al Parlamento, la comitiva presidencial sostendrá reuniones con autoridades y empresario del país asiático para «reafirmar los vínculos comerciales» y «posicionar al Perú como un referente de inversión segura en la región Asia-Pacífico».

El lunes 11 de agosto, a las 08:00, la mandataria será parte del Foro empresarial Perú-Indonesia, que se llevará a cabo en el Hotel Raffles de Yakarta. A las 10:00, se realizará una recepción con honores militares en el Palacio Presidencial, donde se presentarán las delegaciones, se firmará el libro de visitas y se tomará una foto oficial. Posteriormente, a las 10:30, habrá un encuentro privado entre Dina Boluarte y el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, seguido de una reunión bilateral ampliada con las delegaciones de ambos países de 11:00 a 11:50.

A las 11:50, se llevará a cabo la ceremonia de firma de acuerdos, y a las 12:15, se ofrecerá un banquete oficial en honor a la presidenta en el Palacio Presidencial. En la tarde, a las 14:30, se realizarán reuniones con los presidentes y altos funcionarios de las dos cámaras del Parlamento de Indonesia en la sede del Legislativo. Luego, de 16:30 a 16:45, se llevará a cabo un encuentro con el secretario general de ASEAN, así como con subsecretarios y representantes de los Estados miembros en la sede de la Secretaría General.

A las 16:45, se ofrecerán declaraciones a la prensa en la misma sede. Finalmente, a las 19:30, se partirá del hotel hacia el aeropuerto Soekarno-Hatta, con la llegada a Kuala Lumpur programada para las 22:40, donde se realizará un tránsito internacional.

Gustavo Petro culpa al Congreso de romper protocolo limítrofe con Colombia: «No voy a echarle la culpa a (Dina Boluarte)»

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó al Congreso del Perú de haber violado el Protocolo de Río de Janeiro de 1942, un tratado que establece los límites fronterizos entre ambos países. Petro declaró para el medio internacional El País: “El Congreso peruano ha tomado decisiones unilaterales, sin tener en cuenta que los límites fronterizos deben ser respetados conforme a los acuerdos internacionales”. El mandatario añadió que la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto, que incluye la isla Santa Rosa, fue una medida exclusivamente del Parlamento peruano, sin consulta previa con Colombia.

Añadió que no responsabiliza a la presidenta Dina Boluarte por la creación del distrito Santa Rosa de Loreto. “No voy a echarle la culpa a la jefe de Gobierno porque no tengo el itinerario del proyecto de ley; es una decisión del Congreso peruano que rompe unilateralmente el Protocolo de Río de Janeiro”, indicó.

¿Cómo se originó el conflicto entre Perú y Colombia?

El conflicto radica en que la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas, ha sido históricamente disputada entre Perú y Colombia. Mientras que el Tratado Salomón-Lozano de 1922 asignó la isla Chinería, de la que forma parte Santa Rosa, a Perú, Colombia sostiene que la isla no está incluida en los acuerdos vigentes, ya que surgió después de la firma del tratado. Petro mencionó al respecto: «Si la isla emergió después de 1922, es un territorio que debe ser revisado en el marco de los acuerdos limítrofes».

Para Petro, el hecho de que la isla Santa Rosa haya surgido después de 1970, no significa que siempre ha pertenecido a Perú.  “Esa isla no existía. No era peruana. Nadie vivía ahí. Existían y habitaban desde 1929, por lo menos, en la isla Chinería. Las dos se han venido pegando, y ahí la dificultad. La posición peruana consiste en decir que la isla de Santa Rosa es una extensión de la isla de Chinería, pero es diferente”, enfatiza el mandatario.

De hecho, para el Ministerio de Defensa del Perú no existe la isla Santa Rosa, lo que se ha decretado por ley es el distrito de Santa Rosa de Loreto dentro de la Isla Chinería. En un comunicado indicaron que el espacio erróneamente denominado «Isla Santa Rosa» surgió como una división natural de la parte sur de la «Isla Chinería». Sin embargo, con el tiempo, el brazo del río Amazonas, que generaba una aparente separación, se secó eliminando la división de tierra seca de la Isla Chinería.

Sin embargo, el presidente Petro difiere con esta tesis y añade a su postura la preocupación por el impacto que tendría la posible pérdida de acceso de Colombia al río Amazonas, señalando: “Si el brazo del río que pasa frente a Leticia se seca, estaríamos ante una frontera terrestre con Perú, lo que implicaría una pérdida estratégica para Colombia”. El mandatario subrayó que este tipo de disputas deben resolverse con respeto a los acuerdos históricos y sin alteraciones unilaterales.

El Gobierno peruano, por su parte, ha reafirmado su soberanía sobre la isla Santa Rosa, argumentando que la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto es una medida legítima y conforme a los tratados internacionales. En respuesta a las declaraciones de Petro, el Congreso peruano expresó: «Defenderemos la soberanía nacional, tal como lo dictan nuestros tratados y nuestras leyes». La controversia continúa siendo un tema de tensión diplomática entre los dos países.

Martín Vizcarra responde a su exclusión de las encuestas electorales: «Estoy en el corazón de la población peruana»

El expresidente Martín Vizcarra aseguró que, pese a la orden del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 que prohíbe a las encuestadoras incluirlo en mediciones de intención de voto por estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, mantiene su vínculo con la población y continuará opinando sobre el rumbo del país.

«Si quieren me ponen o no en las encuestas. Pero lo que sí, yo estoy seguro: podré no estar en las encuestas, pero estoy en el corazón de la población peruana», comentó.

El JEE tomó esta medida luego de que Vizcarra apareciera en un sondeo de la encuestadora CPI, pese a la prohibición legal vigente. Aunque no abrió un procedimiento sancionador contra la empresa, el órgano electoral advirtió que incluir a una persona inhabilitada en estudios de opinión puede inducir a error al electorado de cara a las elecciones generales de 2026.

El expresidente, quien fue inhabilitado por un periodo de 10 años para ocupar cargos público el pasado mes de junio, sostuvo que esta medida no le quita su condición de ciudadano ni su libertad para expresar opiniones políticas. Afirmó que seguirá analizando la coyuntura nacional y planteando propuestas, más allá de la imposibilidad legal de postular a un cargo.

«Yo estoy inhabilitado para ejercer función pública, pero nadie me ha quitado mi condición de ciudadano. Yo soy ciudadano y tengo libertad de expresión para decir lo que pienso y lo que siento. Puedo analizar la situación de Perú y puedo plantear alternativas de desarrollo», indicó.

Junta Nacional de Justicia: se pierden más de 1.200 documentos que incluye denuncias a jueces y fiscales

¿Desaparición o sabotaje? En la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se reportó la pérdida de más de 1.200 documentos del Sistema de Gestión Documental (SGD), que incluyen las denuncias que se le sigue a jueces y fiscales, así como los documentos que se desprenden de ella registradas en el 2025, de acuerdo con la información que recogió Correo. La JNJ comunicó el hecho a la Policía, mientras se sospecha de sabotaje interno.

A través de comunicación vía WhatsApp, el último 2 de agosto, uno de los trabajadores de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios le informó a la titular del área, Magnolia Martínez, sobre el desaparecimiento de «casi la totalidad de denuncias» del año de la carpeta dpd_escaneo y que no figuraba cargada en el sistema. De acuerdo con un oficio, el colaborador no se habría podido poner en contacto con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), debido a que era sábado, día no hábil para el sector público.

Dos días más tarde, Martínez solicitó a la recuperación de todos los datos que habían desaparecido. Sin embargo, la OTI, liderada por José Alarcón, señaló que ello corresponde a un directorio temporal utilizado por el área para el almacenamiento de documentos escaneados y que no cuenta con mecanismos de auditoria dado su carácter transitorio.

Asimismo, señaló que, supuestamente, hubo «manipulación de una cuenta de usuario con permisos totales sobre la carpeta» y que se procedió a recuperar la información disponible.

Según el diario Correo, personal de la JNJ señaló que la Oficina de Tecnologías de la Información respondió de manera tardía y que hubo un supuesto sabotaje por parte de un miembro interno, luego de que se anunciaron diversas medidas para organizar administrativamente la entidad.

JNJ realizará una investigación interna

Tras la desaparición de más de 1.200 documentos en la entidad, la Junta Nacional de Justicia iniciará una investigación en la interna de la institución con el fin de hallar a los presuntos responsables y/o determinar cuáles fueron las circunstancias por las se eliminaron los expedientes de procesos disciplinarios del Sistema de Gestión Documental (SGD).

De igual manera, la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzará con las indagaciones tras ser reportado de este hecho.

Gobierno regional de César Acuña beneficia a familiares de ministro de Salud con contratos por más de S/250 mil

El Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por César Acuña, otorgó contratos por más de S/250 mil a dos familiares directos del actual ministro de Salud, César Vásquez. Las adjudicaciones se realizaron entre 2021 y 2024, en el contexto de una gestión marcada por la cercanía política entre Alianza Para el Progreso y el Ejecutivo.

Según reveló Canal N, los beneficiarios fueron el cuñado del ministro, José Alejandro Fernández Reforme, y su sobrina, Daniela Noemí Fernández Vásquez. Ambos fueron contratados por entidades del gobierno regional sin que, hasta el momento, se conozcan detalles transparentes sobre los procesos de selección que les otorgaron dichas ventajas económicas.

Fernández Reforme es fundador de una empresa de servicios de limpieza que recibió más de S/91.000 en tres contratos. Por su parte, la sobrina del ministro, una médica de profesión, fue contratada pocos meses después de inscribirse como proveedora del Estado y ya suma más de S/160.000 en órdenes de servicio.

Aunque las contrataciones se hicieron bajo la normativa previa a los recientes cambios que restringen vínculos familiares en procesos públicos, la coincidencia de apellidos, los vínculos de afinidad y el contexto político han despertado serias dudas sobre la imparcialidad en el uso de recursos públicos.

Círculo de poder y reparto de recursos

Desde el Gobierno Regional de La Libertad se justificó la contratación de la sobrina del ministro señalando que cumplía con los requisitos para el cargo, y que las convocatorias fueron abiertas a través del portal del MEF. Sin embargo, no se han brindado explicaciones sobre los criterios que llevaron a priorizar su perfil entre decenas de postulantes.

En el caso del cuñado de César Vásquez, su empresa solo ha sido contratada por el gobierno regional que lidera Acuña, lo que acentúa las sospechas sobre una posible red de beneficios compartidos entre allegados políticos. A la fecha, los familiares del ministro no han emitido declaraciones sobre los vínculos económicos con la región liberteña.

Estas revelaciones surgen en medio de una ceremonia pública de colocación de la primera piedra del nuevo hospital de Virú, en la que participaron César Vásquez y César Acuña. El proyecto, valorizado en S/194 millones, será ejecutado por un consorcio sin experiencia previa en construcción hospitalaria, lo que añade otra alerta sobre la forma en que se reparten obras y contratos bajo esta gestión.

Fiscalía inicia investigación por presunta manipulación irregular de base de datos de la JNJ

La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro abrió una investigación preliminar contra los presuntos responsables del delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esto tras identificar una posible manipulación irregular en la base de datos de la institución, que contenía más de 1.200 documentos digitales vinculados a procedimientos disciplinarios contra jueces y fiscales.

Como parte de las diligencias iniciales, el Cuarto Despacho de dicha fiscalía ordenó a la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) ejecutar diligencias urgentes y necesarias. El objetivo es esclarecer lo ocurrido, proteger la información comprometida y establecer eventuales responsabilidades penales en este caso que involucra información sensible del sistema de justicia.

La pérdida de más de 1.200 documentos del Sistema de Gestión Documental (SGD), que incluyen las denuncias que se le sigue a jueces y fiscales, así como los documentos que se desprenden de ella registradas en el 2025, de acuerdo con la información que recogió Correo. La JNJ comunicó el hecho a la Policía, mientras se sospecha de sabotaje interno.

A través de comunicación vía WhatsApp, el último 2 de agosto, uno de los trabajadores de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios le informó a la titular del área, Magnolia Martínez, sobre el desaparecimiento de «casi la totalidad de denuncias» del año de la carpeta dpd_escaneo y que no figuraba cargada en el sistema. De acuerdo con un oficio, el colaborador no se habría podido poner en contacto con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), debido a que era sábado, día no hábil para el sector público.

Dos días más tarde, Martínez solicitó a la recuperación de todos los datos que habían desaparecido. Sin embargo, la OTI, liderada por José Alarcón, señaló que ello corresponde a un directorio temporal utilizado por el área para el almacenamiento de documentos escaneados y que no cuenta con mecanismos de auditoria dado su carácter transitorio.

Asimismo, señaló que, supuestamente, hubo «manipulación de una cuenta de usuario con permisos totales sobre la carpeta» y que se procedió a recuperar la información disponible.

JNJ realizará una investigación interna

Tras la desaparición de más de 1.200 documentos en la entidad, la Junta Nacional de Justicia iniciará una investigación en la interna de la institución con el fin de hallar a los presuntos responsables y/o determinar cuáles fueron las circunstancias por las se eliminaron los expedientes de procesos disciplinarios del Sistema de Gestión Documental (SGD).