Congresista Digna Calle compra propiedades y las vende a menor precio: lo adquiere en US$800.000 y la remata en US$667.000

La congresista Digna Calle (Podemos Perú), quien salió del Perú 27 veces rumbo a Estados Unidos desde que asumió funciones, se encuentra en medio de cuestionamientos por la compraventa de sus inmuebles. De acuerdo con el dominical Cuarto Poder, la parlamentaria adquirió departamentos dúplex, estacionamientos y depósitos por miles de dólares, pero los vendió a un menor precio.

El 3 de diciembre de 2019, Calle compró un departamento de más de 400 metros cuadrados en una de las zonas más residenciales y exclusivas del distrito de Surco, ubicado en el jirón Cerros de Camacho. Este departamento dúplex le costó US$ 800 mil, lo que equivale a aproximadamente 2 millones 872 mil soles al tipo de cambio actual. Tres años después, el 1 de diciembre del 2022, la parlamentaria vendió la propiedad a su propia empresa familiar, Grupo Dafi Asociados, por un precio inferior al que pagó: US$ 765 mil, es decir, US$ 35 mil menos.

Posteriormente, el 6 de junio del 2024, esta misma propiedad fue vendida a un tercer comprador, José Ríos Haro, por US$ 667 mil, lo que representa una diferencia de más de US$ 100 mil menos.

El mismo patrón se repitió en Lince, donde se llevó a cabo otra transacción inmobiliaria. El 20 de julio de 2015, la congresista adquirió este inmueble por US$ 105.163 (334 mil soles) a María Leticia de la Rosa, quien había comprado la misma propiedad en 2010, cinco años antes, por US$ 15 mil (42 mil soles).

El 11 de marzo de 2023, cuando Digna Calle ya estaba ejerciendo funciones como congresista de manera remota, decidió vender el departamento de Lince a su anterior propietaria. A pesar de que en 2020 declaró que su valor de autovalúo era de 1.5 millones de soles, lo vendió por US$ 80 mil, es decir, US$ 25.163 menos de lo que ella había pagado.

«Es que, justamente, como te digo, las propiedades han ido bajando. Si yo no vendo en este momento, van a seguir bajando. Y encima no hay personas que quieran comprar hoy en día. (…) Pero te estoy diciendo que todas las propiedades en el Perú están bajando y yo no quiero que bajen más, porque si no vendo ahora, no lo voy a vender nunca», respondió la congresista al ser consultada por las operaciones inmobiliarias.

Digna Calle vende cocheras y depósitos a menor precio

Asimismo, la congresista vendió 3 cocheras y un depósito en el mismo edificio. Esta inusual transacción fue registrada en los registros públicos.

En diciembre de 2019, Digna Calle adquirió un estacionamiento y un depósito por US$ 17 mil. Tres años más tarde, el 1 de diciembre de 2022, los vendió a su empresa familiar, el Grupo Dafi Asociados SAC, por US$ 15 mil. Finalmente, el 6 de junio de 2024, la empresa de la congresista volvió a vender estos bienes por US$ 13 mil.

La misma situación se presentó en la compra y venta de dos estacionamientos adicionales, que adquirió ese mismo día por un total de US$ 23 mil, es decir, US$ 11 mil 500 cada uno. En diciembre de 2022, los vendió por US$ 20 mil.

Digna Calle vendió inmueble en Estados Unidos y solo ganó US$ 10.000

Otra transacción fue la compraventa de una propiedad de alto valor situada en la calle Corsica, Wellington, en el condado de Palm Beach, Florida. Se trata de una casa que cuenta con una piscina cubierta, 4 habitaciones, 3 baños y amplios espacios. La vivienda ofrece vistas privilegiadas frente a un lago dentro de una comunidad privada que dispone de canchas de golf.

La familia Espinoza Calle tuvo la propiedad a su nombre desde julio de 2021 hasta enero de 2022, momento en el cual decidieron ponerla a la venta por US$ 690 mil, logrando una ganancia de US$ 10 mil.

«Pero no lo vendí debajo del precio, lo vendí casi por ahí. O sea, como no es mi negocio ganar, porque si fuese mi negocio yo lo vendería, pues, a más precio. Simplemente, yo quise cambiar de propiedad», dijo.

La gestión de César Acuña entregó obra de S/194 millones a ingeniero inhabilitado y joven sin experiencia

Una obra valorada en más de S/194 millones, anunciada con ceremonia y colocación de primera piedra por el gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, ha quedado bajo serias sospechas tras revelarse que fue adjudicada a un consorcio integrado por empresas sin experiencia comprobada en infraestructura hospitalaria. De acuerdo con una investigación de ‘Cuarto Poder’, la licitación fue ganada por el Consorcio Hospital Virú, conformado por JM Constructores Peruanos S.A.C., de propiedad del ingeniero inhabilitado Joel Yangari Cartolín, y LC&EC Constructora, de la joven empresaria Lucero Cocca Condori, de 23 años.

Ambas compañías carecen de historial en el sector salud y, según los registros, nunca antes habían ejecutado obras de gran envergadura ni obtenido contratos con el Estado. A pesar de ello, se impusieron sobre otros 55 postores tras la eliminación de su principal competidor por un error subsanable. La adjudicación ha generado cuestionamientos por presuntas irregularidades y favorecimientos, mientras que consejeros regionales denuncian amenazas por investigar estos contratos millonarios.

Irregularidades en la adjudicación de la obra hospital de Virú

El contrato fue otorgado al Consorcio Hospital Virú, integrado por tres compañías: JM Constructores Peruanos S.A.C., de propiedad del ingeniero civil Joel Yangari Cartolín, LC&EC Constructora, de la joven empresaria Lucero Cocca Condori, de 23 años, y la empresa extranjera Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú. Según el Registro de Proveedores del Estado, ni Yangari ni Cocca tenían experiencia en construcción de hospitales. De hecho, la empresa de Yangari solo registra pequeños servicios previos al Estado, como estudios topográficos y mecánica de suelos por montos que no superaban los S/33.000.

A pesar de ello, JM Constructores obtuvo el 49% de participación en el consorcio y LC&EC Constructora el 50%, mientras que Riva S.A., la única firma con historial en obras de gran envergadura, figura con solo el 1% del accionariado. Para el especialista en contrataciones del Estado, José Trelles, esto representa un riesgo grave: “Es peligroso porque la empresa al tener el 1% no tiene poder de ejecución. Quienes ejecutarán son empresas sin experiencia, y eso compromete directamente la calidad de la obra”, advirtió.

El proceso de licitación, al que se presentaron 55 postores, terminó con solo dos consorcios en competencia. Uno de ellos, Consorcio Brontes, fue eliminado por no presentar correctamente los datos del representante común, un error que, según Trelles, era subsanable. “Ambas empresas tenían observaciones similares. Mientras al Consorcio Hospital Virú se le permitió subsanar dos veces, al otro se le excluyó sin opción”, sostuvo. Incluso se reveló que el Gobierno Regional solicitó formalmente al consorcio de Yangari y Cocca que redujera el monto de su oferta económica para ajustar el presupuesto, lo que representa otra grave irregularidad.

Durante la ceremonia de colocación de la primera piedra, César Acuña declaró: “Yo dije que el hospital lo hacemos sí o sí en nuestro gobierno. No tenía perfil, no tenía expediente, pero ahora lo estamos haciendo”, en referencia al compromiso asumido desde 2014. La afirmación, lejos de generar tranquilidad, fue usada por opositores como evidencia de un direccionamiento político en la adjudicación.

A esto se suman denuncias de consejeros regionales sobre amenazas de muerte y agresiones tras exponer irregularidades. “He sido víctima de agresión por parte de un gerente de la región. Responsabilizo al partido Alianza para el Progreso de lo que me pueda pasar”, denunció públicamente uno de los consejeros.

Frente a la presión mediática y las alertas de la Contraloría sobre otras obras adjudicadas a las mismas empresas —como el corredor vial a Huanchaco por más de S/121 millones—, el gobernador Acuña solicitó públicamente una auditoría a los procesos de selección desde 2023. No obstante, el documento fue borrado horas después de la cuenta oficial en la red social X, alimentando aún más las sospechas sobre la transparencia de su gestión.

Elecciones 2026: observan solicitud de inscripción de la alianza Ahora Nación ante el JNE

Este sábado 2 de agosto vence el plazo para la inscripción de alianzas electorales ante la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (DNROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de cara a las elecciones generales de 2026.

Hasta el momento, cinco alianzas han solicitado su inscripción formal:

Unidad Nacional, integrada por Unidad y Paz, el Partido Popular Cristiano (PPC) y Peruanos Unidos ¡Somos Libres!
Frente de los Trabajadores y Emprendedores, conformada por Primero la Gente y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE)
Ahora Nación, compuesta por Salvemos al Perú y Ahora Nación
Venceremos, formada por Voces del Pueblo y Nuevo Perú por el buen vivir
Fuerza y Libertad, que agrupa a Fuerza Moderna y Batalla Perú

Durante una entrevista en con el programa La rotativa del aire de RPP, Luis Grillo Teagua, jefe de la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del JNE, informó que, de las cinco solicitudes presentadas, una ha sido observada: la de la alianza Ahora Nación.

El funcionario explicó que las observaciones están relacionadas con la falta de definición de los órganos encargados de tomar “decisiones económicas y financieras” dentro de la coalición política.

También deben precisar, apuntó, cómo se distribuirá el financiamiento público directo, tanto durante la vigencia de la alianza como en caso de una posible disolución. “Y tendrán que designar al tesorero descentralizado”, expresó.

Grillo Teagua señaló que deberán, además, subsanar la omisión de disposiciones sobre democracia interna, las cuales no fueron incluidas en el acuerdo conjunto presentado.

“Tienen plazo hasta el martes 5 de agosto para poder levantar esas observaciones”, añadió.

Plazo para la inscripción alianzas electorales

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Organizaciones Políticas, las agrupaciones inscritas para participar en las elecciones generales de 2026 pueden formar alianzas entre sí, bajo una misma denominación y símbolo común, para participar en cualquier tipo de elección popular.

La ley indica que la alianza debe inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas. Para ello, se debe presentar el acta de constitución correspondiente y su reglamento electoral.

La norma, detalló el JNE, establece que el acta debe contener, además, el proceso electoral en el que se participa, los órganos de gobierno, la denominación, el símbolo, una declaración expresa de objetivos, los acuerdos que regulan el proceso de democracia interna, así como la definición de los órganos o autoridades que tomarán decisiones de índole económico-financiera y su relación con la tesorería de la alianza.

Asimismo, se debe incluir la designación de los personeros legales y técnicos, del tesorero y de los tesoreros descentralizados, quienes estarán a cargo de la ejecución de las decisiones económico-financieras, así como la forma de distribución del financiamiento público directo que le corresponda a la alianza, entre otros aspectos.

Juan Carlos Lizarzaburu denunció ante la Comisión de Ética a tres congresistas por manifestaciones durante mensaje presidencial

El parlamentario Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso) interpuso, el último miércoles, una denuncia ante la Comisión de Ética del Parlamento contra los legisladores Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), Wilson Quispe (Juntos por el Perú-VP) y Jaime Quito (Bancada Socialista) por sus manifestaciones durante el reciente mensaje de Dina Boluarte ante el Congreso.

Como se sabe, el pasado 28 de julio, varios parlamentarios se manifestaron con gritos durante el mensaje de la jefa de Estado ante el Congreso. En un determinado momento, el legislador Wilson Quispe llegó hasta el centro del Hemiciclo de Sesiones con un polo pintado con la frase «el pueblo no se rinde». Al poco tiempo le siguió Jaime Quito que sostenía un cartel con el mensaje: «Dina, el pueblo te repudia”.

Mientras tanto, desde su curul, la legisladora Ruth Luque arengaba por las víctimas de las protestas sociales contra el Gobierno, que tuvieron lugar en diciembre de 2022 e inicios de 2023.

Al respecto, Lizarzaburu Lizarzaburu -en un oficio dirigido al presidente de la Comisión de Ética Álex Paredes (Somos Perú)- denunció que los referidos congresistas profirieron manifestaciones públicas con «expresiones agraviantes y denigrantes hacia la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, faltando a la institución presidencial, así como a la majestad del Congreso de la República, recinto anfitrión de dicho acto por mandato constitucional», así como a «todos los congresistas de la república presentes, autoridades invitadas y ciudadanía en general, quienes presenciaban dicho acto en directo».

«Hasta el momento, los referidos congresistas no han manifestado disculpa pública a sus colegas parlamentarios, a las autoridades afectadas, ni a la ciudadanía, lo cual demuestra que no se encuentran arrepentidos de su lamentable proceder», indicó.

El parlamentario apepista enfatizó que la denuncia la interpone en flagrancia, ya que está «dentro de las 48 horas de producida la conducta antiética». Además, dijo que es «directamente afectado» por su condición de miembro de la Comisión Permanente. En ese sentido, destacó que se habría cometido una «grave falta ética», por lo que correspondía que se aplique «la máxima sanción».

Cabe destacar que Juan Carlos Lizarzaburu, en septiembre del año pasado, fue sancionado por el Pleno del Congreso con una suspensión de un mes sin goce de haber, tras haber manifestado comentarios sexistas contra la parlamentaria Patricia Juárez (Fuerza Popular). Dicha decisión suscitó polémica dado que la Comisión de Ética había dispuesto que la sanción sea de 120 días de suspensión, sin salario.

En diciembre de 2023, Lizarzaburu Lizarzaburu admitió haber proferido dichos comentarios vejatorios contra Juárez Gallegos durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. «Lamento que se haya filtrado a través de los micrófonos una conversación privada con un compañero congresista y un asesor hablando sobre las bondades de la anatomía de las féminas«, indicó entonces. En mayo de 2024, el congresista renunció a la bancada de Fuerza Popular y, posteriormente, se sumó a las filas de APP.

Patricia Juárez pidió que se suspenda a 5 congresistas que se manifestaron durante mensaje presidencial

Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular, pidió ayer, ante el pleno del Parlamento, que la Comisión de Ética del Legislativo, sin necesidad de denuncia, inicie un proceso sancionador contra cinco parlamentarios que se manifestaron con carteles, polos pintados y gritos durante el reciente mensaje presidencial de Dina Boluarte.

«A mérito de lo que ocurrió el 28 de julio en este recinto y estando presente el presidente de la Comisión de Ética, de oficio, se tome una decisión respecto a quienes hicieron un espectáculo acá. Los congresistas Sánchez, Wilson Quispe, Quito que sacó su cartel, que está prohibido en este recinto parlamentario, y también los congresistas Flores y Ruth Luque«, indicó.

«Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, a tener realmente posiciones que sean principistas con este Congreso, el respeto institucional. Por eso tenemos que empezar por lo menos en esta legislatura. Ahí está el presidente de la Comisión de Ética que debe tomar nota», agregó.

Minutos después, ante la prensa, la congresista fujimorista reiteró su solicitud e indicó que los 5 parlamentarios en cuestión deben ser suspendidos.

«Mi exhortación el día de hoy ha sido al presidente de la Comisión de Ética para que, sin necesidad de que haya una denuncia de por medio, de oficio tome los temas contra los congresistas que, visiblemente, hicieron una manifestación impropia el día del discurso de la presidenta de la república», indicó.

«Por supuesto, [pido] una sanción de suspensión porque, si esto queda realmente como un tema intrascendente para algunos, donde no existe el respeto institucional, entonces cualquiera de nosotros puede hacer lo mismo, pasearse con polos pintados con alusiones de alguna naturaleza, sacar carteles”, añadió.

César Hildebrandt a Dina Boluarte: «Usted es de las peores cosas que le podían pasar al país»

César Hildebrandt dirigió una de sus críticas más contundentes a la presidenta Dina Boluarte. Señaló que la figura de la mandataria encarna lo peor que le ha podido ocurrir al país por su conducta política centrada en la ambición, las apariencias y el poder. La acusa de estar más preocupada por el cargo, los símbolos de autoridad y los beneficios económicos, que por gobernar con responsabilidad, y sostiene que su permanencia en el poder se basa en la represión y la vigilancia, no en un liderazgo legítimo ni en el respaldo ciudadano.

«Usted es de las peores cosas que le podían pasar al país. Y la gente la desprecia no porque usted sea una mujer andina –ya quisiera tener usted la modesta sabiduría de muchísimas mujeres andinas– sino porque usted ha demostrado que lo único que le importa es el cargo, los ritos, el oropel, los húsares, el dinero, la apariencia insolente de un éxito que necesita de policías y soplones», comentó.

Hildebrandt advirtió que, una vez que Boluarte deje el cargo y ya no esté protegida por la Constitución, se enfrentará a la justicia por los hechos más graves de su Gobierno. Sostiene que tendrá que responder por su eventual responsabilidad penal en las muertes ocurridas durante las marchas en su contra de fines del 2022 e inicio de 2023. Así como su presunta participación, en alianza con el Congreso, que habría impulsado leyes que favorecen a redes criminales.

«Cuando el artículo 117 de la Constitución no la proteja, acudirán a su casa los fiscales, señora Boluarte. Que sus abogados la protejan, que los jueces sean justos. Y en ese trance, tendrá usted que probar que no merece la consagrada figura de la autoría mediata en el caso de los asesinatos de diciembre del 2022 y enero del 2023. Pero tendrá que defenderse también del cargo inminente de encabezar una organización criminal que, en combinación con el Congreso dominado por el hampa, favoreció el delito con leyes que parecían tener nombre propio», indicó.

César Hildebrandt calificó de «97 páginas de aburrimiento» el mensaje a la nación de Boluarte

El pasado 28 de julio, César Hildebrandt calificó de «974 páginas de aburrimiento» el último mensaje a la nación de Dina Boluarte. Precisó que la realidad del Perú no estaba descrita en dicho documento, cuya lectura no fue concluida por la mandataria, ya que consideró que estaba cargado de datos pocos realistas. Para el periodista, el mensaje a la nación ignoró los problemas que vive actualmente la ciudadanía.

«No pretenda atarantarnos leyendo papeles que le imprimieron en 97 páginas de aburrimiento. El país no está en esos papeles plagados de mentiras, promesas diferidas hasta el año 2040. Año que citó varias veces como referente y contabilidades salidas de la cotidianidad presupuestaria. El Perú, señora, está en la calle dominada por el crimen, en los colegios que se caen, en los hospitales sin recursos, en las postas sin médicos», comentó.

Aprueban aumento y nivelación de sueldos CAS en Comisión de Presupuesto: ¿qué le falta para ser ley?

Los trabajadores indeterminados del sector público bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) estarían por recibir una excelente noticia, pues la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que autoriza a las instituciones públicas al aumento de sus remuneraciones para nivelarlas con los regímenes 276 y 728.

La medida, que aún debe aprobarse en el Pleno del Congreso, plantea que aquellos empleados bajo el decreto legislativo 1057 puedan igualar sus sueldos con las que perciban los trabajadores mejor pagados de los regímenes 276, 728 o 1057 en el mismo nivel remunerativo de la entidad pública correspondiente, aunque esto podría tomar un tiempo adicional tras la promulgación de la norma.

¿Qué falta para que el aumento y nivelación de sueldos CAS sea ley?

El dictamen de la Ley para nivelar las remuneraciones CAS fue aprobado por mayoría en la Comisión de Constitución del Congreso en la sesión del último 18 de junio. Ahora, el siguiente paso es su aprobación por mayoría en el Pleno, que deberá poner el proyecto en su agenda.

Una vez el Pleno haya dado su visto bueno, la propuesta será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, la implementación de la nivelación de sueldos tomaría un tiempo más, porque cada entidad pública deberá evaluar luego los beneficiarios, criterios de equivalencia y mecanismos de control, de acuerdo con el dictamen.

Los lineamientos técnicos y administrativos para aplicar las nivelaciones deben contar con el informe favorable de la oficina de recursos humanos, la dirección de presupuesto y la oficina de asesoría jurídica de la entidad o las que hagan sus veces; y serán aprobados por el titular de la institución en un plazo de 30 días hábiles «contados a partir de la publicación de la presente ley», indica el proyecto.

También cabe mencionar que el aumento de sueldo no sería inmediato en todos los casos, ya que la norma establece un plazo máximo de «cinco años, de forma progresiva, conforme a la disponibilidad presupuestal de cada entidad del sector público».

Requisitos para acceder al aumento de sueldo CAS

El proyecto de ley también establece una serie de requisitos para los trabajadores del régimen CAS que accederán a la nivelación de sueldos:

Percibir remuneraciones mensuales no mayores de S/4.000
Ocupar cargos equivalentes a los del personal de los regímenes laborales de los decretos legislativos 276, 728 y 1057 inclusive, para que se considere el aumento del monto.

Asimismo, esta potencial nueva ley prohibiría a las entidades públicas contratar a personal bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) con una remuneración menor a la que corresponda al cargo o plaza equivalente.