El expresidente del Perú Ollanta Humala Tasso aseguró estar secuestrado por parte del Estado peruano y cuestionó la legalidad de su detención, a pesar de haber sido condenado a 15 años de prisión por lavado de activos.
El exmandatario escribió un artículo en el diario La República, titulado ‘La muerte del Estado de Derecho y la Democracia’, donde señala que fue privado de su libertad el 15 de abril sin una sentencia redactada y notificada.
Además, cuestionó a los jueces que dictaron su condena, Nayko Coronado, Juana Caballero y Max Vengoa: «Mi encarcelamiento ilegal constituye una flagrante violación al debido proceso y configura un secuestro por parte del Estado».
Ollanta Humala indicó que el 2 de mayo recién se formalizó su sentencia, lo que considera como una «violación de derechos fundamentales», criticando la imparcialidad del sistema de justicia y denunciando persecución.
Sin embargo, vale recordar que -por ejemplo- su esposa, Nadine Heredia, también sentenciada, se asiló en la Embajada de Brasil en Lima y, posteriormente, se le permitió abandonar el país hacia el gigante sudamericano, donde vive hoy.
Cabe precisar que la Segunda Sala Constitucional reconoció que la detención fue inicialmente inconstitucional, al haberse efectuado sin una sentencia redactada; no obstante, el tribunal declaró que esta irregularidad fue corregida cuando se incorporó el fallo completo, sin que ello implique automáticamente la liberación del procesado.
Humala concluye su columna indicando que, con su encarcelamiento, «el Estado de derecho y la democracia han muerto en el Perú”.
La presidenta Dina Boluarte presentó ante el Congreso una solicitud para ausentarse del país entre el 5 y 12 de agosto para viajar a Japón e Indonesia. Durante ese periodo, Boluarte realizará visitas oficiales en las ciudades de Osaka, Tokio y Yakarta; con el argumento de fortalecer las relaciones bilaterales y promover inversiones para el país.
En el documento remitido al presidente de la Mesa Directiva, José Jerí, la mandataria detalla su agenda que incluye su participación en el ‘Día del Perú’ en la Expo Osaka 2025, una reunión bilateral con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba y una audiencia con el emperador Naruhito. También se contempla eventos con empresarios del país asiático y la recepción de una donación de vehículos para bomberos.
La Cancillería justifica el viaje como una oportunidad para promover inversiones y fortalecer vínculos diplomáticos. Sin embargo, la solicitud ocurre en medio del desprestigio del gobierno, el cual arrastra denuncias por graves violaciones de derechos humanos y un abierto distanciamiento de la ciudadanía. Las giras internacionales de Boluarte han sido cuestionadas por su alto costo y nulos resultados tangibles.
Canciller Schialer justifica viaje de Boluarte a Japón e Indonesia: «Está respondiendo a la invitación»
El canciller Elmer Schialer justificó el viaje de Dina Boluarte y señaló que el Congreso debía otorgarle el permiso, ya que la mandataria busca responder una invitación hecha por el primer ministro japonés. Además, agregó que la audiencia privada que tendrá con el emperador Naruhito «es muy complejo de realizar» y que fue ofrecida por el mismo gobierno.
«La presidenta lo primero que está haciendo es algo muy importante en las relaciones internacionales. Está respondiendo a la invitación que le hizo el primer ministro Yshiba (…) La señora presidenta va a ser recibida por el emperador Naruhito, eso es algo que es muy especial, una audiencia privada es muy complejo de realizar, para nosotros no porque nos fue ofrecida por los japoneses, nosotros no la hemos buscado», declaró vía Canal N.
Dina Boluarte: son 13 los permisos de viaje que la mandataria acumula hasta la fecha
Hasta la fecha, Dina Boluarte ha presentado 13 permisos ante el Congreso para viajar fuera del país, de los cuales 2 fueron denegados y el más reciente es el que ha presentado solicitando viajar a los países asiáticos mencionados anteriormente. En total, son 45 días los que la jefa de Estado se ha ausentado de Palacio de Gobierno desde que es mandataria. El Parlamento debatirá en los próximos días si le otorga el permiso o no a Boluarte para viajar a los países asiáticos.
A continuación, esta es la lista de países y eventos a los cuales ha asistido:
País
Fecha
Evento
Brasil
Agosto 2023
IV Reunión de los presidentes de los Estados parte del tratado de cooperación amazónica
Estados Unidos
Setiembre 2023
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
Europa (Alemania, Italia y Vaticano)
Octubre 2023
Día de América Latina (evento empresarial)
Estados Unidos
Noviembre 2023
Cumbre de líderes de la alianza de las Américas para la prosperidad económica
Estados Unidos
Noviembre 2023
Cumbre APEC
China
Junio 2024
Visita oficial y reunión con el presidente Xi Jinping
Suiza
Enero 2025
Reunión anual del foro económico mundial en Davos
Vaticano
Mayo 2025
Entronización del Papa León XIV
Ecuador
Mayo 2025
Toma de mando del presidente Daniel Noboa
Francia
Junio 2025
Conferencia ONU sobre el océano
Despacho presidencial busca agencia de viajes para compra de pasajes aéreos
Semanas antes de presentar el permiso ante el Congreso, el Despacho Presidencial abrió una convocatoria para contratar una agencia de viajes con el objetivo de adquirir pasajes aéreos internacionales a personal de Palacio de Gobierno, con destino a ocho diferentes países de América, Europa y Asia.
Según lo informado por IDL Radio, el proceso de selección inició el pasado 18 de julio. En el documento se consignó como requerimiento de servicio la compra de 57 boletos áreos al extranjero para viajar a Brasil, Estados Unidos, Francia, Italia, Suiza, Holanda, Japón y China. Además, se dejó abierta la posibilidad de ampliar los lugares de destino. El contrato tendrá vigencia de 730 días, es decir, por dos años.
La presidenta Dina Boluarte respaldó este jueves el proyecto de ley de amnistía que beneficia a militares, policías y comités de autodefensa involucrados en delitos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000, una iniciativa que fue aprobada el pasado 9 de julio en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso y que aún está pendiente de que el Ejecutivo la observe, rechace o proclame.
En un discurso pronunciado durante la ceremonia de graduación de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional ‘Héroe Nacional de la Policía Alipio Ponce’, Boluarte rechazó la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que solicita suspender «inmediatamente» la referida iniciativa legislativa.
«No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra el terrorismo», dijo la mandataria con tono enfático.
El Ejecutivo tiene plazo hasta el próximo 15 de agosto para pronunciarse sobre la ley, aunque de las declaraciones de Boluarte se desprende que el Gobierno estará a favor de su promulgación y con ella desafiaría a la resolución de la Corte IDH.
Como se recuerda, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante su presentación ante el Congreso por el voto de confianza de su gabiente, el pasado 12 de junio, anunció la creación de una comisión para evaluar la permanencia de Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entidad continental que acoje a la Corte IDH.
¿Qué dice el proyecto de ley de amnistía?
El proyecto de ley 7549/2023-CR, propuesto por el congresista y almirante en retiro Jorge Montoya (bancada Honor y Democracia), fue aprobado en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso con el apoyo de bancadas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular y Honor y Democracia.
La norma busca otorgar amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa denunciados, investigados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos cometidas entre 1980 y 2000, período marcado por el conflicto armado interno contra el terrorismo.
La legislación establece beneficios específicos, como la amnistía para aquellos sin sentencia firme y para adultos mayores de 70 años con sentencias en ejecución, según explicó Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento.
En su momento, Rospigliosi defendió la iniciativa, argumentando que no promueve la impunidad, sino que reconoce a quienes enfrentaron al terrorismo, muchos de los cuales enfrentan largos procesos judiciales.
La reacción de la Corte IDH
En su resolución del 26 de julio, la Corte IDH, con sede en Costa Rica advertía que la iniciativa del Congreso peruano podría vulnerar el derecho a la justicia de las víctimas de casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
El tribunal convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto en San José, Costa Rica, con la participación del Estado peruano, representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta última entidad ya había lamentado la aprobación del dictamen en primera votación el pasado 13 de junio.
El Gobierno peruano oficializó el reglamento del procedimiento específico, que permite otorgar recompensas monetarias a todo aquel ciudadano que ayude con la localización y captura de aquellos delincuentes que incurran en delitos de sicariato y/o extorsión.
Detalles de la nueva norma
La norma, promovida mediante el Decreto Supremo 097-2025-PCM y publicada en el diario oficial El Peruano, detalló el procedimiento para que las personas que otorguen información sobre los criminales puedan recibir el pago correspondiente.
Se establecieron las siguientes etapas para ello:
Recepción de la información
Verificación y operativización
Formulación del expediente de recompensa
Evaluación del expediente de recompensa
Pago del beneficio de recompensa, cuando corresponda.
La Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad es la encargada de evaluar los expedientes de recompensa y decidir si se otorga o no el beneficio. Para adoptar esta decisión, la comisión debe contar con el cuórum de tres miembros, y la decisión requiere de tres votos de los miembros presentes.
Requisitos y proceso de evaluación
Las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitan la medida de congelamiento administrativo nacional de fondos o activos por delito de extorsión, y remiten a la UIF-Perú la denuncia con los datos de identificación del denunciante y los documentos de corroboración obtenidos previamente a través de la investigación policial.
La comisión evaluadora debe evaluar los expedientes de recompensa y decidir si se otorga o no el beneficio de recompensa. Los acuerdos aprobados deben constar en las actas correspondientes, debidamente motivadas e indicando los montos de recompensas a otorgarse.
Objetivo del reglamento
El objetivo del reglamento es incentivar la participación ciudadana en la lucha contra la extorsión y el sicariato. Se busca que los ciudadanos colaboren con la justicia y proporcionen información que permita capturar a los delincuentes y desmantelar las organizaciones criminales.
La norma busca incentivar la participación ciudadana en la lucha contra la delincuencia , establece un proceso claro y transparente para evaluar los expedientes de recompensa.
De este modo, se conoció que el Gobierno peruano otorgará una recompensa económica a todas las personas que contribuyan con la localización y captura de los delincuentes que incurran en la comisión de delitos de extorsión y/o sicariato. La norma, publicada en el diario oficial El Peruano establece etapas para hacer efectivo el cobro monetario. Además, se resaltó requisitos y procesos de evaluación. De la misma manera, se hizo público los objetivos del reglamento, enfatizando en la participación ciudadana en la lucha contra la inseguridad.
El presidente del Congreso de la República, José Jerí, respondió a las recientes revelaciones sobre una infracción de tránsito que figura a su nombre y que, según el registro del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aún se encuentra pendiente de pago.
La sanción corresponde a una papeleta por incumplimiento de restricciones de licencia, con fecha 25 de noviembre de 2024 y un monto de S/ 642.
Consultado sobre este hecho, Jerí aseguró que la multa ya fue cancelada. Aunque no recordó con exactitud los detalles, insistió en que cumple con sus obligaciones ciudadanas.
“Hace como un mes, más o menos, pagué una multa. No recuerdo exactamente cuál, pero yo cumplo con pagar mis obligaciones como corresponde”, afirmó.
Multa por incumplir restricciones de licencia
La infracción registrada en el sistema del SAT indica que el presidente del Congreso fue sancionado por conducir incumpliendo las condiciones específicas de su licencia. Este tipo de falta es considerada grave según el Reglamento Nacional de Tránsito y genera sanciones económicas que deben ser saldadas para evitar consecuencias administrativas.
Pese a las declaraciones del legislador, la papeleta aún figura como no cancelada en el portal de consulta del SAT. El documento asocia la infracción a un vehículo cuya placa está registrada a nombre de Jerí.
Jerí minimiza el hecho y dice que “todos pueden cometer errores”
Durante sus declaraciones, el titular del Parlamento trató de relativizar la importancia del incidente. “Cualquier persona puede haber cometido en algún momento una infracción de tránsito. Lo importante es que se cumpla con la obligación de pagarla”, indicó.
Señaló que no es un conductor reincidente ni que esté evadiendo sus responsabilidades. Afirmó que está dispuesto a revisar el estado de la papeleta si es que persiste como deuda vigente.
Hasta el cierre de esta nota, el SAT no había emitido una actualización sobre el estado de la deuda ni confirmación oficial de pago.
José Jerí aseguró que cumplió con el pago de su infracción de tránsito, aunque la papeleta aún aparece pendiente. El hecho expone nuevamente el escrutinio al que están sujetos los altos funcionarios del Estado en su vida privada y pública.
El Despacho Presidencial, encabezado por Dina Boluarte, adquirirá 112 teléfonos de marca Iphone y otros con sistema operativo Android para los trabajadores de Palacio de Gobierno. Según pudo conocer La República en el portal del Seace, el 21 de julio también se convocó a licitación para la contratación de equipos más 107 líneas con el fin de que «la presidenta, funcionarios y servidores puedan establecer enlaces de comunicación para elevar los niveles de eficiencia en el trabajo». Para ello, la mandataria usaría el Iphone 16 Pro Max con una capacidad de 256 GB valorizado en más de S/5.000.
En detalle, de acuerdo con la documentación registrada en el Sistema de Contrataciones del Estado para la buena pro, se requiere los servicios de las teleoperadoras para la portabilidad de 107 líneas con la compra de equipos por un periodo de 24 meses. De ellos, 16 son marca Apple con un sistema operativo IOS 18 o superior y 91 para Android 15 y 14. La activación de las líneas se realizarán el 3 de agosto.
La convocatoria a la buena pro para las líneas y equipos se realizó el 21 de julio
Para llevar a cabo la compra y distribución de los aparatos tecnológicos, Despacho Presidencial decidió clasificarlos en 4 categorías según el rango de cada trabajador: G1 es la categoría VIP (6 iPhone), G2 es para los directivos y/o funcionarios (10 iPhone), G3 corresponde a los profesionales (22 Android) y G4 para el personal de servicio (69 Android).
Estos equipos serán considerados, según consta en la documentación del Seace, inicialmente como alquiler, una vez culminado el contrato se realizará el trámite para su inclusión de los bienes patrimoniales a la entidad.
Sin embargo, el Despacho Presidencial solicitó la compra de 5 equipos adicionales: 3 iPhone y 2 Android. Estos no serán devueltos. Al contrario, terminado el contrato, se realizará el trámite correspondiente para su inclusión en los «bienes patrimoniales» de la entidad.
Adicionalmente, se añade al carrito de compra 10 cargadores y 4 cables de datos marca Apple, así como 4 de cada concepto para los equipos Android.
Clasificación de autoridades y trabajadores del Despacho Presidencial
Dina Boluarte usaría un iPhone 16 Pro Max 256 GB
Según pudo conocer La República en la documentación del Seace, la mandataria usaría un equipo que corresponda a la clasificación G1 debido a que es para la categoría VIP del Despacho Presidencial.
Precisamente, en esa categoría G1 las especificaciones técnicas corresponden a un iPhone 16 Pro Max 256 GB. De acuerdo con la cotización en las operadoras del Perú, el equipo costaría S/5.219.
Despacho Presidencial solicitó que ese equipo de color negro o blanco cuente con un sistema operativo iOS 18 o superior y capacidad de memoria de 256 GB o más. La pantalla deberá ser de 6.8 pulgadas. Si bien es cierto ningún teléfono Apple tiene esta medida de pantalla, el más cercano es el modelo antes señalado, ya que cuenta con un procesador Chip A18 Pro de 6 núcleos o superior, únicamente disponible a partir del Iphone 16.
Equipos solicitados por el Despacho Presidencial: iPhone y Android
En cuanto a la cámara fotográfica, debe servir para grabar videos en 4K y una cámara frontal de 12MP. Además, se solicitó que el equipo pueda servir para contar con una conectividad 5G, reconocimiento de rostro (Face ID), giroscopio, sensor de proximidad, luz ambiental y barómetro. Por si fuera poco, la batería deberá tener una duración entre 30 horas o más para la reproducción de video y 90 para audio.
Dina Boluarte: líneas telefónicas con internet ilimitado
Para los funcionarios públicos que correspondan a la clasificación G1 (VIP), se solicitó que sus líneas telefónicas un paquete llamadas ilimitadas a nivel nacional e internacional como mínimo a dos países, así como un plan de datos ilimitados con un mínimo de 50 GB en alta velocidad en 4G o superior.
Para los de la categoría G2 (funcionarios y directivos) lo mismo, con la excepción de contar con un mínimo de internet de 30 GB en alta velocidad, mientras que para los G3 (profesionales) 20 GB; y para los del personal de servicio 15 GB.
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