Harvey Colchado tras suspensión de Patricia Benavides: «Aunque hoy fracasaron en capturar el Ministerio Público, volverán a intentarlo»

Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), se pronunció sobre la reciente suspensión de Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación, medida dispuesta por el Poder Judicial. Benavides, ahora suspendida por 24 meses, no podrá retornar a la Fiscalía de la Nación, como lo esperaba la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ante este escenario, Colchado advirtió que un nuevo intento de Benavides por retomar el control del Ministerio Público podría ocurrir en cualquier momento.

«Todo esto fue advertido hace dos años por el Equipo Especial de la PNP y los fiscales del Eficcop, quienes captaron colaboradores eficaces y testigos protegidos: ciudadanos hartos de mafias como los Cuellos Blancos, que decidieron delatar incluso a sus propios aliados. Debemos mantenernos alertas. La impunidad está organizada y, aunque hoy fracasaron en capturar el Ministerio Público, volverán a intentarlo. Irán tras esta y otras instituciones para encubrir sus delitos y silenciar a quienes los enfrentan. Hoy, congresistas, autoridades y abogados desesperados gritan frente a cámaras, pero la verdadera razón solo el expediente fiscal la conoce», indicó.

Asimismo, el coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú recordó los casos que dieron lugar a la reciente suspensión de Benavides.

«La suspensión responde a graves hechos de corrupción y abuso de autoridad. Benavides jugó a fondo para proteger sus intereses. Habría cometido lo siguiente: ejecutó pedidos del abogado José Luis Castillo Alva, presunto integrante de la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos’, investigada por el Eficcop; nombró de forma irregular a Angie Távara Roque y Abelardo Caycho Ramis como fiscales, en lo que habría sido parte de un pago político; y cesó a los fiscales Andy Rodríguez y Magaly Quiroz por cuestionar interferencias en el Equipo Especial Cuellos Blancos», señaló el periodista.

Harvey Colchado había rechazado la suspensión de Patricia Benavides

Anteriormente, Colchado se pronunció condenando el intento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de restituir a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.

«La desesperación de Patricia Benavides por volver a la Fiscalía de la Nación no responde a la defensa de la institucionalidad, sino a la necesidad de proteger los intereses oscuros que representa. (…) El Perú necesita transparencia, no impunidad. La maniobra de Benavides para retomar el poder es una señal clara de que un sector político coludido con la corrupción buscaría capturar el Ministerio Público y moldearlo a su conveniencia, con el objetivo de blindarse legalmente y desactivar cualquier investigación que amenace sus intereses», señaló entonces el exjefe de la Diviac.

Colchado recordó que Benavides está investigada por presuntos pactos irregulares con Dina y Nicanor Boluarte, además de denuncias hechas por su exasesor: «Su principal asesor, Jaime Villanueva, reveló que alias ‘Vane’, Dina Boluarte y su hermano Nicanor habrían negociado favores en reuniones clandestinas. Sin embargo, este no es el único antecedente que involucra a Benavides. (…) Si ella recupera el control, ¿acaso no intentará cerrar su propia investigación y la de su entorno? ¿Qué sucederá con las carpetas fiscales en su contra y la de sus aliados? ¿Y quiénes la rodean ahora? Las imágenes lo dicen todo: operadores del sistema, expertos en dilatar y entorpecer procesos legales, y en entregar celulares sin contenido, sabrán cómo asesorarla», finalizó Colchado.

Humberto Abanto asume defensa de Vladimir Cerrón y pide anular prisión preventiva

El abogado Humberto Abanto asumió la defensa legal de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia, en el marco del proceso por lavado de activos.

Durante una audiencia virtual celebrada este lunes en la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional de Justicia, Abanto solicitó la revocatoria de la prisión preventiva dictada contra su representado.

En la sesión, donde también participó el fiscal Rafael Vela Barba en representación del Ministerio Público, el defensor presentó un recurso de apelación contra la decisión del juez Leodan Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, quien rechazó modificar la medida coercitiva por una comparecencia simple.

Vela Barba recordó que, inicialmente, Cerrón recibió una orden de comparecencia con restricciones, la cual fue incumplida al pasar a la clandestinidad, lo que derivó en la imposición de prisión preventiva en diciembre de 2023, ratificada en enero de 2024.

Por su parte, Abanto justificó la decisión de su cliente de no acatar la prisión preventiva, alegando que buscaba protegerse de lo que considera una “privación ilegal o arbitraria” de su libertad.

El abogado comparó el caso con resoluciones anteriores de la Corte, como los procesos de Keiko Fujimori, el Aeródromo Wanka y La Oroya, donde se anularon medidas similares por falta de sustento.

Acción Popular busca censurar al ministro de Energía y Minas por ampliación del Reinfo

Luego del anuncio del ministro Jorge Montero respecto a la ampliación del Reinfo hasta fines de este año, la bancada de Acción Popular alista una moción de censura en contra del titular del Minem. Dicha información fue compartida por el congresista Wilson Soto, quien mostró su desacuerdo con mantener este «círculo vicioso» por seis meses más.

«Hemos estado coordinando con la bancada, con colegas de Acción Popular y vamos a presentar la censura del señor ministro de Energía y Minas. Creo que es un círculo vicioso de hace muchísimo tiempo y nos vienen engañando de que vamos 6 meses más, 6 meses más. Estoy seguro que merece una censura”, declaró a canal N.

Como se recuerda, la segunda legislatura ya finalizó, por lo que, cualquier moción de este tipo tendrá que discutirse a partir de agosto. A mediados de mayo, Soto presentó un proyecto de ley que planteaba la prohibición de la prórroga del plazo de formalización minera para las actividades de la pequeña minería y minería artesanal. No obstante, dicha iniciativa no se llegó a discutir en la Comisión de Energía y Minas y fue desestimada de exoneración de dictamen por la Junta de Portavoces.

Minem llama a generar consensos sobre Ley Mape

El Congreso no ha podido aprobar la Ley Mape hasta el momento. Desde que el presidente de la Comisión de Energía y Minas Paul Gutiérrez convocó a una serie de mesas de trabajo para recoger las opiniones de diversas entidades especializadas en la materia, ha recibido cuestionamientos por parte de la Sociedad Nacional de Minería, organizaciones ambientalistas y congresistas debido a su manejo discrecional para el abordaje de esta propuesta.

A las dos últimas sesiones extraordinarias, llegó con dos propuestas de textos que fueron criticadas por buscar la perpetuación del Reinfo, bajo un nuevo nombre: el Registro Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Renapma). Además, la incorporación de la figura de servidumbre, la protección de denuncias penales, el establecimiento de beneficios tributarios injustificados, así como la ausencia de mecanismos de regulación ambiental, generaron puntos de desencuentro, que terminaron en un cuarto intermedio.

Para el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, el Parlamento no debería apresurarse en aprobar una normativa importante para el desarrollo formal de la Mape. Y es que se necesita un debate técnico y político para regular esta actividad que ha crecido de forma exponencial en los últimos años-

«Una ley que regule los próximos 30 años la actividad de la pequeña minería y minería artesanal es compleja, un trabajo no menor. No veo ninguna razón por la cual debamos acelerar o apresurar el paso, cuando lo que se necesita es una discusión técnica y política para poder realmente formular una ley de la MAPE, que permita al empresario de este sector desarrollar, desde la formalidad, la actividad que realiza.», indicó a RPP.

Finalmente, Montero reiteró que la visión de su sector es que se impulse una ley que integre a la economía de los tres estratos. Es decir, a la gran minería, la mediana minería y la pequeña minería, sin la necesidad de buscar confrontaciones. Es por eso, que el Minem ha buscado ser un garante diálogo entre los concesionarios de zonas mineras y los mineros informales, con el objetivo de que estos últimos puedan acceder a un contrato de explotación que les posibilite formalizarse.

¿Qué es el Reinfo?

Es un registro gestionado por el Ministerio de Energía y Minas, que reúne a todas las empresas y negocios involucrados en la explotación o el beneficio en el ámbito de la pequeña minería y la minería artesanal, eximiéndolos de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.

Piden 6 meses de prisión preventiva contra Martín Vizcarra por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

El equipo especial del caso Lava Jato pidió al Poder Judicial que se le imponga seis meses de prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Este nuevo pedido será evaluado por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional este miércoles 25 de junio desde las 11:30 de la mañana.

La fiscalía acusa a Vizcarra de presuntamente haber recibido 2,3 millones de soles en coimas de empresas constructoras a cambio de las licitaciones para los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando este se desempeñó como gobernador de Moquegua durante el periodo 2011-2014.

Como se sabe, en diciembre del año pasado, ejecutivos de la empresa ICCGSA admitieron haber llegado a un acuerdo con Vizcarra para ganar la buena pro de la ampliación del Hospital de Moquegua a cambio de un pago de 1,3 millones de soles.

Incluso, el exministro del Midagri y hombre de confianza de Vizcarra en ese entonces, confesó haber actuado de nexo para el pago ilícito de 1,3 millones de soles.

Además, la fiscalía solicita 15 años de prisión en contra de Martín Vizcarra por estos presuntos casos de corrupción. Por su parte, el exmandatario ha negado todas las imputaciones.

Poder Judicial suspende temporalmente a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación

El Poder Judicial, vía el Juzgado Supremo de Investigación preparatoria, dispone la suspensión temporal en el cargo como fiscal suprema titular y Fiscal de la Nación de Patricia Benavides Vargas, por el plazo de 24 meses, debido a hechos presuntamente cometidos como titular de ese organismo del Estado.

La medida, dispuesta por el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, Segismundo León Velasco, tomó esta decisión a requerimiento del Ministerio Público, «decisión judicial emitida en el marco de la investigación seguida a Benavides Vargas por los presuntos delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en agravio del Estado».

Asimismo, fundamenta que, «al haberse generado una sospecha suficiente resulta razonable concluir que la investigada realice conductas en el ejercicio del cargo, las cuales podrían afectar el sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad como fiscal suprema», informó el Poder Judicial, a través de redes sociales

En una audiencia realizada el martes, el juez escuchó el requerimiento de la fiscalía de la Nación para suspender a Patricia Benavides por presuntos actos de corrupción y encubrimiento relacionados con el caso «Cuellos Blancos del Puerto». La fiscalía sustentó que Benavides, utilizando sus influencias en la JNJ, trataba de interferir en la buena marcha del Ministerio Público.

El Poder Judicial informó de la suspensión de Benavides en sus redes sociales

Por su parte, la defensa de la ex fiscal de la Nación, a cargo del abogado Humberto Abanto Verástegui, sustentó que no podía ser suspendida pues todavía no había asumido como fiscal suprema titular. Pero, los hechos jugaron en su contra. La JNJ presiona para su reincorporación, amenazando incluso con el uso de la fuerza, y para ejecutar una sesión del pleno de la que hasta el día de hoy no hay constancia que se haya realizado y que no puede sustituirse por un pronunciamiento público, de sólo seis de los siete integrantes de dicha institución.

La defensa de Benavides puede apelar la decisión ante la instancia superior, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Pero, en tanto, la resolución judicial esté vigente, no podrá asumir como fiscal suprema titular, ni como se pretende, recuperar el despacho de la fiscalía de la Nación, hasta que se cumplan los 24 meses de suspensión.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza también ha promovido una demanda de Amparo contra la Junta Nacional de Justicia, que ha sido admitida a trámite por el 9° Juzgado Constitucional de Lima, que ha fijado fecha para evaluar el caso, el próximo 8 de agosto, antes de resolver. El Poder Judicial permite en esta oportunidad detener el golpe institucional contra la democracia y la autonomía e independencia del Ministerio Público.

Delia Espinoza advierte al Ministerio del Interior que una intervención de la PNP en la Fiscalía sería ilegal

Trata de defenderse. La República pudo conocer que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, envió un oficio al ministro del Interior, Carlos Malaver, en el que advierte que, en caso la PNP intervenga las oficinas de la Fiscalía o a su persona, estarían incurriendo en un delito y sería ilegal. Ello se da en el marco del caso Patricia Benavides, luego de la cuestionada decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reponer a Benavides en el cargo.

Como se recuerda, el último lunes 23 de junio la directora de la Oficina de Procesos Disciplinarios de la JNJ, Magnolia Martínez Hidalgo, emitió un oficio a Delia Espinoza en el que amenaza con hacer uso de la fuerza pública en caso no reponga a Benavides como fiscal de la Nación en un plazo máximo de 24 horas.

Delia Espinoza envía oficio al ministro del Interior

«Hacemos de su conocimiento que cualquier intervención de la Policía Nacional del Perú en un procedimiento administrativo regular en trámite como el correspondiente al Procedimiento Administrativo N° 001-2024-JNJ no solo sería ilegítima, sino que sería ilegal y quebrantaría el orden institucional y constitucional», se lee en el documento.

En esa misma línea, la fiscal de la Nación sostiene que el uso de las fuerzas del orden «están subordinadas» al poderr constitucional y que, solo por mandato judicial, podrían intervenirla. En caso la PNP tome otra decisión, esta deberá ser debidamente motivada.

«El artículo 169 de la Constitución Política del Perú establece que «Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes. Están subordinadas al poder constitucional», por lo que la PNP no puede irrumpir las instalaciones del Ministerio Público ni intervenir a la Fiscal de la Nación. Solo por mandato judicial o por orden debidamente motivada de la autoridad competente y con respecto al debido procedimiento y a los derechos fundamentales podría intervenir la PNP, circunstancia que no sucede en el caso en particular, dado que, reiteramos, estamos ante un procedimiento administrativo regular en trámite», menciona el documento.

«En el que caso que los altos mandos dispongan la intervención de la PNP estarán incursos en infracciones administrativas graves y en la comisión de ilícitos penales», acotó.