La Cancillería del Perú comunicó que, tras los ataques de Estados Unidos a territorio Iraní, la embajada de dicho país se mantiene en estado de alerta y mantiene constante comunicación con los peruanos en dicho país a fin de salvaguardar su integridad. Asimismo, exhortó a las partes en conflicto a evitar nuevas acciones bélicas y optar por otros canales.
«En esta difícil coyuntura nuestras embajadas se mantienen en estado de alerta y permanente contacto con los connacionales que se encuentran en la región para brindarles el apoyo necesario», se lee en el comunicado.
Asimismo, la Cancillería hizo extensiva la preocupación del Perú frente al último ataque perpetrado por EE.UU. «El Perú observa con extrema preocupación los acontecimientos más recientes en el Medio Oriente, que exacerban la espiral de violencia en esa región y afectan los esfuerzos internacionales por desescalar el conflicto. Ello, además, pone en grave. riesgo la paz y la seguridad en el mundo», indicaron.
Comunicado de la Cancillería. Foto: Cancillería
De la misma forma, informó que el Perú «fiel a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, reitera su compromiso inquebrantable con el respeto al derecho internacional, el fortalecimiento del multilateralismo y la solución pacifica de controversias, como los medios más efectivos y legítimos para garantizar la paz y la seguridad internacionales».
En ese sentido, el Estado exhorta «vivamente a las partes en conflicto a evitar nuevas acciones bélicas y a priorizar los canales diplomáticos para la búsqueda de una paz justa y duradera, que evite la agudización de la situación».
Irán asegura que responderá ataque de Estados Unidos
En tanto, Irán condenó duramente el bombardeo estadounidense a sus instalaciones nucleares y acusó a Donald Trump de actuar como un “matón” que pone en riesgo la estabilidad global. Desde Estambul, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, denunció que la ofensiva es una “violación grave” del derecho internacional y advirtió que el mundo caerá en un caos sin precedentes si la comunidad internacional permanece en silencio ante este tipo de agresiones.
Araghchi aseguró que Irán responderá con firmeza para defender su soberanía y su derecho a la autodefensa, sin importar quién esté en la Casa Blanca. “No permitiremos que nos intimiden ni que este tipo de actos queden impunes. Nos defenderemos con todos los medios”, afirmó el ministro.
La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, que jefatura el general PNP Víctor Zanabria, ordenó e impartió instrucciones a las diferentes dependencias policiales a nivel nacional para que se reconozca y preste protección a Patricia Benavides como fiscal de la Nación de facto. La directiva fue impartida el 16 de junio último, mediante el documento Nº 863-2025-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-SEC.
Un comunicado contradictorio
Tras la divulgación de este informe, por la noche, la Policía Nacional emitió un contradictorio comunicado en el que dice que «no ha reconocido a persona alguna como Fiscal de la Nación, ya que ello no se encuentra dentro de su marco de competencia ni funciones», para a continuación decir «recibió un requerimiento acompañado de la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia que restituye con efecto inmediato a la señora Patricia Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación».
Además, precisa que «en atención a dicha solicitud, se le asignó el servicio de seguridad correspondiente», es decir como fiscal de la Nación. Lo cual supone que están desconociendo que la fiscal suprema Delia Espinoza sea la fiscal de la Nación o que reconocen la existencia de dos fiscales de la Nación, lo cual tampoco está dentro de sus atribuciones.
La palabra de Benavides
El comunicado falta a la verdad y, si bien parece retroceder en cuanto reconoce a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, en realidad insiste en la versión de que hay dos fiscales de la Nación: «Ante la disputa por la titularidad del Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, en estricto respeto al orden democrático, brinda protección a ambas personas involucradas».
En el documento, revelado por La República en su portal web, se da cuenta que la Comandancia General de la PNP decidió reconocer a una fiscal de la Nación de facto, a pedido expreso de Benavides Vargas, quien en un oficio remitido a la comandancia general el 15 de junio de 2025, pone de conocimiento que mediante la Resolución 231-2025-JNJ ha sido restituida en el cargo de Fiscal de la Nación.
El comunicado no precisa qué institución les informó de la resolución favorable a Benavides, ni si han verificado su autenticidad física y legal del documento. En el Perú, todo cargo público no depende de una opinión, sino de procedimientos, normales legales, resoluciones oficiales y juramentos que no han sucedido en el actual caso.
Lo que supone que, para la policía la palabra de Patricia Benavides es suficiente para que se le reconozca como fiscal de la Nación de facto. La policía pasar por alto que la resolución 231-2025-JNJ ha sido cuestionada por la Junta de Fiscales Supremos y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. La JNJ todavía no ha entregado la información requerida por las autoridades para dar cumplimiento a ese acuerdo: presentar el acta o la resolución que anula la destitución de Benavides con la firma de todos los consejeros.
Además, la Junta de Fiscales Supremos informó que luego de la destitución de Benavides, en mayo de 2024, procedió a elegir y nombrar a una nueva fiscal de la Nación por lo que el mandato de la anterior fiscal de la Nación ya feneció de acuerdo con la legalidad vigente. Todo esto ha sido pasado por alto por el actual comandante general de la Policía Nacional en la directiva Nº 863-2025-COMOPPOL-PNP/DIRNIC-SEC. En este mismo, documento se precisa que ya desde el 14 de junio se ha dispuesto brindar protección a Benavides. Es claro, entonces, que esta última directiva, buscaba reconocerla como la única fiscal de la Nación.
Investigado
Es de advertir que el jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria es objeto de una investigación preparatoria por parte de la fiscalía anticorrupción por presuntos delitos de abuso de autoridad y peculado doloso por hechos ocurridos durante su gestión en la IX Macro Región Policial de Arequipa, entre los años 2019 y 2020. La fiscalía detectó irregularidades en la asignación de obras a un contratista sin cumplir con los requisitos legales, la ejecución de remodelaciones en instalaciones policiales por parte de agentes fuera de su horario laboral, y la simulación de un contrato de patrullaje a pie por más de S/17.000, sin evidencia de que dicho servicio se haya realizado.
La directiva policial
El documento distribuido a las dependencias policiales indica: «El señor Teniente General PNP Carlos Alejandro CESPEDES MUÑOZ Jefe del Comando de Operaciones Policiales PNP dispone: 1. Que, los señores Tenientes Generales y Generales PNP Directores de la DIRNIC, DIRNOS, DIRCRI, DIRIN, DIRAVPOL, DIRASINT Y DIRSAPOL PNP, tomen conocimiento y adopten las acciones correspondientes de conformidad a la RESOLUCION Nº 231-2025-JNJ. del 12JUN2025″.
«2. Que, la DIRNOS PNP, a través de la DIRSEEST PNP, adopte las acciones pertinentes de conformidad a lo dispuesto mediante DISPOSICIÓN DE COMANDO Nº 202500007216-COMOPPOL- PNP/SEC de 14JUN2025, en el cual se dispuso que se le brinde el servicio de seguridad y resguardo policial con el carácter de MUY URGENTE, a la Dra. Liz Patricia BENAVIDES VARGAS Fiscal de la Nación, en atención a la normatividad legal vigente y ante los riesgos a que se enfrenta, como consecuencia de las denuncias y otras actuaciones propias de su cargo como Fiscal de la Nación».
El general Zanabria estaría cometiendo nuevos delitos al disponer del uso de recursos públicos para brindar protección y reconocer a una presunta autoridad no reconocida legalmente, pues la opinión de la Junta Nacional de Justicia no es suficiente para nombrar a una fiscal de la Nación, sin existir una base legal y una resolución expresa y juramento para asumir un cargo.
Delito flagrante
La Junta de Fiscales Supremos respalda a Delia Espinoza, como la fiscal de la Nación legítima
De acuerdo con fuentes policiales, el comandante general de la PNP está evaluando detener a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza por delito flagrante, pero hasta ahora no encuentran el «fiscal» que respalde esa acción. Al tratarse de una fiscal suprema titular, la medida tendría que se respaldada por la fiscal de facto, parte interesada en el tema, que generalmente no litiga ante las instancias judiciales. La fiscal de la Nación delega las actividades penales en otro fiscal supremo titular, provisional o adjunto.
A ese «fiscal» todavía no lo encuentran. Luego, deben asegurarse que el juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley Soria legalice la detención y, eso hasta hoy, no es seguro. Checkley también tiene una «eterna investigación» en la fiscalía, cuando fue juez en Piura. El 2023, surgieron rumores de que la entonces fiscal de la Nación le ofreció a Checkley archivar ese caso a cambio de favorecer a su hermana Enma Benavides. Checkley lo negó, pero esas negociaciones podrían reactivarse o ser motivo de nuevos cuestionamientos, que lo obliguen a apartarse y se deba designar otro juez de investigación preparatoria.
De tal manera que a estas alturas, una detención de flagrancia de Delia Espinoza no podría durar más de 24 horas o un par de días y luego tener que ser liberada y los policías habría cometido varios delitos. Tampoco es seguro que la Junta de Fiscales Supremos reconozca a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, por lo que su cargo quedaría en el limbo de la legalidad. En el mejor de los casos, ella tiene hasta el 1° de julio de 2025 para reclamar la fiscalía de la Nación, más allá de ese tiempo la fiscalía debe elegir un nuevo fiscal de la Nación.
El Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la acción de amparo presentada por Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La decisión se basó en que la JNJ ya había anulado la resolución que dispuso su destitución, lo que dejó sin materia el reclamo constitucional.
La sentencia, firmada por la jueza Ana del Rosario Osorio Sosa, señala que con la emisión de la resolución JNJ, que anuló de oficio todo lo actuado en el procedimiento disciplinario seguido contra Benavides, se restableció su situación funcional. Por lo que ya no existía una afectación vigente a sus derechos fundamentales, haciendo que la demanda pierda objeto.
En su demanda, Patricia Benavides expuso que el procedimiento disciplinario que derivó en su destitución fue dirigido por la magistrada Inés Tello, quien había sido inhabilitada por el Congreso de la República. También señalaba la falta de imparcialidad de dos miembros de la JNJ de aquel entonces y la vulneración de su derecho a la presunción de inocencia.
El pasado 12 de junio, la JNJ emitió la resolución que declaró la nulidad de todo el procedimiento disciplinario en contra de la exfiscal de la Nación, incluyendo la medida que dispuso su destitución del cargo. Esta decisión ha causado una crisis dentro del Ministerio Público, al existir ya una persona en el máximo cargo de la institución, Delia Espinoza.
Delia Espinoza negó crisis en el Ministerio Público
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, negó que exista una crisis institucional en el Ministerio Público y aseguró que sigue siendo la única titular legítima del cargo. “No hay dos fiscales de la Nación. Hay una sola, que soy yo”, afirmó, en respuesta a las declaraciones que sugieren una eventual restitución de Patricia Benavides tras la reciente resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Espinoza cuestionó el procedimiento seguido por la JNJ, indicando que hasta la fecha no han sido notificados formalmente ni se ha respetado lo establecido en la Ley Orgánica. Añadió que no existe acta pública, video u otra evidencia que respalde legalmente la supuesta decisión de reincorporar a Benavides.
Más allá del hecho bochornoso, lo cierto es que hay una decisión administrativa de reposición en el cargo a la doctora Patricia Benavides. En aplicación del principio de legalidad, esa decisión debe ser acatada. Lo que no implica que, si alguien se siente afectado, interponga los recursos impugnatorios correspondientes. Eso fue lo que hizo la doctora Benavides en su momento: fue destituida por la JNJ, utilizó los mecanismos procesales que le franquea la ley y ha sido repuesta. Nos movemos en el marco del mundo del derecho.
Hay un falso debate en torno a la unanimidad.
Hay dos interpretaciones. La primera es que la JNJ se regula con base en su ley orgánica, que es una ley posterior y una norma especial. Y las reglas de interpretación del derecho dicen que las normas posteriores imperan sobre las normas anteriores en el tiempo. Y que las normas especiales rigen por encima de las normas generales. Esta ley orgánica establece que, convocada la sesión y existiendo el quorum, se adopta la decisión con las dos terceras partes. En lo que se refiere a la supuesta aplicación de la Ley General de Procedimientos Administrativos, esa exige unanimidad, pero unanimidad de los miembros que participan y toman una decisión. El doctor (Francisco) Távara se inhibió de participar, y esa inhibición no puede impedir que la sesión se lleve a cabo y que los partícipes tomen una decisión. Y si fue una decisión por unanimidad, en consecuencia, estaríamos dentro de esa regla.
El doctor Francisco Távara debió ir a votar.
Lo que debió hacer el doctor Távara, y no hizo, fue asistir a la audiencia y emitir su voto en contra. En consecuencia, allí no habría anomalía. En primer lugar, hay una confusión de la norma aplicable. Y en segundo lugar, en el supuesto negado de que no fuera la ley orgánica, tampoco habría infracción a la norma.
Los defensores de Delia Espinoza confunden la fecha de nombramiento de Benavides con la fecha en que asume funciones.
Fue destituida siendo fiscal de la Nación. Corrigiéndose el abuso, la infracción al debido proceso y el derecho a la defensa, se declara nula la resolución y se le repone en su cargo. Tiene derecho a ejercerlo hasta el 1 de julio, que cumple el plazo. Es un acto restitutivo que no es inejecutable, como han dicho.
¿Caben procesos disciplinarios?
Mal aconsejada la exfiscal de la Nación. En vez de hacer vigilias y colocar velitas, debió presentar su recurso impugnatorio. En estos momentos, formalmente, legalmente, la fiscal de la Nación es la señora Benavides porque así lo ha dispuesto la JNJ. Ejercer el cargo sin título habilitante implica usurpación de funciones, que es un tema penal; una infracción a la Constitución, lo que ventilará en su momento el Congreso; y un procedimiento administrativo disciplinario ante la JNJ. Espero que no se lleve a cabo. Lo que debió hacer la exfiscal de la Nación es recibir a la doctora Benavides, señalar que no comparte su punto de vista, invitarla a una sesión de la Junta de Fiscales Supremos y deliberar el tema.
La Fiscalía ha pedido la suspensión de Benavides en audiencia del 24 de junio.
Pareciera que me estoy ensañando, pero, con todo respeto, es totalmente absurdo. Se pide un periodo de suspensión para alguien que, según la exfiscal de la Nación, no está en ejercicio. ¿Cómo se puede pedir que se le suspenda a alguien en un cargo que no ejerce? Además, la situación que invoca para la suspensión está en manos del Congreso.
“VIZCARRA ESTÁ GANANDO TIEMPO”
¿El primer ministro se entrometió en el caso PPK?
Al fiscal se le va la paloma y omite pedir la renovación de las medidas cautelares. Al Poder Judicial se le olvida comunicar a Migraciones que no existen restricciones para la libertad de tránsito de PPK. Al premier se le ocurre llamar a las autoridades del Poder Judicial para que adelanten una audiencia. Y el Poder Judicial, cual soldado recluta, acepta y admite esa interferencia. Es una situación bastante lamentable. Esto demuestra el grado de deterioro de nuestro sistema judicial y la necesidad urgente de una reforma. No da para más.
¿La presidenta puede verse reflejada en PPK? El próximo gobierno politizará su caso…
La señora Boluarte va a tener un periodo pospresidencial complicado, por sus denuncias y el descrédito personal por su falta de transparencia. La coyuntura no le va a resultar favorable.
Pedro Castillo busca politizar su caso. No quiere que lo inhabiliten para postular al Congreso.
Castillo no está impedido de postular. Podría suceder lo de ‘Goyo’ Santos. La expectativa de Castillo es pasar al ámbito internacional, dando la hipótesis de un juicio político y una “‘dictadura parlamentaria”. Me parece bien lo que hace la sala. No está cayendo en ese juego.
Vizcarra está ganando tiempo para que venza el periodo de restricción y pueda huir de la justicia. Es una hipótesis planteada por el servicio de inteligencia. Pero tiene varias inhabilitaciones. El proceso está por terminar. Y no hay duda de que se han probado las imputaciones y va a ser condenado. Las pruebas y testimonios son contundentes. Con Alan García hubo una persecución, una ley anti-Alan que establecía que no había prescripción. El Poder Judicial y el Ministerio Público estaban sometidos al poder político, con Blanca Nélida Colán, el ‘Chino’ Rodríguez y los vocales supremos que recibían su sobrecito en el SIN. Una situación totalmente diferente. Hoy tenemos un mal sistema de administración de justicia, pero vivimos una democracia.
El Congreso ha creado una comisión investigadora por la muerte de Alan García.
Es un gesto importante. Las manifestaciones de fiscales claramente afiliados a una línea política empujaron a Alan García a ese suicidio, motivado por una vil persecución. No se pueden repetir estos actos. No se puede utilizar la función fiscal para actos de aniquilamiento político.
A Ollanta Humala se le viene otro caso y otra posible condena: Gasoducto Sur Peruano.
El de lavado de activos no va a prosperar (en segunda instancia). No se ha demostrado que la fuente sea ilícita. Que haya dispuesto ese dinero para fines personales sería defraudación tributaria. Pero en la construcción de carreteras está superevidenciado. Y por eso Ollanta Humala (también) va a ser condenado. No hay ninguna duda, como con Toledo y Vizcarra.
¿La Diroes se ampliará con un pabellón femenino?
Es posible. Son tantas denuncias las que tiene la señora (Boluarte). No sería extraño que en algún momento se pida una medida cautelar, con razón o sin ella. Creo que van a tener que construir el segundo piso para mantener el área de usos comunes. Hay para dos o tres reclusos más.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar la denuncia presentada contra la presidenta Dina Boluarte y cuatro de sus exministros por las muertes y lesiones ocurridas durante las protestas que estallaron tras su asunción en diciembre de 2022 y 2023
Con once votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, se concluyó que la acusación no cumplía los requisitos del artículo 89 del reglamento parlamentario.
La denuncia, promovida por la congresista Ruth Luque, involucraba además a Pedro Angulo, Luis Alberto Otárola, César Cervantes y José Tello. Todos fueron señalados por su presunta responsabilidad política y penal en la represión de manifestaciones que dejaron decenas de víctimas mortales.
Comisión concluye que no hay relación directa entre hechos y delitos
El informe de calificación aprobado sostiene que no se ha podido verificar una relación directa entre los hechos denunciados y la supuesta comisión de infracciones constitucionales o delitos penales como homicidio calificado o lesiones graves.
En consecuencia, no se consideró procedente admitir a trámite la denuncia para iniciar un proceso político-penal. Esta decisión ha generado reacciones divididas entre los congresistas.
Mientras algunos respaldan la conclusión técnica del informe, otros sectores consideran que se está blindando a las más altas autoridades del país frente a hechos graves ocurridos durante la crisis social y política de finales de 2022 e inicios de 2023.
Otras denuncias contra Boluarte y altos funcionarios en curso
El Congreso tiene pendientes otras denuncias relacionadas con la presidenta Dina Boluarte. Una de ellas fue presentada por el congresista Jaime Quito, quien acusa a Boluarte de haber usurpado de forma irregular el cargo de jefa de Estado tras la vacancia de Pedro Castillo. Esta será evaluada por la Subcomisión en las próximas sesiones.
Asimismo, se revisan informes preliminares sobre otras autoridades, como el juez supremo Víctor Ticona, quien enfrenta una denuncia presentada por la fiscal de la Nación Delia Espinoza por presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible en su rol como presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Cabe resaltar que la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales continúa con la evaluación de otros informes de calificación.
El expresidente de la República, Pedro Castillo, reapareció nuevamente y protagonizó fuerte intercambio de palabras con los jueces que lideraban la audiencia judicial de este jueves, 19 de junio. Según precisó, se encuentra «secuestrado» y su familia es la que más sufre.
Pedro Castillo reitera su inocencia
Durante la audiencia de juicio oral desde el penal Barbadillo, el exmandatario no dudó en reiterar su inocencia sobre los delitos que se le imputan tras el intento de golpe de Estado en el 2022. «Los grupos de poder han hecho todo lo posible para tenerme acá», precisó Castillo.
«A raíz de todo este caso que me ha pasado, el que más se ha llevado de esta situación es mi señora madre, mis padres y mi menor hija y el resto de mi familia que los tengo lejos. No es posible que a raíz de mi encierro tengo problemas de salud», dijo Castillo.
De tal modo, Castillo inició su participación recordando que fue elegido constitucionalmente por la población peruana, mediante votación electoral. Según precisó, los grupos de poder habrían actuado en su contra e inventaron que iba a «implementar un gobierno comunista».
En tal sentido, el exmandatario invitó a los jueces presentes a entender que habría sido víctima de dichos poderes, por lo que aseguró estar gustoso de querer pasear con los magistrados, la Fiscalía y Procuraduría y así, lo puedan juzgar.
Jueza Norma Carbajal pide respetar audiencia
Además, Castillo Terrones aseguró que los que más sufren con su situación legal son los integrantes de su familia y, resaltó que a raíz de su encierro en el penal Barbadillo, tiene problemas de salud.
En ese momento, Castillo fue interrumpido por la jueza Norma Carbajal, quien recordó que su participación debió ser breve solo para acreditarse; sin embargo, el expresidente interrumpió y continuó con su defensa. El expresidente aseguró estar secuestrado y los jueces le pidieron no no incurrir en excesos cuando se le da el uso de la palabra.
«Señor Castillo, usted tiene la oportunidad procesal, si la requiere de hablar lo que corresponda, pero estamos en un proceso penal y este es el momento de la acreditación, le estamos dando la oportunidad y usted la está utilizando y está ampliando, por favor concluya», dijo la jueza Carbajal.
De esta manera, el expresidente de la República, Pedro Castillo, protagonizó un intenso intercambio de palabras con los jueces que lideraban la audiencia judicial de este jueves, 19 de junio.
ENFOQUE REAL 